Procesaron a Eduardo Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado Y Hugo Moyano pierde el poder

Procesaron a Eduardo Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado
El líder del Polo Obrero está acusado de un delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel; se le imputa un desvío fondos para financiar política partidaria; investigan el rol de los funcionarios; Belliboni denuncia una “persecución”
Paz Rodríguez Niell
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: señaló que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.
Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma -Rumbos- que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” es el otro delito que se investiga en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas. El juez consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.
“El desvío de los fondos no fue inocente, ni accidental sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, escribió el juez en alusión al Polo Obrero. Consideró que la mecánica ingeniada por los directivos de la asociación “les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral”.
Eduardo Belliboni, en los tribunales de Comodoro Py
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
En diálogo Belliboni dijo hoy que este fallo “sigue una línea de persecución política” de la que es víctima el movimiento piquetero y adelantó que lo apelarán ante la Cámara Federal. El líder de Polo Obrero cuestionó que los procesamientos se hayan dictado el primer día después de la feria, pese a que él había pedido ampliar su indagatoria, y dijo que presentó pruebas que demuestran que quienes cobraban el Potenciar Trabajo a través de la asociación sí cumplían tareas. “Tenemos huertas, salones de usos múltiples que construimos, textiles, si no trabajábamos, ¿todo eso quién lo hizo?”, alegó.
El rol de los funcionarios
En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, quien durante el gobierno anterior estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El juez federal Sebastián Casanello
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”. Tal como informó entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado.
Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar la actividad investigativa” para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.
Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar como testigos a los exfuncionarios Guadalupe Niño, Valeria Noelia Goyanes, Damián Sarchi y Martín Abel Lore. Además, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, Casanello dispuso otras medidas para determinar un posible móvil de los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero. Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios, el back up de sus correos electrónicos y los legajos laborales completos de los exfuncionarios apuntados. También, expedientes de toda inspección o auditoría hecha sobre la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda.
Los procesados
La lista de quienes fueron procesados hoy incluye, como autores de la supuesta administración fraudulenta contra el Estado -además de a Belliboni-, a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld y Ezequiel Adrían Coego. María Isolda Dotti también fue procesada como autora del mismo delito y además, por amenazas coactivas.
Jeremías Cantero (que era el segundo de Belliboni), Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz fueron procesados por la defraudación, pero como partícipes (no autores). A Gianna Puppo también se la procesó como partícipe de la estafa y además, por las amenazas coactivas.
Sólo por amenazas coactivas fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. Ella no estaban ligadas al Polo Obrero sino a Barrios de Pié.
En esta causa fueron citadas a indagatoria, además, cinco personas vinculadas al comedor “Kuña Guapa”, gestionado por la Cooperativa Agustín Tosco y el Frente de Organizaciones en Lucha. A las cinco se les dictó la “falta de mérito”. Si bien un testigo declaró que era forzado a marchar y a aportar parte del dinero que recibía del plan, Casanello entendió que no hay pruebas suficientes para avanzar por el momento contra ellas. Ni en las rendiciones de Barrios de Pié ni en las del FOL aparecieron facturas falsas. Y en el caso del FOL el juez advirtió que se puso constatar la efectiva “puesta en práctica de actividades socio-formativas y productivas en el marco del Plan Potenciar Trabajo” y dijo que este “cumplimiento real de actividades marca una diferencia notoria con el caso del Polo Obrero”.
En cuanto a esta asociación, para los investigadores fueron determinantes en materia probatoria, además de todo lo documental, las declaraciones de tres “arrepentidos”, que habían sido citados a indagatoria como acusados de amenazas y extorsión y, previo acuerdo con el fiscal, confesaron que las amenazas efectivamente existían.

