LEY BASES Y GABRIEL RUBINSTEIN

Los cambios laborales de la Ley Bases y su impacto en las empresas y el empleo
El texto aprobado por el Congreso es, en cuestiones de trabajo, menos ambicioso que el proyecto pretendido inicialmente; el fondo de cese y una nueva modalidad de cuentapropismo, entre los temas considerados; la visión de diferentes expertos
Joaquín Lanfranchi
En la sesión de fines de junio, la Cámara de Diputados terminó el trámite legislativo que convirtió en ley el proyecto del Gobierno que incluye un capítulo laboral
“Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, dice uno de los nuevos diez puntos del Pacto de Mayo con el que el Gobierno convocó a dirigentes de los distintos espacios políticos para el próximo martes, 9 de julio, en San Miguel de Tucumán. Es que, tras la sanción de la Ley Bases, que finalmente contempló un capítulo laboral, cuyos lineamientos principales habían formado parte del polémico DNU 70/2023 de diciembre último, y luego de la versión inicial del megaproyecto de ley que fracasó en el Congreso, ahora el oficialismo cuenta con mayor músculo político para intentar ir por reformas más ambiciosas. El proyecto aprobado resultó más acotado en materia laboral que la propuesta original y los expertos analizan cuáles serían sus efectos reales en la economía.
Concretamente, el capítulo de la Ley Bases sobre esta temática quedó en el Título V, denominado “Modernización laboral”. Incluye 17 artículos, luego de que se quitaron 42 del texto original. Y representa, cuanto menos, una actualización del marco que regula las relaciones del trabajo en la Argentina.
Entre los puntos que estaban en el proyecto original y lograron sobrevivir se destacan el blanqueo para promover el trabajo registrado, a través de beneficios para los empleadores, y la posibilidad de crear, mediante acuerdos en la negociación colectiva, fondos de cese laboral, como una modalidad que reemplace las indemnizaciones por despido. También se contempla la ampliación del período de prueba a seis meses para las empresas con más de 100 empleados; a ocho meses para aquellas firmas que tienen entre seis y 100 trabajadores, y de un año para las compañías con hasta cinco empleados.
Otras de las modificaciones son la eliminación de sanciones por el no registro de empleados y la posibilidad de que un trabajador independiente cuente con hasta tres personas que trabajen también de manera independiente, para desarrollar un emprendimiento productivo. En estos casos no existiría relación de dependencia y sí una adhesión a un régimen especial para los aportes a la seguridad social, que deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.
Respecto del derecho a huelga o “acción colectiva”, uno de los ítems más resistidos por parte del sector sindical es el que establece como casuales de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos, la obstrucción del ingreso o egreso del personal al lugar de trabajo, y el cercenamiento de la libertad de trabajar a las personas que no adhieran a una medida de fuerza. Según el texto de la nueva ley, cualquiera de estas acciones significaría una “grave injuria laboral”.
La ley establece que el bloqueo a las empresas que impiden trabajar a quienes quieren hacerlo constituye una causal de despido
A la vez, la Ley Bases no elimina la cuota solidaria de los trabajadores a los sindicatos; esa quita es algo que se había pretendido hacer y que impactaría fuerte en el esquema de financiamiento de las entidades gremiales. Era, de hecho, un punto central sobre el cual referentes sindicales y abogados laboralistas habían mantenido una especial atención durante el extenso proceso del debate. También se quitó la pretendida limitación del derecho a huelga en el caso de servicios esenciales, como la educación, y la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Esas eliminaciones de la letra original del proyecto de ley permitieron ampliar el apoyo a la reforma.
Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) logró incluir la protección contra el despido por discriminación, con una cláusula que agrava la indemnización por despido si es que estuvo motivado por un acto discriminatorio, ya sea de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política.
Ahora resta esperar la reglamentación de la ley, que resultará clave para su implementación.
El impacto de la reforma
El análisis de los expertos sobre el impacto concreto que tendrían las modificaciones muestra un abanico de visiones diferentes, según las posiciones mantenidas sobre los distintos temas y sobre la necesidad misma de los cambios.
Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y, además, abogado experto en cuestiones laborales, afirma que el capítulo laboral de la Ley Bases es “un buen punto de partida, pero falta”, y agrega que la normativa “tiene que sacarle el miedo al empresario a contratar”. Desde su punto de vista, las dificultades para crear empleo registrado son el principal flagelo que acecha al mundo del trabajo.
Personas con trabajo registrado según modalidad de la ocupación principal

Fuente: Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social/
“Haber derogado algunas de las multas [por trabajo no registrado] es un gran avance, así como la incorporación del bloqueo o toma de plantas como justa causa de despido, y la posibilidad de crear un fondo de cese laboral mediante negociación colectiva”, considera Funes de Rioja. No obstante, destaca que “entre lo que falta se destaca la necesidad de contar con topes a la tasa de interés aplicada en la justicia del trabajo y [la eliminación de] la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo”.
El titular de la Unión Industrial se refirió también a los efectos de la denominada “industria del juicio”. Si bien destaca que se haya aprobado la eliminación de multas, considera que esa no es una condición suficiente para fomentar el registro de los empleados. “Hoy los tribunales laborales están capitalizando intereses, constituyendo la figura del anatocismo [acumular intereses sobre los intereses de los capitales a pagar derivados de las sentencias], cuya consecuencia es que hace inviable afrontar los pagos por desproporcionados e injustos, particularmente en el caso de las pymes”, afirma.
La nueva norma prevé la posibilidad de que, a través de negociaciones paritarias, se creen fondos de cese que reemplacen los sistemas de indemnización por despido
Y agrega: “Las largas tramitaciones judiciales que abren camino a esta desproporcionada formulación no tienen que ver con la voluntad del demandado, sino con que alargar el juicio y capitalizar intereses se convierte en una manera de abultar desmedidamente el monto final de la liquidación” del fallo.
Desde el sindicalismo y sus referentes hay en muchos casos una visión muy diferente. Según Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y asesor de sindicatos como el de estatales ATE, en el proyecto aprobado “se condensaron los aspectos más regresivos” del texto original. “Tal vez el más grave es la legalización del fraude laboral utilizando la figura del monotributista”, dice, en relación con el artículo del texto que permite que se trabaje con un grupo de personas y se las considere como cuentapropistas, en lugar de obligar a contratarlas bajo una figura de relación de dependencia.
Según la visión de Cremonte, la incorporación del “colaborador” supone un “retroceso a comienzos del siglo XX”, cuando no existía el derecho laboral y se usaba el derecho civil a través del contrato de locación de servicios. “Lo paradójico es que a este capítulo lo llamaron modernización laboral”, cuestiona. Y añade: “Otro aspecto grave es la justificación de despidos por participar de medidas de fuerza”.
Luis Beccaria, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, afirma que todos los aspectos relacionados con despidos son los más influyentes; en especial, la creación del fondo de cese laboral. “El problema principal es que es hay una línea en la ley; no hay pautas. El denominado fondo puede adoptar muchos modelos diferentes; lo único que dice es que es optativo. Es decir, el fondo se crea, pero es en el ámbito de la negociación paritaria donde se define si se adopta o no. O, al menos, eso es lo que se entiende, salvo que se cree un fondo ad hoc para cada negociación”, analiza.
Desde la visión del especialista, primero cabe preguntarse si los trabajadores van a recibir algo parecido a lo que reciben actualmente de acuerdo con el régimen regular, o menos que eso. Y, segundo, si el aporte se va a recibir con algún criterio o si va a ser a la brasilera, es decir, si se va a aportar todos los años como si despidiese a todos los trabajadores, lo que es muy costoso. “Hay dudas para saldar, tanto para los empresarios en términos de costos, como para los trabajadores en términos de protección. No es bueno no penalizar los despidos”, dijo.
