NUEVO FOCO DE TENSIÓN

El Gobierno insistirá en proyectos de ley que buscan quitarles poder a los gremios
El oficialismo impulsa en el Congreso, junto a sus aliados de Pro y la UCR, iniciativas para eliminar la “cuota solidaria”, sostén de los sindicatos, y limitar los mandatos de sus líderes

Nicolás BalinottiEl secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
Javier Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía la propuesta original de reforma laboral que envió al Congreso. Aprobada ya con recortes la Ley Bases, el Gobierno activó ahora gestiones con sus aliados legislativos de Pro y la UCR para avanzar en algunos capítulos que quedaron en el camino y que apuntan a modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones.
La intención del oficialismo y la oposición adherente es forzar en el corto plazo el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de los proyectos para limitar los mandatos sindicales y los que buscan eliminar la “cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Ambas iniciativas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazados como nunca antes su poder de caja y representación. Los dos puntos estaban en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La estratégica Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados es presidida por el radical Martín Tetaz, autor de uno de los proyectos para limitar los mandatos de los sindicalistas. Tetaz confirmó  que después del receso invernal los legisladores buscarán primero obtener dictamen para establecer un régimen alternativo de jornada laboral y que luego irán por “la democracia sindical”.
Sobre la jornada laboral hay diferentes proyectos en pugna. Están los del kirchnerismo y la izquierda, que proponen rebajar las 48 horas semanales que dispone la ley actual a cambio de la misma remuneración. Otra opción intermedia, que impulsa Tetaz, es explorar un régimen optativo, con la posibilidad de reducir la cantidad de horas diarias y agregar más días o bien incrementar la carga horaria diaria y reducir el número de jornadas laborales.
El debate sobre la jornada laboral no tiene el visto bueno del Gobierno, pero le daría luz verde porque lo consideraría la llave para que avancen las otras dos iniciativas que golpearon a los gremios. El rechazo oficial lo dejó claro hace unos meses Julio Cordero, actual secretario de Trabajo, cuando asistió a la comisión a dar su opinión en representación de la Unión Industrial Argentina. “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? O sea, ¿está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se ha debatido internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT [Organización Internacional del Trabajo] es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”, planteó el histórico abogado del Grupo Techint, que hoy encabeza la cartera laboral.
Cordero tendrá mañana un encuentro cara a cara con la cúpula de la CGT. El funcionario intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales, con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.
Aquino reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno traducirá “en el futuro” a proyectos de ley la modificación del modelo sindical con la intención de limitar los mandatos sindicales y garantizar alternancia. Prometió también iniciativas legislativas para revisar la denominada “cuota solidaria” y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y, si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. No descartó, incluso, impulsar una iniciativa para que las empresas no estén más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Sería un golpe demoledor para la recaudación de los sindicatos.
“No debería ser obligatoria”
“A veces las entidades gremiales superan como factor de poder al sector empresario. Por lo cual, son esenciales la libertad y la democracia sindicales. Critiqué públicamente el modelo sindical. Debe ser libre y democrática la cuota solidaria en un registro especial. La cuota solidaria no debería ser obligatoria ni el empresario actuar como agente de retención”, dijo Aquino en AM 870. En la misma conversación, el funcionario, que fue abogado del Sindicato del Seguro y tiene numerosas publicaciones críticas de la legislación laboral, dio luz verde para que las paritarias se negocien por empresa en lugar de por actividad y abrió la puerta para que sea la Justicia Electoral la que controle las elecciones sindicales en reemplazo de la dirección que él encabeza en la Secretaría de Trabajo.
Durante la negociación de la Ley Bases, el Gobierno y sus aliados de Pro y la UCR encontraron un obstáculo inesperado para incluir el artículo que eliminaba la obligatoriedad de la “cuota solidaria”. Empujada su inclusión por el radical Rodrigo de Loredo, el rechazo surgió del bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto. El exsenador kirchnerista y excompañero de fórmula de Mauricio Macri alertó con un llamado a la CGT y fue el dique para que la iniciativa no fuera finalmente introducida en el texto final. Argumentó que era necesario postergar la discusión sobre la eliminación de la obligatoriedad de la cuota solidaria y del concepto de ultraactividad para no complicar la sanción de la Ley Bases. Ahora, ese debate parece inevitable por el oficialismo y sus aliados de Pro y el radicalismo.

