El protocolo antipiquetes y las denuncias de extorsión empujaron la reducción de los bloqueos
Federico González del Solar
Fuente: diagnósticopolítico.com
Los cortes por protestas piqueteras en la Capital Federal cayeron un 50% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, según los registros de la consultora Diagnóstico Político.
A nivel nacional ese porcentaje se acorta, pero no deja de reflejar el retraimiento de los grupos piqueteros, que siguen siendo el principal motor detrás de las movilizaciones.
Tres motivos aparecen detrás de la fuerte reducción de los bloqueos de calles en la ciudad de Buenos Aires por parte de grupos piqueteros.
En primer lugar, los mismos grupos reconocen que cayó su capacidad de movilización por la implementación del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Pero también tuvieron un efecto directo la habilitación de una línea para realizar denuncias anónimas frente a extorsiones y la eliminación de la intermediación de los grupos en las unidades de gestión.
Las organizaciones sociales reconocen que perdieron capacidad de movilización
En diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, eliminó las unidades de gestión que manejaban los grupos piqueteros
Ese cambio les quitó a los movimientos su poder de mediación con los beneficiarios de los planes sociales
“Lo que hay que asumir es que tenemos menos capacidad de movilización”, se sinceraba un dirigente social a fines de marzo, mientras le explicaba a uno de los suyos cuán difícil se hacía enfrentar el protocolo antipiquetes en las calles.
La medida, implementada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es solo una de las razones detrás del repliegue piquetero de los últimos meses que derivó en una sustancial reducción en los cortes de calles.
En la Capital Federal, los cortes en la vía pública cayeron un 50% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, según los registros de Diagnóstico Político, una consultora que realiza un monitoreo mensual de la conflictividad social en las calles.
A nivel nacional ese porcentaje se acorta, pero no deja de reflejar el retraimiento de las organizaciones sociales, que siguen siendo el principal motor detrás de las movilizaciones: a lo largo y ancho del país.
Según el conteo de esta firma, los cortes se redujeron un 22% (3351, contra los casi 4300 de los primeros seis meses de 2023).
En su informe de junio, la consultora que dirigen Patricio Giusto y Roberto Chiti registró un total de 575 cortes, lo que representa una caída con respecto a mayo en torno al 6%.
Los movimientos sociales empujaron 124 del total de esos reclamos.
A pesar de que el trabajo destaca la “pérdida de terreno” frente a otros grupos de actores como los partidos políticos o los vecinos autoconvocados, las organizaciones (con mejor suerte en la Justicia que en la calles) continúan siendo la principal cara de los cortes en la vía pública.
Los motivos del repliegue
En la Capital Federal, el reclamo por el reparto de alimentos para los comedores comunitarios motorizó la mayoría de las protestas. Buena parte de ellas, sin embargo, por el estricto acatamiento del protocolo en suelo porteño, terminaron confinadas a las veredas. Pero el protocolo fue solo una parte de la receta.
A poco de asumir, el Gobierno les asestó un duro golpe a las organizaciones sociales.
En diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que las unidades de gestión donde los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cumplían con la contraprestación obligatoria -la mayoría de ellas en manos de las organizaciones- dejaban de funcionar.
De esta manera, la ministra les quitó a los movimientos sociales el control en la asistencia de los beneficiarios a sus lugares de trabajo, herramienta que, se presume, era utilizada de forma extorsiva por algunos grupos para darles mayor volumen a sus movilizaciones.
Sobre esa información, relevada por las organizaciones, el Estado efectuaba las bajas del programa, tal como en reiteradas oportunidades enfatizaron muchos dirigentes, obviando la primera parte del mecanismo, es decir, que eran ellas mismas quienes le suministraban la información al Estado para activar esas bajas.
La línea de denuncias
Como parte de la ofensiva contra los piqueteros, además, el Ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para que aquellos que se vieran obligados a asistir a las “convocatorias” puedan hacer la denuncia de forma anónima: la sospecha que sobrevolaba al ex Potenciar Trabajo es que algunos movimientos sociales -o al menos una parte de sus integrantes- usaban de manera extorsiva ese mecanismo de control para empujar a los beneficiarios a asistir a las marchas.
Según el Ministerio, los teléfonos explotaron.
Los llamados derivaron en una investigación del fiscal Gerardo Pollicita que puso contra las cuerdas a por lo menos tres movimientos sociales.
Como parte de esa pesquisa, se intervinieron algunos teléfonos y se realizaron allanamientos. La conversación de marzo que refleja el pesar del dirigente social surge en el marco de esa investigación.
“La verdad es que hacer una acción en la 9 de Julio donde tengamos un cuarto de la capacidad que solemos mover –que es lo que estamos moviendo– es mostrar mucha debilidad”, se lamentaba el mismo referente.
La merma en el poder de convocatoria y la ejecución del protocolo forzaron a las organizaciones a diseñar protestas más estratégicas: en algunas ocasiones, eligieron los accesos a la Capital Federal como punto de concentración para eludir el protocolo -que no rige en la provincia- y, a un tiempo, conservar poder de fuego en el reclamo.
