El Gobierno enfrenta otra semana turbulenta en la Cámara de Diputados
Se define la puja por el presupuesto, mientras un sector intentará limitar el alcance de los DNU; Pro impulsa la “ficha limpia”
Delfina Celichini
José Luis Espert preside la Comisión de Presupuesto, citada para este martes
El Gobierno y los mandatarios provinciales llevarán su disputa presupuestaria hasta el límite, con un enfrentamiento clave esta semana en la Cámara de Diputados. El objetivo es consensuar un dictamen el martes para llevar el proyecto del presupuesto 2025 al recinto dos días después. Sin embargo, si no hay acuerdo, la oposición amenaza con retomar el jueves el debate impulsado por Encuentro Federal y los radicales del bloque Democracia para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y rechazar el DNU 846, que permite al Gobierno renegociar deuda sin pasar por el Congreso ni atenerse a las condiciones de la ley de administración financiera.
Además de la puja por los recursos de 2025, también estará presente –el miércoles– el intento de Pro de avanzar con su proyecto de “ficha limpia” para impedir que puedan ser candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción. Esta iniciativa eriza a Unión por la Patria (UP), dado que la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ya fue ratificada por la Cámara de Casación. Desde el peronismo perciben el impulso macrista como un ataque directo a la exvicepresidenta y hablan de “proscripción”, aunque es improbable que se apruebe antes de fin de año.
Este cruce de agendas en Diputados se da a solo dos semanas de que finalice el período ordinario de sesiones. Salvo que el Gobierno convoque a extraordinarias –algo sobre lo que no hay una postura común en el oficialismo–, el Congreso cerrará sus puertas del 30 de noviembre, hasta el 1° de marzo.
En otras palabras: no hay tiempo. Ni para sancionar el presupuesto, ni para convertir en ley el proyecto de “ficha limpia”, ni tampoco para concretar el límite al uso de los DNU. El Gobierno utiliza su indefinición sobre la extensión del período parlamentario –y los temas que podría incluir– para doblegar a los gobernadores y su tropa legislativa, que se rehúsan a una nueva prórroga del presupuesto 2023, lo que otorgaría discrecionalidad a Javier Milei en el manejo de recursos. La Casa Rosada pretende que acompañen el proyecto original, sin alteraciones, bajo la amenaza de dejarlos sin nada.
En vez de amedrentarlos, este ninguneo oficial indignó a los 10 gobernadores de Pro y la UCR, que instruyeron a sus diputados para que, junto al bloque de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), elaboren un presupuesto alternativo.
Además, cuentan con un plan B: retienen la amenaza de voltear el decreto 846/24. Los plazos para rechazar este DNU, diferentes a la sanción de una ley, ya se cumplieron. No es necesario que pase por comisiones: la oposición solo debe reunir la mayoría simple en Diputados y el Senado para, en estas últimas dos semanas, llevarlo al recinto de ambas cámaras y suprimir su validez. Supondría un durísimo golpe para el Poder Ejecutivo, que necesita de la liquidez que le darán los canjes de deuda que ya comenzó a renegociar.
Será una semana tensa en Diputados, donde el Gobierno y los mandatarios provinciales se medirán en una suerte de “juego de la gallina”. Este famoso modelo de conflicto escenifica a dos automovilistas que se dirigen el uno hacia el otro en perfecta colisión. Uno o ambos deben desviarse para evitar la destrucción mutua. Concretamente, la falta de presupuesto no solo no sería una buena señal para los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) –a pesar de que en el oficialismo lo relativizan–, sino que podría redundar en un conflicto permanente con los gobernadores y el principal aliado del Gobierno en el Congreso, el macrismo.
Los mandatarios provinciales de Pro y de la UCR demandan que se incluyan en el presupuesto los siguientes cinco puntos:
1. El financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Anses. El Gobierno, por ahora, no pretende moverse de los $254 millones asignados en el proyecto.
