“Hay que pensar una política social que pueda acompañar el crecimiento”
Es licenciada en Ciencias Políticas por la UCA y completó el programa de Liderazgo y Análisis Político de CIAS; fue gerente general del Instituto de Vivienda de la Ciudad (2026-2019) y ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en el gobierno porteño (2019-2
POR Esteban Lafuente | foto Santiago Filipuzzi
“Llevar adelante un plan de estabilización era necesario en la Argentina. La pregunta es cómo se acompaña socialmente para que eso sea viable”, plantea María Migliore, al analizar el escenario socioeconómico del país, las causas de la crisis y las consecuencias inmediatas de las medidas que impulsa el Gobierno. Formada como politóloga, tiene experiencia en la función pública, especializada en temas de integración socio-urbana en el gobierno porteño hasta 2023.
En su análisis, plantea que es necesario “rediscutir” la política social en sus objetivos y en su implementación, con foco en las urgencias inmediatas y en generar condiciones para el desarrollo. “Tenés una discusión de coyuntura, que tiene que ver hoy sobre todo con la inflación, que es uno de los temas que más está pegando, y, asociado a eso, distintos problemas que se ven en la problemática social, como el acceso alimentario y la infraestructura urbana. La pregunta que vale la pena hacerse tiene que ver con cómo resolver las cuestiones estructurales para poder crecer”, dice en diálogo con la nacion.
-¿Cuál es su mirada sobre estos meses de la nueva gestión?
-Hoy, el plan del Gobierno tiene grandes lineamientos y la gran pregunta que me hago es si el plan es sustentable, tanto en términos sociales como fiscales. Haciendo foco en lo social, creo que hay temas que había que poner en discusión, pero lo que no podemos discutir es la necesidad de una política social.
-¿Cuál es la importancia de la macroeconomía en estos temas?
-La estabilización y el crecimiento son las dos premisas para el bienestar. Tenés que generar más riqueza. Eso es básico y, desde el campo social, hay que trabajar en esa mirada. En general, muchas veces el campo económico y el campo social están totalmente desvinculados, y cuando vos pensás un país tenés que pensar el equilibrio general, cuáles son las premisas fiscales, cuál es el modelo productivo y cómo eso se va a traducir en bienestar. Que el orden fiscal y el crecimiento automáticamente se traduzcan en bienestar cuando tenés núcleos de pobreza estructural tan grandes como los que tenemos acá, no es lineal. Creo que el Gobierno tiene que hacer más cosas.
-¿En qué plano tiene que ser rediscutida la política social?
-En los qué y en los cómo. Primero hay que definir cuáles son los grandes lineamientos que se quieren trabajar, porque no es lo mismo una política de protección social con foco, por ejemplo, en una política alimentaria, que en la política de jubilaciones (si lo entendemos como parte también de una mirada social general), o en una política de infraestructura urbana como la de integración de barrios populares, o cómo regularizar o hacer más productiva la economía informal. Son líneas programáticas que entran dentro de la categoría política social, pero que tienen abordajes diferentes. Y me parece que primero hay que redefinir esos lineamientos y después ver si las políticas que estamos implementando son efectivas o no. Y yo creo que no y que hace varios años se viene planteando la necesidad de rediscutirlas.
-¿Por ejemplo?
