CORRUPCIÓN Y DESTITUCIÓN

Rematan una casa comprada por el secretario de Kirchner con dinero de la corrupción
El inmueble ubicado en Villa Devoto está a nombre de Daniel Muñoz y el precio de base en la subasta fue fijado en US$974.416 por la ABE

Diego CabotLa vivienda está ubicada en Salvador María del Carril al 3700, en Villa Devoto
El patrimonio millonario que acumuló el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, empezó el camino del desmembramiento. Luego de años de causas penales, una casa que perteneció al colaborador de extrema confianza de los expresidentes en el barrio de Villa Devoto saldrá a remate.
Quien se quiera quedar con el inmueble ubicado en la calle Salvador María del Carril al 3700 deberá ofrecer, al menos, US$974.416, el valor que la Agencia de Bienes del Estado (ABE) fijó como base para la subasta pública electrónica que terminará el 1° de agosto, cuando se abran las ofertas presentadas.
La historia del inmueble, que no será el único que se subastará, se remonta a los decomisos de bienes que se hicieron en el juicio por enriquecimiento ilícito instruido contra el secretario de los Kirchner.
La Justicia avanzó contra varios de los activos de Muñoz, y la ABE, finalmente, avanzó en la liquidación del inmueble, una casa de tres plantas en un lote de 388 m2. El inmueble podrá ser visitado este mes –previo acuerdo con la ABE–, según el procedimiento fijado en el portal Subast.ar.
Se aplicará el artículo 27 de la ley 25.246, que modifica el Código Penal en materia de lavado de activos. “El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo Nacional. Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme”, dice la norma. Por ahora, el destino del fondo no está claro.
Daniel Muñoz, el oficioso secretario de Néstor Kirchner, fue durante muchos años el encargado de recibir bolsos rebosantes de dinero y acopiarlos en el domicilio de los exmandatarios, en Uruguay y Juncal, o llevarlos a Río Gallegos. De acuerdo con decenas de testimonios, entre ellos el del excontador del matrimonio presidencial Víctor Manzanares, Muñoz era la persona designada para mover el dinero de un lado a otro. Así, reunió una fortuna de, al menos, 70 millones de dólares de inmuebles lujosos en Estados Unidos. En la Argentina compró empresas, hoteles, cabañas, estacionamientos y decenas de departamentos y casas.
En Miami, los inmuebles estuvieron a nombre de una red de sociedades, cuyos dueños originales eran Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, también procesada en la causa de los cuadernos. Esa trama fue investigada por la Justicia argentina y la de los Estados Unidos.
La gran mayoría de los intermediarios pasaron por la cárcel y reconocieron sus delitos. Todos esperan el juicio oral en la causa, que recientemente fue noticia por la decisión de una sala del tribunal de Casación, que consideró como aportes de campaña 16 pagos efectuados por Angelo Calcaterra.
“Acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien”, le dijo el exsecretario privado al contador de la familia Kirchner, Manzanares, en medio del proceso de lavado de dinero ilegal. El propio Manzanares relató, bajo juramento de decir la verdad, la anécdota en la Justicia.
En Nueva York, el hombre de las valijas llegó a comprar dos departamentos en el lujoso Plaza Hotel, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. El vehículo para la inversión fue Free Experience Inc. El 22 de septiembre de 2010 fue la primera compra. La unidad 1608 del famoso Plaza Hotel pasó a estar controlada por Muñoz en 1,85 millones de dólares. Un año más tarde, el 2 de diciembre de 2011, pagó 13,05 millones de dólares por la unidad 607.
En Miami tuvo varias propiedades, departamentos de lujo y, al menos, tres terrenos comerciales. Además, Muñoz y Pochetti compraron una media manzana, en la que se ubica una enorme farmacia de la cadena CVS. Utilizaron para hacerse de la propiedad una sociedad llamada Mother Queen Inc. y la operación se realizó el 20 de diciembre de 2012.
El inmueble, con salida a tres calles, playa de estacionamiento propia y otra entrada para comprar en el local desde el auto, fue adquirido en US$12,12 millones. El 19 de julio de 2016 está anotada una venta. El nuevo dueño es Miami RE LLC y pagó US$13,1 millones.
En la Argentina se hicieron dueños de varios emprendimientos. Tenían dos edificios de cocheras en Palermo, departamentos y decenas de cabañas en el sur. Con testaferros, compraron en 2013 la empresa SanUp, líder en el mercado de nebulizadores y pequeño instrumental para el cuidado personal y de la salud. Hoy todo está en quiebra y muchos de los bienes salen a remate.

