ECONOMÍA POR MARCOS BUSCAGLIA

Los claroscuros del modelo económico
Marcos Buscaglia*

Los datos de actividad y de inflación le dan aire al Gobierno, que en materia de política monetaria hace anuncios confusos
Los últimos datos de actividad y de inflación le brindan aire al Gobierno. En mayo el EMAE, el indicador mensual de actividad que publica el Indec, se expandió un 1,3% con respecto a abril, mes en el que el dato quedó constante respecto de marzo. La agricultura, con expansiones interanuales del 70% y del 103% en abril y mayo, respectivamente, lidera la expansión. Pero un análisis que excluye tanto al agro como al sector minero/petrolero –que tiene una dinámica muy particular–, muestra que también el resto de la economía habría tocado fondo en abril. El índice IGA, que elabora la consultora de Orlando Ferreres y Fausto Spotorno y que trata de seguir la evolución del EMAE, estima que la economía también se expandió en junio. La caída fue brutal, pero ya quedó atrás. La pregunta ahora es sobre la velocidad de la recuperación.
Parte de la recuperación viene de la mano de una mejora en el crédito y el salario real. Desde abril, los préstamos en pesos al sector privado crecen más rápido que la inflación; entre abril y julio se expandieron un 28% en términos reales, recuperando casi todo lo perdido en los primeros cuatro meses del año. Los préstamos en dólares casi se duplicaron en lo que va de 2024. Los salarios reales, tras una brutal caída que los llevó a contraerse un 22,5% interanual en marzo, también crecieron en abril y mayo, aunque los datos de empleo son menos auspiciosos y aún muestran caídas en mayo.
Los últimos números de inflación también son favorables para el Gobierno. La inflación de junio fue de 4,6%, menor a la prevista, a pesar de que los precios regulados subieron mas del 8% en promedio. Si bien los datos de alta frecuencia mostraron una aceleración de precios a fin de junio y principios de julio, los datos de las semanas más recientes registran una desaceleración, y la inflación de julio rondará el 4%, quizás algo por debajo, quizás un poco por arriba. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, estuvo por debajo del 4% mensual en mayo y junio, su menor nivel desde enero de 2022.
Estos logros se dan en el contexto de un gobierno que no sacrifica el núcleo de su programa económico, un fenomenal ajuste fiscal. Y se complementan con un apoyo de la población muy firme, basado en la baja de la inflación, que lo alienta a redoblar la apuesta. El objetivo es llevar la inflación núcleo al 2%, igual nivel que la tasa de depreciación mensual del tipo de cambio oficial. Una vez que logre ese objetivo, la idea es bajar la tasa de depreciación aún más. Solo después el Gobierno levantaría el cepo, ya que cumplió los otros dos requisitos, al eliminar recientemente los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA), las viejas Leliq, y al cancelar casi todos los puts (opciones de venta) que tenían los bancos sobre bonos del Gobierno que tienen en cartera.
Es en este contexto que tenemos que interpretar los desordenados y confusos anuncios del Gobierno de las últimas dos semanas. El aumento de la inflación de inicios de julio lo llevó a lanzar un programa que, al menos inicialmente, parecía muy duro en lo monetario y dispuesto al mismo tiempo a bajar la brecha cambiaria, que se había disparado en los días anteriores y amenazaba la estabilidad de precios. En palabras del ministro de economía Luis Caputo en la red X el sábado 13 de julio, el anuncio consistía en que“se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora, la cantidad de dinero queda igual o se reduce.” Para ello, explicó, “si el BCRA compra dólares en el MULC (el mercado cambiario oficial), la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL).”
El anuncio desató pánico entre los inversores. El Gobierno enfrenta en los próximos 12 meses vencimientos de capital e intereses de deuda en moneda extranjera por más de US$23.000 millones, si sumamos los Bopreal del BCRA y las deudas provinciales. Con un riesgo país cerca de 1500 puntos, el país sigue aislado de los mercados voluntarios de deuda. Eso quiere decir que los inversores ven a las reservas internacionales del BCRA como un seguro para cobrar sus acreencias. Estas ya venían comprometidas antes del anuncio del Gobierno. En junio subieron en solo US$358 millones, y en julio, hasta el 12, cayeron en US$740 millones. El Gobierno estaba diciendo que iba a utilizar parte de esas escasas reservas para contener la brecha, al estilo Sergio Massa.
El pánico fue tal que para intentar calmar a los mercados, el mismo fin de semana el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que se comprarían y girarían los dólares para hacer frente a los intereses de bonos que hay que pagar en enero de 2025. El anuncio no fue suficiente, y los bonos cayeron fuertemente esa semana. A los pocos días, el presidente Javier Milei, en respuesta a una pregunta en X, sugirió que contratarían un repo (préstamo con garantía) para garantizar el pago de capital de esos bonos en enero de 2025. Dado que el BCRA había enviado parte del oro a Basilea la semana anterior, la especulación es que sería usado como garantía para esa operación de repo.