-En el caso de la política alimentaria, ¿cuál es la mejor manera para garantizar la cobertura: que el Estado compre comida, que asista a comedores o a través de transferencias directas? Y hay una pregunta más profunda, que es cuál es el largo plazo, qué política social queremos, qué resultados esperamos, y, en función de eso, cuál es la mejor metodología para implementarla. Creo que falta un rumbo y que lo que se está planteando es si se intermedia o no se intermedia. Y lo que yo veo que sucedió es que se cambia la intermediación de organizaciones sociales a iglesias. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de qué organización social y de qué iglesia. Lo que hay que hacer es fortalecer las políticas de transferencia directa. Y, como definición general del rumbo, creo que la política alimentaria tiene que ser una política que busque autonomía, que privilegie la capacidad de las personas para elegir qué, cómo y dónde comer. -El Gobierno apunta muy fuerte contra la intermediación y el rol de las organizaciones sociales. ¿Cuál es su visión? -Más que la pregunta desintermediación sí o no, siempre es la pregunta de desintermediación para qué, cuál es el resultado que vos querés lograr, y en función de eso ver cuál es el mejor camino. Yo creo que las organizaciones sociales o del tercer sector son recontra necesarias, más en este contexto. En lo territorial cumplen un rol enorme de cuidado o contención; muchas veces son un lugar de presencia cuando la escuela está cerrada o en los lugares donde no tenés una jornada extendida, que es en la mayoría de los lugares. Y tenemos que tener claro que los vacíos no existen: lugar que queda vacío o que no se ocupa por organizaciones de ese tipo en contextos vulnerables, lugar que gana el narcotráfico. Y eso está pasando en Rosario y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Me parece que a la red de mediaciones territoriales hay que fortalecerla. ¿Eso es igual a que las organizaciones sociales ejecuten el Potenciar Trabajo? No. Entonces, volvemos a lo anterior. El programa tenía como objetivo mejorar la empleabilidad o hacer más productivas las unidades a la economía informal, y no lo logró en escala. Creo que hay que discutirlo. ¿Eso es igual a decir que todas las organizaciones sociales del país son malas y hay que eliminarlas? No.
-También son cuestionadas por temas de transparencia.
-Siempre que se administran fondos públicos, si hay una sospecha o irregularidad, hay que auditarlo y ordenarlo. Eso es por definición. Hoy veo es que se plantea una política de desintermediación, pero en los hechos no hubo una propuesta alternativa. Lo que definitivamente no se puede hacer es cortar esa red y el acompañamiento, porque estamos en una situación crítica.
-¿Por qué prefiere fortalecer las políticas de transferencia directa a otras alternativas?
-Primero, porque llega de manera directa a las personas. Como norte, queremos llegar a que cada familia argentina pueda elegir qué, cómo y dónde comer. ¿Eso pasa en el contexto de hoy? No, con lo cual es necesaria una red de acompañamiento. Yo creo que una política de transferencia de ingresos focalizada como es la AUH tiene muchos beneficios. Y creo que la política alimentaria podría implementarse vía este mecanismo, porque llega directo a las personas. Tenés una asignación que es 100% transparente, porque cualquier persona que cumple los requisitos de esta asignación va a una oficina de la Anses y puede sacarla. Es una política que tiene criterios claros, que llega al universo donde tiene que llegar con una cobertura muy potente para los chicos de 0 a 18 años. Obviamente hay un universo que queda afuera, que son sobre todo las personas mayores de 18 que no tienen hijos; hay un núcleo que está en situación de vulnerabilidad. Yo hago una pregunta también: si es mejor que eso lo haga el Estado Nacional, las provincias o los municipios. Hay que ordenar también en política social, qué cosa es competencia de cada quién. Si mirás la política educativa, por ejemplo, las competencias están mucho más claras. En lo social no está tan claro eso.
-¿En qué sentido?
-El Estado nacional es quien marca la mirada, la regulación, los marcos estructurales sobre los cuales se implementa, y muchas de estas políticas tienen que ser llevadas adelante por gobiernos provinciales o incluso gobiernos locales. En todo lo que tiene que ver con la integración urbana, por ejemplo, la mayor competencia la tienen los gobiernos locales en torno a la capacidad de ordenamiento urbano, de planificación, de zonificación y un montón de herramientas que se necesitan para que eso pueda llevarse adelante.
-¿Cómo se acomoda un esquema de ajuste del gasto como el actual con estos planteos sobre la política social?
-Más que la magnitud del gasto, hay que empezar a pensar la calidad del gasto. Y estos temas hay que pensarlos dentro de un equilibrio general. Para mí no es viable pensar un ajuste fiscal sin pensar cómo es la sustentabilidad de eso. Hay una mirada que tiene que ser de equilibrio general y la política social tiene dos funciones. Una es acompañar en momentos de crisis, pero, sobre todo, yo la veo como el punto de partida para iniciar un proceso de desarrollo. Hay algo que es claro: sin una macro ordenada, sin crecimiento es imposible resolver cualquier tema estructural de pobreza. Y eso es necesario también traerlo a la conversación. En la Argentina estamos muy acostumbrados a pensar la política social con la premisa de que “si las cosas van mal, necesitamos esto”. Y a veces me hago la pregunta: “¿Y si las cosas van bien?”. Hay que pensar una política social que pueda acompañar un ciclo de crecimiento.
