GOBIERNO Y EDITORIAL

La peligrosa obsesión mileísta con la pureza
El Presidente organiza un sistema de administración en el cual nadie puede disentir, ni discutir, ni introducir matices; la búsqueda de consensos pasó a ser, en la retórica oficialista, la coartada de “los malos” para trabar el cambio
Marcelo Gioffré

La obsesión del gobierno con la pureza..Alfredo Sábat
Arturo Ripstein es el más radical de los cineastas mexicanos. En 1972 hizo una película que constituye un monumento de significados: El castillo de la pureza. Versa sobre un fabricante de raticidas que siente una profunda antipatía por la condición humana en general, a la que juzga sucia y pervertida, razón por la cual encierra a su familia en un caserón para evitar que el contacto con el mundo la contamine.
Tiene tres hijos: un varón, Porvenir, y dos mujeres, Utopía, la más grande, y Voluntad, la más pequeña. Dentro de esa casa se aplica una disciplina espartana y, entre frascos de estricnina y jaulitas con cobayos, los hijos hacen trabajos forzados. No pueden distraerse, ni bostezar, ni ir al baño sin permiso. Si alguno rompe esas reglas es condenado a reclusión en unas sórdidas celdas de aislamiento, un encierro al cuadrado.
El único que sale a la calle es el padre, para vender los raticidas. La presunta pureza moral de este hombre se contrapone con cínicas entretelas, como cuando le ofrece a la hija de una clienta tener sexo por dinero y, dado el rechazo de la chica, la acusa ante la madre de habérsele insinuado. En una ocasión, en que entra a la casa un inspector que fiscaliza la elaboración de los venenos, viendo que la belleza de Utopía despertaba el interés del funcionario, le cortó el pelo a brutales tijeretazos, acusándola de buscona. No es necesario aclarar que la historia termina mal.
Milei organiza su gobierno como un sistema militar en el cual nadie puede disentir, ni discutir, ni introducir matices. Recuerda aquella famosa orden que impartían los celadores en los colegios de la dictadura, cuando se armaba la fila: “Quiero ver una sola cabeza”. Hay una apología del decisionismo y la uniformidad. La búsqueda de consensos pasó a ser, en la retórica del Gobierno, la coartada de “los malos” para trabar el cambio.
El argumento es que, como del otro lado son muy astutos, la única forma de gobernar es con tintes autoritarios. Cuando se rechaza poner límites a los DNU, y por ende se cuestiona el gobierno limitado –principio básico del liberalismo–, nos dicen que no podemos ser tan ingenuos de otorgarle esas herramientas al peronismo y sacárselas a los propios, olvidando que el gobierno tiene kirchneristas adheridos en todos sus intersticios y que la prepotencia no pierde su carácter tóxico según quién la ejerce. Cuando se dice que la diplomacia no puede desviarse un milímetro de la agenda presidencial están elogiando una concentración de poder llevada al absurdo. Cuando los tuiteros oficialistas dicen que las únicas opiniones válidas son las de Milei y Caputo nos recuerdan que toda la verdad del país está condensada en dos familias.
Estos partidarios del despotismo arguyen que solo el tránsito pasajero por un republicanismo castrado nos permitirá entrar al capitalismo y al desarrollo, del mismo modo que el padre en el film de Ripstein imponía la tortura como un peaje hacia un objetivo superior: la supuesta formación de seres impolutos. El fin justifica los medios. En ayuda de su tesis esgrimen argumentos cartesianos y empíricos. Alegan que la mesura sería darles aire a los lobbies corporativos, tanto sindicales como empresariales, al statu quo, que de inmediato pondrían palos en la rueda, ocultando así que dentro del propio Gobierno están enquistadas, de la energía a la salud, las corporaciones más emblemáticas. No nos engañemos: no hay una lucha contra las corporaciones, sino entre corporaciones. En cuanto a lo empírico, invocan en su favor casos como los tigres asiáticos o el pinochetismo, en los cuales la fase decisionista habría sido una instancia previa a la modernidad capitalista, con lo que reponen una polémica vieja y superada como si fuera una gran novedad.
