Con el cambio de mes llegan más subas para la luz, el gas, el agua y la nafta
Tarifas. Los aumentos se aplicarán desde hoy en todos los casos; Caputo intenta dar otro paso para achicar el gasto público en subsidios económicos
Sofía Diamante
A partir de hoy regirán nuevos aumentos en las tarifas de servicios regulados (gas, luz, y agua) y los combustibles.
Las facturas de gas aumentarán 2,7% tras haber bajado 5% en octubre, según señalaron fuentes oficiales, mientras en el caso de las vinculadas al servicio eléctrico se ajustará en torno al 2,5%, luego de haber avanzado 3% en octubre.
Estas dos alzas se suman a las ya anunciadas para la provisión de agua, del 4%, y en combustibles, que subirán 2,75%, más de un punto por debajo del aumento del 4% que habían dejado trascender a comienzos de la semana.
Las actualizaciones tarifarias están en línea con el objetivo del Ministerio de Economía de seguir bajando el gasto en subsidios e ir alineando los valores de las boletas con los del costo real de producción de gas y generación eléctrica.
En este caso, la decisión oficial se tomó en los últimos días, ya que, como admitió el ministro de Economía, Luis Caputo, se toma en cuenta el impacto que tendrán estos aumento en el índice de inflación, cuya reducción es la principal meta del Gobierno de cara a las elecciones.
De hecho, el objetivo inicial del equipo económico era aplicar fórmulas automáticas de actualización para las tarifas de gas y electricidad, como sucede con las boletas de AySA, pero pese a que se habían publicado las resoluciones con los detalles, nunca se llegaron a implementar y las subas fueron discrecionales, teniendo en cuenta la evolución de la inflación.
El plan del Palacio de Hacienda es regularizar esta situación a partir del año próximo, una vez que se aplique la revisión tarifaria integral (RTI).
En el caso de AySA, la empresa estatal que el Gobierno busca privatizar, la fórmula de ajuste nunca se discontinuó, y las tarifas de agua vienen aumentando todos los meses teniendo en cuenta los índices de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y de precios al consumidor (IPC), que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Desde hoy, de hecho, el servicio de AySA subirá 4% y la factura promedio sin impuestos pasará de $20.582 a $21.410. Claro que si se agregan los impuestos, la boleta superará los $25.900 en promedio.
La empresa estatal mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios, a diferencia de lo que pasa con la luz y el gas.
De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $24.262 a $25.238; para la zona media (996.718 usuarios), de $22.034 a $22.920; y para la zona baja (1,2 millones), de $17.705 a $18.417.
El resto de los ajustes
En cuanto a gas la suba va a contramano de la reducción del 5% aplicada el mes pasado a la tarifa, lo cual llamó la atención en el sector energético, porque el servicio todavía sigue recibiendo subsidios.
A partir de este mes, el Gobierno retoma el sendero de aumentos.
Del 2,75% de aumento que tendrá el valor final de la boleta, habrá un incremento de 3,5% que les corresponde a las empresas distribuidoras y transportistas de gas (representan la mitad del costo total, aproximadamente), mientras que un 2% será la suba del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) del gas.
Actualmente, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) pagan el 64% del valor del gas; los de ingresos bajos (N2), el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía con los subsidios económicos.
En el caso de la luz, temeroso por los posibles cortes durante el verano que se viene, el Gobierno nunca descontinuó el aumento en las tarifas con la intención de que cada mes vayan cubriendo un porcentaje mayor del costo de generación eléctrica.
En concreto, industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras los usuarios residenciales N2, el 26%, y los N3, el 41% por el consumo bonificado (y 93% sobre el excedente).
A las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, que en total suman 5000 usuarios, se les aplicarán las bonificaciones al precio de gas y de la electricidad correspondientes a los usuarios residenciales de ingresos bajos para el total del volumen consumido.
En cuando a los valores de la nafta y el gasoil, luego de haber mostrado una baja de 1% a comienzos de octubre, fuentes del sector confirmaron que durante las próximas horas volverán a subir un 2,75% en promedio.