2. El pago de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
3. La eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, están subejecutados y pretenden que se coparticipen.
4. La reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la ex-AFIP (ahora ARCA).
5. La coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
“Ficha limpia”
El macrismo, principal promotor de esta iniciativa, todavía no reúne los 129 votos positivos para asegurarse una victoria en el recinto, este miércoles, y no descartan consensuar modificaciones.
Los convocantes de la sesión –Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR– tendrán que asegurarse el apoyo de los radicales blue de Democracia y de la mayor cantidad posible de miembros de EF, que no tienen una postura unificada sobre el tema. Por ejemplo, Pichetto se opone al dictamen de mayoría y defiende que la inhabilitación solo debería aplicarse cuando la condena sea confirmada por la Corte, mientras que Margarita Stolbizer, que pertenece al mismo bloque, respalda el dictamen de mayoría.
Fernando Carbajal, de Democracia, presentó un dictamen apoyado por sus 11 colegas de bancada, en el que cuestiona circunscribir la “ficha limpia” solo a delitos de corrupción. Según uno de sus referentes, sería un despropósito permitir que condenados por pedofilia o narcotráfico puedan ocupar cargos públicos. Pro y sus aliados podrían considerar incluir estos delitos en el texto final.
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El Senado, contra la posible designación de los jueces de la Corte por decreto
El kirchnerismo y la UCR se oponen; hay dudas en Pro; el propio García-Mansilla lo había rechazadoGustavo Ybarra
Ariel Lijo juez federal
Si algo faltaba para complicar aún más el ya de por sí complejo trámite de los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, el rumor no desmentido por Javier Milei de que el Poder Ejecutivo podría nombrar por decreto a los dos postulantes cayó muy mal en gran parte de los bloques del Senado, en particular en el sector kirchnerista de la bancada de Unión por la Patria.
Con la piel sensible por las malas noticias que acumuló durante la semana en la que la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la posibilidad de que Milei eluda la debida aprobación del Congreso para designar a sus candidatos en el máximo tribunal de Justicia no hizo más que endurecer la negativa de los legisladores que responden al Instituto Patria a darles luz verde a Lijo y GarcíaMansilla.
Se entiende el malestar kirchnerista. Si los pliegos se encuentran estancados en la Comisión de Acuerdos desde fines de agosto es porque el Gobierno se viene negando a aceptar las presiones del principal bloque de oposición en la Cámara alta, que exige designar a una mujer de lealtad irreprochable al peronismo en la Corte Suprema a cambio de sumar su apoyo para que al menos uno de los dos postulantes pueda alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes que exige la Constitución para darle acuerdo a un juez supremo.
Pero la versión del nombramiento por decreto suma un obstáculo más a la negociación política, ya que el kirchnerismo hizo punta a la hora de criticar a Mauricio Macri cuando siguió ese camino en diciembre de 2015 con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“Es una decisión propia de un dictador”, sentenció en aquel entonces la diputada Juliana Di Tullio (Buenos Aires), hoy miembro conspicuo de la conducción de la bancada de Unión por la Patria de la Cámara alta. De hecho, la senadora bonaerense se encargó de traer el recuerdo de aquel incidente durante las audiencias públicas en las que Lijo y García-Mansilla defendieron sus nominaciones ante la Comisión de Acuerdos.
El no del candidato
Repasar las versiones taquigráficas de esas audiencias cobra hoy una relevancia distinta a la luz de los rumores que el propio Gobierno se encargó de lanzar al ruedo y que Milei no se preocupó por desmentir cuando, en un reportaje radial, le preguntaron en dos oportunidades si desmentía la veracidad de esas versiones.
En su presentación del pasado 28 de agosto, García-Mansilla fue obligado por el kirchnerismo –Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti lo apestillaron sobre el punto en dos oportunidades distintas– a dar una definición sobre la decisión adoptada por Macri a poco de haber asumido la presidencia de la Nación.