-¿Y qué incluye ese esquema?
-Lo alimentario tiene que estar cubierto. Otro tema es la política de integración socio-urbana. En un país donde hay cinco millones de personas que viven sin acceso a servicios básicos, donde hay más de 6000 barrios populares, pensar que el desarrollo es posible sin invertir en infraestructura me parece muy difícil. El punto de partida para las personas que viven ahí es mucho más complejo. Está estudiado. La inseguridad pega más en esos lugares. Entonces, tener políticas robustas que puedan nivelar el punto de partida para iniciar un proceso virtuoso, para mejorar un montón de indicadores de hacinamiento, educación o seguridad son básicas. Hay que diseñar políticas sociales que contengan la emergencia, pero que a la vez tengan los incentivos correctos para generar desarrollo. Una instancia es estrictamente de contención; otra empieza a poner pasos para que haya una transformación y eso pasa con la integración socio-urbana. Se necesita integrar entramados urbanos informales a las tramas generales, y eso tiene un montón de efectos positivos. Primero, para las familias que viven en esos lugares, pero también en indicadores de empleo, educación o hacinamiento. Cuando en un barrio se empiezan a abrir calles, hay iluminación pública, pasan colectivos, se restablece el servicio de limpieza o empieza a pasar un patrullero, no solamente los vecinos de ese barrio ganan, sino todo el entramado urbano general, y eso tiene un montón de externalidades positivas.
-¿Y hay algo de eso en el plan del Gobierno?
-Yo no lo veo. Justamente con la política de integración socio-urbana las señales que se dieron en el último tiempo fueron de desfinanciar ese fondo. Y creo que es una política que hay que financiarla, no solamente desde el presupuesto corriente del Tesoro, sino que también hay que buscar nuevas formas de financiamiento. Y eso fue justamente lo que se buscó cuando se diseñó el fideicomiso original. Se usó para que las provincias fueran a tomar deuda con organismos internacionales, que pudieran involucrarse y que no todos los fondos salieran del Estado, e incluso con una buena infraestructura se pudiera salir a pedir fondos en el mercado de capitales. Hoy las señales que veo no van en esa dirección.
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“Estamos dispuestos a asumir más riesgo para poder atraer inversiones a la Argentina”
El gerente general de BID Invest dijo que, tras el aumento de capital que recibió el organismo, espera volcar en el país entre US$500 y US$700 millones al año; la agenda social, la climática e infraestructura, los ejes de los proyectos
Melisa Reinhold
PUNTA CANA.- En los próximos años, la Argentina recibirá inversiones “constantes” de entre US$500 y US$700 millones anuales de la mano del BID Invest, el brazo del Grupo BID que promueve el desarrollo del sector privado. Luego de que el domingo pasado la Asamblea Anual de Gobernadores aprobara una inyección de capital de US$3500 millones para esta área, de los cuales US$440 millones deberá aportar el país como uno de sus principales miembros accionarios, la apuesta del banco multilateral de crédito es aumentar el riesgo y generar más impacto en la región.
Para el argentino James Scriven, gerente general de BID Invest, la Argentina tiene un “rating” muy bajo. Y, aunque “no pareciera ser un destino favorable para las inversiones”, agregó que es el momento para que el banco “redoble sus esfuerzos para ayudar al país”, en pleno proceso de ajuste de las cuentas públicas y estabilización macroeconómica. El foco estará puesto en tres ejes: iniciativas de infraestructura –tras el recorte que hizo el Gobierno en obra pública–, agenda social y climática.
Scriven, que maneja una cartera de US$21.000 millones en activos y 394 clientes, conversó con sobre los próximos pasos que dará BID Invest en el país.
–El domingo pasado se aprobó una inyección de capital de US$3500 millones para BID Invest. La Argentina se comprometió a aportar US$440 millones por ser miembro accionista. ¿Cómo podría beneficiarse?