Consultado sobre el impacto del nuevo marco normativo, desde su visión Cremonte responde: “El problema de esta reforma, más allá de que es regresiva y que, por ende, empeorará la vida de las personas que trabajan, es que está basada en una premisa falsa. Se afirma que redundará en el crecimiento del empleo, la registración y los salarios. Y eso no ocurrió nunca, ni en la Argentina ni en otro lugar del mundo”. El abogado cita el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015: El empleo en plena mutación”, que analizó las reformas laborales que habían realizado 63 países, incluyendo las economías más avanzadas, así como países de África, Asia y América Latina. “El informe concluyó que en ninguno de ellos mejoraron los indicadores ni económicos ni sociales, sino que al contrario, empeoraron”, dice Cremonte.
El rol del RIGI
El economista Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), considera que la nueva ley apunta a generar mejores condiciones para la creación de empleo, pero que ello ocurriría solo si se recupera la actividad económica. “Todo depende del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que es lo único concreto que la Ley Bases tiene para decir que van a venir nuevas inversiones y que esto va a mover la actividad económica. En suma, si se mueve la actividad económica gracias al RIGI, el capítulo laboral otorga mejores condiciones para los empleadores a la hora de contratar gente”, dice
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante el tratamiento de la Ley Bases
Sin embargo, Colina sostiene que la principal restricción que tiene la legislación laboral argentina no pasa tanto por la Ley de Contrato de Trabajo, que a su criterio es lo que en la Ley Bases se modificó y mejoró, sino por los convenios colectivos de trabajo. “El problema de la Argentina es que la negociación colectiva está muy centralizada a nivel de los sindicatos centrales y que, por la ultraactividad de estos convenios [es decir, por su vigencia indefinida a falta de nuevas pautas acordadas], no se renegociaron desde 1975 –apuntó el experto–. Entonces, si realmente hubiese querido ser revolucionario, el Gobierno debería haber atacado la excesiva centralización en la negociación colectiva, tendiendo a su descentralización a nivel de empresas, en particular pymes, abriéndoles o la posibilidad de que, con acuerdo de sus trabajadores, se puedan salir de los convenios sectoriales”.
Un debate abierto
Alta informalidad laboral. Una tasa de desempleo que, si bien aumentó al 7,7%, sigue siendo considerada baja pero que comienza a preocupar. Dificultades para la creación de empleo registrado. Salarios que pierden poder adquisitivo desde 2017. La lista de factores de un mercado en crisis es larga. Sin embargo, los tiempos de la política parecieran procrastinar en la práctica el abordaje integral de un tema clave que, dada su transversalidad, debería trascender la coyuntura y los intereses sectoriales, más aun si se toma en cuenta el impacto de las tecnologías, que influyen inexorablemente en los procesos productivos.
“Este capítulo de la Ley Bases no agota la problemática de la modernización laboral que la Argentina requiere impostergablemente con el fin de generar las condiciones propicias para crear empleo formal y socialmente protegido, en vez de la informalidad que tenemos en forma creciente y sistemática como realidad”, considera Funes de Rioja, aunque reitera que “es un paso importante hacia la transformación necesaria que plantean las nuevas realidades laborales, a las que nuestra legislación debe adaptarse para conjugar producción, productividad, competitividad, empleabilidad y empleo de calidad”. Para el dirigente de la UIA, ello debe lograrse con tecnología, ya que “la robotización, la digitalización de la economía, la industria 4.0 y la inteligencia artificial requieren de otras respuestas acordes con dichos procesos”.