La novedad tuvo poco efecto. Los bonistas quieren ver subas en las reservas internacionales, no alquimias financieras. Desde ese fin de semana, las reservas cayeron en US$952 millones. Es más, la percepción es que el anuncio, al prometer usar reservas para contener la brecha cambiaria, nos alejaría de un nuevo programa con el FMI. Las sospechas se alimentaron con el hecho de que la única comunicación de funcionarios del Fondo referida a la Argentina tras el anuncio fue un posteo en X de la número dos del organismo, Gita Gopinath, felicitando a la selección argentina por el triunfo en la Copa América.
El comunicado de la número uno del Fondo, Kristalina Georgieva, después de verse con Caputo en Rio en el marco de la reunión del G-20 la semana pasada, pareció meramente político. De todas formas, como comentó Sofía Diamante en el viernes 26, el la nacion equipo económico probablemente siga abocado a conseguir financiamiento de entes multilaterales para garantizar los pagos de deuda de 2025. El precedente de Ghana, que en 2015 emitió un bono con garantía del Banco Mundial, es seguido en el mercado.
El plan del Gobierno enfrenta varios desafíos adicionales. El primero es que todavía pocos entienden el nuevo esquema monetario. En la red X, el mismo sábado 13, Martín Vauthier, un funcionario de segundo rango de Economía, aclaró que la meta monetaria estaba establecida no sobre la base monetaria (BM), como se podría inferir de lo expresado por el ministro el día del anuncio y también posteriormente, sino sobre la denominada base monetaria amplia (BMA), que es la suma de la base monetaria y los pasivos remuneradas del BCRA. Una presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, realizada el lunes 15 en Nueva York y colgada del sitio del Banco Central, y un documento explicativo de la misma institución publicado el 23 de julio, aclararon que la versión de Vauthier es la correcta. El objetivo es que la BMA no crezca del valor que tenía el 30 de abril, 47,7 billones de pesos a precios de abril. La base monetaria, los pesos en nuestros bolsillos más los encajes sobre los depósitos que hacen los bancos, está en $20 billones medidos a precios de abril.
Es decir, la nueva política monetaria no es contractiva dado que, si hay demanda de pesos, la base monetaria puede más que duplicarse, porque ahora el Banco Central no tiene pasivos remunerados. Ahora la BM es igual a la BMA. Es entonces una política monetaria muy distinta a la implementada por Guido Sandleris en el BCRA en octubre de 2018 bajo la imposición del FMI, que apuntaba a que la base monetaria quedara constante.
La política de intervención cambiaria tampoco es entendida por muchos. En primer lugar, si la base monetaria puede crecer, el BCRA no necesitará vender dólares en el CCL cada vez que compra dólares en el MULC. En segundo lugar, el documento del BCRA del martes 23 aclaró que la política de intervención se decidirá “en función de la evolución trimestral (mi énfasis) de liquidez”. Es decir, la discreción es total. La consecuencia es que, a pesar de los equívocos anuncios y de haber gastado, según publicó Solange Rial en Ámbito Financiero, US$223 millones para intervenir hasta el miércoles pasado, la brecha cambiaria sigue muy elevada.
El segundo problema que enfrenta el esquema oficial es que no queda claro que la inflación núcleo vaya a bajar al 2% mensual en los próximos meses. La inflación es como una torta, que uno puede cortar de distintas maneras para analizarla. Dos de estas medidas son las que generan dudas. La inflación núcleo medida como la miden en Estados Unidos, quitando los precios de alimentos y energía, se mantuvo estable, cerca del 4,4% en los últimos dos meses. Si cortamos la inflación entre transables (bienes y servicios comerciables internacionalmente), precios regulados y no transables (bienes y servicios no comercializables internacionalmente), esta última medida, las más ligada al ciclo económico, subió de mayo a junio y se encuentra arriba del 5%. Es decir, no queda claro si elementos inerciales, que se encontraron vigentes en muchos programas de desinflación en el pasado, no comenzarán a jugar un rol. O, puesto de otra manera, si en adelante no habrá que sacrificar más crecimiento económico con una política monetaria realmente dura para barrer con esos elementos inerciales.
Esta es la pulseada que veremos en las próximas semanas, entre un equipo económico que cree que el tipo de cambio es el adecuado y que la restricción fiscal y la monetaria harán bajar la inflación fuertemente, y un mercado preocupado por la evolución de las reservas y por la inercia inflacionaria.
“La caída del nivel de actividad fue brutal, pero ya quedó atrás; la pregunta ahora es sobre la velocidad a la que se dará la recuperación”
“Todavía pocos entienden el nuevo esquema monetario, a la vez que la política de intervención tampoco es entendida por muchos”
Nuevamente la cobertura de la discapacidad es fuente de intensas polémicas. Se conocieron denuncias de irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Y son motivo de controversias el traspaso de esta agencia a la órbita del Ministerio de Salud, las denuncias sobre una drástica reducción de las prestaciones y el reclamo de las obras sociales y prepagas por los impactos financieros que genera la amplitud y ambigüedad de las responsabilidades que se le han puesto a su cargo.