En principio, esa cifra surge del ajuste para equiparar el movimiento del dólar oficial, que sube mensualmente 2% de acuerdo con el ritmo del crawling peg que aplica el Banco Central, y los nuevos aumentos dispuestos en las alícuotas de los impuestos a los combustibles (ICL) y al dióxido de carbono (IDC)
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Tarifas de gas y electricidad: se destina más salario que en los 90, pero ahora no cubren la factura
Representan un 5,4% de los ingresos para el segmento que abona más; no alcanzan todavía para erradicar por completo los subsidios a la energía
A partir de hoy regirán nuevos aumentos en las tarifas de servicios regulados (gas, luz, y agua) y los combustibles.
Las facturas de gas aumentarán 2,7% tras haber bajado 5% en octubre, según señalaron fuentes oficiales, mientras en el caso de las vinculadas al servicio eléctrico se ajustará en torno al 2,5%, luego de haber avanzado 3% en octubre.
Estas dos alzas se suman a las ya anunciadas para la provisión de agua, del 4%, y en combustibles, que subirán 2,75%, más de un punto por debajo del aumento del 4% que habían dejado trascender a comienzos de la semana.
Las actualizaciones tarifarias están en línea con el objetivo del Ministerio de Economía de seguir bajando el gasto en subsidios e ir alineando los valores de las boletas con los del costo real de producción de gas y generación eléctrica.
En este caso, la decisión oficial se tomó en los últimos días, ya que, como admitió el ministro de Economía, Luis Caputo, se toma en cuenta el impacto que tendrán estos aumento en el índice de inflación, cuya reducción es la principal meta del Gobierno de cara a las elecciones.
De hecho, el objetivo inicial del equipo económico era aplicar fórmulas automáticas de actualización para las tarifas de gas y electricidad, como sucede con las boletas de AySA, pero pese a que se habían publicado las resoluciones con los detalles, nunca se llegaron a implementar y las subas fueron discrecionales, teniendo en cuenta la evolución de la inflación.
El plan del Palacio de Hacienda es regularizar esta situación a partir del año próximo, una vez que se aplique la revisión tarifaria integral (RTI).
En el caso de AySA, la empresa estatal que el Gobierno busca privatizar, la fórmula de ajuste nunca se discontinuó, y las tarifas de agua vienen aumentando todos los meses teniendo en cuenta los índices de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y de precios al consumidor (IPC), que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Desde hoy, de hecho, el servicio de AySA subirá 4% y la factura promedio sin impuestos pasará de $20.582 a $21.410. Claro que si se agregan los impuestos, la boleta superará los $25.900 en promedio.
La empresa estatal mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios, a diferencia de lo que pasa con la luz y el gas.
De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $24.262 a $25.238; para la zona media (996.718 usuarios), de $22.034 a $22.920; y para la zona baja (1,2 millones), de $17.705 a $18.417.
El resto de los ajustes
En cuanto a gas la suba va a contramano de la reducción del 5% aplicada el mes pasado a la tarifa, lo cual llamó la atención en el sector energético, porque el servicio todavía sigue recibiendo subsidios.
A partir de este mes, el Gobierno retoma el sendero de aumentos.
Del 2,75% de aumento que tendrá el valor final de la boleta, habrá un incremento de 3,5% que les corresponde a las empresas distribuidoras y transportistas de gas (representan la mitad del costo total, aproximadamente), mientras que un 2% será la suba del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) del gas.
Actualmente, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) pagan el 64% del valor del gas; los de ingresos bajos (N2), el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía con los subsidios económicos.
En el caso de la luz, temeroso por los posibles cortes durante el verano que se viene, el Gobierno nunca descontinuó el aumento en las tarifas con la intención de que cada mes vayan cubriendo un porcentaje mayor del costo de generación eléctrica.
En concreto, industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras los usuarios residenciales N2, el 26%, y los N3, el 41% por el consumo bonificado (y 93% sobre el excedente).
