EL ANÁLISIS Y DENUNCIAN A GRABOIS POR FRAUDE

Las secretarias no tienen la culpa
Joaquín Morales SoláEl expresidente Alberto Fernández

Alberto Fernández tiene la pulsión de echarles la culpa de sus trances a mujeres, ya sea a su pareja o a quien fue su secretaria durante muchos años. El último conflicto lo tiene como imputado en una causa sobre el uso y abuso de los seguros durante su gestión presidencial. Culpable o no, lo cierto es que el expresidente no necesitó nunca de su secretaria en un rubro, el seguro, que conoce como ningún otro político. Fernández fue superintendente de Seguros de la Nación entre 1989 y 1995. Casi seis años.
Mucho tiempo para aprender casi todo sobre un negocio complejo. La conclusión es que hace 30 años que merodea esa lucrativa industria sin la ayuda de nadie. Sin embargo, ante las primeras versiones sobre supuestas corrupciones con seguros dentro del Estado, dijo que “no pedí por nadie, pero si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Increíble. Siempre la culpa es de otro, y preferentemente de una mujer.
Alguien debería recordarle al expresidente que fue él, y no su secretaria, quien el 1º de diciembre de 2021 firmó un decreto por el que obligaba a la Administración Nacional, a los organismos descentralizados, a empresas públicas y a sociedades del Estado a contratar seguros con Nación Seguros, la aseguradora del Banco Nación. El decreto incluía, entre muchísimos organismos y empresas más, desde la Casa de Moneda hasta Aerolíneas Argentinas, desde la Anses hasta AySA, desde la Televisión Pública hasta el Correo. Esa disposición permitía, no obstante, el trabajo de los brokers y de los intermediarios. Ahí se escondía la posibilidad de un hecho doloso porque los brokers no tenían razón de existir si el mismo decreto establecía que habría una sola aseguradora: Nación Seguros. La función de los brokers en el mundo de los seguros es la de buscar el mejor precio (o la mejor prima) cuando compiten varias aseguradoras; no había competencia a partir de ese decreto.
Después de firmar esa decisión, Alberto Fernández se recostó en su viejo amigo Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y esposo de su secretaria, María Cantero. El expresidente tiene una antigua relación de amistad con Martínez Sosa; no necesitaba recurrir a su secretaria para llegar a un viejo conocido. También se mencionó en días más recientes a un hermano de su secretaria, Sebastián Cantero, pero los negocios de este no tienen nada que ver con los seguros ni existe ninguna vinculación entre él y la causa judicial que se investiga. Los negocios de Cantero son inmobiliarios y están concentrados sobre todo en terrenos aledaños al yacimiento de Vaca Muerta. El parentesco, cercano o lejano, no inculpa a nadie.
El decreto de Alberto Fernández permitía no solo la gestión de los brokers para operar dentro del monopolio de los seguros, sino también para buscar coaseguradoras. En rigor, las coaseguradoras son una manera de ampliar el negocio porque le agregan nuevos protagonistas al mercado que el decreto del entonces presidente restringía a un solo operador, que es la aseguradora del Banco Nación. Es cierto que existen empresas como Aerolíneas Argentinas o YPF que necesitan de una coaseguradora, por lo general del exterior, por el volumen de las cosas que deben asegurar. Pero ¿por qué la Anses, que asegura los créditos que piden los pobres jubilados, necesitaba de un broker de seguros? ¿Por qué no se autoaseguraba la misma Anses si ya le cobraba la prima del seguro al propio jubilado?
El negocio de los brokers de seguros, a los que supuestamente estaba asociado Alberto Fernández, es muy fácil. El broker cobra la comisión una vez que se contrató el seguro y se va a su casa. Si luego existe un siniestro o una muerte, es la aseguradora la que debe hacer- se cargo de los gastos. El broker ya está lejos. El hecho más sorprendente es que organismos del Estado deban contratar a un broker privado para cerrar un acuerdo con otro organismo del Estado, como es Nación Seguros.
Todo tiene el mismo color y la misma forma de aquella empresa que se le atribuyó a Amado Boudou, The Old Fund, que asesoró a la provincia de Formosa por varios millones de dólares en la renegociación de una deuda con el gobierno nacional; es decir, con el Ministerio de Economía, cuyo titular era el propio Boudou. The Old Fund estaba a nombre de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro del exministro de Economía y exvicepresidente de la Nación. Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, le pagó esos honorarios a The Old Fund mediante el Fondo Fiduciario –cuándo no– Provincial.
Según conocedores del negocio de los seguros con el Estado, el caso que ahora se investiga penalmente es otra manera de financiar la política. “Es como los Chocolategate, pero a un nivel más alto y menos expuesto”, dijeron.
El caso actual estalló cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a Federico D’Angelo Campos, exdirector de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por asociación ilícita, defraudación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En rigor, Pettovello hizo suyo un hallazgo del fugaz director de la Anses Osvaldo Giordano en tiempos de Javier Milei; Giordano descubrió que la Anses estaba pagando seguros injustificados a terceros y, sobre todo, a brokers de seguros. Giordano fue eyectado de su cargo por el propio Milei cuando la esposa del extitular de la Anses votó como diputada nacional en contra de un inciso de la ley ómnibus.
El Presidente tomó esa decisión durante el viaje que realizó a Israel e Italia, y cuando seguramente no contaba con el conocimiento de todas las cosas que habían sucedido. El apresuramiento es un mal compañero de los presidentes. Milei saca pecho ahora por lo que fue inicialmente un hallazgo del despedido Giordano.