En tanto, Cremonte considera que el nivel de empleo o de actividad económica dependen de la normativa laboral constituye un error de base. “En la Argentina con la misma legislación tuvimos 3% y 25% de desempleo, porque lo que realmente influye en los indicadores económicos y sociales es la política económica”, sostiene el abogado, para quien los salarios reales constituyen, en rigor, la mayor problemática del mercado de trabajo actual

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“No había chances de evitar ir al equilibrio fiscal; es una piedra angular para estabilizar”
Esteban Lafuente |

Es economista formado en la UBA e hizo cursos de posgrado en IDES; fue integrante del comité de riesgo soberano de DCR-Fitch Ratings y asesor de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía; en esos años fue director del Banco Central; en 2022 asumió como viceministro de Economía de Sergio Massa; es director de Yier Consultora
“El escenario de levantar el cepo sin riesgos no existe”, define Gabriel Rubinstein, el economista que se desempeñó como viceministro de Economía cuando Sergio Massa estaba al frente de esa cartera. El exfuncionario, que también trabajó en el equipo de Roberto Lavagna, elogia la decisión del Gobierno de Javier Milei de ir a un “ajuste fiscal inmediato” y advierte riesgos asociados a la falta de dólares y a la política monetaria.
“Para mí, una macroeconomía ordenada se resume en equilibrio fiscal y dólar único, nominal y estable”, dice el economista, que en diálogo con
repasó su gestión, hizo autocríticas  por las medidas de entonces y apuntó contra sectores que no privilegian el “equilibrio fiscal”, al que define como “la piedra angular” de una estabilización. “Los mejores ejemplos en las últimas décadas fueron el del principio de la convertibilidad y también el del período de 2002 a 2005. En los dos casos, la inflación fue de 5% anual o menos, sin controles de precios y con crecimiento. Y a los dos gobiernos que hicieron eso, al Menem y Kirchner, les fue bien políticamente. Esos paradigmas se perdieron por distintas causas políticas”, dice.
–¿Por qué pasa eso?
–Es para una interpretación político sociológica, pero en esencia los políticos se tornan megalómanos, y quieren hacer rápidamente cosas en sus mandatos, sean los mejor o peor intencionados. Entonces, se desborda el gasto público porque no evalúan la importancia de mantener ese orden macroeconómico. Y si viene la buena y hay plata, tiremos la casa por la ventana, sin pensar que no es lo que le conviene al país, y dale que va. Mientras las cosas van bien, te podés endeudar, perder reservas, hasta podés emitir un poco con algo más de inflación, y no importa la deuda ni el Banco Central. Y eso choca, y volvemos siempre a la misma historia. Pasó en la convertibilidad y en el kirchnerismo. En el caso de Cristina, de 2007 a 2015, pasó de 3% de superávit a un resultado más de 4% negativo. Siete puntos de caída, sin guerra y sin pandemia. Es horrible. Y se perdieron US$40.000 millones de reservas. Y hoy es la clave de todos los problemas que tenemos. No hubo conciencia de lo que es el orden macro y de la importancia de mantenerlo, aunque tu gobierno sea, entre comillas, mediocre. Esa megalomanía política es un problema. Además, Cristina ganaba las elecciones por afano. No había razón para tirar todo por la borda. –Recientemente la expresidenta dijo que el problema no es el déficit sino la deuda…
–Habría que preguntarle a Cristina cómo no entiende que la deuda cuando crece, crece porque hay déficit. –¿Qué análisis hace de su paso por la última gestión?
–Se filtró el plan que yo le había presentado a Massa, en julio de 2022. Y ahí decía que había que eliminar el déficit y devaluar para bajar la brecha, cosa que Milei hizo. –¿Y por qué no se hizo entonces?
–Porque prevaleció una idea más gradualista en cuanto al déficit, de solo cumplir lo comprometido con el FMI. Yo me quedé porque vi que había una mejora en la dirección correcta, aunque no era lo que yo quería. Todavía Cristina sigue pensando que el déficit fiscal no importa… Ella, o el kirchnerismo, le reprochaban a Guzmán que quería tener déficit de 3%, que es muchísimo, y que por qué no lo llevaba a 4%, que lo había aprobado el Congreso. El Congreso aprueba déficits totalmente insostenibles en la Argentina. En ese momento yo vi un 1,9% como una mejora. Insistí para que fuera cero, pero no logré convencer. Alguien me podría achacar, si no te dieron bola, ¿por qué no te fuiste? Pero a veces uno toma decisiones porque ve una oportunidad de hacer algo en la dirección que querés, aunque no sea lo que querés. Se tomó un enfoque más gradualista para bajar sistemáticamente el déficit. Y se logró al principio y después no se pudo. –¿Por qué no se pudo?