La respuesta del abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue reveladora. “Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero dependiendo del contexto en el que se tomen pueden generar una afectación. Por eso, la respuesta es que no aceptaría una designación en comisión”, replicó GarcíaMansilla.
En otras palabras, el postulante a reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que debería abandonar la Corte el próximo 29 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, dijo con absoluta claridad que no está dispuesto a jurar como miembro del máximo tribunal si su designación se produjera por decreto y no por el proceso establecido por la Constitución.
Una semana antes, Lijo tuvo la suerte de que nadie le preguntara en su audiencia pública sobre la designación de jueces en la Corte por decreto del Poder Ejecutivo.
El rechazo a una eventual designación por decreto de jueces en la Corte también encontró eco en el radicalismo, aunque en un sector de la bancada del centenario partido, sobre todo aquellos que tienen lazos con gobernadores de sus provincias, prefirieron guardar silencio y no anticipar opinión. “Es algo que no corresponde, que no está previsto en la Constitución, pero no me sorprende la actitud que pueda tener el Presidente, que hace caso omiso a la Constitución”, afirmó Pablo Blanco (UCRTierra del Fuego) ante la consulta
El legislador, que fue de los pocos radicales que habían anticipado su rechazo a la nominación de Lijo, le pidió a Milei que reflexione y que evite cometer el mismo error del líder de Pro. “Espero que respete la institucionalidad, así como Macri nombró jueces por decreto, fue cuestionado y tuvo que revertirlo, espero que aprenda de ese error que cometió Macri, ya que tanto se junta a comer asado con él, y no haga lo mismo”, remató Blanco.
En Pro también primó el silencio, aunque el rumor no hizo más que sumar inquietud e incertidumbre en la bancada que preside Luis Juez (Córdoba). “Se llevan puestas las instituciones; no sería la señal de fortaleza institucional que está requiriendo un cuerpo como la Corte”, opinó un legislador de la escudería amarilla ante la consulta de la nacion.
El problema es más grave para Pro, que quedaría atrapado en una encrucijada entre la decisión del expresidente de rechazar el pliego de Lijo y su ejemplo de hace nueve años, cuando abrió el camino que hoy quiere seguir Milei.
El Gobierno y los mandatarios provinciales llevarán su disputa presupuestaria hasta el límite, con un enfrentamiento clave esta semana en la Cámara de Diputados. El objetivo es consensuar un dictamen el martes para llevar el proyecto del presupuesto 2025 al recinto dos días después. Sin embargo, si no hay acuerdo, la oposición amenaza con retomar el jueves el debate impulsado por Encuentro Federal y los radicales del bloque Democracia para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y rechazar el DNU 846, que permite al Gobierno renegociar deuda sin pasar por el Congreso ni atenerse a las condiciones de la ley de administración financiera.
Además de la puja por los recursos de 2025, también estará presente –el miércoles– el intento de Pro de avanzar con su proyecto de “ficha limpia” para impedir que puedan ser candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción. Esta iniciativa eriza a Unión por la Patria (UP), dado que la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ya fue ratificada por la Cámara de Casación. Desde el peronismo perciben el impulso macrista como un ataque directo a la exvicepresidenta y hablan de “proscripción”, aunque es improbable que se apruebe antes de fin de año.
Este cruce de agendas en Diputados se da a solo dos semanas de que finalice el período ordinario de sesiones. Salvo que el Gobierno convoque a extraordinarias –algo sobre lo que no hay una postura común en el oficialismo–, el Congreso cerrará sus puertas del 30 de noviembre, hasta el 1° de marzo.
En otras palabras: no hay tiempo. Ni para sancionar el presupuesto, ni para convertir en ley el proyecto de “ficha limpia”, ni tampoco para concretar el límite al uso de los DNU. El Gobierno utiliza su indefinición sobre la extensión del período parlamentario –y los temas que podría incluir– para doblegar a los gobernadores y su tropa legislativa, que se rehúsan a una nueva prórroga del presupuesto 2023, lo que otorgaría discrecionalidad a Javier Milei en el manejo de recursos. La Casa Rosada pretende que acompañen el proyecto original, sin alteraciones, bajo la amenaza de dejarlos sin nada.
