Activan una reforma para equiparar la edad jubilatoria
El Ejecutivo prevé igualar en 65 años el retiro de hombres y mujeres.
Delfina Celichini
El titular de la Anses, Mariano de los Heros, y la ministra Sandra Pettovello
La gestión de Javier Milei evalúa una reforma previsional que podría equiparar la edad jubilatoria de los hombres y las mujeres en 65 años. En el borrador del Gobierno se prevé rediseñar integralmente el sistema, incluso impulsar una privatización del fondo de los aportes.
También está en agenda una gradual desarticulación de los regímenes especiales que plantean beneficios por sectores, así como una revisión del sistema de pensiones. Se busca, además, la readopción de un modelo de capitalización, como el que existió entre 1993 y 2008, con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
“Estamos en un proceso inicial de análisis de estos temas”, señaló una inobjetable fuente oficial. nacion A pesar de esta confirmación, las voces autorizadas del Ministerio de Capital Humano desmienten que el tema esté en agenda. Como con otras medidas de alto impacto, el Gobierno trabaja con hermetismo en la elaboración de la iniciativa. Hubo por lo menos dos reuniones para abordar esta reforma, de la que participaron especialistas, como el investigador principal de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman.
Los funcionarios a cargo de esta política son el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Trabajan sobre la base de un borrador preexistente confeccionado por una comisión de análisis técnica del ente previsional en la órbita de Capital Humano, la cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello.
“No es un tema prioritario”, subrayan quienes siguen de cerca esta reforma, incluida entre los diez puntos del Pacto de Mayo con el argumento de darle “sostenibilidad al sistema y respetar a quienes aportaron”. Aseguran que si bien es parte de la agenda, no existen aún plazos concretos para su implementación y podría ser un proyecto que se impulse recién el año que viene. En 2025 hay elecciones legislativas y una transformación de estas características podría ser costosa para el oficialismo. “Hay una mirada diferente de los tiempos políticos”, rebaten quienes conocen el estilo libertario.
Actualmente, en la Argentina funciona un régimen de reparto, donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Como este aporte es insuficiente, el Estado apela a impuestos generales y a los recursos del Tesoro nacional para costear este gasto, que en 2023 significó un 9% del PBI, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Los últimos datos oficiales, correspondientes a abril de este año, contabilizaron 10,146 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). En tanto, el más reciente registro del Boletín Estadístico de la Seguridad Social -de junio- informó que hay 5,9 millones de jubilados. Es decir, por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7). Los especialistas coinciden en que para que el sistema se autofinancie esta razón debería ser de uno a tres.
Con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusión. No solo evalúa la posibilidad de incrementar la edad base de retiro, sino, además, equipararla para hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar, además, con un mínimo de 30 años de trabajo registrado. Estas medidas buscan robustecer el colchón de población activa.
“El porcentaje de mujeres con aportes cumplidos es solo del 15%. Por ende, la equiparación de la edad jubilatoria tendría un impacto fiscal muy bajo si no es acompañada con otras reformas de fondo. Sin embargo, no hay ninguna razón para no igualarla en términos de principios y equidad”, analizó Rofman en diálogo con la nacion. El especialista subrayó: “Los problemas del sistema previsional no se ordenan con pequeños cambios”.
En la región, cerca de la mitad de los países más grandes determinaron la misma edad de jubilación para hombres y mujeres. Rofman enumera a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Con variaciones, la edad de retiro está entre los 60 y 65 en todos estos países.
La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación se inscribe, además, como parte de la “batalla cultural” que Milei quiere librar. El relato libertario no concibe una diferenciación positiva a favor de las mujeres -que contemple las desigualdades sociales que marginaron su acceso al trabajo-, y esa será la pátina con la que reforzará la implementación de esta política, en contraposición al discurso feminista.
