El agotamiento demográfico, político, social del síndrome metropolitano
Esperanza. Los polos de desarrollo factibles merced a la riqueza potencial del país –sus brotes ya se perciben en regiones que emanan un clima de prosperidad distinto– podrían aliviar el delirio congestivo del GBA
Jorge Ossona
El “síndrome metropolitano” argentino procede de la relación disfuncional entre las jurisdicciones de la región que contiene el 40% de la población nacional en un 5% de su territorio: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Capital Federal–, su provincia homónima y el anillo que rodea a la primera: el GBA o conurbano bonaerense (CB), que concentra el 70% de la población de la segunda. De los casi 47 millones de habitantes de la República Argentina, un poco más de 3 residen en la CABA, 17 y medio en la PBA, y de estos, casi 11 en el geográficamente difuso e indefinido GBA. Casi 21 millones entre las dos Buenos Aires, y 11 en el CB de la Capital. Un dato adicional: el 40% de la pobreza que alcanza al 50% de su población en ese estatus se concentra en el CB.
No es difícil adivinar que se trata de un statu quo deletéreo que esporádicamente se denuncia, pero que nuestro cortoplacismo exasperante olvida y difiere. No vamos a remontarnos demasiado a sus orígenes históricos de larga duración. Arrancó entre los 60 y 70, cuando las políticas de estabilización operaron sobre los subsidios a economías regionales como la producción azucarera tucumana o la crisis del algodón chaqueño. En el primer caso, se rompió la compuerta demográfica diseñada durante la fase final de la Organización Nacional para tornar el sistema político lo más verosímil posible al federalismo constitucional. El segundo se relaciona con los cambios tecnológicos de algunas ramas textiles durante la modernización desarrollista. Lo cierto es que un nuevo torrente humano del NOA y del NEA se derramó sobre los grandes conurbanos, y obviamente en el metropolitano.
La pobreza incipiente indujo allí a los primeros experimentos territoriales “colectivistas” inspirados por los sacerdotes del tercer mundo y por algunos militantes de base encomendados a configurar las “organizaciones de superficie” de la guerrilla urbana. Luego, ya durante el último régimen militar, la expulsión de varias villas de la Capital y la simultánea prohibición del histórico sistema de urbanización por loteos en el GBA. En el medio, una olla a presión de familias que no retornaron a sus terruños, sino que se refugiaron hacinadas en las viviendas de sus parientes o allegados del GBA.
A partir de la democracia, la descompresión anómica detonó ocupaciones territoriales masivas en zonas poco aptas para la habitabilidad humana. Auspiciadas, otra vez, por sector es filo eclesiásticos, aunque también por dirigentes políticos, gremiales o territoriales que pergeñaron nuevos “asentamientos”. Ya no se trató de una experiencia transitoria, sino de una vasta reorganización social a partir de esa novedad resistente a los paliativos gubernamentales: la pobreza endémica procedente de todos aquellos a los que la reestructuración económica comenzada hacia fines de los 70 arrojó a la desocupación o al empleo precario.
Se conformaron agregados étnicos, religiosos, deportivos, laborales o delictivos profesionalizados. Todos terminaron referenciándose en un líder territorial con experiencia en negociar con municipios recursos para “subsistir”: desde alimentos, atención sanitaria, contratos laborales precarios en las alcaldías, y la promesa de integración racional de los nuevos barrios trazando calles, lotes, pulmones y sitios de atención estatal. Pero el extravío de un patrón de crecimiento y desarrollo impidió la concreción de esas metas, y el nuevo orden no solo se consolidó, sino que mostró sus dientes filosos en los estallidos de 1989 y 2001.
Ya en las postrimerías de los 2000, un kirchnerismo económicamente exhausto y resignado al estancamiento emprendió una estrategia de prevención sucesora de la de Perón respecto de los sindicatos en los 40, esta vez con “los pobres” mediante una reforma de las dispersas políticas asistenciales clientelizadas.