En vez de amedrentarlos, este ninguneo oficial indignó a los 10 gobernadores de Pro y la UCR, que instruyeron a sus diputados para que, junto al bloque de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), elaboren un presupuesto alternativo.
Además, cuentan con un plan B: retienen la amenaza de voltear el decreto 846/24. Los plazos para rechazar este DNU, diferentes a la sanción de una ley, ya se cumplieron. No es necesario que pase por comisiones: la oposición solo debe reunir la mayoría simple en Diputados y el Senado para, en estas últimas dos semanas, llevarlo al recinto de ambas cámaras y suprimir su validez. Supondría un durísimo golpe para el Poder Ejecutivo, que necesita de la liquidez que le darán los canjes de deuda que ya comenzó a renegociar.
Será una semana tensa en Diputados, donde el Gobierno y los mandatarios provinciales se medirán en una suerte de “juego de la gallina”. Este famoso modelo de conflicto escenifica a dos automovilistas que se dirigen el uno hacia el otro en perfecta colisión. Uno o ambos deben desviarse para evitar la destrucción mutua. Concretamente, la falta de presupuesto no solo no sería una buena señal para los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) –a pesar de que en el oficialismo lo relativizan–, sino que podría redundar en un conflicto permanente con los gobernadores y el principal aliado del Gobierno en el Congreso, el macrismo.
Los mandatarios provinciales de Pro y de la UCR demandan que se incluyan en el presupuesto los siguientes cinco puntos:
1. El financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Anses. El Gobierno, por ahora, no pretende moverse de los $254 millones asignados en el proyecto.
2. El pago de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
3. La eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, están subejecutados y pretenden que se coparticipen.
4. La reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la ex-AFIP (ahora ARCA).
5. La coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
“Ficha limpia”
El macrismo, principal promotor de esta iniciativa, todavía no reúne los 129 votos positivos para asegurarse una victoria en el recinto, este miércoles, y no descartan consensuar modificaciones.
Los convocantes de la sesión –Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR– tendrán que asegurarse el apoyo de los radicales blue de Democracia y de la mayor cantidad posible de miembros de EF, que no tienen una postura unificada sobre el tema. Por ejemplo, Pichetto se opone al dictamen de mayoría y defiende que la inhabilitación solo debería aplicarse cuando la condena sea confirmada por la Corte, mientras que Margarita Stolbizer, que pertenece al mismo bloque, respalda el dictamen de mayoría.
Fernando Carbajal, de Democracia, presentó un dictamen apoyado por sus 11 colegas de bancada, en el que cuestiona circunscribir la “ficha limpia” solo a delitos de corrupción. Según uno de sus referentes, sería un despropósito permitir que condenados por pedofilia o narcotráfico puedan ocupar cargos públicos. Pro y sus aliados podrían considerar incluir estos delitos en el texto final.
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El Senado, contra la posible designación de los jueces de la Corte por decreto
El kirchnerismo y la UCR se oponen; hay dudas en Pro; el propio García-Mansilla lo había rechazadoGustavo Ybarra
Si algo faltaba para complicar aún más el ya de por sí complejo trámite de los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, el rumor no desmentido por Javier Milei de que el Poder Ejecutivo podría nombrar por decreto a los dos postulantes cayó muy mal en gran parte de los bloques del Senado, en particular en el sector kirchnerista de la bancada de Unión por la Patria.
Con la piel sensible por las malas noticias que acumuló durante la semana en la que la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la posibilidad de que Milei eluda la debida aprobación del Congreso para designar a sus candidatos en el máximo tribunal de Justicia no hizo más que endurecer la negativa de los legisladores que responden al Instituto Patria a darles luz verde a Lijo y GarcíaMansilla.
