NUEVAS REGLAS, ELIMINACIÓN

El Gobierno prepara cambios en el uso de tarjetas y más desregulaciones comerciales
Los negocios deberán poner el posnet a disposición del consumidor para que nunca se desprenda del plástico; reorientan los controles hacia la exhibición de precios y la publicidad engañosa
José Luis BreaLos restaurantes, entre otros establecimientos, deberán acercarles el posnet a sus clientes
La Secretaría de Comercio prepara una resolución que obligará a todos los negocios a poner sus posnet (las máquinas por las que pasan las tarjetas de crédito y débito) a disposición de sus clientes para que el consumidor no se desprenda en ningún momento del plástico, de manera de evitar posibles fraudes.
En el caso de un restaurante, por ejemplo, el mozo deberá cobrarle al cliente en su mesa y, en otro tipo de comercio, la carga de la operación la hará quien atienda, pero deberá extender el posnet al consumidor a la hora de pasar la tarjeta. Es una de las normas con las que la “nueva” Secretaría de Comercio busca despegarse de la era kirchnerista y que contemplará un plazo de adecuación de 180 días.
Otras medidas que impulsa la cartera que conduce Pablo Lavigne son el lanzamiento de un sistema de protección a los consumos turísticos y el régimen de transparencia fiscal del consumidor, que obligará a discriminar la carga tributaria de todos los productos en el ticket de compra, iniciativa que contemplaba la fallida ley ómnibus y que ahora se buscará reflotar mediante un proyecto de ley.
También, tras derogar el cuerpo central de regulaciones que el gobierno anterior había establecido para controlar precios o presionar a las empresas en las negociaciones de los acuerdos, la ley de góndolas, de abastecimiento, el Observatorio de Precios y distintos regímenes de información, la secretaría avanza en el desmantelamiento de otras normas menores, como la de los avisos legales en los anuncios publicitarios.
Fuentes oficiales afirman que todas estas iniciativas son parte de un período de transición hacia un nuevo esquema en el que buscan recuperar el rol técnico histórico de esa dependencia desde la que Guillermo Moreno y Paula Español, entre otros, construyeron poder mediante controles y acuerdos de precios compulsivos.
Así, por ejemplo, se definió que en la nueva etapa se pondrá el énfasis en la inspección de cinco puntos: exhibición de precios, diferencia entre los precios en góndola y en la línea de cajas de los supermercados; metrología legal (es decir, que no estén alteradas las balanzas con las que se pesan los productos); publicidad engañosa, y venta de productos vencidos. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende de Lavigne y conduce Fernando Blanco Muiño, ya se reunió con sus pares provinciales para coordinar esta política de control a nivel nacional.
En cuanto a las medidas en carpeta, tienen diferentes tiempos de concreción. Está previsto que la primera sea presentada el próximo 15 de marzo, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y en conjunto con la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli. Se trata de un sistema de resolución rápida de conflictos derivados de consumos turísticos que se propone que cualquier disputa de un turista con una agencia, un hotel, un transfer, un guía, se pueda resolver en un plazo de 24 horas.
La otra norma que está próxima a salir es la desaparición de los avisos legales de los anuncios publicitarios, que serán reemplazados por un link o un código QR a una página web en la que figurarán, por ejemplo, las condiciones de promociones y concursos, y otros detalles vinculados con los productos y servicios a los que obliga la ley de defensa del consumidor.
Pero la cruzada mayor, y la que llevará más tiempo, será el impulso al régimen de transparencia fiscal, que les permitirá a los consumidores saber qué impuestos está pagando cuando adquieren un servicio o producto.
Es un tema que la secretaría ya les adelantó a las asociaciones de defensa del consumidor en el marco de una reunión del consejo consultivo que integran estas entidades. La iniciativa era parte de la ley ómnibus y ahora fue retomada por un proyecto del diputado Sergio Capozzi (Pro-Río Negro) que tiene estado parlamentario y que Comercio acompaña.
“En un encuentro en el que la discusión se sesgó casi exclusivamente hacia el aumento de las prepagas, nosotros tratamos de explicar que hay que pensar en medidas que beneficien a mucha más gente. A veces los debates se ciñen a problemas que afectan a menos del 10% de la población, como es el caso de la medicina privada”, dijeron a en la secretaría.
Herencia de 15.000 expedientes
La nueva apuesta de la cartera es reemplazar Precios Cuidados y Precios Justos con el relanzamiento de Precios Claros, una plataforma digital basada en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), un régimen de información creado por el gobierno de Mauricio Macri que luego se desestimó pero nunca dejó de funcionar y que releva diariamente en los supermercados los precios de productos de consumo masivo.
Aún en etapa de actualización tecnológica (la intención es convertirlo en una app para celulares), la idea es que el sistema también pueda ser utilizado por el Indec para medir precios, aunque en ese caso se debería buscar un mecanismo para proteger el sistema estadístico. Ya hubo reuniones por este tema con Marco Lavagna, el director del organismo.
“Hay empresas que no saben cómo moverse sin controles”, comenta la fuente. “Niveles gerenciales enteros llevan diez años o más preparándose solo para cumplir con los requerimientos del Estado. Cuando llegamos acá había 15.000 expedientes en trámite por distintas infracciones; de ellos, solo 15 eran por incumplimientos de la ley de góndolas, lo que demuestra que, en la práctica, era una norma inaplicable porque no se podía ir midiendo las góndolas con una cinta métrica. La secretaría ahora no se va a meter y eso desconcierta a algunos”.

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Eliminan una traba para la importación de ropa y calzado
Los importadores quedan exentos de completar una declaración jurada
Con la intención de liberar trabas en el comercio, el Ministerio de Economía derogó y modificó varias normativas para eliminar la obligación de que fabricantes e importadores de textiles, prendas y calzados deban realizar declaraciones juradas sobre la composición de sus productos, un trámite que generaba costos por US$5 millones anuales.
Lo hizo a través de la resolución 49/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial, la cual deroga y modifica diversos artículos de las resoluciones 26/1996, 850/1996, y 404/2016 que reglamentaban estas declaraciones juradas.
La medida no solo alcanza al calzado y los textiles terminados, sino también insumos como hilados y tejidos, precisaron.
En 1995 se había establecido que todas las prendas, confecciones y calzados debían tener una etiqueta de tela donde se especificara el lugar de producción, los nombres del exportador e importador en el caso que provengan del exterior, y la composición porcentual de las fibras o materiales. Todo con el objetivo de permitir controles y determinar los responsables legales del cumplimiento de las normativas.
Luego se instrumentó una declaración jurada de composición de productos (DJCP) –con validez de 180 días– para respaldar la veracidad de la información que se suministra en el etiquetado como condición previa para comercializar el producto. El objetivo de esto era que los consumidores reciban información correcta y no fueran inducidos a engaños sobre los materiales de los productos que adquiere.
La resolución de ayer elimina esta declaración jurada con el objetivo de “simplificar y reducir los trámites administrativos”, logrando así “una mayor fluidez y facilidad en la operatoria comercial”, se señaló en los considerandos. Según indicó la Secretaría de Comercio, que conduce Pablo Lavigne, en un comunicado, se trataba de una “medida burocrática” que representó para el sector un costo de US$5 millones por año y, solo en 2023, implicó la realización de un millón de trámites.
Además, recalcó el área, la información que se debía presentar en las declaraciones juradas era redundante porque la composición porcentual y el material de los productos ya está detallado en las etiquetas, las cuales seguirán siendo un requisito para comercializar textiles, precisaron en el Gobierno.

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