El Gobierno analiza bajar la edad para poder votar
Una alternativa que se evalúa es que sea opcional desde los 13 años
Cecilia Devanna
Después de haber aprobado la Ley Bases, el Gobierno tiene pensado insistir con parte de la reforma electoral que se excluyó de la primera versión del proyecto. Insistirá con la eliminación de las PASO y la boleta única, y la novedad es que analiza la posibilidad de bajar la edad para votar. Una de las propuestas en evaluación es que sea opcional a partir de los 13 años, en línea con el proyecto de baja de imputabilidad que anunció el viernes.
Después de la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal, el Gobierno volverá a la carga parlamentariamente con uno de los ítems que debió dejar fuera de la versión original en el camino de las negociaciones con la oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral.
Con ese paquete, sobre el que ya trabajan en Balcarce 50 y esperan presentar dentro de 30 o 40 días, buscarán avanzar con la eliminación de las PASO, incluir listas abiertas, la posible implementación de la boleta única y hasta analizan una posible baja en la edad para votar, que podría ubicarse en los 13 años. En cambio, no insistirán, para garantizar que avance el proyecto, en el sistema de circunscripciones, que contemplaba la primera versión de la ley ómnibus y que generó amplias resistencias.
Para que los cambios que buscan introducir se puedan implementar en las elecciones legislativas de 2025, deberían tratarse y aprobarse antes de diciembre, ya que el año próximo, al haber elecciones, no hay margen para discutir temas electorales en el Congreso. Por eso el interés de la Casa Rosada en presentarlo a más tardar en agosto y avanzar con el tema.
El eventual cambio en la edad de votación está en estudio en las filas libertarias y, aunque adelantan que el tema “aún está verde”, reconocen que creen que “la edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad”. Precisamente este viernes el Gobierno presentó su proyecto para bajarla de 16 a 13 años, en una propuesta que ya adelanta polémicas. “Lo razonable sería que estuvieran equiparadas”, sostienen sobre la idea en evaluación.
La idea que analizan contempla que el voto a esa edad “no sea obligatorio”, como hoy no lo es entre los 16 y los 18. “Lo obligatorio tampoco va con nuestra ideología”, argumentan en el Gobierno. En tanto que sobre la posible posición que tome la oposición no dialoguista respecto del tema, en Balcarce 50 sostienen, con cierto dejo de ironía, que “la dirigencia no debería oponerse, porque siempre hablan de ampliar derechos y esto sería precisamente eso”.
Tras lo que agregan que creen que puede haber “prejuicios” respecto de que un incremento del voto joven podría beneficiar electoralmente a La Libertad Avanza, que tiene apoyo de ese sector, aunque sobre eso aseguran: “No estamos seguros de que necesariamente sea así”.
El capítulo de la reforma electoral estaba incluido en la primera versión de la Ley Bases, pero terminó siendo eliminado por las negociaciones con la oposición. Uno de los temas más sensibles que incluía y que más resistencias mostraba por parte de ese sector era el de implementar un “sistema de circunscripciones uninominales”, lo que implicaba que cada elector votaría solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente en cada distrito, un intento por generar cercanía y familiaridad con los postulantes.
Este punto despertó resistencias por los números de representantes que le tocarían a cada provincia, por lo que se descarta que se vuelva a incluir, para no entorpecer u obstaculizar el avance del resto de la reforma a la que aspiran.
Eliminar las PASO
Respecto de la eliminación de las PASO, en el Gobierno aseguran que van a promoverla porque consideran que “el Estado no tiene nada que hacer dirimiendo dentro de los partidos políticos, porque son entidades civiles que no deben ser sustentadas con fondos del Estado”.
Al argumento ideológico se le suma el del alto costo que insumen: en las elecciones generales de 2023 los costos fueron de más de 9200 millones de pesos. Por lo que, de aprobarse el cambio, habría dos comicios en las presidenciales (primera y segunda vuelta) y uno solo en las instancias legislativas, como la del año próximo.
