El Incaa fija un tope del 20% de los recursos para subsidiar nuevos films
Así quedó expresado en una resolución oficial; “el cine no se promueve repartiendo plata, el cine se fomenta construyendo talento”, dijo el presidente del organismo, Carlos Pirovano
Marcelo Stiletano
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, una parte del cine argentino vive en la incertidumbre x incaa
En las últimas horas se conocieron las primeras señales significativas de un nuevo modelo de producción audiovisual que el Gobierno quiere alentar a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). “El cine no se promueve repartiendo plata, el cine se fomenta construyendo talento”, señaló el presidente del organismo, Carlos Pirovano, inmediatamente después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto presidencial que incluye una reglamentación actualizada de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional.
¿Cuál es el modelo de cine y de industria que el Gobierno quiere estimular a través del Incaa? En sus posteos de las últimas horas publicados en X, Pirovano dijo públicamente por primera vez lo que viene conversando con las entidades del cine desde que asumió. “El uso eficiente de los recursos a partir de una propuesta de valor que busque resultados es el camino de esta administración”, señaló. Quiere alentar una producción audiovisual competitiva en vez de un sistema “que daba subsidios a películas sin espectadores”.
El decreto reglamentario fija nuevos y estrictos límites para el uso de los recursos disponibles (el Fondo de Fomento Cinematográfico) que maneja el Incaa. A partir de ahora, habrá un tope de hasta el 20 por ciento de esos recursos destinado a subsidiar “la producción y la exhibición de películas nacionales de largometraje”. La norma deja sin efecto un decreto similar de 2022, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que asignaba un 50% de la recaudación impositiva del fondo de fomento a dichos subsidios.
Desde este momento, el Incaa evaluará la aptitud de quienes aspiran a los subsidios a partir de varios requisitos: presentar un plan completo y exhaustivo de producción, acreditar el financiamiento del proyecto por un valor equivalente al monto del subsidio solicitado, informar sobre los costos finales una vez terminada la obra y limitarse a pedir un solo subsidio por año calendario. Cada subsidio no podrá superar el 50 por ciento del costo total de producción del proyecto.
Pirovano justificó esta delimitación más ajustada de los recursos destinados por el Incaa a los subsidios. Señaló que la medida obliga “a jerarquizar las producciones audiovisuales” y libera recursos “para las otras herramientas que la ley establece y que se encontraban desfinanciadas”.
Según la nueva reglamentación, otro 20 por ciento de los recursos del Incaa, como máximo, será utilizado para los gastos corrientes, de estructura y de funcionamiento del organismo. Y el 60 por ciento restante, según explicó Pirovano dentro de un extenso hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), “queda liberado para dar créditos, organizar concursos como el ya tradicional Gleyzer, sostener el Gaumont, la Enerc, desarrollar la Cinemateca, el Festival de Mar del Plata y el mercado de Ventana Sur”.
Es la primera vez desde su llegada al Incaa en febrero pasado que Pirovano hace públicas algunas de las definiciones sobre la política oficial sobre el cine que promueve el Gobierno. El funcionario caracterizó al decreto que acaba de firmar Milei como “un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley de cine”. Y agregó que ese mismo equilibrio “se había perdido por el desbordado gasto burocrático y el abuso en los subsidios”.
Ese enfoque aparece desarrollado en los considerandos del decreto. Allí se dice que hace falta aproximadamente un año “de una profunda reestructuración a nivel operativo, de estructuras y de personal” para ajustar los gastos. El decreto señala que en 2000 el Incaa contaba con 90 empleados, un número que se amplió a más de 900 “con diferentes formas de contratación” al momento de la llegada de la actual gestión.
Por esa razón, se agrega en los considerandos, tuvo que elevarse hasta el 42% del total de los ingresos del Incaa el monto destinado al pago de sueldos, así como requerir aportes extraordinarios del Tesoro para otros gastos operativos. El déficit de ejecución del ejercicio 2023 fue de 2600 millones de pesos: 1900 millones corresponden a los gastos operativos del Festival de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur y 700 millones a la deuda con proveedores.
En su cuenta oficial de X (@carlospirovano), el funcionario afirmó que el límite del 20% de los recursos para los gastos operativos “evita la incorporación de ñoquis y el gasto sin control que venía realizándose en los años anteriores y libera los recursos para construir una industria audiovisual competitiva”.
