NEGOCIACIONES

Caputo rechazó pedidos de los gobernadores y se traba el presupuesto
El ministro de Economía les bajó el pulgar a los cinco reclamos de mandatarios de Pro y la UCR; cumbre sin avances
Laura Serra y Gabriela OrigliaEl gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ayer en la puerta del CFI
Horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, les avisara a los negociadores de Pro –aliados del oficialismo– que no está dispuesto a ceder al petitorio de cinco puntos que elevaron los mandatarios provinciales de Pro y la UCR, se realizó ayer una reunión de urgencia convocada por los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Participaron, finalmente, 18 entre los que fueron y los que se conectaron de manera virtual. “No salió nada concreto”, fue la reflexión de uno de ellos cuando terminó el encuentro.
“Vamos a apoyar el presupuesto en tanto se contemplen estos puntos, sería muy necio no contemplarlos o no aceptar lo que dice la ley”, dijo el chubutense Ignacio Torres en LN+ después de haber estado durante minutos en el CFI. Además, estuvieron de manera presencial Axel Kicillof y el fueguino Gustavo Melella.
Desde la Casa Rosada les hicieron llegar mensajes a varios mandatarios que se muestran reacios a apoyar el proyecto oficial. “No lo hagan: se seguirá reconduciendo el que está [de 2023]. El Presidente no tiene problemas en hacerlo”. Una suerte de “ninguneo” y, a la vez, de presión respecto de que el Gobierno les trasladará el costo político de un fracaso.
Los gobernadores -18 de ellos- se reunieron ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde suelen discutir el reparto de fondos con el poder nacional
Ese planteo contrasta, sin embargo, con los giros de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) entre el 1º y el 12 de este mes: para Catamarca, $3000 millones; para Misiones, $4000 millones; para Salta, $4500 millones, y para Tucumán, $4500 millones. Esos $16.000 millones convierten a noviembre en el mes con más ATN repartidos, según datos de Politikon Chaco. Los destinatarios son distritos de “gobernadores amigos”: Raúl Jalil, Hugo Passalaqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.
Todos tuvieron un rol clave en el veto a la ley de financiamiento universitario y volvieron a tallar el martes pasado cuando la oposición no logró quorum para rechazar en Diputados el decreto 846/24. La intransigencia del ministro Caputo cayó como una pésima noticia en el bloque de diputados de Pro y de la UCR, los dialoguistas que venían negociando con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la letra fina del proyecto de ley que envió Javier Milei al Congreso.
Ante la renuencia del Gobierno a ceder a modificaciones, los opositores dialoguistas acordaron no apurar el dictamen en la Comisión de Presupuesto y esperar a que los gobernadores que seguirán negociando entre ellos durante el fin de semana decidan qué postura tomar.
Todos comparten, en esencia, el pedido plasmado en el documento por los diez mandatarios de la UCR y Pro. “Hay un documento de cinco puntos genéricos en proceso de ser consensuado por todas las provincias, pero en concreto nada más”, explicó un mandatario que se conectó por Zoom. El mal humor se transparentó en las ausencias de algunos habitualmente muy activos, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El cordobés Martín Llaryora se conectó.
Las claves, como ya había anticipado este diario, son que la Nación coparticipe aquellos recursos tributarios que actualmente no reparte y que, enfatizan, corresponden a las provincias. Es el caso del impuesto a los combustibles, que el año próximo tendrá una recaudación récord: los mandatarios proponen eliminar las afectaciones específicas cuya recaudación está destinada a obras viales y de transporte, pero que el Gobierno subejecuta. Solicitan que esos recursos mantengan ese destino, pero que sean administrados por las provincias.
La otra urgencia es el financiamiento de las 13 cajas provinciales previsionales no transferidas, que este año no recibieron un peso de la Anses por las demoras en la realización de las auditorías correspondientes que la propia Casa Rosada puso como condición para realizar los pagos. El Gobierno, sin embargo, no se mueve de los $254.421 millones asignados en el proyecto de presupuesto, un monto que, a juicio de los mandatarios, debería triplicarse.
Además, reclaman el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017; la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera, y la coparticipación de los Aportes de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
“Si coparticipamos todos estos fondos, [el gobernador de Buenos Aires, Axel] Kicillof se va a llevar una montaña de recursos el año próximo”, es el argumento que esgrimen desde el Palacio de Hacienda, desde donde avisaron que no abrirán la billetera del gasto si los gobernadores no aceptan discutir, en paralelo, las deudas que sus provincias tienen con la Nación.
Los mandatarios provinciales, sobre todo los enrolados en Pro y la UCR –cercanos al Gobierno– están acorralados por los tiempos. Para ellos es imperioso que el Congreso sancione antes de fin de año una ley de presupuesto que les dé certezas sobre las transferencias corrientes y de capital (obras públicas) que recibirán el año próximo. Una nueva prórroga –la segunda consecutiva de un presupuesto, una medida inédita en los anales parlamentarios– los dejaría a merced de la discrecionalidad del Gobierno en el manejo del gasto, como sucedió este año.
Plazos
El panorama se complica porque restan apenas dos semanas para el final del año parlamentario; si no hay dictamen ni sesión la semana próxima por falta de acuerdo, los legisladores se quedan sin tiempo material para poder emplazar al oficialismo a discutirlo en el recinto.
Una de las pocas herramientas de presión que podrían blandir los gobernadores es la amenaza de rechazar en el Congreso el decreto 846/2024, que le permite al ministro Caputo realizar canje de deuda en moneda extranjera sin las ataduras que fija la ley de administración financiera y sin necesidad de aprobación del Congreso. Se trata de una herramienta clave en la estrategia de Caputo frente a los vencimientos del año próximo.
Frustrado el primer intento por dejarlo sin efecto el martes pasado –por la presión feroz que ejerció el oficialismo sobre varios gobernadores–, la oposición más dura quiere volver a la carga con una nueva sesión la semana próxima. Habrá que ver si los mandatarios provinciales se atreven esta vez a llevar la pulseada a todo o nada