–Hubo un cambio de modelo, que significa que queremos escalar exponencialmente las inversiones y el impacto en nuestros 26 países [miembros prestatarios]. Eso lleva a que cambiemos los instrumentos con los que invertimos y que estemos dispuestos a asumir más riesgo para poder atraer inversiones de afuera a la Argentina. Este cambio de modelo, que internamente lo llamamos BID Invest 2.0, es para decir que queremos asumir mucho más riesgo para poder invertir y tener más impacto. La Argentina está pasando por un momento difícil y tiene un rating muy bajo, con lo cual no pareciera ser un destino favorable para las inversiones. Este es el momento para que una institución como BID Invest redoble sus esfuerzos para ayudar a la Argentina. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos más capital y más ganas de invertir en países que tengan ratings más bajos, le abre una ventana a la Argentina muy grande.
–En números, ¿cuánto podría significar para el país?
–Hemos tenido una reunión junto con el presidente [del BID] Ilan Goldfajn, con el ministro [de Economía] Luis Caputo, y con el secretario [de Finanzas] Pablo Quirno, donde repasamos lo que recibirá la Argentina en cuanto a prestación de aumento de capital. Y es significativo. Nosotros estamos pensando en inversiones constantes de entre US$500 y US$700 millones por año en una diversidad de sectores. Esa fue un poco la conversación que tuvimos para poder expandir el capital. Como ponemos mucho leverage [apalancamiento] y asumimos mucho más riesgo, se multiplica mucho el capital que nosotros recibimos versus lo que nosotros invertimos. No solo porque varios países, los que llamamos no regionales, invierten también en el capital de BID Invest para poder prestar en la Argentina. Para nosotros, con las emisiones que hacemos, podemos invertir esa cantidad. En general, un país recibe entre US$20 y US$50 dólares por cada dólar que invierte. El multiplicador es muy grande.
–¿Cuáles son las reformas que debería encarar la Argentina para atraer estas inversiones?
–El Grupo BID está atrás, apoyando y trabajando con el Gobierno de la Argentina, no solamente la parte privada, sino como grupo. Ese fue el objetivo, en parte, de la misión que hizo el economista jefe Eric Parrado a la Argentina, para poder reactivar las inversiones que está haciendo la parte pública, además de la parte privada. La estabilidad macroeconómica es fundamental para que las inversiones vuelvan. Nosotros generalmente somos punta de lanza. Buscamos invertir cuando otros todavía no están dispuestos a hacerlo. Que no sorprenda que nuestras inversiones sean fuertes en sectores todavía complejos para que haya inversiones extranjeras. Entonces, estamos en ferviente apoyo de la estabilización de las políticas macroeconómicas y monetarias que está llevando adelante el ministro [de Economía], y de todo el proceso de ajuste que lamentablemente tiene que hacer. Pero estamos listos para apoyar para que ese ajuste no tenga un efecto fuerte sobre las poblaciones más vulnerables de la Argentina. En ese contexto, la parte privada, nosotros, estamos para financiar empresarios para desarrollar y generar empleo en el país.
–¿Cuáles son los obstáculos que encuentran hoy las empresas privadas a la hora de hacer negocios? ¿La presión tributaria es uno de ellos?
–Uno puede tener un debate sobre las reformas tributarias que tiene que hacer la Argentina, pero es muy difícil opinar de eso en un contexto de ajuste macroeconómico tan fuerte como está encarando. Lo que sí puedo decir es que estamos en total acuerdo como Grupo BID, y BID Invest en particular, en las decisiones o las políticas que quiere asumir el presidente [Javier] Milei para poder reactivar inversiones vía el sector privado. Esas fueron un poco las conversaciones que nosotros tuvimos con Luis Caputo. Lamentablemente, la Argentina no va a poder invertir vía el sector público en lo que es obra pública, pero sí va a dar mucho espacio para que el sector privado invierta en transporte, aeropuertos y demás. Ese fue el pedido expreso: que nosotros ayudemos a esas inversiones.
–¿Cuáles son los sectores que le interesan al BID y que tienen potencial?