–Por dos razones. Una fue la sequía, y después hubo un poco de desborde fiscal por las elecciones. La intención estaba. Y Massa dijo que en 2024 iba a ir a superávit fiscal. Como Milei. Quizás uno puede decir que no es tan creíble como Milei y te lo puedo aceptar. Massa lo hubiera hecho más gradual y Milei fue más drástico, pero no había chances de evitar ir al equilibrio fiscal. Es super necesario. Es una piedra angular. Sin equilibrio fiscal no hay posibilidad de estabilizar. Siempre hay emisión, devaluación, aumento de precios. Por eso, el gradualismo ahí es complejo.
–¿Cuál es su análisis del plan de ajuste impulsado por Milei?
–Lo que hace el ajuste fiscal es reemplazar el impuesto inflacionario por otros impuestos. En la práctica, sumaron impuesto PAIS, licuaron jubilaciones, no les pagaron a las provincias y otros temas, y lograron un ajuste fiscal, que creo que es valioso hacerlo inmediatamente. Con eso, lo que sería el concepto de impuesto inflacionario se evita. Pero el ajuste fiscal en sí no tendría que ser recesivo.
–¿Por qué?
–Porque un determinado gasto se financia con impuestos, con un bono o con emisión, que obliga a tener más plata en el bolsillo. Si hoy salís con $30.000 en el bolsillo, y a lo mejor hace un año salías con $10.000, esa decisión implica que dejás de consumir $20.000, que simplemente la inflación te morfó. Eso se llama impuesto inflacionario. Y el gasto es el mismo, más allá de cómo se financie. Milei lo entiende perfectamente. La pregunta es por qué toma con tanta liviandad el tema de que la recesión es corta, que se recupera en forma de V. Y el otro elemento que juega es la devaluación. Hay dos clases. Algunas son, como le pasó a Macri en 2018, para corregir la situación externa: se fueron capitales, hay devaluación y la economía se achica. Es recesión. Pero ahora había una brecha cambiaria muy alta y eso no permite que la economía funcione bien y que se acumulen reservas. Ahora, devaluar es para eliminar la brecha, no para licuar el salario o porque hay salida de capitales. Eso es lo que yo proponía en agosto de 2022. Se tardó un año, se hizo en agosto de 2023, pero ya era tarde, mal y sin ayuda, y perdió el efecto.
–¿Qué análisis de los últimos movimientos del dólar?
–Hace algunos meses, el Gobierno encontró un buen momento, cuando el dólar paralelo bajó de $1200 a casi $1000, y la brecha importadora con el oficial, al sumarle el impuesto PAIS, era casi cero. Milei lo valoró. Lo bueno hubiera sido que eso continuara. Pero hubo errores, como una política monetaria muy expansiva. En febrero y marzo la base monetaria era de $10 billones y ahora es de $18 billones. Y no se explica. Están defendiendo la no emisión de dinero, pero la expansión fue del 80%, con compra de dólares, y porque se liberaron más pases de los títulos que se colocaron. Son diferentes mecanismos, y puedo analizar que parte de la emisión era necesaria para convalidar inflación que ya había ocurrido. Pero, con el mismo argumento de Milei, que destacó que el dólar estuvo quieto porque la emisión estuvo quieta, no esperes que el dólar se quede quieto si hay emisión. También es exagerado cuando se ve la liquidez del sistema financiero. La tasa de caución llegó a ser de 2,5%, casi igual a la del crawling peg. Incentivaste que los exportadores se endeuden en pesos y no liquiden, y que los depositantes se vayan de los pesos a comprar dólares.
–¿Y hacia adelante?
–Se compró un problema muy importante, con una brecha muy alta que hace que nadie quiera liquidar dólares. Y empezás a querer importar cualquier cosa, porque en algún momento la brecha va a desaparecer. Importar vuelve a ser negocio. Y para mantener el contado con liqui tenés el dólar blend, hacés intervención cambiaria y nunca comprás dólares.