Va contra cualquier lógica decir que disminuir los debates públicos aumenta la posibilidad de desarrollo. ¿Cómo sería esta idea de que toda la sabiduría anida en un trío de personajes funambulescos y fuera de ellos solo reina el error? Es absurdo sostener que la abolición de las polémicas y la implantación del matonismo hiperpresidencial puede inscribir al país en el orden capitalista. Ya lo dijo Patricio Aylwin en su momento: la democracia republicana es más lenta, sí, pero sustentable.
Olvidan además que esa “dictadura pasajera” que se pretende establecer sería a la medida de la cultura política local, con lo cual es torpe extrapolar ejemplos como el chileno. Descreo del determinismo, pero en la Argentina desde el más encumbrado empresario hasta el más humilde obrero esperan que la prosperidad les llegue del favoritismo político y eso no se cambia de un plumazo. El cambio cultural es mucho más sofisticado que la “batalla” de dos precarios agitadores aullando contra la filosofía woke. Si el Gobierno tiene el grueso de la literatura, el cine, el teatro, la música y la universidad en contra, si no hay ningún intelectual de fuste de su lado, más que enojarse y llamar “ensobrado” a todo el que se le cruza por delante el Presidente debería preguntarse si esa sociología adversa no responde a motivos más profundos.
La obsesión por la pureza no es sino miedo a perder el control de la botonera, a que la realidad adopte dinámicas imprevistas. Prefieren lo estático a lo dinámico: son tribales porque desconfían de la libertad que dicen promover. Ese camino desemboca en el menosprecio de los frenos y contrapesos, en el gobierno a golpe de decreto y en la expulsión de cualquier funcionario que, desafiando la sumisión, atine a pensar por sí mismo. Por eso prefieren a los conversos, que son serviles, por sobre los aliados, que reivindican la crítica constructiva. Lo paradójico es que la búsqueda de pureza decanta necesariamente en lo más impuro: esta utopía regresiva empalma mucho mejor con las purgas de Stalin que con la serena deliberación de una democracia liberal.
Las notas distintivas del mileísmo están ancladas en ese desvarío. La movilización de masas en el Parque Lezama o en las redes simula un diálogo que oculta la total pasividad de los receptores. El líder carismático dividiendo el periodismo entre “ratas” y “genios”, según lo apoyen o no, busca disciplinar, reducir la realidad a blanco y negro. La retórica hiperbólica (“el mejor gobierno de la historia”), el espeso friso de frases hechas” (“dejá de llorar”, “domado”, “fin”) y la presentación de la organización “Las fuerzas del cielo” como “brazo armado del mileísmo”, bajo una estética inquietante, se orientan a legitimar la agresión, intimidar y clausurar toda disidencia.
La violencia simbólica, lejos de ser una cuestión de modales o de estilo, como intentan minimizarla, es el preludio de la barbarie, la antesala de la violencia física: ¿no recuerdan acaso que la quema del Jockey Club fue consecuencia directa de una arenga de Perón no muy distinta a la de Milei en el Parque Lezama? El caso de la novela Cometierra, de Dolores Reyes, es particularmente interesante: sin entrar a juzgar la calidad de la obra ni la conveniencia de que esté en los colegios, es gravísimo que, tras haber sido el libro denunciado como pornográfico, la autora haya comenzado a recibir amenazas y a sufrir acoso en redes, al igual que sus hijos. Esto ocurre al mismo tiempo que la Argentina vota en la ONU, en soledad, contra las políticas de prevención de la violencia digital hacia las mujeres y niñas. Es decir: el “viva la libertad” era para el censor Catón y su orgía de moralina, no para todos los ciudadanos. ¿En nombre de qué pureza antiwokista podemos homologar tamaña caza de brujas? ¿En qué nos estamos convirtiendo?
Como sostuvo alguna vez Guy Sorman, la democracia republicana no es suficiente para fundar el capitalismo, pero es el único sistema que lo apuntala e inscribe en el tiempo. La institucionalidad es el cemento de cualquier cambio duradero. Los atajos, no importa si con buenas o malas intenciones, son siempre placebos que terminan mal.

