Sin acuerdo por el salario mínimo
El Presidente deberá definir por decreto el nuevo aumento
Por segunda vez desde que comenzó la gestión de Javier Milei, las cámaras empresarias y las centrales sindicales no lograron un acuerdo ayer para elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil, que es hoy de $234.000. Ante el fracaso de la reunión, el Gobierno, en su rol de mediador, suspendió la negociación. De no haber un trato, el Presidente está en condiciones de laudar y determinar por decreto el monto de la prestación, como lo hizo en febrero.
La reunión fue virtual en el marco del Consejo del Salario, en el que participan funcionarios de la Secretaría de Trabajo y los representantes de las principales cámaras empresarias y dirigentes de la CGT y las dos vertientes de la CTA. La discusión comenzó con una postura unificada por parte de las tres centrales sindicales: propusieron elevar el salario mínimo a $482.000 para julio y a $505 mil para agosto, lo que equivaldría un aumento del 116%. Ese incremento, argumentaron los gremios, conseguiría sacar al salario mínimo de la línea actual de indigencia.
Por su parte, el sector empresarial propuso aumentos escalonados sujetos a la inflación por lo que el salario mínimo se elevaría a los siguientes montos: $245.000 en julio, $253.000 en agosto, $259.000 en septiembre y $264.000 para octubre.
La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.
“Esto es una farsa, es sacrificar el salario”, dijo Ricardo Peidro, número dos de la CTAAutónoma.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Un juez habilitó la feria judicial para hacer cumplir el fallo que obliga a Pettovello a dar alimentos
El magistrado Martín Cormick avaló una cautelar pedida por las organizaciones sociales para que Capital Humano mantenga los programas
Federico González del Solar
El reparto de alimentos a poblaciones vulnerables se discute en los tribunales
El juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, dio luz verde al pedido de las organizaciones sociales y habilitó la feria judicial para hacer cumplir el fallo que obliga al Ministerio de Capital Humano a “no innovar” respecto a las políticas alimentarias.
Walter Lara Correa, el magistrado detrás de aquella primera resolución, a días del inicio del receso invernal, hizo lugar a la medida cautelar pedida por la representante oficial de niños y adolescentes ante el tribunal, Florencia Plazas, quien solicitó que el ministerio continúe con los “planes y programas” alimentarios para que los comedores puedan encontrarse “operativos”.
Esto último es lo que buscan hacer cumplir las organizaciones al pedir la habilitación de la feria judicial, concedida por Cormick, a partir de las “circunstancias excepcionales del caso”
Plazas solicitó al juez que “ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes y que asegure su efectiva ejecución, evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria”. Y enfatizó: “En especial los referidos a la asistencia directa de los comedores y merenderos Comunitarios”
El juez Lara Correa avaló esta solicitud con un fallo que no terminó por despejar las dudas: mientras que las organizaciones sociales estaban exultantes, en el ministerio no mostraban preocupación por la resolución del juez. “Es un fallo híbrido”, aducían.
En su resolución, el magistrado sostuvo: “Corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la señora defensora pública oficial [Florencia Plazas] y, en consecuencia, dispóngase que el Estado nacional -Ministerio de Capital Humano- no innove respecto de los planes y programas”. Y agrega: “Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos”.
Para el Gobierno, la Justicia se inmiscuye en una esfera que no es de su competencia al fallar sobre política alimentaria.
La resolución de Cormick, que se basa en el fallo de Lara Correa, es un eslabón más en la larga cadena judicial que se inició en febrero, cuando el dirigente social Juan Grabois denunció a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento en los deberes de funcionaria pública tras interrumpir el reparto de alimentos para los comedores comunitarios, en medio de una reorganización de la política alimentaria. A la par de aquella denuncia, las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un amparo colectivo para pedir que se reanudara la entrega de alimentos para los comedores comunitarios, desabastecidos, sostienen, desde diciembre del año pasado.