Los considerandos del decreto también hablan de promover un cine argentino con “producciones de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general, y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de las salas”. Aquí entra en cuestión el tema de la cuota de pantalla, normativa que en su momento fue incluida dentro de la actual Ley de Cine con el propósito de estimular la diversidad cultural y proteger la producción nacional.
Con el decreto reglamentario que acaba de publicarse queda sin efecto la normativa actual, vigente desde 2018, según la cual para cumplir con la cuota de pantalla debía proyectarse una película nacional por sala, en la mitad de las funciones, al menos por una semana y por cada trimestre del año. Si esa película superaba la media de continuidad (la cantidad mínima de espectadores fijada por la norma para ese período) debía permanecer en cartel en esa misma sala por una semana más como mínimo, al menos en una función por día.
En el nuevo decreto firmado por Milei se modifica ese criterio, que casi nunca llegó a cumplirse o aplicarse en la realidad, por otro que todavía está por determinarse. “La fijación de la cuota de pantalla debe segmentarse de acuerdo a las características técnicas, estructura empresarial y de ubicación de las salas de exhibición”, señalan los considerandos. La cuota de pantalla se va a mantener, pero con una configuración muy distinta a la actual. Fuentes del Incaa dijeron ayer a que la nueva resolución se conocerá “en breve”.
Hasta ahora no se conocieron pronunciamientos o reacciones frente a esta decisión oficial por parte de las distintas entidades del quehacer cinematográfico local. Todavía en silencio y sin declaraciones institucionales, desde algunos sectores ya se vislumbra un nuevo escenario en el que se reducirá de manera sensible la cantidad de rodajes y estrenos de películas argentinas en relación con el número al que nos acostumbramos en los últimos años.
En lo que va de 2024 se produjo el estreno en salas de algo más de un centenar de largometrajes de producción nacional. Para justificar el cambio de paradigma y la nueva estrategia impulsada a partir del flamante decreto reglamentario, el oficialismo muestra los números. La película argentina más vista este año fue un estreno de 2023 y corresponde a uno de los documentales dedicados al festejo por el triunfo de la selección en el Mundial de Qatar 2022: Muchachos, la película de la gente, con 198.488 entradas, según Ultracine. De los títulos estrenados en 2024, el más visto fue Jaque mate, la comedia policial protagonizada por Adrián Suar, que sumó apenas 58.258 tickets y fue el mayor fracaso de toda la carrera cinematográfica del popular actor.
La semana pasada se creó dentro del organigrama del Incaa una nueva repartición que tendrá por objeto el cuidado, la preservación y la difusión del archivo fílmico del cine argentino. La medida habría surgido como respuesta oficial a una serie de cuestionamientos que se conocieron a fines de junio pasado cuando el Incaa anunció un fuerte plan de ajuste que incluía el ahorro de casi 250 millones de pesos en el alquiler y el mantenimiento de algunos inmuebles. Allí funcionaron distintas reparticiones del organismo.
En ese momento, representantes del quehacer cinematográfico local advirtieron que en uno de ellos había material fílmico histórico de un valor imposible de calcular que podría deteriorarse de manera irreversible. Desde el Incaa respondieron que todo ese acervo quedaba asegurado con su traslado al predio que el organismo posee en la localidad bonaerense de Ensenada destinado a la custodia del material de archivo.
“Es un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley de cine. Ese equilibrio se había perdido por el desbordado gasto burocrático y el abuso en los subsidios”, expresó el presidente del Incaa.
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A un mes de su sanción, el Gobierno todavía no reglamentó la Ley Bases
Proyectos. La gestión muestra una gran distancia entre los anuncios y su puesta en práctica
En las últimas horas se conocieron las primeras señales significativas de un nuevo modelo de producción audiovisual que el Gobierno quiere alentar a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). “El cine no se promueve repartiendo plata, el cine se fomenta construyendo talento”, señaló el presidente del organismo, Carlos Pirovano, inmediatamente después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto presidencial que incluye una reglamentación actualizada de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional.