–Hay tres ejes importantes sobre nuestras inversiones en la Argentina. Uno es el social. El nivel de pobreza que tiene la Argentina, el nivel de baja productividad, requiere que nosotros nos metamos muy fuerte como grupo en inversiones que reactiven la economía y que generen empleo. Y que ese empleo sea lo más inclusivo posible en términos de diversidad de género y diversidades en general, pero también que sea lo más inclusivo posible. También está la agenda climática. La Argentina tiene una matriz energética bastante limpia, está trabajando muchísimo. Nosotros tuvimos muchas inversiones durante varios períodos presidenciales, en particular durante la gestión de Mauricio Macri, cuando invertimos mucho en energías renovables. Pero la Argentina tiene un material que muy pocos otros países en el mundo tienen: el litio. El año pasado hicimos una inversión fuerte en Catamarca, en un proyecto que se llama Sal de Vida, donde invertimos en la producción de litio. Esos son proyectos que vamos a hacer alrededor de la agenda climática, tanto en energía eólica, como solar y litio. Y el tercero es infraestructura: es un sector donde vamos a estar invirtiendo muy fuerte. Sean rutas o puertos, hay un sinnúmero de actividades que hemos acordado con el Gobierno para estar trabajando vía lo que pueden ser concesiones privadas o trabajos vía PPP [Participación Público Privada] en ciertos proyectos de transporte.
–¿Cómo evalúa las empresas argentinas a la hora de invertir? ¿Cuáles son los criterios de selección y cómo se medirá el impacto?
–El primer criterio de selección, y el más importante, es el impacto que tienen los productos y servicios de esa empresa sobre el país. Entonces, por ejemplo, si uno quiere fomentar el acceso al financiamiento en las poblaciones vulnerables, uno tiene que trabajar con bancos, compañías financieras o cooperativas que tengan como fin último acceder a esa población, que hoy no tiene acceso a medios de financiamiento, sean pymes o individuos. Lo primero que miramos es el impacto de nuestra inversión, sea en el acceso al agua, en el acceso a la electricidad, el acceso al financiamiento o en educación. Segundo, tenemos que ver los valores y principios generales de nuestros clientes. Es un análisis de integridad que hacemos para saber si son socios con los que nos queremos vincular. Ese es un trabajo muy fuerte, para ver si estamos tranquilos con lo que es el track record, el trabajo y los valores generales de esas empresas. Y después, obviamente, que sean sustentables las empresas. Creo que es importante que sean sustentables y que el negocio que estén haciendo sea rentable. No es que no queremos invertir solo para no perder plata, tampoco queremos invertir en un proyecto que sabemos que no lo va a ir bien porque es lo peor que se puede hacer. Entonces: hay un eje de desarrollo, hay un eje comercial y hay un eje de integridad sobre los valores que tienen esas empresas. Obviamente, un puerto es muy distinto a una escuela, pero esos son los ejes sobre los cuales revisamos nuestras inversiones.
–¿En qué aspectos considera que la Argentina podría aportar al mundo?
–Seguridad alimenticia. En inglés, se dice que la Argentina es the breadbasket of the world [el granero del mundo]. Particularmente, países como la Argentina, Uruguay y Paraguay tienen los territorios más fértiles del mundo. Teniendo en cuenta que países como Ucrania están en pleno conflicto, nuestro país tiene el potencial enorme de seguir creciendo en exportaciones y alimentar al mundo. Eso es un eje importante. Y después hay otros ejes que tienen mucho que ver con la agenda climática a la que hice referencia. El hecho de tener la Patagonia para poder producir hidrógeno verde es una opción. El país tiene viento, tiene sol, litio y cobre. Tiene todo lo necesario para poder autoabastecerse y proveer al mundo de energía o materiales necesarios para una transición climática justa. Como mensaje general: la Argentina va a recibir, con creces, el aporte que hace.
PUNTA CANA.- En los próximos años, la Argentina recibirá inversiones “constantes” de entre US$500 y US$700 millones anuales de la mano del BID Invest, el brazo del Grupo BID que promueve el desarrollo del sector privado. Luego de que el domingo pasado la Asamblea Anual de Gobernadores aprobara una inyección de capital de US$3500 millones para esta área, de los cuales US$440 millones deberá aportar el país como uno de sus principales miembros accionarios, la apuesta del banco multilateral de crédito es aumentar el riesgo y generar más impacto en la región.
Para el argentino James Scriven, gerente general de BID Invest, la Argentina tiene un “rating” muy bajo. Y, aunque “no pareciera ser un destino favorable para las inversiones”, agregó que es el momento para que el banco “redoble sus esfuerzos para ayudar al país”, en pleno proceso de ajuste de las cuentas públicas y estabilización macroeconómica. El foco estará puesto en tres ejes: iniciativas de infraestructura –tras el recorte que hizo el Gobierno en obra pública–, agenda social y climática.