El camino a la Corte
La disputa de las organizaciones sociales con el ministerio tiene otro andarivel en el terreno judicial. En el expediente de la denuncia de Grabois contra Pettovello, el juez federal Sebastián Casanello ordenó a la ministra presentar un plan de “inmediata ejecución” para activar el reparto de los alimentos almacenados en los depósitos del ministerio.
Ahora, luego de que la Cámara de Apelaciones y Casación confirmaran el fallo de Casanello y rechazaran los argumentos del ministerio, Pettovello planea ir a la Corte Suprema de la mano del procurador de la nación, Rodolfo Barra, quien entró en escena para darle volumen jurídico a la pulseada de la ministra con las organizaciones sociales.
Para Barra, hay una “palmaria” cuestión federal al verse afectada la división de poderes en desmedro de la población argentina
Las “circunstancias excepcionales del caso” habilitaron la feria judicial
“En especial, los referidos a los comedores”, afirmó la Defensoría
El juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, dio luz verde al pedido de las organizaciones sociales y habilitó la feria judicial para hacer cumplir el fallo que obliga al Ministerio de Capital Humano a “no innovar” respecto a las políticas alimentarias.
Walter Lara Correa, el magistrado detrás de aquella primera resolución, a días del inicio del receso invernal, hizo lugar a la medida cautelar pedida por la representante oficial de niños y adolescentes ante el tribunal, Florencia Plazas, quien solicitó que el ministerio continúe con los “planes y programas” alimentarios para que los comedores puedan encontrarse “operativos”.
Esto último es lo que buscan hacer cumplir las organizaciones al pedir la habilitación de la feria judicial, concedida por Cormick, a partir de las “circunstancias excepcionales del caso”
Plazas solicitó al juez que “ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes y que asegure su efectiva ejecución, evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria”. Y enfatizó: “En especial los referidos a la asistencia directa de los comedores y merenderos Comunitarios”
El juez Lara Correa avaló esta solicitud con un fallo que no terminó por despejar las dudas: mientras que las organizaciones sociales estaban exultantes, en el ministerio no mostraban preocupación por la resolución del juez. “Es un fallo híbrido”, aducían.
En su resolución, el magistrado sostuvo: “Corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la señora defensora pública oficial [Florencia Plazas] y, en consecuencia, dispóngase que el Estado nacional -Ministerio de Capital Humano- no innove respecto de los planes y programas”. Y agrega: “Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos”.
Para el Gobierno, la Justicia se inmiscuye en una esfera que no es de su competencia al fallar sobre política alimentaria.
La resolución de Cormick, que se basa en el fallo de Lara Correa, es un eslabón más en la larga cadena judicial que se inició en febrero, cuando el dirigente social Juan Grabois denunció a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento en los deberes de funcionaria pública tras interrumpir el reparto de alimentos para los comedores comunitarios, en medio de una reorganización de la política alimentaria. A la par de aquella denuncia, las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un amparo colectivo para pedir que se reanudara la entrega de alimentos para los comedores comunitarios, desabastecidos, sostienen, desde diciembre del año pasado.
El camino a la Corte
La disputa de las organizaciones sociales con el ministerio tiene otro andarivel en el terreno judicial. En el expediente de la denuncia de Grabois contra Pettovello, el juez federal Sebastián Casanello ordenó a la ministra presentar un plan de “inmediata ejecución” para activar el reparto de los alimentos almacenados en los depósitos del ministerio.
Ahora, luego de que la Cámara de Apelaciones y Casación confirmaran el fallo de Casanello y rechazaran los argumentos del ministerio, Pettovello planea ir a la Corte Suprema de la mano del procurador de la nación, Rodolfo Barra, quien entró en escena para darle volumen jurídico a la pulseada de la ministra con las organizaciones sociales.
Para Barra, hay una “palmaria” cuestión federal al verse afectada la división de poderes en desmedro de la población argentina
Las “circunstancias excepcionales del caso” habilitaron la feria judicial
“En especial, los referidos a los comedores”, afirmó la Defensoría
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.