No está claro si se trató de un experimento fallido o de un diseño deliberado para convertir al GBA en el bastión inexpugnable de un “partido de los pobres”
Sus tres dispositivos fueron la AUH, las jubilaciones anticipadas y, por sobre todas las cosas, la “cooperativización” de los trabajadores informales mediante entidades que desde la Nación apuntaron primero a las intendencias y luego a las “organizaciones sociales” pergeñadas desde el poder.
No está claro si se trató de un experimento fallido o de un diseño deliberado para convertir al GBA en el bastión inexpugnable de un “partido de los pobres” con sede en ese contorno metropolitano. Lo cierto es que reelegida en 2011 la presidenta Fernández encendió el mecanismo: los viejos punteros fueron absorbidos en los organigramas de los municipios y las organizaciones sociales se encargaron de administrar no a una potente “economía social”, sino a legiones de militantes ritualmente movilizados para alimentar su maquinaria corporativa neofilantrópica. Una suerte de mendicidad ritual de intercambio de recursos por “paz social” con gobiernos aterrados por la reedición, a raíz del estancamiento comenzado en 2012, de estallidos como los de 1989 o 2001.
El intento de encuadrar todo el régimen en la mega organización Unidos y Organizados se desplomó en medio del fracaso gubernamental y la crisis de conducción tras la muerte de Kirchner. Los rigores de la cuarentena se encargaron de desenmascarar la falacia del “Estado presente” obligando a cientos de miles a “rebuscárselas” para sobrevivir sin depender de los mendrugos y las extorsiones. Muchas de sus consecuencias culturales se tradujeron en el desenlace electoral del año pasado. Otras nos remiten a zonas controladas por organizaciones delictivas, entre las que sobresale el narcomenudeo, cuyas diversas franquicias ofrecen trabajo a decenas de familias y que tributan, vía la policía, a la burocracia política local.
En su cima provincial, el síndrome enfrenta la reedición de uno de sus repertorios clásicos. Proceden menos de la sucesión de catástrofes del siglo XX que de sus lejanos cimientos, hace más de 123 años. Un gobernador que aspira a la presidencia cuestionado por su jefa política, y un elenco dirigente que recorre los pasillos del laberinto sin capacidad de descubrir su lógica profunda: la virtual inexistencia de la PBA, su anomia burocrático-administrativa y una fisiología institucional mefistofélica diseñada para sepultar las aspiraciones presidenciales de mandatarios sentenciados. La parábola se repite con los intendentes que anhelan la gobernación.
Y en el medio, la práctica resignación ciudadana de aguardar de nuestros dirigentes una pizca de grandeza –salvo los pocos que postularon algunas propuestas de resolución tan interesantes como rápidamente archivadas– y la esperanza de fondo: una descongestión demográfica a instancias de los polos de desarrollo factibles merced a nuestra riqueza potencial. Sus brotes ya se perciben en regiones que emanan un clima de prosperidad distinto del delirio congestivo del GBA; este ha tendido a ralentizar su crecimiento, como lo prueban los datos censales de 2022.
Así y todo, siguen arribando inmigrantes de las provincias pobres y de varios países limítrofes alimentando la maquinaria que invierte el discurso de sus “barones” microprovinciales nepóticos y patrimonialistas. Una cínica y sistemática transferencia de ingresos desde colectivos marginales “subsistentes” hacia supermillonarios neofilantrópicos que extraen, mediante lucros ilegales, la sustitución de sus magras recaudaciones impositivas y de una coparticipación provincial contraria a la autonomía federal establecida por la Constitución.
Miembro del Club Político Argentino
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Alejar a los niños de la droga
Resulta preocupante que se alienten acercamientos de los más jóvenes a actividades y consumos que podrían comprometer gravemente su salud
Desde este espacio dábamos cuenta hace unos meses de la alerta dada por entidades ligadas a la problemática del consumo de drogas respecto del elevado uso de estupefacientes a edades cada vez más tempranas. Según la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), “vivimos hoy en una república que está planteada para que el narcotráfico prospere”. La entidad advirtió también que más de 15.000 estudiantes se dedican a comercializar drogas en las escuelas. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado difundida en 2023 por la Sedronar y el Indec reflejó el importante aumento en el consumo de marihuana: el 13,8% dijo haberla consumido con fines recreativos o terapéuticos, contra el 10,7% del año anterior. La edad promedio de inicio es a los 19,8 años, más temprano que la de la cocaína (20,8 años).