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Hugo Moyano apura su legado, entre peleas familiares y una ofensiva contra su imperio
Hernán Zenteno
A los 80 años, el histórico líder sindical impulsa a varios de sus hijos mientras permanece atento a las denuncias judiciales y la pérdida de poder
Hugo Alconada Mon
Hugo Moyano está en alerta. A los 80 años, seis meses y tres semanas, el patriarca huele que se le animan. De a poco y con cuidado, pero se le animan. Se le anima el gobierno de Javier Milei, también el de Jorge Macri, e incluso uno de sus hijos, en momentos que percibe el resurgir del neoliberalismo menemista. Por eso está tenso y alerta, delineando su legado, según indicaron miembros de su entorno
Los indicios se acumulan. El 25 de septiembre pasado, Moyano selló una nueva reelección al frente del Sindicato de Camioneros, pero en un contexto de inestabilidad sistémica. Para empezar, porque mantiene fuertes diferencias con su hijo Pablo, duro e irascible, que también se enfrentó con sus hermanos Facundo, “Huguito” y Jerónimo, y con Liliana Zulet, la esposa del patriarca, por turbulencias en la obra social camionera.
Tampoco le aporta paz el contexto. Basta con repasar aquello que alguna vez llegó a controlar por sí mismo o a través de terceros. Ya no preside el club Independiente de Avellaneda, donde sumó otra causa penal –por presunto lavado de activos y administración fraudulenta–, y muchos socios todavía lo insultan. Tampoco el Ceamse es terreno propio desde que su otrora yerno, Daniel “Chiqui” Tapia, extendió sus alas como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y la que fuera la compañía privada de correos más importante del país, OCA, ya no responde a sus designios tras la muerte de Patricio Farcuh.
Facundo y Hugo Moyano, junto a Daniel Angelici y Claudio "Chiqui" Tapia, en una postal marplatense de 2017
Esos son, apenas, tres ejemplos entre muchos, que también abarcan los tribunales, donde los Moyano están atentos a una eventual reactivación de expedientes penales o la apertura de nuevas investigaciones. ¿Un ejemplo? La decisión de la Justicia federal de Bahía Blanca de remitir al fuero en lo Penal Económico, en Buenos Aires, la pesquisa por asociación ilícita fiscal, lavado y evasión contra Gustavo Elías y otras 40 personas y 80 empresas. Es decir, un conglomerado que desde su inicio se lo asoció a Moyano. La causa se movió ahora, nueve años después de iniciada, y tras dos pedidos similares de la Fiscalía rechazados en 2017 y 2023.
Abogado de los Moyano y de los Elías, Daniel Llermanos, consideró que la pesquisa bahiense es “inconsistente”. Entre otros motivos, porque los sabuesos de la AFIP completaron un análisis “integral” del grupo Elías y concluyeron, según el letrado, que no había nada para reclamarle. “La causa está más para el archivo que para una declaración de incompetencia”, adujo.
Daniel Llermanos
Llermanos argumentó, además, que la investigación contra los Elías debería ser declarada nula por un vicio de origen. “Comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó, reforzando sus sospechas de intereses ocultos detrás de la ofensiva judicial, como padecieron los Moyano durante las presidencias de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.
“Hubo muchas denuncias e investigaciones en los últimos años, pero todas con la finalidad de mediatizar [una ofensiva contra el líder de Camioneros y su familia] o mediante fraude procesal”, abundó Llermanos, lo que ejemplificó con “la causa Independiente, con la Agencia Federal de Inteligencia dentro de Tribunales”. Es decir, la causa en la que el exjuez de Avellaneda, Luis Carzoglio, relató que fue apretado en su despacho por agentes de la AFI en 2018.
Luis Carzoglio
En ese contexto, el guardaespaldas legal de los Moyano está pendiente de las novedades que puedan llegar desde los tribunales. Como la denuncia de un legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, por presunta extorsión en el contexto de la disputa por la basura, las grúas y el acarreo en la ciudad de Buenos Aires, y la estatización de 300 choferes de grúas. “No aceptaremos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, afirmó el legislador.
Para Llermanos, sin embargo, “sería bueno que el denunciante consultara a algún abogado que haya estudiado derecho penal; cree que trabajar a reglamento, según convenio, es una extorsión”, replicó ante la consulta , para luego delinear lo que considera que podría pasar y a través de quiénes. “La mayoría de los denunciantes contra Hugo –desde el famoso exhorto suizo– eran delincuentes y probablemente lo sigan siendo”. Por aquel “exhorto suizo”, cabe aclarar, Llermanos aludió al pedido de información que llegó desde la Confederación Helvética en 2011, pleno apogeo kirchnerista, y que el letrado replicó con una denuncia por presunta estafa procesal.
Hugo, Jerónimo, "Huguito" y Karina Moyano
Sin embargo, no todas fueron pálidas judiciales para los Moyano durante los últimos años. En enero de 2021, Karina, secretaria de Género en Camioneros, se presentó con Llermanos ante la Justicia federal de Lomas de Zamora y logró que el juez Federico Villena le devolviera casi medio millón de dólares. Permanecía congelado en una causa por narcotráfico que instruía otro magistrado, pero Villena se lo devolvió a la hija del patriarca en plena feria judicial, lo que le valió una denuncia ante el Consejo de la Magistratura del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y de la fiscal federal Cecilia Incardona.
Guiños y recortes
En tanto, el gobierno de Milei combinó caricias y recortes con los Moyano. En marzo, le hizo un guiño al líder del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, el disidente Sergio Aladio, al que recibió el secretario de Trabajo, Omar Yasin. Pero en abril homologó la paritaria de Camioneros. En mayo concluyó que es ilegal que el gremio emita un certificado de libre deuda sin el cual las empresas no puedan trabajar. Y en junio redireccionó hacia el Sistema Ferroviario Integrado (Sifer) los fondos que iban al Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas (Simpac), que desde 2022 beneficiaba a afiliados de Camioneros.
Esas iniciativas oficialistas acentúan el enfrentamiento con Pablo Moyano, referente de la línea más crítica del Gobierno dentro de la CGT, a diferencia de su padre, más cercano a los dialoguistas, que cruzan mensajes con la Casa Rosada, prescindentes de las declaraciones como las de José Luis Espert, uno de los alfiles oficialistas en el Congreso. “Los Moyano hace rato deberían estar presos. El cortar calles, bloquear empresas, deberían estar presos. Son mafias”, afirmó. “Siempre se van a oponer a las reformas que toquen sus privilegios”.
Pablo y Hugo Moyano
Hoy, el axioma que definió la vida de Hugo Moyano –”que todo lo que ande sobre ruedas, sea de Camioneros”–, aparece debilitado. Y el patriarca huele que se le animan o lo esperan, agazapados. Su hijo Pablo, el primero. Pero él delinea su legado mientras espera una oportunidad. Sea por una debacle económica, agotamiento social o un traspié oficial, al que percibe como un revival del menemismo, comparó el 11 de este mes. “Tenemos que seguir luchando”.

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