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El oficialismo reactivó la comisión, pero no logró dictamen
La discusión fue testimonial, porque las negociaciones reales corrieron por fuera del Congreso; critican la subestimación de ingresos

Delfina Celichini
El Gobierno accedió a retomar el debate del presupuesto 2025 después de que los gobernadores aliados, que exigen certidumbre en la asignación de recursos, lo ayudaran a frenar en Diputados la avanzada opositora para limitar el poder de Javier Milei –a través de una reforma a la ley de DNU y del rechazo al decreto 846/24, que lo faculta a canjear deuda sin el aval del Congreso–. A pesar de la renovada predisposición al diálogo que exhibió el oficialismo, la discusión en comisiones fue testimonial: ayer no se logró un dictamen para llevar al proyecto al recinto.
Es decir, la negociación real del presupuesto se está dando por fuera de la comisión presidida por el libertario José Luis Espert –que salió ayer de su letargo tras más de dos semanas de inactividad–, y tiene como protagonistas a los gobernadores y a los referentes de la Casa Rosada. Serán las conclusiones de estas conversaciones las que definan la suerte del proyecto de presupuesto. Según pudo saber los acuerdos todavía están lejos y el diálogo transita un período de alta tensión.
El oficialismo se rehúsa a ceder en todos los puntos que exigen las provincias y apuesta a llegar a un término medio bajo la amenaza de que se desmorone la sanción de una ley. Los gobernadores saben que es mejor sancionar un presupuesto que prorrogar el actual –correspondiente a 2023– y profundizar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Los libertarios repiten que quieren un presupuesto que les permita brindar certidumbre a los mercados y al Fondo Monetario. No obstante, la parsimonia que exhibieron para avanzar en esta discusión espiralizó las dudas de los opositores.
Durante el debate de la comisión, Unión por la Patria (UP) anticipó que presentará un dictamen propio y cuestionó las negociaciones paralelas entre el Gobierno y las provincias. “¿Siguen peleando la zona franca, diputado Fernández?”, chicaneó el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, a Carlos Fernández, uno de los cuatro legisladores que responden al mandamás de Misiones, Carlos Rovira. Fernández negó con su cabeza y los integrantes de la Comisión rieron con resignación: los misioneros fueron funcionales a los intereses del Gobierno en el Congreso y posibilitaron el sostenimiento del veto a la reforma previsional y al financiamiento universitario.
El vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UP), señaló que los datos incluidos en el presupuesto “son inconsistentes”. Apuntó a la estimación de la inflación –18,3%– que, indicó, superará las previsiones del Gobierno y eso “representará una reducción de gastos”. Y concluyó: “Este presupuesto viene a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado. El proyecto está en las antípodas de las políticas que nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes”.
Vanina Biasi, de la izquierda, coincidió con Heller y afirmó: “Es un presupuesto que está preparado para ser completamente manipulado”.
Al hueso, el diputado del radicalismo blue Fernando Carbajal le preguntó a Espert si el Gobierno estaba dispuesto a hacer cambios al proyecto original. A lo largo de toda la reunión de Comisión, el libertario repitió que el dictamen que estaba circulando para la firma contenía el texto original presentado por el Presidente. “Las negociaciones tienen que ser transparentes y claras. Queremos saber si los cambios que piden los gobernadores se aceptarán. Queremos que lo digan de manera clara para que cuando la semana que viene se vuelva a hacer una sesión para modificar la ley de DNU, sepamos que los ausentes son porque se les concedió cambios en el presupuesto”, indicó.
En representación de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Zapata defendió el presupuesto y dijo que el proyecto está reforzado “en materia social”. También remarcó la importancia de la eliminación de la moratoria previsional prevista para marzo del 2025 porque, según indicó, “es una estafa para los que aportamos”.

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