A las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, que en total suman 5000 usuarios, se les aplicarán las bonificaciones al precio de gas y de la electricidad correspondientes a los usuarios residenciales de ingresos bajos para el total del volumen consumido.
En cuando a los valores de la nafta y el gasoil, luego de haber mostrado una baja de 1% a comienzos de octubre, fuentes del sector confirmaron que durante las próximas horas volverán a subir un 2,75% en promedio.
En principio, esa cifra surge del ajuste para equiparar el movimiento del dólar oficial, que sube mensualmente 2% de acuerdo con el ritmo del crawling peg que aplica el Banco Central, y los nuevos aumentos dispuestos en las alícuotas de los impuestos a los combustibles (ICL) y al dióxido de carbono (IDC)
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Tarifas de gas y electricidad: se destina más salario que en los 90, pero ahora no cubren la factura
Representan un 5,4% de los ingresos para el segmento que abona más; no alcanzan todavía para erradicar por completo los subsidios a la energía
Francisco OliveraLos N1, que es el segmento que menos subsidios tiene, cubren en un 88% el costo del gas
Sobre llovido, mojado: pese a que las facturas de electricidad y gas no cubren el costo total del servicio en el área metropolitana y requieren todavía de subsidios, su peso en el salario es el más alto en al menos tres décadas, incluida la del 90, cuando no había ninguna asistencia del Estado. Así lo indica un trabajo del economista Alejandro Einstoss, integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que aclara que a esta proporción, calculada para el segmento que paga las tarifas más elevadas (N1, un 32% del universo de usuarios), se llegó más por el desplome en los ingresos que por los aumentos de tarifas.
Es la parte más complicada de la quita de subsidios. En su momento, hace más de cuatro años, Mauricio Macri había llegado a desactivar bastante de esa bomba, heredada de casi dos décadas de descalabro energético, pero lo hizo en un contexto menos cuesta arriba: con los salarios en dólares considerablemente más altos que los de hoy. Mientras el ingreso promedio llegó durante aquella gestión a US$1496, en agosto pasado era de US$777, especifica Jorge Colina, economista jefe de Idesa.
El trabajo de Einstoss, elaborado con el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, compara entonces el peso relativo que las tarifas representan para la población que paga menos subsidios, que es el N1 y que sin embargo no llega todavía a cubrir el total del costo de la energía, sino el 93% de la electricidad y el 88% del gas.
“El problema son los salarios, que tuvieron una caída muy importante”, concluye Einstoss, que utiliza para el cálculo datos de Edenor, Edesur y Metrogas para el área metropolitana con impuestos incluidos y los contrasta a su vez con el valor de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
El informe consigna entonces que, por ejemplo, en diciembre 1995, ya consumadas las privatizaciones del gas y la electricidad, el consumo en ambas fuentes energéticas representaba 4,3% del ingreso de los usuarios, más de un punto porcentual por debajo del 5,4% en que quedó en agosto pasado, último dato disponible. Es el registro más alto al menos desde 1992, cuando se concesionaron los servicios. Ni siquiera llegó a superarse esa marca en diciembre de 2001, con De la Rúa y todavía en convertibilidad, cuando la crisis y los costos de la energía lo llevaron al 4,7%.
Entre las razones de este deterioro está la caída de los salarios en dólares, moneda que tiene una enorme incidencia en las tarifas porque sobre ella están valuados los insumos energéticos, que tienen precio internacional. Según Idesa, el ingreso promedio era en 1995 de US$1101, y en 2001, de US$893. Ambos por arriba de los US$777 de agosto pasado.