Se entiende el malestar kirchnerista. Si los pliegos se encuentran estancados en la Comisión de Acuerdos desde fines de agosto es porque el Gobierno se viene negando a aceptar las presiones del principal bloque de oposición en la Cámara alta, que exige designar a una mujer de lealtad irreprochable al peronismo en la Corte Suprema a cambio de sumar su apoyo para que al menos uno de los dos postulantes pueda alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes que exige la Constitución para darle acuerdo a un juez supremo.
Pero la versión del nombramiento por decreto suma un obstáculo más a la negociación política, ya que el kirchnerismo hizo punta a la hora de criticar a Mauricio Macri cuando siguió ese camino en diciembre de 2015 con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“Es una decisión propia de un dictador”, sentenció en aquel entonces la diputada Juliana Di Tullio (Buenos Aires), hoy miembro conspicuo de la conducción de la bancada de Unión por la Patria de la Cámara alta. De hecho, la senadora bonaerense se encargó de traer el recuerdo de aquel incidente durante las audiencias públicas en las que Lijo y García-Mansilla defendieron sus nominaciones ante la Comisión de Acuerdos.
El no del candidato
Repasar las versiones taquigráficas de esas audiencias cobra hoy una relevancia distinta a la luz de los rumores que el propio Gobierno se encargó de lanzar al ruedo y que Milei no se preocupó por desmentir cuando, en un reportaje radial, le preguntaron en dos oportunidades si desmentía la veracidad de esas versiones.
En su presentación del pasado 28 de agosto, García-Mansilla fue obligado por el kirchnerismo –Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti lo apestillaron sobre el punto en dos oportunidades distintas– a dar una definición sobre la decisión adoptada por Macri a poco de haber asumido la presidencia de la Nación.
La respuesta del abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue reveladora. “Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero dependiendo del contexto en el que se tomen pueden generar una afectación. Por eso, la respuesta es que no aceptaría una designación en comisión”, replicó GarcíaMansilla.
En otras palabras, el postulante a reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que debería abandonar la Corte el próximo 29 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, dijo con absoluta claridad que no está dispuesto a jurar como miembro del máximo tribunal si su designación se produjera por decreto y no por el proceso establecido por la Constitución.
Una semana antes, Lijo tuvo la suerte de que nadie le preguntara en su audiencia pública sobre la designación de jueces en la Corte por decreto del Poder Ejecutivo.
El rechazo a una eventual designación por decreto de jueces en la Corte también encontró eco en el radicalismo, aunque en un sector de la bancada del centenario partido, sobre todo aquellos que tienen lazos con gobernadores de sus provincias, prefirieron guardar silencio y no anticipar opinión. “Es algo que no corresponde, que no está previsto en la Constitución, pero no me sorprende la actitud que pueda tener el Presidente, que hace caso omiso a la Constitución”, afirmó Pablo Blanco (UCRTierra del Fuego) ante la consulta
El legislador, que fue de los pocos radicales que habían anticipado su rechazo a la nominación de Lijo, le pidió a Milei que reflexione y que evite cometer el mismo error del líder de Pro. “Espero que respete la institucionalidad, así como Macri nombró jueces por decreto, fue cuestionado y tuvo que revertirlo, espero que aprenda de ese error que cometió Macri, ya que tanto se junta a comer asado con él, y no haga lo mismo”, remató Blanco.
En Pro también primó el silencio, aunque el rumor no hizo más que sumar inquietud e incertidumbre en la bancada que preside Luis Juez (Córdoba). “Se llevan puestas las instituciones; no sería la señal de fortaleza institucional que está requiriendo un cuerpo como la Corte”, opinó un legislador de la escudería amarilla ante la consulta de la nacion.
El problema es más grave para Pro, que quedaría atrapado en una encrucijada entre la decisión del expresidente de rechazar el pliego de Lijo y su ejemplo de hace nueve años, cuando abrió el camino que hoy quiere seguir Milei.
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