Hace pocos días concluyó la quinta edición de Expo Cannabis en la Rural, el evento sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de América Latina. “Vení a conocer, aprender, compartir experiencias y construir la realidad del cannabis en Argentina”, rezaba la invitación. Los programas incluían la presentación de nuevas variedades, contactos con bancos de semillas y criadores, talleres sobre el cultivo y la extracción, venta de semillas y esquejes, así como también la posibilidad de consultas con médicos especialistas, conferencias y workshops de formación para profesionales de la salud.
El cannabis es una droga psicoactiva, depresora del sistema nervioso, obtenida de la especie herbácea del mismo nombre y que se conoce también como marihuana. Su principal compuesto es el tetrahidrocannabinol (THC). Su uso terapéutico contempla actualmente el tratamiento de patologías como glaucoma, artritis reumatoide, VIH, Alzheimer, asma, cáncer, dolores crónicos de difícil control, enfermedad de Crohn, epilepsia, esclerosis múltiple, insomnio y Parkinson.
Un grupo de 27 instituciones, destacados profesionales de la salud mental y activistas contra las drogas hicieron público su enérgico rechazo a la presencia de un sector asignado a los niños dentro de la exposición. Los organizadores habían dispuesto en el predio una huerta de cultivo de Cannabis sativa, que se sumó a los puestos en los que se fomentaba un supuesto uso recreativo de la planta. “¿Cuál es la necesidad de ingresar a los niños en un entorno que fomenta el cultivo y el consumo de sustancias perjudiciales?”, se preguntaron con razón en una carta abierta difundida con el título “La industria de la marihuana y un negocio que florece”.
El texto plantea sin ambages información comprobada respecto de cuánto afecta el consumo la función cerebral en general, y particularmente la memoria, los aprendizajes, la atención, la toma de decisiones, la coordinación, las emociones y el tiempo de reacción. Señala también que está verificado que el uso de THC
Más allá de los beneficios que el uso del cannabis medicinal plantea, está claro que en torno a su cultivo y comercialización se mueven importantes intereses económicos
No es posible que en beneficio de unos pocos se pueda inducir o perjudicar a quienes pueden convertirse en protagonistas de una adicción
en la adolescencia aumenta 11 veces las posibilidades de tener un brote psicótico. Lamentablemente, si los organizadores no pueden reconocer las notorias diferencias y la delgada línea que separa el uso medicinal del consumo adictivo de la marihuana, qué pueden esperar el público en general y los jóvenes en particular.
Resulta sumamente peligroso el aumento del consumo adictivo de drogas, con campañas siempre insuficientes frente a un exponencial crecimiento del narcotráfico que lucra con ellas. Somos testigos de este tan dramático como creciente consumo extendido de sustancias con leyes que no garantizan el derecho a la salud de los adictos. Las dificultades para acceder a internaciones o tratamientos efectivos, apenas al alcance de unos pocos, son un grave obstáculo para su recuperación y reinserción. Los reclamos sobre la obsolescencia de una ley de salud mental que no libera a las familias de trabas e impedimentos al momento de internar a un paciente que padece una adicción que compromete su integridad y su salud siguen en el tapete.
Más allá de los beneficios que el uso del cannabis medicinal plantea, está claro que en torno a su cultivo y comercialización se mueven importantes intereses económicos. El Ministerio de Salud de la Nación oficializó cambios en los requisitos para inscribirse en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann). Se exige ahora contar con indicación médica para su uso, así como una diplomatura o maestría al respecto. El Estado deberá también monitorear que las actividades que convoquen a los interesados en estos temas preserven debidamente a los más vulnerables. El reclamo planteado por quienes con preocupación observaron el peligro de querer involucrar livianamente a los más pequeños en una exposición resulta absolutamente válido. No es posible que en beneficio de unos pocos se pueda inducir o perjudicar a quienes pueden convertirse en protagonistas de una adicción.