¿Cuál es el modelo de cine y de industria que el Gobierno quiere estimular a través del Incaa? En sus posteos de las últimas horas publicados en X, Pirovano dijo públicamente por primera vez lo que viene conversando con las entidades del cine desde que asumió. “El uso eficiente de los recursos a partir de una propuesta de valor que busque resultados es el camino de esta administración”, señaló. Quiere alentar una producción audiovisual competitiva en vez de un sistema “que daba subsidios a películas sin espectadores”.
El decreto reglamentario fija nuevos y estrictos límites para el uso de los recursos disponibles (el Fondo de Fomento Cinematográfico) que maneja el Incaa. A partir de ahora, habrá un tope de hasta el 20 por ciento de esos recursos destinado a subsidiar “la producción y la exhibición de películas nacionales de largometraje”. La norma deja sin efecto un decreto similar de 2022, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que asignaba un 50% de la recaudación impositiva del fondo de fomento a dichos subsidios.
Desde este momento, el Incaa evaluará la aptitud de quienes aspiran a los subsidios a partir de varios requisitos: presentar un plan completo y exhaustivo de producción, acreditar el financiamiento del proyecto por un valor equivalente al monto del subsidio solicitado, informar sobre los costos finales una vez terminada la obra y limitarse a pedir un solo subsidio por año calendario. Cada subsidio no podrá superar el 50 por ciento del costo total de producción del proyecto.
Pirovano justificó esta delimitación más ajustada de los recursos destinados por el Incaa a los subsidios. Señaló que la medida obliga “a jerarquizar las producciones audiovisuales” y libera recursos “para las otras herramientas que la ley establece y que se encontraban desfinanciadas”.
Según la nueva reglamentación, otro 20 por ciento de los recursos del Incaa, como máximo, será utilizado para los gastos corrientes, de estructura y de funcionamiento del organismo. Y el 60 por ciento restante, según explicó Pirovano dentro de un extenso hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), “queda liberado para dar créditos, organizar concursos como el ya tradicional Gleyzer, sostener el Gaumont, la Enerc, desarrollar la Cinemateca, el Festival de Mar del Plata y el mercado de Ventana Sur”.
Es la primera vez desde su llegada al Incaa en febrero pasado que Pirovano hace públicas algunas de las definiciones sobre la política oficial sobre el cine que promueve el Gobierno. El funcionario caracterizó al decreto que acaba de firmar Milei como “un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley de cine”. Y agregó que ese mismo equilibrio “se había perdido por el desbordado gasto burocrático y el abuso en los subsidios”.
Ese enfoque aparece desarrollado en los considerandos del decreto. Allí se dice que hace falta aproximadamente un año “de una profunda reestructuración a nivel operativo, de estructuras y de personal” para ajustar los gastos. El decreto señala que en 2000 el Incaa contaba con 90 empleados, un número que se amplió a más de 900 “con diferentes formas de contratación” al momento de la llegada de la actual gestión.
Por esa razón, se agrega en los considerandos, tuvo que elevarse hasta el 42% del total de los ingresos del Incaa el monto destinado al pago de sueldos, así como requerir aportes extraordinarios del Tesoro para otros gastos operativos. El déficit de ejecución del ejercicio 2023 fue de 2600 millones de pesos: 1900 millones corresponden a los gastos operativos del Festival de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur y 700 millones a la deuda con proveedores.
En su cuenta oficial de X (@carlospirovano), el funcionario afirmó que el límite del 20% de los recursos para los gastos operativos “evita la incorporación de ñoquis y el gasto sin control que venía realizándose en los años anteriores y libera los recursos para construir una industria audiovisual competitiva”.
Los considerandos del decreto también hablan de promover un cine argentino con “producciones de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general, y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de las salas”. Aquí entra en cuestión el tema de la cuota de pantalla, normativa que en su momento fue incluida dentro de la actual Ley de Cine con el propósito de estimular la diversidad cultural y proteger la producción nacional.
Con el decreto reglamentario que acaba de publicarse queda sin efecto la normativa actual, vigente desde 2018, según la cual para cumplir con la cuota de pantalla debía proyectarse una película nacional por sala, en la mitad de las funciones, al menos por una semana y por cada trimestre del año. Si esa película superaba la media de continuidad (la cantidad mínima de espectadores fijada por la norma para ese período) debía permanecer en cartel en esa misma sala por una semana más como mínimo, al menos en una función por día.