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La Casa Rosada hace esfuerzos por no perder la centralidad Con los mercados alterados, y tras la sanción de la Ley Bases y el Pacto de Mayo, el Gobierno busca seguir dominando la escena
Maia Jastreblansky
Con jornadas turbulentas en los mercados, y mientras Javier Milei y Luis Caputo dan explicaciones sobre la “profundización del esquema monetario” y el “cierre de la canilla de la emisión”, en el Gobierno sobrevuela una inquietud acerca de cómo sostener la expectativa. La estela de la Ley Bases y del Pacto de Mayo se va apagando y ahora la gestión libertaria tiene que demostrar que puede ser eficaz para mejorar la vida de los argentinos y seguir dominando la agenda.
“Entramos en la etapa en que nos tenemos que proponer facilitarle la vida a la gente. Si no podemos salir del cepo ahora, tenemos que ir por otro lado”, dijo a un LA NACION colaborador con llegada directa a los hermanos Milei.
En sus últimas apariciones públicas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo especial hincapié en defender los logros del Gobierno. “Todos dicen que falta gestión. Algunos gobernadores y políticos que han pasado por el poder también dicen lo mismo. ‘Falta gestión, hay que gestionar’. Esas son las cosas que yo no entiendo. De donde estábamos en diciembre, cuando asumimos el gobierno, a donde estamos hoy, ¿eso no es gestión?”, soltó el ministro coordinador.
En la cúpula del Gobierno habían pedido, en una de las últimas reuniones de gabinete, que los ministros salieran a poner en valor aquello que están haciendo en sus carteras. De hecho, la Casa Rosada comenzó a intervenir con más fuerza en los equipos de comunicación de algunos ministerios, para reforzar ese frente. Pero la mayoría de los ministros siguen cómodos en un perfil bajísimo, una postura que, si bien no permite exhibir logros, también reduce al mínimo el margen de error. “No es fácil para algunos ministros hablar públicamente, hace falta training”, se sinceró en las últimas horas un funcionario.
¿Y ahora qué?
Tras la grandilocuencia que tuvieron los eventos del 9 de Julio –hay quienes creen que el desfile militar provocó un golpe de efecto superior al del Pacto de Mayo en Tucumán–, para el Gobierno no resulta sencillo mantener la centralidad. “La expectativa que generamos con los primeros hitos es difícil de sostener en el tiempo… enseguida aparece la pregunta: ¿y ahora qué?”, reconoció un colaborador en Balcarce 50.
Un importante ministro dijo a este medio: “La situación de la gente mejoró con la baja de la inflación, con la quita de la intermediación en los planes sociales, con el orden en las calles... Ahora esperamos la reactivación económica a partir de la reglamentación de las leyes y de la instalación del Régimen de Inversiones (RIGI)”. El propio Milei puso sobre relieve en las últimas horas: “Roma no se hizo en un día y nosotros llevamos cien años de decadencia. Pretender que pudiéramos arreglar todo en seis meses parece bastante disparatado”.
En este sentido, el Gobierno comenzó a ramificar la agenda para llenar los espacios y no perder la impronta. La gestión de Milei espera que en las próximas semanas comiencen a tratarse en el Congreso el paquete de leyes en materia de seguridad impulsados por Patricia Bullrich. En especial, la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, que todavía espera la firma del Presidente para ser remitido al Parlamento. En ese proyecto intervino fuertemente el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que quiere materializar algunos objetivos de gestión que se planteó para su paso por la función pública antes de retirarse de la actividad.
Con el Congreso con una agenda de baja intensidad por el receso invernal, en el Gobierno proyectan que agosto va a estar copado por la discusión judicial. Hay confianza en poder tratar con éxito los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla y cada día cobra más cuerpo la idea de tratar en simultáneo la ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros.
Además está la idea de darle vuelo a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el impulso de la “ley hojarascas”, que incluye la derogación de un compendio de leyes presuntamente obsoletas. También está al salir la reforma electoral (se presentaría en tres leyes separadas) que están preparando la vicejefatura de Gabinete de Interior y la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de María Luz Landívar.
En rigor, todo esto se mueve en el plano de las intenciones, porque el Poder Ejecutivo aún debe sondear a los bloques “amigables” en el Congreso para acordar la agenda parlamentaria. Se espera que esta semana se organice una reunión relevante con los legisladores aliados en la Casa Rosada.
En la Casa Rosada aseguran que también buscarán avanzar en la agenda de las privatizaciones, una de las banderas que los libertarios agitan desde el día uno. En ese sentido, quieren insistir en la privatización de Aerolíneas Argentinas, una de las empresas del Estado más emblemáticas.

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