El Gobierno también explora la desarticulación de los más de 200 regímenes especiales de jubilación que conviven con el general. Entre otros beneficios, estos sistemas de excepción contemplan el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. Allí se inscriben desde trabajadores en minas, con diez años menos de trabajo obligatorio, hasta el personal del servicio exterior y de la Justicia, con pensiones muy superiores a la media.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo apuesta a revisar el sistema de pensiones no contributivas, entre las que se incluyen las otorgadas por invalidez y a los adultos mayores que no cuentan con años de aporte ni con otro sustento económico (PUAM).
Por último, el Gobierno no descarta la readopción de un modelo de capitalización, implementado en la Argentina durante el momento de esplendor del menemismo, una época de oro, según el propio Milei. La idea general de este esquema es que cada trabajador tenga la posibilidad de elegir cómo y dónde resguardar sus ahorros previsionales, incluso sin la intervención del Estado.
Las personas podrán tener cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertirán el dinero para generar intereses. Según Rofman, en la región hay varios países que mantienen esquemas de capitalización: Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Bolivia -con mucha intervención del Estado-, México y El Salvador.
El filtro legislativo
Sea cual sea el proyecto final del Poder Ejecutivo, tendrá que pasar el filtro del Congreso, donde la oposición objetará muchas de estas medidas. Será una larga discusión que demandará la plasticidad del oficialismo, que solo cuenta con un bloque de 38 diputados y siete senadores.
En la Cámara baja, las comisiones de Trabajo y Previsión y Seguridad Social son presididas por dos radicales, Martín Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning, que presentaron una propuesta durante la discusión de la Ley Bases que contemplaba la eliminación de la moratoria impuesta por el gobierno anterior. Esta dictaba que se eliminara la obligatoriedad de los 30 años de aportes y que se reemplazara por un sistema de cobro proporcional.
“El criterio tiene que ser que haya un reconocimiento de un aporte universal, de piso mínimo solidario, sumado a un componente actuarial, que tenga una fórmula que establezca una relación entre años de aporte y la esperanza de vida. Atrasa la idea de decirle a la gente cuándo jubilarse”, resumió el radical Tetaz.
En el Senado, en tanto, la titularidad de esta comisión está a cargo de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro), quien actuó, hasta ahora, en sintonía con los objetivos del Gobierno.
Si bien hay consenso respecto de que el sistema previsional necesita una reforma, el foco estará puesto en cómo reformarlo y la discusión se preanuncia compleja. Un desafío más para un gobierno en minoría que apuesta a “refundar” la Nación.
El Ministerio de Capital Humano trabaja en el borrador del proyecto
El Gobierno admitió que la reforma está en agenda, pero no precisó tiempos
También está en agenda una gradual desarticulación de los regímenes especiales que plantean beneficios por sectores, así como una revisión del sistema de pensiones. Se busca, además, la readopción de un modelo de capitalización, como el que existió entre 1993 y 2008, con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
“Estamos en un proceso inicial de análisis de estos temas”, señaló una inobjetable fuente oficial. nacion A pesar de esta confirmación, las voces autorizadas del Ministerio de Capital Humano desmienten que el tema esté en agenda. Como con otras medidas de alto impacto, el Gobierno trabaja con hermetismo en la elaboración de la iniciativa. Hubo por lo menos dos reuniones para abordar esta reforma, de la que participaron especialistas, como el investigador principal de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman.
Los funcionarios a cargo de esta política son el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Trabajan sobre la base de un borrador preexistente confeccionado por una comisión de análisis técnica del ente previsional en la órbita de Capital Humano, la cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello.
“No es un tema prioritario”, subrayan quienes siguen de cerca esta reforma, incluida entre los diez puntos del Pacto de Mayo con el argumento de darle “sostenibilidad al sistema y respetar a quienes aportaron”. Aseguran que si bien es parte de la agenda, no existen aún plazos concretos para su implementación y podría ser un proyecto que se impulse recién el año que viene. En 2025 hay elecciones legislativas y una transformación de estas características podría ser costosa para el oficialismo. “Hay una mirada diferente de los tiempos políticos”, rebaten quienes conocen el estilo libertario.
