Wall Street duda sobre si el ajuste fiscal será factible
Los bancos de inversión se preguntan si las medidas anunciadas serán suficientes; prevén un pico de inflación y una recesión
Rafael Mathus RuizLos inversores esperan más detalles del plan
WASHINGTON.– Los principales bancos de inversión de Wall Street estimaron que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, pueden llevar al equilibrio de las cuentas públicas, aunque dejaron dudas acerca de si será suficiente –hubo un reclamo extendido por la falta de detalles en los anuncios– y si el gobierno de Javier Milei podrá implementarlo. Un pronóstico extendido: la Argentina sufrirá en lo inmediato un nuevo pico de inflación y deberá lidiar con una recesión para el año próximo, tal como también prevé el Gobierno.
Los primeros análisis del paquete de medidas presentado el martes por Caputo comenzaron a llegar a las casillas de correos inversores y traders ayer temprano. Uno de los consensos que surgen de esos análisis es que el paquete, ampliamente visto desde Estados Unidos como un ajuste necesario e ineludible, generará una recesión y un salto en la inflación a principios de 2024. Pero aparecen matices a la hora de evaluar la profundidad y la efectividad de las medidas sobre el déficit fiscal, con algunos bancos, como HSBC, poniendo en duda que el Gobierno alcance el equilibrio presupuestario el año próximo.
Un informe del banco de inversión J.P. Morgan prevé que la inflación se acelere hasta acumular un 60% en diciembre y enero, para luego comenzar a desacelerarse en el segundo trimestre y cerrar el año en un promedio mensual del 2,3%. El banco anticipa una caída del producto bruto interno (PBI) del 3% el año próximo. “El Gobierno espera reducir el déficit fiscal general a cero mediante la combinación de medidas fiscales y el realineamiento de los precios relativos”, indica el informe, que anticipa un recorte de gastos reales del 2,9% del PBI y una suba de ingresos del 2,2%.
Para J.P. Morgan, el paquete de medidas deberá ser retocado en el segundo semestre del año próximo, una vez que las reservas del Banco Central, ahora en rojo, comiencen a recomponerse. Y, además, la entidad remarcó que el hecho de que el ajuste fiscal dependa de manera relevante de una mayor recaudación tributaria –el 43% del ajuste global depende de una mayor recaudación, estimó– “puede suscitar algunas dudas, en particular debido al carácter temporal de algunos impuestos, así como a la necesidad de aprobación del Congreso”.
El informe del banco Barclays también puso el acento en que una gran parte del ajuste fiscal presentado por Caputo surge, en realidad, de una suba de impuestos, y no de la reducción del gasto prometida en campaña: “Develado el programa económico de Milei: El ‘impuestazo liberal’”, fue el título elegido por el banco. Para Barclays, los anuncios van en la dirección correcta.
“El paquete fiscal combina aumentos de impuestos con recortes del gasto: parece alcanzable un equilibrio primario. Se espera que una fuerte devaluación y correcciones de precios relativos impulsen un brusco cambio en el déficit de la cuenta corriente. El costo probable: una recesión y una aceleración de la inflación, con lo que persistirá la incertidumbre en torno a la gobernabilidad”, evaluó el informe.
El banco HSBC puso en duda que las medidas sean suficientes para alcanzar el equilibrio fiscal. “Creemos que al anuncio le faltaban detalles –indica el informe difundido por el banco–. Hasta ahora, en nuestra opinión, creemos que las medidas no tienen la magnitud para llevar el saldo primario al equilibrio en 2024 por debajo del déficit del 2,5% del PBI de los últimos 12 meses, o del 3% del PBI que pronosticamos para 2023”.
Morgan Stanley, en tanto, destacó que los cinco puntos de ajuste del PBI “parecen un techo”, dado que espera que se mantengan algunos subsidios dirigidos a los hogares de bajos ingresos, y que no todas las obras públicas se podrán frenar de un día para el otro.
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Jubilaciones: se prevén subas por decreto, tras un año con fuerte caída
Se enviará un proyecto de ley para suspender la movilidad; no hubo definición aún sobre los bonos
WASHINGTON.– Los principales bancos de inversión de Wall Street estimaron que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, pueden llevar al equilibrio de las cuentas públicas, aunque dejaron dudas acerca de si será suficiente –hubo un reclamo extendido por la falta de detalles en los anuncios– y si el gobierno de Javier Milei podrá implementarlo. Un pronóstico extendido: la Argentina sufrirá en lo inmediato un nuevo pico de inflación y deberá lidiar con una recesión para el año próximo, tal como también prevé el Gobierno.
