DELEGACIÓN Y EDITORIAL

El peligroso aislamiento de la Argentina de la agenda climática global
La retirada del país de la COP29 no es simplemente un paso atrás; es un abandono de la responsabilidad
Federico Merke y Eugenia Testa


La retirada de la delegación argentina de la COP29 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en Bakú, Azerbaiyán, es un gesto que algunos celebrarán como un desplante a la hipocresía de las cumbres internacionales. Pero esa lectura, más que un análisis, es una excusa. El multilateralismo no es un club con una sola regla; es un pluriverso, una interminable gimnasia de concesiones que no se agota, además, en el marco de las Naciones Unidas. Quien lo abandona no está haciendo una declaración de independencia, sino de incapacidad. Confunde fuerza con intransigencia, liderazgo con aislamiento.
Las cumbres de clima son generalmente frustrantes, claro. Producen más promesas que resultados, y quienes participan a menudo juegan roles diseñados para impresionar a sus audiencias domésticas. Pero ese es precisamente el punto: el multilateralismo no promete soluciones perfectas, sino marcos para que los líderes –con todas sus contradicciones– negocien sus intereses. Un país que se margina no trasciende esas dinámicas; simplemente renuncia a influir en ellas.
En las últimas tres décadas, y bajo todas las administraciones, la Argentina jugó un papel responsable, aunque por momentos limitado, en las negociaciones climáticas, llegando a ser sede de dos COP: en 1998, bajo el gobierno de Carlos Menem, y en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sin recursos y con prioridades económicas urgentes, su contribución nunca fue la de un peso pesado global, pero tampoco la de un saboteador. Fue un actor intermedio, pero comprometido con las reglas de juego, dispuesto a negociar. Participar en las COP fue un reconocimiento de que la política climática no es solo un imperativo ambiental, sino un terreno donde se negocian las condiciones del desarrollo de las naciones.
Con la retirada de la COP29 bajo el gobierno de Javier Milei, este equilibrio precario pero constructivo ha sido dinamitado. Milei no solo descarta las cumbres multilaterales como un desperdicio de tiempo y recursos; niega la ciencia del clima y, con ello, el marco mismo en el que se articulan las soluciones globales. No es una ruptura
Para un gobierno como el argentino, con una economía dependiente de sectores intensivos en carbono, la retirada de la COP29 es un error estratégico
estratégica para maximizar beneficios; es una declaración ideológica de indiferencia ante el mayor desafío colectivo de nuestra era. Para un gobierno como el argentino, con una economía dependiente de sectores intensivos en carbono y vulnerable al cambio climático, la retirada de la COP29 es un error estratégico. Cualquier concesión en el multilateralismo es un movimiento calculado hacia objetivos más grandes: financiamiento, tecnología, mercados, seguridad, pertenencia. Pero retirarse es abdicar de esa gimnasia, aceptando la marginalidad como destino para el país, y sobre todo para su sector privado.
Con este exabrupto, el gobierno argentino no solo se excluye de las negociaciones climáticas en el ámbito de las Naciones Unidas, sino que también obstaculiza acuerdos comerciales en proceso, como el que encara el Mercosur con la Unión Europea; frustra el acceso a grupos o foros internacionales de los que quiere ser parte, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y coloca al país en una posición marginal en el G-20. En todos los casos, la cuestión climática ranquea en el tope de la agenda en debate con acciones concretas referenciadas en el Acuerdo de París y sus objetivos. Además de todo, erosiona la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, con los que ha venido formando parte de grupos de negociación en las conferencias climáticas.