El otro punto sobre el apuntan a trabajar es la posibilidad de incluir “listas abiertas”, lo que a su vez va atado a la posibilidad de incorporar la implementación de la boleta única, otro de los cambios que contemplaba la primera versión de la reforma.
La lista abierta implica que se pueden elegir distintos candidatos, pudiendo ser estos de diferentes partidos. “Las listas abiertas le dan más libertad a la gente para elegir”, dicen y reivindican en las filas libertarias.
El otro tema que está en estudio es el de incluir modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, un área oscura y sensible, y que en el Gobierno descuentan que podría traer ruido, “porque todos sabemos cómo se viene financiando la política”, dicen.
Aunque no hay mayores precisiones sobre cómo puede terminar quedando este aspecto, de ser incluido; la versión anterior contemplaba la eliminación del tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.
Y también buscaba derogar, entre otros, el artículo que actualmente limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación.
El encargado de trabajar en el diseño de reforma electoral, que se da en la planta baja de la Casa Rosada, donde están las oficinas de Interior, en la órbita del jefe de ministros, Guillermo Francos, es su segundo en el área, Lisandro Catalán, quien lleva adelante la nueva propuesta.
De perfil bajo y buen diálogo con los gobernadores y jefes de bloques de los diferentes partidos, Catalán mantiene un diálogo permanente y escucha sugerencias del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también había intervenido con aportes en la primera versión de la reforma electoral, que finalmente fue excluida de la ley ómnibus
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Avanza el plan de privatizaciones, con proyectos individuales
Representantes de las empresas y funcionarios se reunieron el jueves pasado en la Casa Rosada
Cecilia Devanna
El jueves, mientras caía la tarde y en el Congreso de la Nación, el oficialismo se encaminaba a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, en Balcarce 50 se daba formalmente el puntapié inicial para el camino de las privatizaciones.
El encuentro marcó el rol de Diego Chaher, quien tendrá a cargo formalmente la Unidad Ejecutora de Empresas, que se encargará de las privatizaciones y de él participaron los responsables de las empresas públicas que el Gobierno busca sacar a la venta. No solo aquellas que fueron aprobadas por la flamante norma, sino también las que no, pero que pese a haber sido excluidas del listado original, el oficialismo intentará lograr venderlas total o parcialmente, concesionarlas o cederlas a las provincias, a través de nuevos intentos parlamentarios.
Entre lo primero que se buscaría avanzar es con Corredores Viales, una de las aprobadas el último jueves, “para concesionar todas las rutas del país en los próximos tres o cuatro meses”, según afirman en la Casa Rosada. En el corto plazo también se podría avanzar con Tandanor, que quedó a cargo de Mauricio González Botto, exmano derecha de Nicolás Posse y quien inicialmente tuvo bajo su órbita el área de privatizaciones. Si bien Tandanor no quedó en el listado aprobado, en el Gobierno afirman que se podrá avanzar con su privatización por la ley que la creó, al igual que afirman que podría suceder con Correo Argentino.
Según pudo saber en el futuro cercano también se avanzaría con la concesión de AySA, mientras que Intercargo, otra de las aprobadas para su privatización y con interesados por ella, se podría esperar a ver qué sucede con Aerolíneas Argentinas, una de las prioridades del Gobierno para desprenderse, pero que quedó fuera de las aprobadas en el último tramo de las negociaciones con la oposición dialoguista. La idea libertaria es volver a insistir con ella a nivel parlamentario y de acuerdo con los resultados, podría salir junto a Intercargo, en tándem, a la venta.
Planes oficiales
Todo eso está en los planes del Gobierno que delegó en Chaher, abogado y con paso por Corporación América, el manejo del tema. A Chaher cuentan en las filas libertarias que “le juega a favor la experiencia de Télam”, en referencia a lo que hizo desde marzo en la agencia de noticias estatal, que terminará transformada en agencia de publicidad para mantener la pauta. “Era un desastre y lo ordenó en el plazo correspondiente. Cumplió”, afirman en la Casa Rosada.