En el nuevo decreto firmado por Milei se modifica ese criterio, que casi nunca llegó a cumplirse o aplicarse en la realidad, por otro que todavía está por determinarse. “La fijación de la cuota de pantalla debe segmentarse de acuerdo a las características técnicas, estructura empresarial y de ubicación de las salas de exhibición”, señalan los considerandos. La cuota de pantalla se va a mantener, pero con una configuración muy distinta a la actual. Fuentes del Incaa dijeron ayer a que la nueva resolución se conocerá “en breve”.
Hasta ahora no se conocieron pronunciamientos o reacciones frente a esta decisión oficial por parte de las distintas entidades del quehacer cinematográfico local. Todavía en silencio y sin declaraciones institucionales, desde algunos sectores ya se vislumbra un nuevo escenario en el que se reducirá de manera sensible la cantidad de rodajes y estrenos de películas argentinas en relación con el número al que nos acostumbramos en los últimos años.
En lo que va de 2024 se produjo el estreno en salas de algo más de un centenar de largometrajes de producción nacional. Para justificar el cambio de paradigma y la nueva estrategia impulsada a partir del flamante decreto reglamentario, el oficialismo muestra los números. La película argentina más vista este año fue un estreno de 2023 y corresponde a uno de los documentales dedicados al festejo por el triunfo de la selección en el Mundial de Qatar 2022: Muchachos, la película de la gente, con 198.488 entradas, según Ultracine. De los títulos estrenados en 2024, el más visto fue Jaque mate, la comedia policial protagonizada por Adrián Suar, que sumó apenas 58.258 tickets y fue el mayor fracaso de toda la carrera cinematográfica del popular actor.
La semana pasada se creó dentro del organigrama del Incaa una nueva repartición que tendrá por objeto el cuidado, la preservación y la difusión del archivo fílmico del cine argentino. La medida habría surgido como respuesta oficial a una serie de cuestionamientos que se conocieron a fines de junio pasado cuando el Incaa anunció un fuerte plan de ajuste que incluía el ahorro de casi 250 millones de pesos en el alquiler y el mantenimiento de algunos inmuebles. Allí funcionaron distintas reparticiones del organismo.
En ese momento, representantes del quehacer cinematográfico local advirtieron que en uno de ellos había material fílmico histórico de un valor imposible de calcular que podría deteriorarse de manera irreversible. Desde el Incaa respondieron que todo ese acervo quedaba asegurado con su traslado al predio que el organismo posee en la localidad bonaerense de Ensenada destinado a la custodia del material de archivo.
“Es un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley de cine. Ese equilibrio se había perdido por el desbordado gasto burocrático y el abuso en los subsidios”, expresó el presidente del Incaa.
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A un mes de su sanción, el Gobierno todavía no reglamentó la Ley Bases
Proyectos. La gestión muestra una gran distancia entre los anuncios y su puesta en práctica
Maia Jastreblansky
El Poder Ejecutivo aún no reglamentó ninguno de los capítulos de la esperada Ley Bases, que fue sancionada el 28 de junio.
La falta de reglamentación impide avanzar con la puesta en marcha de la norma. Si bien la consideraba fundamental, el Gobierno no pudo concretar todavía avances con respecto a los capítulos claves de la ley, como las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones, el RIGI, la modernización laboral o la modificación de la ley de hidrocarburos.
Incluso, partes del DNU 70/2023, que apuntó a desregular distintas áreas de la economía, todavía están pendientes de reglamentación.
El Ejecutivo planea enviar al Congreso una reforma electoral, un proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA y un paquete de seguridad, pero ninguno tuvo hasta ahora avances concretos en el Congreso.
Javier Milei siempre dice que hasta acá solo exhibió una porción pequeña de sus proyectos para que la Argentina sea “el país más libre del mundo”. Y afirma que tiene en carpeta “3200 reformas más”. En el Gobierno aseguran que el número no es azaroso. Que cuando el líder libertario se reunió con Federico Sturzenegger días antes de asumir, el ahora ministro de Desregulación y Transformación del Estado le presentó un corpus de iniciativas tan voluminoso que se debió hacer un primer filtro de cuatro columnas. Y que solo una cuarta parte quedó volcada en el DNU 70/2023 y en la Ley Bases, mientras que el resto sigue pendiente.