El “síndrome metropolitano” argentino procede de la relación disfuncional entre las jurisdicciones de la región que contiene el 40% de la población nacional en un 5% de su territorio: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Capital Federal–, su provincia homónima y el anillo que rodea a la primera: el GBA o conurbano bonaerense (CB), que concentra el 70% de la población de la segunda. De los casi 47 millones de habitantes de la República Argentina, un poco más de 3 residen en la CABA, 17 y medio en la PBA, y de estos, casi 11 en el geográficamente difuso e indefinido GBA. Casi 21 millones entre las dos Buenos Aires, y 11 en el CB de la Capital. Un dato adicional: el 40% de la pobreza que alcanza al 50% de su población en ese estatus se concentra en el CB.
No es difícil adivinar que se trata de un statu quo deletéreo que esporádicamente se denuncia, pero que nuestro cortoplacismo exasperante olvida y difiere. No vamos a remontarnos demasiado a sus orígenes históricos de larga duración. Arrancó entre los 60 y 70, cuando las políticas de estabilización operaron sobre los subsidios a economías regionales como la producción azucarera tucumana o la crisis del algodón chaqueño. En el primer caso, se rompió la compuerta demográfica diseñada durante la fase final de la Organización Nacional para tornar el sistema político lo más verosímil posible al federalismo constitucional. El segundo se relaciona con los cambios tecnológicos de algunas ramas textiles durante la modernización desarrollista. Lo cierto es que un nuevo torrente humano del NOA y del NEA se derramó sobre los grandes conurbanos, y obviamente en el metropolitano.
La pobreza incipiente indujo allí a los primeros experimentos territoriales “colectivistas” inspirados por los sacerdotes del tercer mundo y por algunos militantes de base encomendados a configurar las “organizaciones de superficie” de la guerrilla urbana. Luego, ya durante el último régimen militar, la expulsión de varias villas de la Capital y la simultánea prohibición del histórico sistema de urbanización por loteos en el GBA. En el medio, una olla a presión de familias que no retornaron a sus terruños, sino que se refugiaron hacinadas en las viviendas de sus parientes o allegados del GBA.
A partir de la democracia, la descompresión anómica detonó ocupaciones territoriales masivas en zonas poco aptas para la habitabilidad humana. Auspiciadas, otra vez, por sector es filo eclesiásticos, aunque también por dirigentes políticos, gremiales o territoriales que pergeñaron nuevos “asentamientos”. Ya no se trató de una experiencia transitoria, sino de una vasta reorganización social a partir de esa novedad resistente a los paliativos gubernamentales: la pobreza endémica procedente de todos aquellos a los que la reestructuración económica comenzada hacia fines de los 70 arrojó a la desocupación o al empleo precario.
Se conformaron agregados étnicos, religiosos, deportivos, laborales o delictivos profesionalizados. Todos terminaron referenciándose en un líder territorial con experiencia en negociar con municipios recursos para “subsistir”: desde alimentos, atención sanitaria, contratos laborales precarios en las alcaldías, y la promesa de integración racional de los nuevos barrios trazando calles, lotes, pulmones y sitios de atención estatal. Pero el extravío de un patrón de crecimiento y desarrollo impidió la concreción de esas metas, y el nuevo orden no solo se consolidó, sino que mostró sus dientes filosos en los estallidos de 1989 y 2001.
Ya en las postrimerías de los 2000, un kirchnerismo económicamente exhausto y resignado al estancamiento emprendió una estrategia de prevención sucesora de la de Perón respecto de los sindicatos en los 40, esta vez con “los pobres” mediante una reforma de las dispersas políticas asistenciales clientelizadas.
No está claro si se trató de un experimento fallido o de un diseño deliberado para convertir al GBA en el bastión inexpugnable de un “partido de los pobres”
Sus tres dispositivos fueron la AUH, las jubilaciones anticipadas y, por sobre todas las cosas, la “cooperativización” de los trabajadores informales mediante entidades que desde la Nación apuntaron primero a las intendencias y luego a las “organizaciones sociales” pergeñadas desde el poder.