Por el encuentro en la Casa de Gobierno también estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien bajó el mensaje que el presidente Javier Milei marcó en campaña y que tiene que ver con deshacerse de las empresas públicas, lo antes posible. Chaher es una persona de extrema confianza suya. Otro que asistió, en un break de la maratónica sesión, fue el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien también sobrevivió a la salida de Posse, su exjefe, y parece consolidarse cada vez más en su puesto.
La reunión del jueves fue el puntapié inicial, la bajada de línea o el kick off, según describieron las voces consultadas, y luego habrá otras, personales o más reducidas. En el encuentro, que se extendió por casi cuarenta minutos, en el Salón Sur de la Casa Rosada; también estuvieron varios secretarios de Estado, entre ellos Franco Mogetta, de Transporte, y de cuya órbita depende el sistema de trenes, otro de los primeros que podrían salir de la órbita del Estado; Raúl Marino, de Política Industrial, Investigación y Producción para la Defensa; y sus pares de Innovación, Darío Genua; de Minería, Luis Lucero, y en representación de Eduardo Chirillo de Energía, el asesor, Carlos Morales.
También los titulares de AySA, Alejo Maxitt; de Correo Argentino,Camilo Baldini; González Botto, de Tandanor; de Corredores Viales, José Luis Acevedo, y de Trenes, Adrián Luque, en un listado amplio de responsables de firmas nacionales.
El listado inicial era de 41 empresas,pero finalmente solo terminaron para privatizar parcialmente: Energía Argentina SA, Intercargo SAU; en tanto que para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.
Del listado final salieron en las horas previas a la votación Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), que a diferencia de las anteriores podían ser privatizadas de forma total. Sobre Correo, en el Gobierno sostienen que puede salir a privatización, a pesar de no haber sido incluido en el listado porque “está contemplado en la ley que lo creó”.
Estas tres empresas salieron a último momento del listado de empresas sujetas a privatizar por presión de la oposición dialoguista y son prioritarias para el oficialismo, que no descarta mandarlas por separado al igual que el resto de las que quedaron afuera a lo largo de las negociaciones.
Después de haber aprobado la Ley Bases, el Gobierno tiene pensado insistir con parte de la reforma electoral que se excluyó de la primera versión del proyecto. Insistirá con la eliminación de las PASO y la boleta única, y la novedad es que analiza la posibilidad de bajar la edad para votar. Una de las propuestas en evaluación es que sea opcional a partir de los 13 años, en línea con el proyecto de baja de imputabilidad que anunció el viernes.
Después de la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal, el Gobierno volverá a la carga parlamentariamente con uno de los ítems que debió dejar fuera de la versión original en el camino de las negociaciones con la oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral.
Con ese paquete, sobre el que ya trabajan en Balcarce 50 y esperan presentar dentro de 30 o 40 días, buscarán avanzar con la eliminación de las PASO, incluir listas abiertas, la posible implementación de la boleta única y hasta analizan una posible baja en la edad para votar, que podría ubicarse en los 13 años. En cambio, no insistirán, para garantizar que avance el proyecto, en el sistema de circunscripciones, que contemplaba la primera versión de la ley ómnibus y que generó amplias resistencias.
Para que los cambios que buscan introducir se puedan implementar en las elecciones legislativas de 2025, deberían tratarse y aprobarse antes de diciembre, ya que el año próximo, al haber elecciones, no hay margen para discutir temas electorales en el Congreso. Por eso el interés de la Casa Rosada en presentarlo a más tardar en agosto y avanzar con el tema.
El eventual cambio en la edad de votación está en estudio en las filas libertarias y, aunque adelantan que el tema “aún está verde”, reconocen que creen que “la edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad”. Precisamente este viernes el Gobierno presentó su proyecto para bajarla de 16 a 13 años, en una propuesta que ya adelanta polémicas. “Lo razonable sería que estuvieran equiparadas”, sostienen sobre la idea en evaluación.