Este giro es profundamente negativo, no solo porque priva a la Argentina de un lugar a partir del cual puede diseñar su inserción en el sistema internacional, sino porque envía un mensaje peligroso: que el negacionismo climático tiene cabida en un mundo que ya no tiene margen para ese tipo de ilusiones. En su rechazo al cambio climático como hecho científico, Milei no está desafiando el sistema; está optando por el aislamiento intelectual y político, dejando a la Argentina fuera de los espacios en los que se redefinen el poder y la prosperidad global. A pesar de lo que pueda creer el presidente Milei, la autoexclusión de la Argentina no tendrá ningún impacto en la continuidad de las negociaciones, y la transición hacia una economía carbono-neutral, aunque lenta y llena de obstáculos, seguirá avanzando.
Un líder que niega el cambio climático revela más sobre su modelo mental que sobre la ciencia. Prefiere certezas simples a complejidades incómodas, ideología a evidencia y narrativa a responsabilidad. Es una apuesta por el cortoplacismo político, desconectada de la realidad y de los costos que enfrentará su sociedad. Un líder con estas características nos dice, en esencia, que no le habla al mundo ni a la ciencia, sino a una base política que prioriza la fidelidad ideológica por encima de la realidad. El negacionismo no solo rechaza un consenso científico, sino el método que lo produce: la acumulación de evidencia, la revisión por pares y la construcción colectiva del conocimiento. Es, en esencia, una desconexión de la cultura misma de la ciencia.
Salvo excepciones, la clase política argentina no ha reaccionado. La relevancia de la acción y sus implicancias para el desarrollo del país no han sido dimensionadas hasta ahora. La agenda de la inmediatez y de la pequeñez de la política parece haber adormecido a la mayoría de los dirigentes de la oposición, que permanecen impávidos ante la autoexclusión de la Argentina del mundo. Es cierto que el desinterés por la agenda ambiental es de larga data, pero los límites que se vienen atravesando deberían alarmar a todos aquellos que tienen ambiciones políticas más allá de las próximas elecciones.
Además de las consecuencias generales para el país, el sector privado será el mayor afectado, debido a los requerimientos crecientes que imponen los mercados y los organismos de financiamiento en relación con el cumplimiento de estándares ambientales y sociales y a los compromisos asumidos internacionalmente por el país de pertenencia. Es así que abandonar la conversación climática tiene un costo económico directo y estratégico. Sin un asiento en la mesa, un país pierde acceso a financiamiento internacional, tecnología verde y mercados preferenciales que se están reconfigurando alrededor de las normas climáticas. Además, sacrifica la oportunidad de influir en reglas que inevitablemente impactarán su economía, como los ajustes de carbono en frontera o el mercado de carbono. Es quedarse fuera de un juego que seguirá jugándose y que necesariamente nos impactará.
El Gobierno no ha dado explicaciones de esta decisión, ni a la sociedad argentina, ni al Congreso de la Nación, ni a sus pares en las Naciones Unidas, ni a sus socios en los grupos de negociación. Es que cuando se actúa solo por ideología es difícil argumentar las acciones.
La retirada de la COP29 no es simplemente un paso atrás; es un abandono de la responsabilidad. Y cuando el multilateralismo es la gimnasia de las concesiones, dejar de practicarlo no es fortaleza: es rendición