Hay que partir de que la discapacidad no es una enfermedad. Es una condición de la cual se pueden derivar necesidades específicas, como las de atención médica diferencial, rehabilitación, educación especial y asistencia en la vida cotidiana, incluyendo en algunos casos la necesidad de adaptación de la vivienda, de una alimentación determinada, del transporte especial y de apoyo de personal especializado. En muchos casos, estas necesidades representan grandes desafíos para la logística y los ingresos de las familias. Las dificultades se agravan cuando, como consecuencia de la discapacidad, la persona no puede trabajar y la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.
La cobertura está estructurada sobre la base de un complejo entramado de regulaciones y organismos. Los componentes principales son:
• Atención médica y otros servicios (traslados, educación especial, asistencia dentro del hogar
y adaptación de la vivienda). La ley 24.901 de 1997 amplió el Programa Médico Obligatorio (PMO) e hizo responsables a las obras sociales de suministrar estas prestaciones a sus afiliados, una obligación que se extendió a las prepagas en 2011. Para quienes no tienen seguro de salud, la cobertura debe ser proporcionada por efectores públicos. Para acceder a estos servicios la persona tiene que gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante la Andis. En los últimos años hubo un aumento significativo en la cantidad de personas con discapacidad acreditada mediante el CUD. El número supera el 3% de la población total.
Proveer las prestaciones especiales para la discapacidad representa un desafío complejo en términos de financiación y gestión. Para los seguros de salud, que no están especializados en estos servicios, esto generó nuevas responsabilidades sin contemplar una fuente específica de financiamiento. Lo mismo para las provincias, que tienen a cargo los hospitales públicos.
• Retiro por invalidez. Si la persona venía trabajando y como consecuencia de la aparición de una discapacidad no puede seguir haciéndolo, la legislación previsional contempla una prestación monetaria mensual. Son responsables de evaluar la situación de la persona las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que están sujetas a un conjunto de normas y procedimientos, como por ejemplo la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Decreto 659/96).
• Pensión no contributiva por invalidez. Si la persona no tiene una historia laboral que le permita acceder al retiro por invalidez y carece de ingresos o bienes que aseguren la subsistencia de su grupo familiar, tienen derecho a esta prestación. Para recibirla, se requiere un Certificado Médico Oficial emitido por un profesional de un hospital público, y presentarse ante la Anses. A diferencia del retiro por invalidez la norma permite a la persona tener un empleo formal, tanto asalariado como monotributista. Desde 2001 la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón, es decir de 0,2% a 2,4% de la población argentina. Este aumento tan vertiginoso y diferenciado según regiones (llega al 8% de la población en algunas provincias y a casi el 40% en algunas localidades), en ausencia de una catástrofe natural o guerra, es la principal fuente de polémicas.
El esquema tiene varios problemas. El más obvio y dañino es que la discapacidad, según la situación de la persona, es evaluada por tres tipos de organismos diferentes con reglas y criterios distintos. Estas condiciones favorecen los excesos de burocracia y las oportunidades de corrupción y discrecionalidad. También resulta muy negativo no contar con un régimen financiero consistente. La estrategia de agregar prestaciones al PMO para que obras sociales, prepagas y hospitales públicos se hagan cargo sin explicitar sus costos y cómo cubrirlos, es cómodo y oportunista. En la práctica lleva al desamparo, porque muchas veces la atención no es suministrada, generando controversias que en algunos casos terminan con la intervención judicial.
Las evidencias del deficiente funcionamiento del sistema de cobertura de la discapacidad son visibles y de larga data. Periódicamente toman mayor intensidad las denuncias, pero nunca esto ha derivado en soluciones. Muy por el contrario, llama la atención el contraste entre los daños que se generan y el conservadurismo frente a las malas prácticas de gestión. Pareciera que cuesta asumir que los fraudes y el desamparo al que es sometida mucha gente no son hechos aislados, sino la consecuencia lógica y previsible de un sistema muy mal organizado.
Un cambio imprescindible es asignar la responsabilidad de evaluar la discapacidad a un único organismo que esté sometido a reglas de funcionamiento objetivas y transparentes. Es la forma de reducir riesgos de subjetividades, discrecionalidades y fraudes. Las comisiones médicas de la SRT, con algunas adecuaciones, es la estructura pública mejor conformada para cumplir con el objetivo.
Otro cambio fundamental es reemplazar el voluntarismo en materia de financiamiento. Las discapacidades severas son poco frecuentes, pero muy costosas. Una solución eficaz requiere asignar fondos públicos específicos y gestionar las prestaciones tipificando y priorizando según la complejidad de la discapacidad.
Finalmente, es crucial no usar las herramientas destinadas a cubrir la discapacidad para afrontar otros problemas sociales. Para personas vulnerables sin discapacidad, se necesitan otro tipo de intervenciones, pero resulta muy dañino usar la discapacidad para suplir vacíos del sistema de protección social.
La autora es diputada nacional (Hacemos por Nuestro País - Córdoba)
“la discapacidad no es una enfermedad; es una condición de la cual se pueden derivar necesidades específicas, como las de atención médica y educación especial”
“Desde 2001 la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón; de 0,2% a 2,4% de la población. la suba fue vertiginosa y diferenciada según regiones del país”

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