La descripción expone la magnitud del ajuste de Milei, el más grande en al menos 65 años, sustentado principalmente en la reducción en las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios, y aplicado a pesar de la caída en los ingresos. Un trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, muestra que el gasto en esos tres rubros bajó durante los primeros 9 meses de este año 97%, 85% y 69%, respectivamente. Se espera, con todo, que el impacto de estas restricciones se vaya atenuando en la medida en que se alivianen al mismo tiempo los costos de producción de la energía, probablemente el año próximo, cuando la Argentina reduzca las importaciones de gas como consecuencia de una mayor oferta y capacidad de transporte. De hecho, por lo menos este año, lo peor ya habría pasado: mientras la canasta energética tuvo un pico en su valor promedio en agosto, con $140.079 por usuario, en septiembre cayó a $139.906, y en octubre, a $ 134.414.
Problema de segmentación
Además de la precarización de los ingresos, otra de las dificultades del programa de quita de subsidios es que tampoco puede repartirse entre todos los sectores por igual. En diciembre de 2019, por ejemplo, cuando todavía no existía la segmentación que tres años después instrumentó Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, Macri había podido hacer un ajuste más abarcador: la incidencia de la canasta energética en el salario llegaba entonces al 4,6% y, como se aplicó sobre la mayoría, se estuvo muy cerca de pagar el valor total de la factura.
Según el informe, la tarifa promedio de electricidad con impuestos y sin descuentos por 265 Kwh/mes del área metropolitana, que llegó en octubre pasado a $34.189, equivale a valores constantes a los $37.032 de abril de 2019. Con el gas la diferencia es mayor. La factura promedio con impuestos y sin descuentos por 60,5 m3 mensuales fue en octubre de $25.178, es decir, un equivalente a $38.126 de abril de 2019.
Como Macri, Milei intenta ahora normalizar la ecuación luego de años de desequilibrio y malgasto. Lo que el analista Daniel Montamat, expresidente de YPF, llamó alguna vez “populismo energético”.
De hecho, por ejemplo, el autoabastecimiento petrolero se perdió en 2010, durante el mandato de Cristina Kirchner. En diciembre de 2015, al cabo de ese lapso, las facturas de estos servicios representaban apenas el 0,3% del ingreso de los usuarios. Aquel fue además un año de salario más alto que el actual, US$1102, por lo que una eventual corrección habría sido menos dolorosa. En diciembre de 2023, luego de cuatro años de Alberto Fernández –incluido un intento de resolverlo subiendo tarifas no bien asumió Massa y el plan platita, que finalmente las congeló–, esa proporción quedó en el 3% del salario, que entonces había caído a US$479.
Volver a la normalidad será un proceso no exento de contratiempos, avances y retrocesos.
Entre las razones de este deterioro está la caída de los salarios en dólares
Milei intenta normalizar la ecuación luego de años de desequilibrio
Volver a la normalidad será un proceso no exento de contratiempos
Sobre llovido, mojado: pese a que las facturas de electricidad y gas no cubren el costo total del servicio en el área metropolitana y requieren todavía de subsidios, su peso en el salario es el más alto en al menos tres décadas, incluida la del 90, cuando no había ninguna asistencia del Estado. Así lo indica un trabajo del economista Alejandro Einstoss, integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que aclara que a esta proporción, calculada para el segmento que paga las tarifas más elevadas (N1, un 32% del universo de usuarios), se llegó más por el desplome en los ingresos que por los aumentos de tarifas.
Es la parte más complicada de la quita de subsidios. En su momento, hace más de cuatro años, Mauricio Macri había llegado a desactivar bastante de esa bomba, heredada de casi dos décadas de descalabro energético, pero lo hizo en un contexto menos cuesta arriba: con los salarios en dólares considerablemente más altos que los de hoy. Mientras el ingreso promedio llegó durante aquella gestión a US$1496, en agosto pasado era de US$777, especifica Jorge Colina, economista jefe de Idesa.
El trabajo de Einstoss, elaborado con el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, compara entonces el peso relativo que las tarifas representan para la población que paga menos subsidios, que es el N1 y que sin embargo no llega todavía a cubrir el total del costo de la energía, sino el 93% de la electricidad y el 88% del gas.