–¿Qué perspectivas hay respecto de la política cambiaria?
–El déficit fiscal obliga a emitir y al mismo tiempo obliga a devaluar. No se puede tener un dólar quieto y
emitir permanentemente dinero. El mismo Milei dice que con un crawl al 2%, la inflación nunca baja del 2%. El éxito de un programa es llegar al 5% anual. Para eso hay que devaluar cero, entonces la tasa de interés converge a cero. En el caso argentino hay que emitir cero y para eso hay que tener déficit cero. El Gobierno lo hizo, pero hay otra parte que no, por razones objetivas y subjetivas. No todo es culpa de Milei, para nada. Es un problema heredado, también por Massa, y es que nos quedamos sin dólares. Y sin dólares no es tan fácil mantener el dólar nominal estable, porque esa promesa no se sustenta. Y a la larga podría alcanzarte solo con la parte fiscal, pero normalmente no es suficiente. En la Argentina una economía tan bimonetaria y acostumbrada al ahorro en dólares es muy probable que, ante cualquier circunstancia negativa del mundo o propia, haya corridas, y hay que estar preparado si la gente se quiere dolarizar. Y la única manera es teniendo dólares y capacidad de intervenir. –El gobierno anterior terminó con reservas negativas de US$11.500 millones 
–Hubo una serie de factores. No podemos minimizar el shock de la sequía, que significó más de US$21.000 millones menos. Se podría haber optado por una recesión grande para bajar las importaciones, forzar todo el sistema para no perder tantos dólares, pero era un costo sumamente elevado; tenías que eliminar la brecha. Era una muy fuerte devaluación en generar condiciones de hiperinflación, y a lo mejor terminabas mal igual. Distintas cosas hicieron que se perdieran reservas. También hubo intervención cambiaria y otras cosas para que no se fuera todo al demonio. Pero si hubieras devaluado tempranamente y hubieras hecho ajuste fiscal, habríamos estado en mejores condiciones frente a la sequía. –¿Cómo se puede salir del cepo?
–Cuando Milei dice que si tuviera US$15.000 millones levantaría el cepo, tiene razón. Se necesitan dólares; no tiene nada que ver con los pasivos del Banco Central ni con los puts. Pero no hay dólares, y lo que ve el mercado es que hacia adelante no hay manera de comprar. Por eso veo difícil que el dólar baje mucho. Si bien recuperaron US$12.000 millones de reservas, hay un montón de cuestiones postergadas, importaciones, Bopreal. Hay un riesgo país de 1500 que muestra que estás lejísimos de poder ir a los mercados. Y están todos los activos monetarios en pesos, sean depósitos o bonos públicos, que hoy al contado con liqui equivalen a US$60.000 millones. Si bien se recuperaron dólares, el problema es mayor. Si mañana se levanta el cepo y hay una corrida de solo 10% de los activos de la gente, son US$6000 millones, y no se lo puede afrontar. Cuando dicen que no hay apuro en levantar el cepo es porque saben que no tienen dólares. En noviembre estábamos muy mal y no se podía levantar. Ahora tampoco. –¿Y qué margen hay?
–Si se lo levanta sin dólares, y toda tu apuesta es que la gente crea que tenés la situación fiscal y con eso suficiente, te expones a brotes de tipo hiperinflacionario. Hoy, el escenario de levantar el cepo sin riesgos no existe. Por eso, tienen que sí o sí conseguir que alguien preste dólares. Sería una manifiesta incapacidad no solo de este gobierno, sino de la Argentina que, dado su historial, no consiga un préstamo en dólares, más cuando hicieron el ajuste fiscal que hicieron y con la impronta liberal que tienen. Conseguí US$7000 millones y arriésgate a levantar el cepo, aunque sea con algún riesgo de devaluación. Porque nadie te va a prestar plata si no devaluás, para que lo patines en el mercado a $1000. Te lo van a dar con una devaluación o unificación.

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