En otros casos, las organizaciones sociales anunciaban la movilización sin anticipar hacia dónde marcharían.
Con todo, el protocolo de la ministra Bullrich se mostró contundente y desarmó las protestas cuyo despliegue dependía exclusivamente de las organizaciones sociales. En las manifestaciones de mayor amplitud, en cambio, el protocolo exhibió resultados dispares.
La última manifestación con cierto grado de visibilidad se dio hace casi dos meses y evidenció el desgaste de las agrupaciones.
En febrero, asediadas por la ofensiva el oficialismo, decidieron dejar de lado sus diferencias, encolumnarse detrás del reclamo alimentario y armar una alianza estratégica en las calles. Pero la investigación del fiscal Pollicita impactó de lleno en aquel ensamble, y las organizaciones, tras los allanamientos, tomaron distancia prudente unas de otras.
El 23 de mayo, aunque en simultáneo, marchó cada una por su cuenta sobre distintos puntos de la 9 de Julio. Las organizaciones sociales no pisaron la calle y en ninguno de los tres puntos de la avenida el tránsito vehicular se vio afectado.
Si la movilización tuvo algo de entidad, fue solo porque ese mismo día, tras un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno admitió que almacenaba más de 5000 toneladas de alimentos en los depósitos de Capital Humano.
Un mes antes de ese sacudón, en la primera semana de mayo, el protocolo antipiquetes se puso en marcha para frustrar los planes de las organizaciones sociales que apuntaban a plantar su reclamo por alimentos frente a la quinta de Olivos.
El tránsito estuvo bloqueado, pero a pocas cuadras de la residencia presidencial, luego de unos momentos de tensión, la policía desarticuló la protesta.
La última movilización sobre la 9 de Julio con corte de tránsito fue hace tres meses.
Para sortear el operativo, las organizaciones ocultaron los detalles de la manifestación, que se dio a la altura de Moreno, frente al ex Ministerio de Desarrollo Social. En abierto desafío al protocolo, minutos después de las 11, los manifestantes cortaron la avenida por poco más de una hora.
El protocolo se activó y un operativo conjunto entre las fuerzas federales y porteñas, que incluyó camiones hidrantes, obligó a los manifestantes a desconcentrarse
Los cortes por protestas piqueteras en la Capital Federal cayeron un 50% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, según los registros de la consultora Diagnóstico Político.
A nivel nacional ese porcentaje se acorta, pero no deja de reflejar el retraimiento de los grupos piqueteros, que siguen siendo el principal motor detrás de las movilizaciones.
Tres motivos aparecen detrás de la fuerte reducción de los bloqueos de calles en la ciudad de Buenos Aires por parte de grupos piqueteros.
En primer lugar, los mismos grupos reconocen que cayó su capacidad de movilización por la implementación del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Pero también tuvieron un efecto directo la habilitación de una línea para realizar denuncias anónimas frente a extorsiones y la eliminación de la intermediación de los grupos en las unidades de gestión.
Las organizaciones sociales reconocen que perdieron capacidad de movilización
En diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, eliminó las unidades de gestión que manejaban los grupos piqueteros
Ese cambio les quitó a los movimientos su poder de mediación con los beneficiarios de los planes sociales
“Lo que hay que asumir es que tenemos menos capacidad de movilización”, se sinceraba un dirigente social a fines de marzo, mientras le explicaba a uno de los suyos cuán difícil se hacía enfrentar el protocolo antipiquetes en las calles.
La medida, implementada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es solo una de las razones detrás del repliegue piquetero de los últimos meses que derivó en una sustancial reducción en los cortes de calles.
En la Capital Federal, los cortes en la vía pública cayeron un 50% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, según los registros de Diagnóstico Político, una consultora que realiza un monitoreo mensual de la conflictividad social en las calles.
A nivel nacional ese porcentaje se acorta, pero no deja de reflejar el retraimiento de las organizaciones sociales, que siguen siendo el principal motor detrás de las movilizaciones: a lo largo y ancho del país.
Según el conteo de esta firma, los cortes se redujeron un 22% (3351, contra los casi 4300 de los primeros seis meses de 2023).
En su informe de junio, la consultora que dirigen Patricio Giusto y Roberto Chiti registró un total de 575 cortes, lo que representa una caída con respecto a mayo en torno al 6%.
Los movimientos sociales empujaron 124 del total de esos reclamos.
A pesar de que el trabajo destaca la “pérdida de terreno” frente a otros grupos de actores como los partidos políticos o los vecinos autoconvocados, las organizaciones (con mejor suerte en la Justicia que en la calles) continúan siendo la principal cara de los cortes en la vía pública.
Los motivos del repliegue
En la Capital Federal, el reclamo por el reparto de alimentos para los comedores comunitarios motorizó la mayoría de las protestas. Buena parte de ellas, sin embargo, por el estricto acatamiento del protocolo en suelo porteño, terminaron confinadas a las veredas. Pero el protocolo fue solo una parte de la receta.