Scriven, que maneja una cartera de US$21.000 millones en activos y 394 clientes, conversó con sobre los próximos pasos que dará BID Invest en el país.
–El domingo pasado se aprobó una inyección de capital de US$3500 millones para BID Invest. La Argentina se comprometió a aportar US$440 millones por ser miembro accionista. ¿Cómo podría beneficiarse?
–Hubo un cambio de modelo, que significa que queremos escalar exponencialmente las inversiones y el impacto en nuestros 26 países [miembros prestatarios]. Eso lleva a que cambiemos los instrumentos con los que invertimos y que estemos dispuestos a asumir más riesgo para poder atraer inversiones de afuera a la Argentina. Este cambio de modelo, que internamente lo llamamos BID Invest 2.0, es para decir que queremos asumir mucho más riesgo para poder invertir y tener más impacto. La Argentina está pasando por un momento difícil y tiene un rating muy bajo, con lo cual no pareciera ser un destino favorable para las inversiones. Este es el momento para que una institución como BID Invest redoble sus esfuerzos para ayudar a la Argentina. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos más capital y más ganas de invertir en países que tengan ratings más bajos, le abre una ventana a la Argentina muy grande.
–En números, ¿cuánto podría significar para el país?
–Hemos tenido una reunión junto con el presidente [del BID] Ilan Goldfajn, con el ministro [de Economía] Luis Caputo, y con el secretario [de Finanzas] Pablo Quirno, donde repasamos lo que recibirá la Argentina en cuanto a prestación de aumento de capital. Y es significativo. Nosotros estamos pensando en inversiones constantes de entre US$500 y US$700 millones por año en una diversidad de sectores. Esa fue un poco la conversación que tuvimos para poder expandir el capital. Como ponemos mucho leverage [apalancamiento] y asumimos mucho más riesgo, se multiplica mucho el capital que nosotros recibimos versus lo que nosotros invertimos. No solo porque varios países, los que llamamos no regionales, invierten también en el capital de BID Invest para poder prestar en la Argentina. Para nosotros, con las emisiones que hacemos, podemos invertir esa cantidad. En general, un país recibe entre US$20 y US$50 dólares por cada dólar que invierte. El multiplicador es muy grande.
–¿Cuáles son las reformas que debería encarar la Argentina para atraer estas inversiones?
–El Grupo BID está atrás, apoyando y trabajando con el Gobierno de la Argentina, no solamente la parte privada, sino como grupo. Ese fue el objetivo, en parte, de la misión que hizo el economista jefe Eric Parrado a la Argentina, para poder reactivar las inversiones que está haciendo la parte pública, además de la parte privada. La estabilidad macroeconómica es fundamental para que las inversiones vuelvan. Nosotros generalmente somos punta de lanza. Buscamos invertir cuando otros todavía no están dispuestos a hacerlo. Que no sorprenda que nuestras inversiones sean fuertes en sectores todavía complejos para que haya inversiones extranjeras. Entonces, estamos en ferviente apoyo de la estabilización de las políticas macroeconómicas y monetarias que está llevando adelante el ministro [de Economía], y de todo el proceso de ajuste que lamentablemente tiene que hacer. Pero estamos listos para apoyar para que ese ajuste no tenga un efecto fuerte sobre las poblaciones más vulnerables de la Argentina. En ese contexto, la parte privada, nosotros, estamos para financiar empresarios para desarrollar y generar empleo en el país.
–¿Cuáles son los obstáculos que encuentran hoy las empresas privadas a la hora de hacer negocios? ¿La presión tributaria es uno de ellos?
–Uno puede tener un debate sobre las reformas tributarias que tiene que hacer la Argentina, pero es muy difícil opinar de eso en un contexto de ajuste macroeconómico tan fuerte como está encarando. Lo que sí puedo decir es que estamos en total acuerdo como Grupo BID, y BID Invest en particular, en las decisiones o las políticas que quiere asumir el presidente [Javier] Milei para poder reactivar inversiones vía el sector privado. Esas fueron un poco las conversaciones que nosotros tuvimos con Luis Caputo. Lamentablemente, la Argentina no va a poder invertir vía el sector público en lo que es obra pública, pero sí va a dar mucho espacio para que el sector privado invierta en transporte, aeropuertos y demás. Ese fue el pedido expreso: que nosotros ayudemos a esas inversiones.
