Milei definió por decreto la suba del salario mínimo, que es ahora de $254.000
INFLACIÓN. El Gobierno elevó un 8,5% el haber básico después del fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicalistas
Después de un nuevo fracaso en la negociación con las centrales obreras y las cámaras empresarias, el Gobierno dispuso ayer por decreto el aumento del salario mínimo, vital y móvil, que será a partir de ahora de $254.231 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo y $1271,16 por hora para los jornalizados.
A través de un decreto, Javier Milei estableció ayer la actualización del sueldo básico tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, la semana pasada.
Mediante la resolución 13/2024, firmada por Martín Huidobro, el representante de la Secretaría de Trabajo en el Consejo del Salario, se estableció la siguiente escala:
A partir del 1° de julio de 2024: $254.231,91 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo y $1271,16 por hora para los jornalizados.
A partir del 1° de agosto: $262.432,93 para los mensualizados y $1312,16 por hora para los jornalizados.
A partir del 1° de septiembre: $268.056,50 para los mensualizados y $1340,28 por hora para los jornalizados
A partir del 1° de octubre: $271.571,22 para mensualizados y $1357,86 por hora para los jornalizados
Hasta ayer estaba vigente el salario mínimo fijado en mayo en $234.315 por lo que el aumento mayo-julio fue de 8,5% y representó una diferencia de $19.916,8. Por su parte, la inflación de mayo fue de 4,2%; la de junio, de 4,6%; y la de julio todavía no se conoce.
En tanto, entre julio y octubre el incremento de este indicador que repercute sobre el resto de los sueldos y, más que nada, sobre los programas sociales será de 6,8% en tres meses, con una diferencia de $17.339,3 en ese lapso.
Asimismo, la publicación oficial determina que se establezca la prestación por desempleo para los trabajadores convencionados o no convencionados en 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.
“En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vital y móvil vigente ni superior al 100%”, aclara la norma.
El aumento de julio fue del 8,5% por lo que el salario mínimo del mes actual acumularía un incremento del 63% ($ 254.231,91/$156.000 de diciembre) versus una inflación que podría rondar el 87%. Equivale a un retroceso del 13% de punta a punta para los primeros siete meses del año.
Críticas por la caída
“Nado sincronizado. El Gobierno y los grandes empresarios están coordinados para hundir los ingresos de las personas que trabajan. Milei establece por decreto el salario mínimo más bajo de la historia argentina: 254.000 pesos”, escribió ayer Hugo Yasky, líder de la CTA, en su cuenta de la red social X. La publicación fue acompañada por un cuadro en el que muestra la caída del poder adquisitivo del salario mínimo desde 2019 hasta la actualidad.
La CGT, en tanto, argumentó: “La insensibilidad social por parte del sector empresario se traduce en los $245.094 que ofrecieron para el mes de julio, en contraposición con los $480.000 propuestos por la representación de los trabajadores”. De esta manera, la central obrera peronista justificó la semana pasada su portazo en la reunión del Consejo del Salario.
También hubo cuestionamientos de la izquierda. El dirigente Gabriel Solano tuvo un fuerte cruce con el libertario Ramiro Marra, que celebró el informe de una consultora que indicó que los salario se recuperan ante la inflación. “El salario mínimo está en 254.000. Vos no vivís ni un día con esa guita”, le enrostró Solano a Marra.
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Pagan casi $200.000 millones para reducir el personal de Aerolíneas, AySA y el Correo
Unas 5800 personas aceptaron el régimen de retiros voluntarios
Ignacio Grimaldi
Para el Gobierno, en AySA se crearon puestos de trabajo por cuestiones políticas
Pasar la motosierra no es gratis. La poda de personal en tres de las mayores empresas públicas obligó al Gobierno a pagar, hasta el momento, casi $200.000 millones en planes de retiro voluntario. Son AySA, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.
Según fuentes de cada una de ellas, la cifra exacta que recibieron del Gobierno suma $194.700 millones. El plan de reducción de las tres compañías incluye el retiro voluntario de 5800 personas. Por lo tanto, en proporción, el Tesoro destinó un promedio de unos $33,6 millones por cada trabajador que decidió acogerse a este régimen de recorte de personal.