No está claro si se trató de un experimento fallido o de un diseño deliberado para convertir al GBA en el bastión inexpugnable de un “partido de los pobres” con sede en ese contorno metropolitano. Lo cierto es que reelegida en 2011 la presidenta Fernández encendió el mecanismo: los viejos punteros fueron absorbidos en los organigramas de los municipios y las organizaciones sociales se encargaron de administrar no a una potente “economía social”, sino a legiones de militantes ritualmente movilizados para alimentar su maquinaria corporativa neofilantrópica. Una suerte de mendicidad ritual de intercambio de recursos por “paz social” con gobiernos aterrados por la reedición, a raíz del estancamiento comenzado en 2012, de estallidos como los de 1989 o 2001.
El intento de encuadrar todo el régimen en la mega organización Unidos y Organizados se desplomó en medio del fracaso gubernamental y la crisis de conducción tras la muerte de Kirchner. Los rigores de la cuarentena se encargaron de desenmascarar la falacia del “Estado presente” obligando a cientos de miles a “rebuscárselas” para sobrevivir sin depender de los mendrugos y las extorsiones. Muchas de sus consecuencias culturales se tradujeron en el desenlace electoral del año pasado. Otras nos remiten a zonas controladas por organizaciones delictivas, entre las que sobresale el narcomenudeo, cuyas diversas franquicias ofrecen trabajo a decenas de familias y que tributan, vía la policía, a la burocracia política local.
En su cima provincial, el síndrome enfrenta la reedición de uno de sus repertorios clásicos. Proceden menos de la sucesión de catástrofes del siglo XX que de sus lejanos cimientos, hace más de 123 años. Un gobernador que aspira a la presidencia cuestionado por su jefa política, y un elenco dirigente que recorre los pasillos del laberinto sin capacidad de descubrir su lógica profunda: la virtual inexistencia de la PBA, su anomia burocrático-administrativa y una fisiología institucional mefistofélica diseñada para sepultar las aspiraciones presidenciales de mandatarios sentenciados. La parábola se repite con los intendentes que anhelan la gobernación.
Y en el medio, la práctica resignación ciudadana de aguardar de nuestros dirigentes una pizca de grandeza –salvo los pocos que postularon algunas propuestas de resolución tan interesantes como rápidamente archivadas– y la esperanza de fondo: una descongestión demográfica a instancias de los polos de desarrollo factibles merced a nuestra riqueza potencial. Sus brotes ya se perciben en regiones que emanan un clima de prosperidad distinto del delirio congestivo del GBA; este ha tendido a ralentizar su crecimiento, como lo prueban los datos censales de 2022.
Así y todo, siguen arribando inmigrantes de las provincias pobres y de varios países limítrofes alimentando la maquinaria que invierte el discurso de sus “barones” microprovinciales nepóticos y patrimonialistas. Una cínica y sistemática transferencia de ingresos desde colectivos marginales “subsistentes” hacia supermillonarios neofilantrópicos que extraen, mediante lucros ilegales, la sustitución de sus magras recaudaciones impositivas y de una coparticipación provincial contraria a la autonomía federal establecida por la Constitución.
Miembro del Club Político Argentino
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Alejar a los niños de la droga
Resulta preocupante que se alienten acercamientos de los más jóvenes a actividades y consumos que podrían comprometer gravemente su salud
Desde este espacio dábamos cuenta hace unos meses de la alerta dada por entidades ligadas a la problemática del consumo de drogas respecto del elevado uso de estupefacientes a edades cada vez más tempranas. Según la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), “vivimos hoy en una república que está planteada para que el narcotráfico prospere”. La entidad advirtió también que más de 15.000 estudiantes se dedican a comercializar drogas en las escuelas. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado difundida en 2023 por la Sedronar y el Indec reflejó el importante aumento en el consumo de marihuana: el 13,8% dijo haberla consumido con fines recreativos o terapéuticos, contra el 10,7% del año anterior. La edad promedio de inicio es a los 19,8 años, más temprano que la de la cocaína (20,8 años).