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Promueven la destitución de los jueces que sacaron al empresario Calcaterra del juicio por los cuadernos de las coimas
La agrupación Será Justicia presentó un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura; dijeron que Barroetaveña, Mahiques y Petrone colaboraron con la impunidad de los empresarios
Los jueces Carlos Mahiques, Berroetaveña y Petrone
La agrupación de abogados Será Justicia promovió el juicio político en el Consejo de la Magistratura de los tres magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone que permitieron que el empresario Ángelo Calcaterra sea juzgado por aportes ilegales de campaña en vez de sobornos y, de esa forma, abrió una puerta para que otros ejecutivos de la causa de los Cuadernos de las Coimas puedan beneficiarse de la misma manera.
La nota lleva la firma de la abogada María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF y de su colega Raúl Aguirre Saravia Raúl, y está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo el juez, Horacio Rosatti.
Los abogados dijeron que promueven la destitución de Barroetaveña, Mahiques y Petrone porque el 19 de junio pasado habilitaron la competencia del Juzgado Federal electoral para fallar sobre las imputaciones dirigidas al empresario Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
El empresario Ángelo Calcaterra
Los representantes de Será Justicia consideraron que los jueces “colaboraron para que dos imputados en el caso, eludieran la instancia del juicio oral y público, en un proceso donde la instrucción había sido clausurada y existía requerimiento de elevación a juicio firme”.
Señalaron que invadieron la jurisdicción del tribunal oral que estaba preparando el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, “validaron los hechos como los exponía la defensa” y “han intervenido en una contienda de competencia para la que no estaban habilitados”.
Mas allá de que esta decisión puede ser recurrida, los abogados dijeron que hay un “viciado e irregular” actuar de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, “que no podrá ser saneado aunque se revierta lo decidido en violación de la ley y a elementales normas de ética en el ejercicio de la judicatura”.
“Consecuentemente, consideramos imperiosa la actuación de ese Consejo de la Magistratura en resguardo de la vigencia del Estado de Derecho y del buen funcionamiento de Poder Judicial”, escribieron.
Si bien hay un principio que señala que los jueces no pueden ser juzgados por “el contenido de sus fallos”, sostuvieron que ese argumento cede y deviene fútil en la medida en que la sentencia que benefició a Calcaterra “no constituye una derivación razonada de los hechos y las normas aplicables al caso y al proceso”.
“Nos encontramos frente a un acontecimiento de tinte extraordinario que logra estremecer no solo a la ciudadanía toda, sino también a los propios jueces y fiscales de Comodoro Py, quienes contemplan absortos el indulto concedido a dos privilegiados empresarios, sin considerar los efectos que este fallo tendrá en los restantes involucrados”, señalaron.
María Eugenia Talerico integró la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri
Aguirre Saravia y Tallerico aseguraron que debería investigarse en el marco de la causal de mal desempeño del cargo, la irregularidad de que la Sala I de la Cámara de Casación, contrariando su propia jurisprudencia, haya abierto la queja a aquella altura del proceso y en un asunto de competencia precluido, solo para beneficiar a los empresarios imputados”.
La presentación de los abogados se suma a la que efectuaron en el Consejo de la Magistratura el bloque de diputados de la Coalición Cívica en el mismo sentido. Tras denunciar un “pacto de impunidad” entre políticos y jueces, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue y encuadre la conducta de los camaristas de la Casación Penal que sacaron al empresario Calcaterra del juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.
“Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política –de distintos partidos– para que no avancen en causas de corrupción”, afirmaron los diputados de la Coalición Cívica, en referencia a los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone.
Los jueces entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del kirchnerismo, en bolsos que se entregaron en un garage subterráneo del Hotel Hilton, de Puerto Madero, no eran sobornos, sino aportes para la campaña electoral. Esta interpretación permitió separar a Calcaterra del juicio oral por los cuadernos y enviarlo a que la justicia electoral investigue si hizo aportes de campaña no declarados, una falta menor.

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