La compañía pública más grande es Operadora Ferroviaria SE, con 23.456 empleados. Esta empresa, también conocida como Trenes Argentinos, no instrumentó retiros voluntarios ni despidos, pero atraviesa un momento de cambios, ya que el Gobierno le pidió la renuncia a quien era su presidente, Luis Luque.
Pasar la motosierra no es gratis. Tiene un costo. En el caso de la reducción de personal de empresas públicas, de momento el gasto asciende a casi $200.000 millones para los retiros voluntarios en tres de las compañías estatales más grandes: AySA, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.
Según fuentes de cada una de ellas, la cifra exacta del dinero que recibieron del Gobierno suma $194.700 millones. El plan de reducción de las tres compañías incluye el retiro voluntario de 5800 personas. Por lo tanto, en proporción, el Tesoro destinó un promedio de unos $33,6 millones por cada trabajador que adhirió a este régimen.
En el caso de AySA, 1200 personas adhirieron al retiro voluntario. Desde la empresa informaron que recibieron $36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados. En consecuencia, el promedio fue de $30 millones per cápita.
Más allá de la cuestión económica, la empresa contaba con 7790 empleados en diciembre del año pasado, según un relevamiento del Indec. A propósito de esto, un documento elaborado por la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de Jefatura de Gabinete, al que tuvo acceso en mayo, describió“AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real”.
En relación con el plan de reducción de personal de AySA, desde la empresa explicaron que “en el mes de abril se puso en marcha el retiro voluntario con el objetivo de lograr una reducción del 15% de los gastos corrientes de masa salarial y, a la fecha, se ha superado este objetivo”.
Correo Argentino es la empresa cuya planta más bajas sufrió. Según fuentes del Gobierno, registró 3600 retiros voluntarios y 377 despidos. Para los retiros voluntarios recibió dos transferencias del Tesoro que, sumadas, llegan a los $100.000 millones. Prorrateado, daría unos $27,8 millones por cada retiro.
A su vez, la cantidad de bajas que registró esta compañía equivale a casi uno de cada 4 trabajadores que tenía en noviembre del año pasado, ya que en aquel entonces contaba con 16.897 empleados: entre retiros y despidos, quienes abandonaron el Correo suman 3977.
El caso de Aerolíneas Argentinas es el que presenta la transferencia del Gobierno más reciente. De acuerdo con el monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en junio recibió dinero del Ejecutivo por primera vez en la era Milei: fueron $58.700 millones. Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que esos recursos tienen el objetivo de financiar el plan de reducción de la empresa.
En ese sentido, Aerolíneas Argentinas completó una primera etapa de retiros voluntarios, que incluyó a casi 500 empleados y hace casi dos semanas lanzó una segunda instancia del mismo régimen al que, tal como expresaron desde la empresa, proyectan que adhieran otras 500 personas.
Estos son los datos sobre el dinero girado para los retiros voluntarios y planes de reducción de tres de las empresas públicas más grandes que iniciaron tales procesos. Sin embargo, si se tuviera en consideración el tamaño de la dotación de la compañía, la más grande es Operadora Ferroviaria SE, con 23.456 empleados. Esta empresa, también conocida como Trenes Argentinos, de momento no inició ningún proceso de retiro voluntario o despidos, tal como informaron sus representantes. Pero la firma atraviesa un momento de cambios, ya que anteayer el Gobierno le solicitó la renuncia a quien era su presidente, Luis Luque, porque “no se han cumplido con los objetivos y tiempos adecuados para las políticas que demanda el sector”.
El ímpetu privatizador del Gobierno siempre marcó primero en su hoja de ruta la estación de saneamiento de cuentas internas y luego la de posibles ventas. Pese a eso, no todas estas compañías podrían ser privatizadas. De hecho, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas fueron excluidas de las que pueden ser vendidas. Caso contrario es el de AySA y Trenes Argentinos, que hasta incluso podrían ser otorgadas en concesión, según la Ley Bases.
Pasar la motosierra no es gratis. La poda de personal en tres de las mayores empresas públicas obligó al Gobierno a pagar, hasta el momento, casi $200.000 millones en planes de retiro voluntario. Son AySA, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.