Actualmente, en la Argentina funciona un régimen de reparto, donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Como este aporte es insuficiente, el Estado apela a impuestos generales y a los recursos del Tesoro nacional para costear este gasto, que en 2023 significó un 9% del PBI, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Los últimos datos oficiales, correspondientes a abril de este año, contabilizaron 10,146 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). En tanto, el más reciente registro del Boletín Estadístico de la Seguridad Social -de junio- informó que hay 5,9 millones de jubilados. Es decir, por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7). Los especialistas coinciden en que para que el sistema se autofinancie esta razón debería ser de uno a tres.
Con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusión. No solo evalúa la posibilidad de incrementar la edad base de retiro, sino, además, equipararla para hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar, además, con un mínimo de 30 años de trabajo registrado. Estas medidas buscan robustecer el colchón de población activa.
“El porcentaje de mujeres con aportes cumplidos es solo del 15%. Por ende, la equiparación de la edad jubilatoria tendría un impacto fiscal muy bajo si no es acompañada con otras reformas de fondo. Sin embargo, no hay ninguna razón para no igualarla en términos de principios y equidad”, analizó Rofman en diálogo con la nacion. El especialista subrayó: “Los problemas del sistema previsional no se ordenan con pequeños cambios”.
En la región, cerca de la mitad de los países más grandes determinaron la misma edad de jubilación para hombres y mujeres. Rofman enumera a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Con variaciones, la edad de retiro está entre los 60 y 65 en todos estos países.
La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación se inscribe, además, como parte de la “batalla cultural” que Milei quiere librar. El relato libertario no concibe una diferenciación positiva a favor de las mujeres -que contemple las desigualdades sociales que marginaron su acceso al trabajo-, y esa será la pátina con la que reforzará la implementación de esta política, en contraposición al discurso feminista.
El Gobierno también explora la desarticulación de los más de 200 regímenes especiales de jubilación que conviven con el general. Entre otros beneficios, estos sistemas de excepción contemplan el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. Allí se inscriben desde trabajadores en minas, con diez años menos de trabajo obligatorio, hasta el personal del servicio exterior y de la Justicia, con pensiones muy superiores a la media.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo apuesta a revisar el sistema de pensiones no contributivas, entre las que se incluyen las otorgadas por invalidez y a los adultos mayores que no cuentan con años de aporte ni con otro sustento económico (PUAM).
Por último, el Gobierno no descarta la readopción de un modelo de capitalización, implementado en la Argentina durante el momento de esplendor del menemismo, una época de oro, según el propio Milei. La idea general de este esquema es que cada trabajador tenga la posibilidad de elegir cómo y dónde resguardar sus ahorros previsionales, incluso sin la intervención del Estado.
Las personas podrán tener cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertirán el dinero para generar intereses. Según Rofman, en la región hay varios países que mantienen esquemas de capitalización: Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Bolivia -con mucha intervención del Estado-, México y El Salvador.
El filtro legislativo
Sea cual sea el proyecto final del Poder Ejecutivo, tendrá que pasar el filtro del Congreso, donde la oposición objetará muchas de estas medidas. Será una larga discusión que demandará la plasticidad del oficialismo, que solo cuenta con un bloque de 38 diputados y siete senadores.
En la Cámara baja, las comisiones de Trabajo y Previsión y Seguridad Social son presididas por dos radicales, Martín Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning, que presentaron una propuesta durante la discusión de la Ley Bases que contemplaba la eliminación de la moratoria impuesta por el gobierno anterior. Esta dictaba que se eliminara la obligatoriedad de los 30 años de aportes y que se reemplazara por un sistema de cobro proporcional.
“El criterio tiene que ser que haya un reconocimiento de un aporte universal, de piso mínimo solidario, sumado a un componente actuarial, que tenga una fórmula que establezca una relación entre años de aporte y la esperanza de vida. Atrasa la idea de decirle a la gente cuándo jubilarse”, resumió el radical Tetaz.