Merke es profesor asociado de la Universidad de San Andrés; Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales

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Fotomultas: un negocio recaudatorio
Es hora de adecuar la ley nacional de tránsito para evitar la superposición de sanciones cuyo objetivo actual es hacer caja en vez de prevenir siniestros
Un promedio diario de 17 personas murieron en nuestro país en siniestros de tránsito a lo largo de 2023, más de 6000 en el año, que se suman a los heridos según informes de la ONG Luchemos por la Vida (LxV). En reiteradas oportunidades nos hemos ocupado del tema de la inseguridad vial desde este espacio editorial. Se trata de una enfermedad social absolutamente controlable a pesar de que se insista en hablar de accidentes ante infinidad de situaciones prevenibles.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial recibe más de 30 millones de dólares al año, pero la baja de la siniestralidad parece cada vez más lejana. Desde la activa LxV advierten que aún las mejores leyes del mundo no sirven si no se controla su cumplimiento. Podríamos agregar que resulta igualmente clave que se penalice ejemplarmente a los infractores.
La diputada Patricia Vásquez (Pro-Buenos Aires), la misma que presentó el proyecto de modificación del sistema de registros automotores, ingresó otra iniciativa que busca declarar la emergencia vial. Propone cambios a la ley nacional de tránsito, que pasaría a revestir carácter de orden público con aplicación nacional, evitando las excepciones jurisdiccionales y unificando criterios que hoy varían según provincias y municipios. Al cuerpo normativo nacional vigente, que no cuenta con una adhesión generalizada, se sumaron reglamentaciones propias, y la ausencia de un registro centralizado de infracciones de tránsito completa ese heterogéneo panorama. Ejemplo de esto es que hay multas registradas con el dominio del vehículo y otras con el DNI del propietario. La legisladora nacional, acusada de adeudar infracciones, pone su propio ejemplo. Argumenta que jamás fue notificada, que hay infracciones con autos que ya no le pertenecen y que, si cometió faltas, responderá y ejercerá su derecho a defenderse.
Si en el pasado fue la Policía Caminera el tramposo ente recaudador, hoy lo son muchas municipalidades del interior del país. Un lector mencionaba día pasados lo que ocurre en la ruta 14 en Entre Ríos, y reclamaba al gobernador Frigerio que tome cartas en el asunto. Los derechos ciudadanos se violan cada vez que las notificaciones por infracciones supuestamente cometidas no llegan nunca al infractor, privándolo de realizar el correspondiente descargo y obligándolo a abonarlas para renovar las licencias o vender los vehículos.
En la ciudad de Buenos Aires, las dos empresas contratadas para registrar fotomultas contabilizaron que, entre enero y agosto de este año, el 40,7% correspondió a exceso de velocidad y el 37,9% a estacionamiento indebido. El resto se divide entre violación de luz roja, evasión de peajes, uso indebido de celular y alcoholemia, entre otras. Los ingresos por estos conceptos se destinan a rentas generales. En la provincia de Buenos Aires se procesan un promedio de 450.000 fotomultas por mes con una recaudación que iría en un 40% al municipio, 40% al prestador y 20% a la Provincia.
Hoy, las fotomultas prescriben a los 5 años, según la ley nacional. El infractor no suele ser notificado y los montos por pagar se ven groseramente actualizados al momento de tramitar el libre deuda. Con la nueva ley, la prescripción de las multas pasaría a operar al año por faltas leves y a los dos años para la acción por falta grave y sancionable, en consonancia con el Código Penal. Pasado ese período, la sanción se eliminaría del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
En cuanto a las fotomultas, también conocidas como “cazabobos”, el proyecto contempla que las infracciones detectadas por dispositivos automáticos de control sean declaradas nulas cuando estos no se encuentren debidamente señalizados y no brinden todos los datos específicos. Está visto que responden a un fin meramente recaudatorio con empresas concesionarias de cámaras que también reciben su porcentaje. Al analizar la localización y el funcionamiento de muchos de los radares, se comprueba que artera y premeditadamente su ubicación induce a infracciones difíciles de evitar, como reducciones tan imposibles como peligrosas de velocidad entre dos señales, antes que a prevenir accidentes o a crear conciencia vial. Vásquez insiste en “terminar con los curros” y enfatiza que las fotomultas deben ser un medio secundario y auxiliar que acompañe el control policial y jurisdiccional presencial. Claramente, el objetivo punitorio pasa por alto evitar que las infracciones se repitan, es decir, pierden la que debería ser su verdadera esencia. Muchos países suman a las multas cursos obligatorios de rehabilitación o trabajos comunitarios con mejores resultados.
En la provincia de Buenos Aires se dispuso la constitución obligatoria de un domicilio vial electrónico para evitar la falta de notificación, una sana disposición que debería imitarse. En tiempos de virtualidad debería también instrumentarse que los reclamos o eventuales desconocimientos de un cargo –comunicado en tiempo y forma, según lo dispuesto por la ley nacional de tránsito– puedan gestionarse sin necesidad de que el conductor deba presentarse ante el juzgado del municipio que labró el acta, con las molestias que los traslados y trámites revisten.
De aprobarse el proyecto, se garantizarán la razonabilidad y la transparencia que hoy faltan. Se propone la constitución de un Fondo Nacional de Infracciones para destinarlo a una educación vial, que ya a esta altura debería ser materia obligatoria en las escuelas–; a la mejora y reparación de rutas, caminos y accesos a las zonas urbanas; a la prevención y asistencia a las víctimas.
Los controles deben dejar de ser intermitentes y aleatorios para volverse sistemáticos y generalizados. Complementados con un sistema de sanciones diseñado para que las faltas no se repitan, privilegiando el scoring, estaremos más cerca de ver garantizado nuestro derecho a movernos de manera segura. Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito: sus vidas perdidas nos interpelan.

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