Otro partícipe importante del escándalo es Sergio Massa, porque un hombre de su extrema confianza, Lisandro Cleri, fue también director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses hasta que fue ascendido por quien era ministro de Economía. Cleri desembarcó entonces como vicepresidente del Banco Central en representación política de Massa; antes lo había representado en la Anses, el organismo que fue la cuna política del viejo alcalde de Tigre. Massa se movía con otro broker de seguros, Pablo Torres García, que al parecer competía con Martínez Sosa por el negocio de asegurar a empresas del Estado con una empresa del Estado.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses fue creado en los tiempos finales de la presidencia de Néstor Kirchner, en 2007, con el propósito supuesto de mantener el valor de la “plata de los jubilados”. Mucho después, criticaron cacofónicamente las comisiones que cobraban las AFJP, pero ninguno objetó las comisiones que percibían los brokers de seguros. Con la estatización de las AFJP, ya en la presidencia de Cristina Kirchner en 2008, ese Fondo sumó casi 24.000 millones de dólares; luego, el kirchnerismo obligó a la Anses y al Fondo a financiar políticas populistas. Resulta muy interesante conocer ahora, después del despilfarro y el reparto entre amigos, cuánto queda de aquellos recursos confiscados a las AFJP.
Nadie sabe si hubo en algún momento un acuerdo entre Alberto Fernández y Sergio Massa para compartir el negocio de los seguros y, sobre todo, las comisiones de los brokers amigos de ambos. En el mundo de los seguros se señala que en los años del kirchnerismo danzaron acumulados unos 1000 millones de dólares entre organismos asegurados, aseguradora y brokers.
Milei se ufanó ayer de haber destapado ese negocio y el de los fondos fiduciarios. La razón está de su lado, aunque se aleja de ella cuando culpa a los que denunciaron la corrupción kirchnerista de no haber descubierto los negocios de los seguros y de los fondos fiduciarios. Denunciaron lo que conocían en su momento, y eso es lo que importa. De hecho, la existencia de los fondos fiduciarios como una enorme caja negra de la política no existía en el conocimiento de nadie hasta que emergió ruidosamente con el inciso “h” del artículo 4 de la ley ómnibus que Milei envió al Congreso. Ese inciso le delegaba facultades al Presidente para disponer de tales fondos. La política se encrespó. Milei retiró el proyecto del tratamiento legislativo. ¿Hasta cuándo? Silencio.
Un problema adicional para Alberto Fernández es que el caso cayó en poder del juez federal Julián Ercolini, uno de los jueces federales mejor considerados por abogados y magistrados. Ercolini fue alumno de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho y había entre ellos una buena relación personal, pero duró hasta que el expresidente consideró oportuno darle una prueba de amor a Cristina Kirchner. Entonces, acusó y maltrató públicamente a Ercolini, pero este nunca le respondió nada. No podría recusarlo ahora porque se crearía el pésimo precedente de que cualquiera insultaría a un juez solo para sacárselo de encima.
Ercolini fue el primer juez que condenó a Cristina Kirchner por supuestas maniobras corruptas en Vialidad; el procesamiento de la expresidenta por parte del juez Ercolini terminó después en el juicio oral y público que la condenó a seis años de prisión por defraudación al Estado. Ercolini no estaba equivocado, como aseguraba su viejo profesor, Alberto Fernández.
Fabiola Yañez, pareja de Alberto Fernández, no fue culpable de la fiesta en la residencia de Olivos en medio de la cuarentena más larga y estricta del mundo, porque era el presidente, huésped principal de la casona de los jefes del Poder Ejecutivo, quien debió frenar esa injusta festichola cuando a los argentinos se les negaban las libertades más elementales. Tampoco María Cantero, su antigua secretaria, es culpable del presunto negocio con los seguros en el gobierno del político que más conoce el submundo de los seguros. A veces, la culpa está demasiado cerca.ß
Fernández no necesitó nunca de su secretaria para los seguros, un rubro que conoce como ningún otro político
Organismos del Estado debían contratar a un broker privado para cerrar un acuerdo con otro organismo del Estado
El apresuramiento es un mal compañero de los presidentes

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Denuncian a Grabois por fraude
Lo acusan por 64 casas sin terminar en un predio escolar

El fiscal federal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, denunció a Juan Grabois y a exfuncionarios nacionales, provinciales y municipales por una supuesta defraudación al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y al programa Casa Propia a raíz de la construcción de 64 viviendas –no finalizadas, pero ocupadas– en un terreno de la ciudad balnearia que había sido donado originalmente para la edificación de escuelas.
El fiscal solicitó en los tribunales federales de Comodoro Py –ya que los fondos supuestamente desviados pertenecen a ministerios con sede en la Capital Federal– que se investigue “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación al FISU” y habló también de las “cajas negras de la política”. La causa quedó sorteada en el juzgado de Julián Ercolini.
Para defender la acusación sobre Grabois, que no es funcionario, Pettigiani afirmó que “hay una responsabilidad ineludible por parte de quien resulta responsable de todo esto. En materia penal hablamos del dominio del hecho y el responsables es Grabois, que es quien puso a la secretaria de Integración Urbana [Fernanda Miño]” del gobierno de Alberto Fernández.
La denuncia alcanza también a la titular de la cartera educativa bonaerense, Agustina Vila, y a la expresidenta del Consejo Escolar de Mar del Plata Natalia Russo.

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