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Ni perseguida ni proscripta, tan solo corrupta
La contundencia de las pruebas contra Cristina Kirchner y sus secuaces echa por tierra las vergonzosas hipótesis conspirativas de la expresidenta
Un grave hecho de corrupción sin precedente, cometido desde la primera línea del Estado nacional. Así, con esas palabras, confirmaron los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la llamada causa Vialidad.
La expresidenta de la Nación fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque el fiscal Mario Villar ha dispuesto acertadamente insistir ante la Corte Suprema de Justicia para que la condenada sea también acusada como jefa de una asociación ilícita, lo que llevaría su pena a 12 años de cárcel.
En las 1541 páginas de la sentencia, los magistrados subrayaron el papel central de Cristina Kirchner en el direccionamiento de las licitaciones que favorecieron a Lázaro Báez y confirmaron “con grado de certeza” la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, que constituyeron “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Sin embargo, solo uno de los tres camaristas, el juez Gustavo Hornos, consideró con acierto que no solo debía aplicarse la figura del fraude, sino también la de asociación ilícita. Fue este magistrado quien respondió a la infundada acusación de la expresidenta de que todo se trató de una estrategia de “lawfare”, en la que se urdió una persecución judicial, política y mediática en su contra para condenarla y proscribirla. Según el Hornos, el “lawfare” aparece solo como “una nueva teoría conspirativa” y “una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos y ante la sociedad toda, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”.
Lo cierto es que, a lo largo de todo el proceso judicial vinculado con la causa Vialidad, intervinieron más de 20 funcionarios, entre magistrados y fiscales. Atravesó una etapa de instrucción, otra a cargo del Tribunal Oral Federal y la de la Cámara Federal de Casación Penal, al tiempo que la propia Corte Suprema de Justicia debió tratar numerosos recursos interpuestos por la expresidenta y en ningún caso objetó el progreso de la investigación judicial. Muchos de esos jueces y fiscales fueron designados durante la gestión de Cristina Kirchner como primera mandataria. Queda claro que la conspiración que plantea la exjefa del Estado habría requerido la connivencia de una gran cantidad de funcionarios judiciales de diverso origen y responsabilidad. Algo que resultaría absolutamente inverosímil, habida cuenta de las sobradas pruebas acerca de los inusitados y comprobados hechos de corrupción.
Según el juez Hornos, existió una “organización criminal” que cometió una multiplicidad de delitos, al tiempo que la expresidenta dio órdenes, dispuso traslados, organizó reuniones, solicitó información y tomó decisiones claves para el funcionamiento de esa asociación ilícita. En tal sentido, como señaló el juez Mariano Borinsky, Cristina Kirchner habilitó el funcionamiento de un fideicomiso que destinaba lo cobrado por la tasa al gasoil para las obras públicas, y colocó su control en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, al tiempo que facultó a su secretario de Obras Públicas José López –también condenado– a realizar modificaciones al fideicomiso, permitiendo así el uso discrecional de los fondos.
Asimismo, los jueces destacaron la intervención directa de la expresidenta en la parte final de la maniobra, cuando coordinó con López y Báez el “plan limpiar todo”, que consistió en el cierre de las empresas de este último, en el despido de los trabajadores y en asegurar que el empresario cobrase todo lo que tenía pendiente del Estado.
A la vergonzosa defensa que intentó Cristina Kirchner, apelando a su victimización y a su presunta persecución, hay que sumar la escandalosa y obscena decisión de las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en 2022 –en plena presidencia de Alberto Fernández– resolvieron abandonar su papel de querellante en la causa Vialidad. Poco antes de la defección de este organismo de sus obligaciones, la Oficina Anticorrupción también incumplió sus deberes, dejando en claro que, durante los gobiernos kirchneristas, a los organismos de control del Estado no solo no les interesaba avanzar sobre expedientes que involucraran a la entonces vicepresidenta de la Nación y a varios de sus exfuncionarios, sino que además procuraron crear un muro de protección a su alrededor, tendiente a garantizarles impunidad.
Es de esperar que el proceso judicial concluya cuanto antes con la más contundente condena contra la expresidenta y sus secuaces, sin que el paso del tiempo juegue, como ha ocurrido en otras situaciones, a favor de quienes merecen un ejemplar castigo.

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