La idea que analizan contempla que el voto a esa edad “no sea obligatorio”, como hoy no lo es entre los 16 y los 18. “Lo obligatorio tampoco va con nuestra ideología”, argumentan en el Gobierno. En tanto que sobre la posible posición que tome la oposición no dialoguista respecto del tema, en Balcarce 50 sostienen, con cierto dejo de ironía, que “la dirigencia no debería oponerse, porque siempre hablan de ampliar derechos y esto sería precisamente eso”.
Tras lo que agregan que creen que puede haber “prejuicios” respecto de que un incremento del voto joven podría beneficiar electoralmente a La Libertad Avanza, que tiene apoyo de ese sector, aunque sobre eso aseguran: “No estamos seguros de que necesariamente sea así”.
El capítulo de la reforma electoral estaba incluido en la primera versión de la Ley Bases, pero terminó siendo eliminado por las negociaciones con la oposición. Uno de los temas más sensibles que incluía y que más resistencias mostraba por parte de ese sector era el de implementar un “sistema de circunscripciones uninominales”, lo que implicaba que cada elector votaría solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente en cada distrito, un intento por generar cercanía y familiaridad con los postulantes.
Este punto despertó resistencias por los números de representantes que le tocarían a cada provincia, por lo que se descarta que se vuelva a incluir, para no entorpecer u obstaculizar el avance del resto de la reforma a la que aspiran.
Eliminar las PASO
Respecto de la eliminación de las PASO, en el Gobierno aseguran que van a promoverla porque consideran que “el Estado no tiene nada que hacer dirimiendo dentro de los partidos políticos, porque son entidades civiles que no deben ser sustentadas con fondos del Estado”.
Al argumento ideológico se le suma el del alto costo que insumen: en las elecciones generales de 2023 los costos fueron de más de 9200 millones de pesos. Por lo que, de aprobarse el cambio, habría dos comicios en las presidenciales (primera y segunda vuelta) y uno solo en las instancias legislativas, como la del año próximo.
El otro punto sobre el apuntan a trabajar es la posibilidad de incluir “listas abiertas”, lo que a su vez va atado a la posibilidad de incorporar la implementación de la boleta única, otro de los cambios que contemplaba la primera versión de la reforma.
La lista abierta implica que se pueden elegir distintos candidatos, pudiendo ser estos de diferentes partidos. “Las listas abiertas le dan más libertad a la gente para elegir”, dicen y reivindican en las filas libertarias.
El otro tema que está en estudio es el de incluir modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, un área oscura y sensible, y que en el Gobierno descuentan que podría traer ruido, “porque todos sabemos cómo se viene financiando la política”, dicen.
Aunque no hay mayores precisiones sobre cómo puede terminar quedando este aspecto, de ser incluido; la versión anterior contemplaba la eliminación del tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.
Y también buscaba derogar, entre otros, el artículo que actualmente limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación.
El encargado de trabajar en el diseño de reforma electoral, que se da en la planta baja de la Casa Rosada, donde están las oficinas de Interior, en la órbita del jefe de ministros, Guillermo Francos, es su segundo en el área, Lisandro Catalán, quien lleva adelante la nueva propuesta.
De perfil bajo y buen diálogo con los gobernadores y jefes de bloques de los diferentes partidos, Catalán mantiene un diálogo permanente y escucha sugerencias del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también había intervenido con aportes en la primera versión de la reforma electoral, que finalmente fue excluida de la ley ómnibus
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Avanza el plan de privatizaciones, con proyectos individuales
Representantes de las empresas y funcionarios se reunieron el jueves pasado en la Casa Rosada
Cecilia Devanna
El jueves, mientras caía la tarde y en el Congreso de la Nación, el oficialismo se encaminaba a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, en Balcarce 50 se daba formalmente el puntapié inicial para el camino de las privatizaciones.