En el Senado, en tanto, la titularidad de esta comisión está a cargo de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro), quien actuó, hasta ahora, en sintonía con los objetivos del Gobierno.
Si bien hay consenso respecto de que el sistema previsional necesita una reforma, el foco estará puesto en cómo reformarlo y la discusión se preanuncia compleja. Un desafío más para un gobierno en minoría que apuesta a “refundar” la Nación.
El Ministerio de Capital Humano trabaja en el borrador del proyecto
El Gobierno admitió que la reforma está en agenda, pero no precisó tiempos
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Piden a Milei que manejen las FF.AA. la obra social de los militares
El titular del Iosfa rechazó los planteos del Foro de Generales Retirados
Vedia Mariano
Con expresiones contundentes, como “terminar con los vicios de la política”, el Foro de Generales Retirados le pidió en una carta al presidente Javier Milei que el Estado les restituya a las Fuerzas Armadas el manejo de la obra social. Sostenida con los aportes de los afiliados, desde 2013 es conducida por un directorio, cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo.
El Foro, que reúne a unos 120 generales de cuarenta promociones de egresados del Colegio Militar, le planteó al Presidente la crisis que envuelve al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), con fuertes críticas a su conducción, y le anticipó que recurrirá a la Justicia para frenar planes que podrían derivar en experiencias de tercerización, como trascendió en las últimas semanas.
El reclamo motivó la reacción del presidente del Iosfa, Oscar Sagás, quien defendió su gestión, que entre otros objetivos se concentra en el avance de auditorías para sacar a la luz y denunciar irregularidades de las gestiones anteriores.
Reveló, por ejemplo, que en los primeros siete meses de gestión se lograron reducir del 15% al 9% los gastos de funcionamiento de la obra social. Y admitió que es necesario buscar formas creativas para mejorar la gestión. “Hay lugares del país en los cuales no hay prestadores y tendremos que buscar otras alternativas, como la telemedicina. Pero de ninguna manera se avanzará en experiencias de tercerización, lo que no está permitido en el decreto de creación del Iosfa”, aseguró su titular.
El reclamo militar
Con la firma de su titular, el general retirado José Luis Figueroa, el Foro le transmitió al Presidente que los militares no comprenden “el abordaje y tratamiento que se otorga a nuestro instituto de obra social”, que “funciona exclusivamente con nuestros aportes y contribuciones y con su propia infraestructura, sin partidas del Estado”.
La organización de militares retirados recordó que desde 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner, por un decreto de necesidad y urgencia, les “arrebató a sus afiliados” la obra social, para que sea conducida “por hombres de la política”.
El Foro de Generales Retirados cuestionó al actual titular del Iosfa y a “su equipo, de aproximadamente 25 integrantes”, que en los hechos gerencian la entidad. Las críticas se suceden en medio de denuncias por intentos de tercerización y privatización de la obra social, negados por el funcionario.
“No es entendible ni sostenible que cada cuatro años se designen funcionarios desde la política, cuyos sueldos, transporte y desarraigo debemos pagar, creando en el personal de planta, profesionales y militares un estado de frustración por la discriminación a la que son sometidos”, advirtió la institución.
Los militares retirados señalan en la carta que esa situación se agrava “por la falta de capacidad de liderazgo del presidente del directorio impuesto, que no comprende la cultura de la organización”. A modo de ejemplo, la entidad revela que “se llegó al extremo de nombrar desde la política, en el área de auditorías, a una profesora de historia, excandidata a concejal”.
El presidente del Foro adelantó en la carta que la entidad presentará una acción de amparo por modificaciones que se están efectuando en el sistema prestacional. Además, solicitará que se investiguen posibles actos de corrupción mencionados reiteradas veces por el actual presidente del Iosfa, quien, después de siete meses, más allá de algún tema menor, no ha efectuado ninguna denuncia”.