Según fuentes de cada una de ellas, la cifra exacta que recibieron del Gobierno suma $194.700 millones. El plan de reducción de las tres compañías incluye el retiro voluntario de 5800 personas. Por lo tanto, en proporción, el Tesoro destinó un promedio de unos $33,6 millones por cada trabajador que decidió acogerse a este régimen de recorte de personal.
La compañía pública más grande es Operadora Ferroviaria SE, con 23.456 empleados. Esta empresa, también conocida como Trenes Argentinos, no instrumentó retiros voluntarios ni despidos, pero atraviesa un momento de cambios, ya que el Gobierno le pidió la renuncia a quien era su presidente, Luis Luque.
Pasar la motosierra no es gratis. Tiene un costo. En el caso de la reducción de personal de empresas públicas, de momento el gasto asciende a casi $200.000 millones para los retiros voluntarios en tres de las compañías estatales más grandes: AySA, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.
Según fuentes de cada una de ellas, la cifra exacta del dinero que recibieron del Gobierno suma $194.700 millones. El plan de reducción de las tres compañías incluye el retiro voluntario de 5800 personas. Por lo tanto, en proporción, el Tesoro destinó un promedio de unos $33,6 millones por cada trabajador que adhirió a este régimen.
En el caso de AySA, 1200 personas adhirieron al retiro voluntario. Desde la empresa informaron que recibieron $36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados. En consecuencia, el promedio fue de $30 millones per cápita.
Más allá de la cuestión económica, la empresa contaba con 7790 empleados en diciembre del año pasado, según un relevamiento del Indec. A propósito de esto, un documento elaborado por la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de Jefatura de Gabinete, al que tuvo acceso en mayo, describió“AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real”.
En relación con el plan de reducción de personal de AySA, desde la empresa explicaron que “en el mes de abril se puso en marcha el retiro voluntario con el objetivo de lograr una reducción del 15% de los gastos corrientes de masa salarial y, a la fecha, se ha superado este objetivo”.
Correo Argentino es la empresa cuya planta más bajas sufrió. Según fuentes del Gobierno, registró 3600 retiros voluntarios y 377 despidos. Para los retiros voluntarios recibió dos transferencias del Tesoro que, sumadas, llegan a los $100.000 millones. Prorrateado, daría unos $27,8 millones por cada retiro.
A su vez, la cantidad de bajas que registró esta compañía equivale a casi uno de cada 4 trabajadores que tenía en noviembre del año pasado, ya que en aquel entonces contaba con 16.897 empleados: entre retiros y despidos, quienes abandonaron el Correo suman 3977.
El caso de Aerolíneas Argentinas es el que presenta la transferencia del Gobierno más reciente. De acuerdo con el monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en junio recibió dinero del Ejecutivo por primera vez en la era Milei: fueron $58.700 millones. Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que esos recursos tienen el objetivo de financiar el plan de reducción de la empresa.
En ese sentido, Aerolíneas Argentinas completó una primera etapa de retiros voluntarios, que incluyó a casi 500 empleados y hace casi dos semanas lanzó una segunda instancia del mismo régimen al que, tal como expresaron desde la empresa, proyectan que adhieran otras 500 personas.
Estos son los datos sobre el dinero girado para los retiros voluntarios y planes de reducción de tres de las empresas públicas más grandes que iniciaron tales procesos. Sin embargo, si se tuviera en consideración el tamaño de la dotación de la compañía, la más grande es Operadora Ferroviaria SE, con 23.456 empleados. Esta empresa, también conocida como Trenes Argentinos, de momento no inició ningún proceso de retiro voluntario o despidos, tal como informaron sus representantes. Pero la firma atraviesa un momento de cambios, ya que anteayer el Gobierno le solicitó la renuncia a quien era su presidente, Luis Luque, porque “no se han cumplido con los objetivos y tiempos adecuados para las políticas que demanda el sector”.
El ímpetu privatizador del Gobierno siempre marcó primero en su hoja de ruta la estación de saneamiento de cuentas internas y luego la de posibles ventas. Pese a eso, no todas estas compañías podrían ser privatizadas. De hecho, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas fueron excluidas de las que pueden ser vendidas. Caso contrario es el de AySA y Trenes Argentinos, que hasta incluso podrían ser otorgadas en concesión, según la Ley Bases.
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