El encuentro marcó el rol de Diego Chaher, quien tendrá a cargo formalmente la Unidad Ejecutora de Empresas, que se encargará de las privatizaciones y de él participaron los responsables de las empresas públicas que el Gobierno busca sacar a la venta. No solo aquellas que fueron aprobadas por la flamante norma, sino también las que no, pero que pese a haber sido excluidas del listado original, el oficialismo intentará lograr venderlas total o parcialmente, concesionarlas o cederlas a las provincias, a través de nuevos intentos parlamentarios.
Entre lo primero que se buscaría avanzar es con Corredores Viales, una de las aprobadas el último jueves, “para concesionar todas las rutas del país en los próximos tres o cuatro meses”, según afirman en la Casa Rosada. En el corto plazo también se podría avanzar con Tandanor, que quedó a cargo de Mauricio González Botto, exmano derecha de Nicolás Posse y quien inicialmente tuvo bajo su órbita el área de privatizaciones. Si bien Tandanor no quedó en el listado aprobado, en el Gobierno afirman que se podrá avanzar con su privatización por la ley que la creó, al igual que afirman que podría suceder con Correo Argentino.
Según pudo saber en el futuro cercano también se avanzaría con la concesión de AySA, mientras que Intercargo, otra de las aprobadas para su privatización y con interesados por ella, se podría esperar a ver qué sucede con Aerolíneas Argentinas, una de las prioridades del Gobierno para desprenderse, pero que quedó fuera de las aprobadas en el último tramo de las negociaciones con la oposición dialoguista. La idea libertaria es volver a insistir con ella a nivel parlamentario y de acuerdo con los resultados, podría salir junto a Intercargo, en tándem, a la venta.
Planes oficiales
Todo eso está en los planes del Gobierno que delegó en Chaher, abogado y con paso por Corporación América, el manejo del tema. A Chaher cuentan en las filas libertarias que “le juega a favor la experiencia de Télam”, en referencia a lo que hizo desde marzo en la agencia de noticias estatal, que terminará transformada en agencia de publicidad para mantener la pauta. “Era un desastre y lo ordenó en el plazo correspondiente. Cumplió”, afirman en la Casa Rosada.
Por el encuentro en la Casa de Gobierno también estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien bajó el mensaje que el presidente Javier Milei marcó en campaña y que tiene que ver con deshacerse de las empresas públicas, lo antes posible. Chaher es una persona de extrema confianza suya. Otro que asistió, en un break de la maratónica sesión, fue el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien también sobrevivió a la salida de Posse, su exjefe, y parece consolidarse cada vez más en su puesto.
La reunión del jueves fue el puntapié inicial, la bajada de línea o el kick off, según describieron las voces consultadas, y luego habrá otras, personales o más reducidas. En el encuentro, que se extendió por casi cuarenta minutos, en el Salón Sur de la Casa Rosada; también estuvieron varios secretarios de Estado, entre ellos Franco Mogetta, de Transporte, y de cuya órbita depende el sistema de trenes, otro de los primeros que podrían salir de la órbita del Estado; Raúl Marino, de Política Industrial, Investigación y Producción para la Defensa; y sus pares de Innovación, Darío Genua; de Minería, Luis Lucero, y en representación de Eduardo Chirillo de Energía, el asesor, Carlos Morales.
También los titulares de AySA, Alejo Maxitt; de Correo Argentino,Camilo Baldini; González Botto, de Tandanor; de Corredores Viales, José Luis Acevedo, y de Trenes, Adrián Luque, en un listado amplio de responsables de firmas nacionales.
El listado inicial era de 41 empresas,pero finalmente solo terminaron para privatizar parcialmente: Energía Argentina SA, Intercargo SAU; en tanto que para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.
Del listado final salieron en las horas previas a la votación Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), que a diferencia de las anteriores podían ser privatizadas de forma total. Sobre Correo, en el Gobierno sostienen que puede salir a privatización, a pesar de no haber sido incluido en el listado porque “está contemplado en la ley que lo creó”.
Estas tres empresas salieron a último momento del listado de empresas sujetas a privatizar por presión de la oposición dialoguista y son prioritarias para el oficialismo, que no descarta mandarlas por separado al igual que el resto de las que quedaron afuera a lo largo de las negociaciones.
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