El Foro de Generales Retirados le solicita en la carta a Milei que “nos reintegre la conducción y dirección de nuestra obra social, como ha ocurrido durante la historia del Ejército, hasta que en 2013 se unificaron todas las obras sociales militares y de seguridad, y la política se apropió de nuestra obra social”.
En la carta, los generales retirados dedican un párrafo al tema de los militares presos por delitos de lesa humanidad y con procesos judiciales pendientes, al afirmar que son conscientes “de las dificultades para que nuestros detenidos por los años 70, en aquella época jóvenes veinteañeros, dispongan de un servicio de justicia exento de visiones ideologizadas y vengativas”.
La réplica de Sagás
Sagás, por su parte, desestimó las acusaciones. “No es cierto que el Iosfa funcione solo con los aportes y contribuciones de los militares. Los afiliados aportan el 6% de sus haberes, pero el Estado aporta las contribuciones patronales, que alcanzan al 8% de los sueldos”, replicó el médico mendocino.
Subsecretario de Salud de Mendoza durante ocho años -en las gestiones de los gobernadores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez-, Sagás fue designado por otro mendocino, el ministro de Defensa, Luis Petri. En el diálogo con la nacion, negó las insistentes versiones que le atribuyen la intención de tercerizar el gerenciamiento de la obra social, que reúne a 600.000 afiliados en todo el país, solo superada por el PAMI y el IOMA.
“Es falso que la obra social sea conducida por hombres extraños a la cultura y los sentimientos de la familia militar. La mayoría del directorio corresponde a personal de las distintas fuerzas, al igual que gran parte de las gerencias y subgerencias y la totalidad de las delegaciones, subdelegaciones, farmacias y hoteles”, contrarrestó, frente a los cuestionamientos. Y volvió a negar que existan planes de tercerización o privatización de la entidad, que maneja una caja de $25.000 millones por mes.
También rechazó que existan intentos de tercerización en la gestión de la obra social.
“No se firmó ningún convenio de confidencialidad, ni con Medifé ni otra empresa”, aseguró el titular del Iosfa, al desmentir una de las principales críticas. “Lo que circuló fue una copia digitalizada de un proyecto de confidencialidad que nunca se firmó ni prosperó”, dijo, al admitir, sin embargo, que existieron negociaciones. Y atribuyó las críticas a “la incomodidad que genera en algunas personas la gestión que venimos desarrollando”.
Con expresiones contundentes, como “terminar con los vicios de la política”, el Foro de Generales Retirados le pidió en una carta al presidente Javier Milei que el Estado les restituya a las Fuerzas Armadas el manejo de la obra social. Sostenida con los aportes de los afiliados, desde 2013 es conducida por un directorio, cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo.
El Foro, que reúne a unos 120 generales de cuarenta promociones de egresados del Colegio Militar, le planteó al Presidente la crisis que envuelve al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), con fuertes críticas a su conducción, y le anticipó que recurrirá a la Justicia para frenar planes que podrían derivar en experiencias de tercerización, como trascendió en las últimas semanas.
El reclamo motivó la reacción del presidente del Iosfa, Oscar Sagás, quien defendió su gestión, que entre otros objetivos se concentra en el avance de auditorías para sacar a la luz y denunciar irregularidades de las gestiones anteriores.
Reveló, por ejemplo, que en los primeros siete meses de gestión se lograron reducir del 15% al 9% los gastos de funcionamiento de la obra social. Y admitió que es necesario buscar formas creativas para mejorar la gestión. “Hay lugares del país en los cuales no hay prestadores y tendremos que buscar otras alternativas, como la telemedicina. Pero de ninguna manera se avanzará en experiencias de tercerización, lo que no está permitido en el decreto de creación del Iosfa”, aseguró su titular.
El reclamo militar
Con la firma de su titular, el general retirado José Luis Figueroa, el Foro le transmitió al Presidente que los militares no comprenden “el abordaje y tratamiento que se otorga a nuestro instituto de obra social”, que “funciona exclusivamente con nuestros aportes y contribuciones y con su propia infraestructura, sin partidas del Estado”.