Los primeros análisis del paquete de medidas presentado el martes por Caputo comenzaron a llegar a las casillas de correos inversores y traders ayer temprano. Uno de los consensos que surgen de esos análisis es que el paquete, ampliamente visto desde Estados Unidos como un ajuste necesario e ineludible, generará una recesión y un salto en la inflación a principios de 2024. Pero aparecen matices a la hora de evaluar la profundidad y la efectividad de las medidas sobre el déficit fiscal, con algunos bancos, como HSBC, poniendo en duda que el Gobierno alcance el equilibrio presupuestario el año próximo.
Un informe del banco de inversión J.P. Morgan prevé que la inflación se acelere hasta acumular un 60% en diciembre y enero, para luego comenzar a desacelerarse en el segundo trimestre y cerrar el año en un promedio mensual del 2,3%. El banco anticipa una caída del producto bruto interno (PBI) del 3% el año próximo. “El Gobierno espera reducir el déficit fiscal general a cero mediante la combinación de medidas fiscales y el realineamiento de los precios relativos”, indica el informe, que anticipa un recorte de gastos reales del 2,9% del PBI y una suba de ingresos del 2,2%.
Para J.P. Morgan, el paquete de medidas deberá ser retocado en el segundo semestre del año próximo, una vez que las reservas del Banco Central, ahora en rojo, comiencen a recomponerse. Y, además, la entidad remarcó que el hecho de que el ajuste fiscal dependa de manera relevante de una mayor recaudación tributaria –el 43% del ajuste global depende de una mayor recaudación, estimó– “puede suscitar algunas dudas, en particular debido al carácter temporal de algunos impuestos, así como a la necesidad de aprobación del Congreso”.
El informe del banco Barclays también puso el acento en que una gran parte del ajuste fiscal presentado por Caputo surge, en realidad, de una suba de impuestos, y no de la reducción del gasto prometida en campaña: “Develado el programa económico de Milei: El ‘impuestazo liberal’”, fue el título elegido por el banco. Para Barclays, los anuncios van en la dirección correcta.
“El paquete fiscal combina aumentos de impuestos con recortes del gasto: parece alcanzable un equilibrio primario. Se espera que una fuerte devaluación y correcciones de precios relativos impulsen un brusco cambio en el déficit de la cuenta corriente. El costo probable: una recesión y una aceleración de la inflación, con lo que persistirá la incertidumbre en torno a la gobernabilidad”, evaluó el informe.
El banco HSBC puso en duda que las medidas sean suficientes para alcanzar el equilibrio fiscal. “Creemos que al anuncio le faltaban detalles –indica el informe difundido por el banco–. Hasta ahora, en nuestra opinión, creemos que las medidas no tienen la magnitud para llevar el saldo primario al equilibrio en 2024 por debajo del déficit del 2,5% del PBI de los últimos 12 meses, o del 3% del PBI que pronosticamos para 2023”.
Morgan Stanley, en tanto, destacó que los cinco puntos de ajuste del PBI “parecen un techo”, dado que espera que se mantengan algunos subsidios dirigidos a los hogares de bajos ingresos, y que no todas las obras públicas se podrán frenar de un día para el otro.
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Jubilaciones: se prevén subas por decreto, tras un año con fuerte caída
Se enviará un proyecto de ley para suspender la movilidad; no hubo definición aún sobre los bonos
Silvia Stang
El Gobierno tiene previsto mandar el Congreso un proyecto de ley para suspender la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones y pensiones. La intención de los funcionarios es otorgar reajustes por decreto, tras decidirlos en el marco del programa con el que se proponen llegar al equilibrio fiscal en un año. No hubo aún precisiones sobre cuánto tiempo se mantendría así la situación, ni sobre si, por ejemplo, seguirá la frecuencia trimestral para las recomposiciones.
Dada la herencia recibida, “se espera que la inflación siga su tendencia incremental, y los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo; el objetivo es cortar con este esquema perverso y mejorar”, dijo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar más datos sobre cómo se guiarían las subas de las prestaciones.
La suspensión de la movilidad fue una de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández. Apenas asumió, el expresidente envió al Congreso una iniciativa luego convertida en una ley que, entre varios puntos, declaró una “emergencia previsional” y estableció que no se aplicaría, por seis meses, la fórmula que había sido aprobada a fines de 2017 (luego, esa decisión se prorrogó por otros seis meses y rigió durante todo 2020).
Ese año dieron incrementos por decreto, que fueron diferentes según el nivel de ingresos y que se ubicaron por debajo de la inflación. Las subas anuales fueron de entre 24,3% y 35,3%, mientras que el índice de precios avanzó un 36,1%. La fórmula suspendida, en tanto, determinaba un aumento de 42,1%.