En las últimas semanas, sin embargo, se comenzó a abrir una brecha entre la cantidad de anuncios pretenciosos que viene haciendo el Gobierno y la ejecución real de esos proyectos. Distintos funcionarios y el propio Presidente declamaron una agenda muy ambiciosa de temas económicos, electorales, judiciales y administrativos para el segundo semestre.
Pero, en la práctica y pese a que transcurrió casi un mes de la sanción, el Poder Ejecutivo aún no reglamentó ninguno de los capítulos de la esperada Ley Bases (sí lo hizo con el paquete fiscal) para que la norma pueda ponerse en práctica. Hay, incluso, partes del DNU 70/2023 que todavía están pendientes de reglamentación.
Mientras tanto, el Gobierno comenzó a dar a conocer una batería de proyectos legislativos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. La lista es larga e incluye: una reforma electoral (con un paquete de, al menos, cuatro proyectos separados); la “ley hojarascas” de Sturzenegger (que incluye la derogación de un compendio de leyes presuntamente obsoletas); el proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el paquete de leyes en materia de seguridad impulsadas por Patricia Bullrich (la “ley antimafia”, que busca aumentar penas y habilitar intervenciones más duras para desmantelar organizaciones delictivas; la “ley de reiterancia”, para garantizar la cárcel de los reincidentes; la llamada “ley de orden público” y la modificación a la ley de seguridad interior); el proyecto para bajar la edad de imputabilidad (que aún aguarda la firma de Milei) y la llamada “ley anticasta” que anunció el
Presidente a principios de marzo y que aún no tiene forma concreta.
A diferencia de diciembre, cuando el Gobierno remitió la primera Ley Bases con un modelo elefantiásico de 600 artículos, en Casa Rosada admiten que para esta etapa la idea es que las iniciativas sean más acotadas. La reforma electoral, por ejemplo, tendrá tantos proyectos individuales como temas se aborden. Aún así, los bloques dialoguistas vienen reclamando que el Poder Ejecutivo establezca prioridades, una dinámica poco habitual entre los libertarios, que suelen hacer gala de su agenda refundacional.
Procesos y reformas
La prioridad número uno de la Casa Rosada es finalizar la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases, un trabajo que está en manos del Ministerio de Economía. Sería el primer capítulo de la ley –que se sancionó hace un mes- en tener reglamentación. Es que, hasta acá, el Gobierno solo publicó la letra chica de distintos capítulos del paquete fiscal (la ley de medidas paliativas y relevantes), como el nuevo monotributo, el blanqueo, el impuesto a las ganancias y la moratoria impositiva.
Pero no pudo concretar los avances técnicos con respecto a capítulos como las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones, el RIGI, la modernización laboral o la modificación a la ley de hidrocarburos.
En parte de la coordinación de estos aspectos técnicos trabaja la secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy, del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo, aunque en rigor están involucradas un sinfín de áreas de los distintos ministerios. La última estación de este periplo burocrático recae en la secretaría Legal y Técnica de Javier Herrera Bravo. Su dependencia en general hace el control final de legalidad, los deriva para la firma del Presidente (en caso de los decretos) y procede a publicarlos en el Boletín Oficial.
En las últimas jornadas, desde la Casa Rosada aseguraron que, dentro del capítulo administrativo, se tomó la decisión política de avanzar con la eliminación de unos 60 organismos descentralizados (aquellos autorizados por la ley). No parece un plan de corto plazo y se presenta una complejidad extra: los funcionarios que estampan su firma en cada procedimiento tienen escasa experiencia y saben que pueden quedar comprometidos desde lo legal.
El Poder Ejecutivo aún no reglamentó ninguno de los capítulos de la esperada Ley Bases, que fue sancionada el 28 de junio.
La falta de reglamentación impide avanzar con la puesta en marcha de la norma. Si bien la consideraba fundamental, el Gobierno no pudo concretar todavía avances con respecto a los capítulos claves de la ley, como las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones, el RIGI, la modernización laboral o la modificación de la ley de hidrocarburos.
Incluso, partes del DNU 70/2023, que apuntó a desregular distintas áreas de la economía, todavía están pendientes de reglamentación.
El Ejecutivo planea enviar al Congreso una reforma electoral, un proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA y un paquete de seguridad, pero ninguno tuvo hasta ahora avances concretos en el Congreso.