La organización de militares retirados recordó que desde 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner, por un decreto de necesidad y urgencia, les “arrebató a sus afiliados” la obra social, para que sea conducida “por hombres de la política”.
El Foro de Generales Retirados cuestionó al actual titular del Iosfa y a “su equipo, de aproximadamente 25 integrantes”, que en los hechos gerencian la entidad. Las críticas se suceden en medio de denuncias por intentos de tercerización y privatización de la obra social, negados por el funcionario.
“No es entendible ni sostenible que cada cuatro años se designen funcionarios desde la política, cuyos sueldos, transporte y desarraigo debemos pagar, creando en el personal de planta, profesionales y militares un estado de frustración por la discriminación a la que son sometidos”, advirtió la institución.
Los militares retirados señalan en la carta que esa situación se agrava “por la falta de capacidad de liderazgo del presidente del directorio impuesto, que no comprende la cultura de la organización”. A modo de ejemplo, la entidad revela que “se llegó al extremo de nombrar desde la política, en el área de auditorías, a una profesora de historia, excandidata a concejal”.
El presidente del Foro adelantó en la carta que la entidad presentará una acción de amparo por modificaciones que se están efectuando en el sistema prestacional. Además, solicitará que se investiguen posibles actos de corrupción mencionados reiteradas veces por el actual presidente del Iosfa, quien, después de siete meses, más allá de algún tema menor, no ha efectuado ninguna denuncia”.
El Foro de Generales Retirados le solicita en la carta a Milei que “nos reintegre la conducción y dirección de nuestra obra social, como ha ocurrido durante la historia del Ejército, hasta que en 2013 se unificaron todas las obras sociales militares y de seguridad, y la política se apropió de nuestra obra social”.
En la carta, los generales retirados dedican un párrafo al tema de los militares presos por delitos de lesa humanidad y con procesos judiciales pendientes, al afirmar que son conscientes “de las dificultades para que nuestros detenidos por los años 70, en aquella época jóvenes veinteañeros, dispongan de un servicio de justicia exento de visiones ideologizadas y vengativas”.
La réplica de Sagás
Sagás, por su parte, desestimó las acusaciones. “No es cierto que el Iosfa funcione solo con los aportes y contribuciones de los militares. Los afiliados aportan el 6% de sus haberes, pero el Estado aporta las contribuciones patronales, que alcanzan al 8% de los sueldos”, replicó el médico mendocino.
Subsecretario de Salud de Mendoza durante ocho años -en las gestiones de los gobernadores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez-, Sagás fue designado por otro mendocino, el ministro de Defensa, Luis Petri. En el diálogo con la nacion, negó las insistentes versiones que le atribuyen la intención de tercerizar el gerenciamiento de la obra social, que reúne a 600.000 afiliados en todo el país, solo superada por el PAMI y el IOMA.
“Es falso que la obra social sea conducida por hombres extraños a la cultura y los sentimientos de la familia militar. La mayoría del directorio corresponde a personal de las distintas fuerzas, al igual que gran parte de las gerencias y subgerencias y la totalidad de las delegaciones, subdelegaciones, farmacias y hoteles”, contrarrestó, frente a los cuestionamientos. Y volvió a negar que existan planes de tercerización o privatización de la entidad, que maneja una caja de $25.000 millones por mes.
También rechazó que existan intentos de tercerización en la gestión de la obra social.
“No se firmó ningún convenio de confidencialidad, ni con Medifé ni otra empresa”, aseguró el titular del Iosfa, al desmentir una de las principales críticas. “Lo que circuló fue una copia digitalizada de un proyecto de confidencialidad que nunca se firmó ni prosperó”, dijo, al admitir, sin embargo, que existieron negociaciones. Y atribuyó las críticas a “la incomodidad que genera en algunas personas la gestión que venimos desarrollando”.
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