–¿Cuáles son los sectores que le interesan al BID y que tienen potencial?
–Hay tres ejes importantes sobre nuestras inversiones en la Argentina. Uno es el social. El nivel de pobreza que tiene la Argentina, el nivel de baja productividad, requiere que nosotros nos metamos muy fuerte como grupo en inversiones que reactiven la economía y que generen empleo. Y que ese empleo sea lo más inclusivo posible en términos de diversidad de género y diversidades en general, pero también que sea lo más inclusivo posible. También está la agenda climática. La Argentina tiene una matriz energética bastante limpia, está trabajando muchísimo. Nosotros tuvimos muchas inversiones durante varios períodos presidenciales, en particular durante la gestión de Mauricio Macri, cuando invertimos mucho en energías renovables. Pero la Argentina tiene un material que muy pocos otros países en el mundo tienen: el litio. El año pasado hicimos una inversión fuerte en Catamarca, en un proyecto que se llama Sal de Vida, donde invertimos en la producción de litio. Esos son proyectos que vamos a hacer alrededor de la agenda climática, tanto en energía eólica, como solar y litio. Y el tercero es infraestructura: es un sector donde vamos a estar invirtiendo muy fuerte. Sean rutas o puertos, hay un sinnúmero de actividades que hemos acordado con el Gobierno para estar trabajando vía lo que pueden ser concesiones privadas o trabajos vía PPP [Participación Público Privada] en ciertos proyectos de transporte.
–¿Cómo evalúa las empresas argentinas a la hora de invertir? ¿Cuáles son los criterios de selección y cómo se medirá el impacto?
–El primer criterio de selección, y el más importante, es el impacto que tienen los productos y servicios de esa empresa sobre el país. Entonces, por ejemplo, si uno quiere fomentar el acceso al financiamiento en las poblaciones vulnerables, uno tiene que trabajar con bancos, compañías financieras o cooperativas que tengan como fin último acceder a esa población, que hoy no tiene acceso a medios de financiamiento, sean pymes o individuos. Lo primero que miramos es el impacto de nuestra inversión, sea en el acceso al agua, en el acceso a la electricidad, el acceso al financiamiento o en educación. Segundo, tenemos que ver los valores y principios generales de nuestros clientes. Es un análisis de integridad que hacemos para saber si son socios con los que nos queremos vincular. Ese es un trabajo muy fuerte, para ver si estamos tranquilos con lo que es el track record, el trabajo y los valores generales de esas empresas. Y después, obviamente, que sean sustentables las empresas. Creo que es importante que sean sustentables y que el negocio que estén haciendo sea rentable. No es que no queremos invertir solo para no perder plata, tampoco queremos invertir en un proyecto que sabemos que no lo va a ir bien porque es lo peor que se puede hacer. Entonces: hay un eje de desarrollo, hay un eje comercial y hay un eje de integridad sobre los valores que tienen esas empresas. Obviamente, un puerto es muy distinto a una escuela, pero esos son los ejes sobre los cuales revisamos nuestras inversiones.
–¿En qué aspectos considera que la Argentina podría aportar al mundo?
–Seguridad alimenticia. En inglés, se dice que la Argentina es the breadbasket of the world [el granero del mundo]. Particularmente, países como la Argentina, Uruguay y Paraguay tienen los territorios más fértiles del mundo. Teniendo en cuenta que países como Ucrania están en pleno conflicto, nuestro país tiene el potencial enorme de seguir creciendo en exportaciones y alimentar al mundo. Eso es un eje importante. Y después hay otros ejes que tienen mucho que ver con la agenda climática a la que hice referencia. El hecho de tener la Patagonia para poder producir hidrógeno verde es una opción. El país tiene viento, tiene sol, litio y cobre. Tiene todo lo necesario para poder autoabastecerse y proveer al mundo de energía o materiales necesarios para una transición climática justa. Como mensaje general: la Argentina va a recibir, con creces, el aporte que hace.
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