El ajuste a la baja que produjo esa suspensión se judicializó, con reclamos de algunos de quienes se vieron más afectados. Varios jueces de diferentes parte del país le ordenaron a la Anses hacer un recálculo de los haberes. Ahora, el tema está a la espera de la palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobierno recién finalizado generó otro motivo de judicialidad. Esa causa es la insuficiencia del índice de movilidad para mantener el valor de los ingresos. Es una insuficiencia reconocida por los entonces funcionarios, cada vez que dispusieron refuerzos compensatorios. Entre septiembre de 2022 y este mes el pago de bonos fue continuo, pero solo con alcance para un grupo de jubilados. Por eso, hubo demandas iniciadas por quienes, sin refuerzo, vieron agravada la pérdida del valor de sus ingresos.
El bono de este mes es de $55.000 para quienes tienen el haber mínimo, de $105.713, y de un importe inferior para los jubilados con un ingreso de hasta $160.713. En este caso, el refuerzo equivale a lo necesario para completar esa cifra.
Para los primeros meses de 2024 no hubo definiciones con respecto a si habrá algún bono, o un aumento de emergencia. De no haber, muchos cobrarán en mano mucho menos que en los últimos meses.
Por la fórmula de movilidad vigente desde 2021, las jubilaciones tuvieron este año una variación de 110,9% (en el índice de diciembre, de 20,87%, se aplicó un tope que perjudica a los jubilados), mientras que la inflación podría llegar a un nivel de entre 198% y 210%, según estimaciones de economistas. Así, los haberes acumularán una pérdida, solo en un año, de alrededor de un tercio de su valor real.
El Gobierno tiene previsto mandar el Congreso un proyecto de ley para suspender la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones y pensiones. La intención de los funcionarios es otorgar reajustes por decreto, tras decidirlos en el marco del programa con el que se proponen llegar al equilibrio fiscal en un año. No hubo aún precisiones sobre cuánto tiempo se mantendría así la situación, ni sobre si, por ejemplo, seguirá la frecuencia trimestral para las recomposiciones.
Dada la herencia recibida, “se espera que la inflación siga su tendencia incremental, y los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo; el objetivo es cortar con este esquema perverso y mejorar”, dijo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar más datos sobre cómo se guiarían las subas de las prestaciones.
La suspensión de la movilidad fue una de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández. Apenas asumió, el expresidente envió al Congreso una iniciativa luego convertida en una ley que, entre varios puntos, declaró una “emergencia previsional” y estableció que no se aplicaría, por seis meses, la fórmula que había sido aprobada a fines de 2017 (luego, esa decisión se prorrogó por otros seis meses y rigió durante todo 2020).
Ese año dieron incrementos por decreto, que fueron diferentes según el nivel de ingresos y que se ubicaron por debajo de la inflación. Las subas anuales fueron de entre 24,3% y 35,3%, mientras que el índice de precios avanzó un 36,1%. La fórmula suspendida, en tanto, determinaba un aumento de 42,1%.
El ajuste a la baja que produjo esa suspensión se judicializó, con reclamos de algunos de quienes se vieron más afectados. Varios jueces de diferentes parte del país le ordenaron a la Anses hacer un recálculo de los haberes. Ahora, el tema está a la espera de la palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobierno recién finalizado generó otro motivo de judicialidad. Esa causa es la insuficiencia del índice de movilidad para mantener el valor de los ingresos. Es una insuficiencia reconocida por los entonces funcionarios, cada vez que dispusieron refuerzos compensatorios. Entre septiembre de 2022 y este mes el pago de bonos fue continuo, pero solo con alcance para un grupo de jubilados. Por eso, hubo demandas iniciadas por quienes, sin refuerzo, vieron agravada la pérdida del valor de sus ingresos.
El bono de este mes es de $55.000 para quienes tienen el haber mínimo, de $105.713, y de un importe inferior para los jubilados con un ingreso de hasta $160.713. En este caso, el refuerzo equivale a lo necesario para completar esa cifra.
Para los primeros meses de 2024 no hubo definiciones con respecto a si habrá algún bono, o un aumento de emergencia. De no haber, muchos cobrarán en mano mucho menos que en los últimos meses.
Por la fórmula de movilidad vigente desde 2021, las jubilaciones tuvieron este año una variación de 110,9% (en el índice de diciembre, de 20,87%, se aplicó un tope que perjudica a los jubilados), mientras que la inflación podría llegar a un nivel de entre 198% y 210%, según estimaciones de economistas. Así, los haberes acumularán una pérdida, solo en un año, de alrededor de un tercio de su valor real.
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