Javier Milei siempre dice que hasta acá solo exhibió una porción pequeña de sus proyectos para que la Argentina sea “el país más libre del mundo”. Y afirma que tiene en carpeta “3200 reformas más”. En el Gobierno aseguran que el número no es azaroso. Que cuando el líder libertario se reunió con Federico Sturzenegger días antes de asumir, el ahora ministro de Desregulación y Transformación del Estado le presentó un corpus de iniciativas tan voluminoso que se debió hacer un primer filtro de cuatro columnas. Y que solo una cuarta parte quedó volcada en el DNU 70/2023 y en la Ley Bases, mientras que el resto sigue pendiente.
En las últimas semanas, sin embargo, se comenzó a abrir una brecha entre la cantidad de anuncios pretenciosos que viene haciendo el Gobierno y la ejecución real de esos proyectos. Distintos funcionarios y el propio Presidente declamaron una agenda muy ambiciosa de temas económicos, electorales, judiciales y administrativos para el segundo semestre.
Pero, en la práctica y pese a que transcurrió casi un mes de la sanción, el Poder Ejecutivo aún no reglamentó ninguno de los capítulos de la esperada Ley Bases (sí lo hizo con el paquete fiscal) para que la norma pueda ponerse en práctica. Hay, incluso, partes del DNU 70/2023 que todavía están pendientes de reglamentación.
Mientras tanto, el Gobierno comenzó a dar a conocer una batería de proyectos legislativos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. La lista es larga e incluye: una reforma electoral (con un paquete de, al menos, cuatro proyectos separados); la “ley hojarascas” de Sturzenegger (que incluye la derogación de un compendio de leyes presuntamente obsoletas); el proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el paquete de leyes en materia de seguridad impulsadas por Patricia Bullrich (la “ley antimafia”, que busca aumentar penas y habilitar intervenciones más duras para desmantelar organizaciones delictivas; la “ley de reiterancia”, para garantizar la cárcel de los reincidentes; la llamada “ley de orden público” y la modificación a la ley de seguridad interior); el proyecto para bajar la edad de imputabilidad (que aún aguarda la firma de Milei) y la llamada “ley anticasta” que anunció el
Presidente a principios de marzo y que aún no tiene forma concreta.
A diferencia de diciembre, cuando el Gobierno remitió la primera Ley Bases con un modelo elefantiásico de 600 artículos, en Casa Rosada admiten que para esta etapa la idea es que las iniciativas sean más acotadas. La reforma electoral, por ejemplo, tendrá tantos proyectos individuales como temas se aborden. Aún así, los bloques dialoguistas vienen reclamando que el Poder Ejecutivo establezca prioridades, una dinámica poco habitual entre los libertarios, que suelen hacer gala de su agenda refundacional.
Procesos y reformas
La prioridad número uno de la Casa Rosada es finalizar la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases, un trabajo que está en manos del Ministerio de Economía. Sería el primer capítulo de la ley –que se sancionó hace un mes- en tener reglamentación. Es que, hasta acá, el Gobierno solo publicó la letra chica de distintos capítulos del paquete fiscal (la ley de medidas paliativas y relevantes), como el nuevo monotributo, el blanqueo, el impuesto a las ganancias y la moratoria impositiva.
Pero no pudo concretar los avances técnicos con respecto a capítulos como las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones, el RIGI, la modernización laboral o la modificación a la ley de hidrocarburos.
En parte de la coordinación de estos aspectos técnicos trabaja la secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy, del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo, aunque en rigor están involucradas un sinfín de áreas de los distintos ministerios. La última estación de este periplo burocrático recae en la secretaría Legal y Técnica de Javier Herrera Bravo. Su dependencia en general hace el control final de legalidad, los deriva para la firma del Presidente (en caso de los decretos) y procede a publicarlos en el Boletín Oficial.
En las últimas jornadas, desde la Casa Rosada aseguraron que, dentro del capítulo administrativo, se tomó la decisión política de avanzar con la eliminación de unos 60 organismos descentralizados (aquellos autorizados por la ley). No parece un plan de corto plazo y se presenta una complejidad extra: los funcionarios que estampan su firma en cada procedimiento tienen escasa experiencia y saben que pueden quedar comprometidos desde lo legal.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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