Hace pocos días concluyó la quinta edición de Expo Cannabis en la Rural, el evento sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de América Latina. “Vení a conocer, aprender, compartir experiencias y construir la realidad del cannabis en Argentina”, rezaba la invitación. Los programas incluían la presentación de nuevas variedades, contactos con bancos de semillas y criadores, talleres sobre el cultivo y la extracción, venta de semillas y esquejes, así como también la posibilidad de consultas con médicos especialistas, conferencias y workshops de formación para profesionales de la salud.
El cannabis es una droga psicoactiva, depresora del sistema nervioso, obtenida de la especie herbácea del mismo nombre y que se conoce también como marihuana. Su principal compuesto es el tetrahidrocannabinol (THC). Su uso terapéutico contempla actualmente el tratamiento de patologías como glaucoma, artritis reumatoide, VIH, Alzheimer, asma, cáncer, dolores crónicos de difícil control, enfermedad de Crohn, epilepsia, esclerosis múltiple, insomnio y Parkinson.
Un grupo de 27 instituciones, destacados profesionales de la salud mental y activistas contra las drogas hicieron público su enérgico rechazo a la presencia de un sector asignado a los niños dentro de la exposición. Los organizadores habían dispuesto en el predio una huerta de cultivo de Cannabis sativa, que se sumó a los puestos en los que se fomentaba un supuesto uso recreativo de la planta. “¿Cuál es la necesidad de ingresar a los niños en un entorno que fomenta el cultivo y el consumo de sustancias perjudiciales?”, se preguntaron con razón en una carta abierta difundida con el título “La industria de la marihuana y un negocio que florece”.
El texto plantea sin ambages información comprobada respecto de cuánto afecta el consumo la función cerebral en general, y particularmente la memoria, los aprendizajes, la atención, la toma de decisiones, la coordinación, las emociones y el tiempo de reacción. Señala también que está verificado que el uso de THC
Más allá de los beneficios que el uso del cannabis medicinal plantea, está claro que en torno a su cultivo y comercialización se mueven importantes intereses económicos
No es posible que en beneficio de unos pocos se pueda inducir o perjudicar a quienes pueden convertirse en protagonistas de una adicción
en la adolescencia aumenta 11 veces las posibilidades de tener un brote psicótico. Lamentablemente, si los organizadores no pueden reconocer las notorias diferencias y la delgada línea que separa el uso medicinal del consumo adictivo de la marihuana, qué pueden esperar el público en general y los jóvenes en particular.
Resulta sumamente peligroso el aumento del consumo adictivo de drogas, con campañas siempre insuficientes frente a un exponencial crecimiento del narcotráfico que lucra con ellas. Somos testigos de este tan dramático como creciente consumo extendido de sustancias con leyes que no garantizan el derecho a la salud de los adictos. Las dificultades para acceder a internaciones o tratamientos efectivos, apenas al alcance de unos pocos, son un grave obstáculo para su recuperación y reinserción. Los reclamos sobre la obsolescencia de una ley de salud mental que no libera a las familias de trabas e impedimentos al momento de internar a un paciente que padece una adicción que compromete su integridad y su salud siguen en el tapete.
Más allá de los beneficios que el uso del cannabis medicinal plantea, está claro que en torno a su cultivo y comercialización se mueven importantes intereses económicos. El Ministerio de Salud de la Nación oficializó cambios en los requisitos para inscribirse en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann). Se exige ahora contar con indicación médica para su uso, así como una diplomatura o maestría al respecto. El Estado deberá también monitorear que las actividades que convoquen a los interesados en estos temas preserven debidamente a los más vulnerables. El reclamo planteado por quienes con preocupación observaron el peligro de querer involucrar livianamente a los más pequeños en una exposición resulta absolutamente válido. No es posible que en beneficio de unos pocos se pueda inducir o perjudicar a quienes pueden convertirse en protagonistas de una adicción.
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