“El problema son los salarios, que tuvieron una caída muy importante”, concluye Einstoss, que utiliza para el cálculo datos de Edenor, Edesur y Metrogas para el área metropolitana con impuestos incluidos y los contrasta a su vez con el valor de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
El informe consigna entonces que, por ejemplo, en diciembre 1995, ya consumadas las privatizaciones del gas y la electricidad, el consumo en ambas fuentes energéticas representaba 4,3% del ingreso de los usuarios, más de un punto porcentual por debajo del 5,4% en que quedó en agosto pasado, último dato disponible. Es el registro más alto al menos desde 1992, cuando se concesionaron los servicios. Ni siquiera llegó a superarse esa marca en diciembre de 2001, con De la Rúa y todavía en convertibilidad, cuando la crisis y los costos de la energía lo llevaron al 4,7%.
Entre las razones de este deterioro está la caída de los salarios en dólares, moneda que tiene una enorme incidencia en las tarifas porque sobre ella están valuados los insumos energéticos, que tienen precio internacional. Según Idesa, el ingreso promedio era en 1995 de US$1101, y en 2001, de US$893. Ambos por arriba de los US$777 de agosto pasado.
La descripción expone la magnitud del ajuste de Milei, el más grande en al menos 65 años, sustentado principalmente en la reducción en las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios, y aplicado a pesar de la caída en los ingresos. Un trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, muestra que el gasto en esos tres rubros bajó durante los primeros 9 meses de este año 97%, 85% y 69%, respectivamente. Se espera, con todo, que el impacto de estas restricciones se vaya atenuando en la medida en que se alivianen al mismo tiempo los costos de producción de la energía, probablemente el año próximo, cuando la Argentina reduzca las importaciones de gas como consecuencia de una mayor oferta y capacidad de transporte. De hecho, por lo menos este año, lo peor ya habría pasado: mientras la canasta energética tuvo un pico en su valor promedio en agosto, con $140.079 por usuario, en septiembre cayó a $139.906, y en octubre, a $ 134.414.
Problema de segmentación
Además de la precarización de los ingresos, otra de las dificultades del programa de quita de subsidios es que tampoco puede repartirse entre todos los sectores por igual. En diciembre de 2019, por ejemplo, cuando todavía no existía la segmentación que tres años después instrumentó Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, Macri había podido hacer un ajuste más abarcador: la incidencia de la canasta energética en el salario llegaba entonces al 4,6% y, como se aplicó sobre la mayoría, se estuvo muy cerca de pagar el valor total de la factura.
Según el informe, la tarifa promedio de electricidad con impuestos y sin descuentos por 265 Kwh/mes del área metropolitana, que llegó en octubre pasado a $34.189, equivale a valores constantes a los $37.032 de abril de 2019. Con el gas la diferencia es mayor. La factura promedio con impuestos y sin descuentos por 60,5 m3 mensuales fue en octubre de $25.178, es decir, un equivalente a $38.126 de abril de 2019.
Como Macri, Milei intenta ahora normalizar la ecuación luego de años de desequilibrio y malgasto. Lo que el analista Daniel Montamat, expresidente de YPF, llamó alguna vez “populismo energético”.
De hecho, por ejemplo, el autoabastecimiento petrolero se perdió en 2010, durante el mandato de Cristina Kirchner. En diciembre de 2015, al cabo de ese lapso, las facturas de estos servicios representaban apenas el 0,3% del ingreso de los usuarios. Aquel fue además un año de salario más alto que el actual, US$1102, por lo que una eventual corrección habría sido menos dolorosa. En diciembre de 2023, luego de cuatro años de Alberto Fernández –incluido un intento de resolverlo subiendo tarifas no bien asumió Massa y el plan platita, que finalmente las congeló–, esa proporción quedó en el 3% del salario, que entonces había caído a US$479.
Volver a la normalidad será un proceso no exento de contratiempos, avances y retrocesos.
Entre las razones de este deterioro está la caída de los salarios en dólares
Milei intenta normalizar la ecuación luego de años de desequilibrio
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