A poco de asumir, el Gobierno les asestó un duro golpe a las organizaciones sociales.
En diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que las unidades de gestión donde los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cumplían con la contraprestación obligatoria -la mayoría de ellas en manos de las organizaciones- dejaban de funcionar.
De esta manera, la ministra les quitó a los movimientos sociales el control en la asistencia de los beneficiarios a sus lugares de trabajo, herramienta que, se presume, era utilizada de forma extorsiva por algunos grupos para darles mayor volumen a sus movilizaciones.
Sobre esa información, relevada por las organizaciones, el Estado efectuaba las bajas del programa, tal como en reiteradas oportunidades enfatizaron muchos dirigentes, obviando la primera parte del mecanismo, es decir, que eran ellas mismas quienes le suministraban la información al Estado para activar esas bajas.
La línea de denuncias
Como parte de la ofensiva contra los piqueteros, además, el Ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para que aquellos que se vieran obligados a asistir a las “convocatorias” puedan hacer la denuncia de forma anónima: la sospecha que sobrevolaba al ex Potenciar Trabajo es que algunos movimientos sociales -o al menos una parte de sus integrantes- usaban de manera extorsiva ese mecanismo de control para empujar a los beneficiarios a asistir a las marchas.
Según el Ministerio, los teléfonos explotaron.
Los llamados derivaron en una investigación del fiscal Gerardo Pollicita que puso contra las cuerdas a por lo menos tres movimientos sociales.
Como parte de esa pesquisa, se intervinieron algunos teléfonos y se realizaron allanamientos. La conversación de marzo que refleja el pesar del dirigente social surge en el marco de esa investigación.
“La verdad es que hacer una acción en la 9 de Julio donde tengamos un cuarto de la capacidad que solemos mover –que es lo que estamos moviendo– es mostrar mucha debilidad”, se lamentaba el mismo referente.
La merma en el poder de convocatoria y la ejecución del protocolo forzaron a las organizaciones a diseñar protestas más estratégicas: en algunas ocasiones, eligieron los accesos a la Capital Federal como punto de concentración para eludir el protocolo -que no rige en la provincia- y, a un tiempo, conservar poder de fuego en el reclamo.
En otros casos, las organizaciones sociales anunciaban la movilización sin anticipar hacia dónde marcharían.
Con todo, el protocolo de la ministra Bullrich se mostró contundente y desarmó las protestas cuyo despliegue dependía exclusivamente de las organizaciones sociales. En las manifestaciones de mayor amplitud, en cambio, el protocolo exhibió resultados dispares.
La última manifestación con cierto grado de visibilidad se dio hace casi dos meses y evidenció el desgaste de las agrupaciones.
En febrero, asediadas por la ofensiva el oficialismo, decidieron dejar de lado sus diferencias, encolumnarse detrás del reclamo alimentario y armar una alianza estratégica en las calles. Pero la investigación del fiscal Pollicita impactó de lleno en aquel ensamble, y las organizaciones, tras los allanamientos, tomaron distancia prudente unas de otras.
El 23 de mayo, aunque en simultáneo, marchó cada una por su cuenta sobre distintos puntos de la 9 de Julio. Las organizaciones sociales no pisaron la calle y en ninguno de los tres puntos de la avenida el tránsito vehicular se vio afectado.
Si la movilización tuvo algo de entidad, fue solo porque ese mismo día, tras un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno admitió que almacenaba más de 5000 toneladas de alimentos en los depósitos de Capital Humano.
Un mes antes de ese sacudón, en la primera semana de mayo, el protocolo antipiquetes se puso en marcha para frustrar los planes de las organizaciones sociales que apuntaban a plantar su reclamo por alimentos frente a la quinta de Olivos.
El tránsito estuvo bloqueado, pero a pocas cuadras de la residencia presidencial, luego de unos momentos de tensión, la policía desarticuló la protesta.
La última movilización sobre la 9 de Julio con corte de tránsito fue hace tres meses.
Para sortear el operativo, las organizaciones ocultaron los detalles de la manifestación, que se dio a la altura de Moreno, frente al ex Ministerio de Desarrollo Social. En abierto desafío al protocolo, minutos después de las 11, los manifestantes cortaron la avenida por poco más de una hora.
El protocolo se activó y un operativo conjunto entre las fuerzas federales y porteñas, que incluyó camiones hidrantes, obligó a los manifestantes a desconcentrarse
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La “persecución política” que denunció el concejal de La Matanza Gabriel Aranda, detenido el 11 de julio en la vereda del Concejo Deliberante local y liberado casi doce horas después, motiva interpretaciones variadas en la política distrital.
El edil, perteneciente al Movimiento Evita e integrante del bloque que responde al intendente Fernando Espinoza, no identificó los sectores a los que responsabiliza por la supuesta persecución denunciada y las especulaciones están a la orden del día en los distintos sectores. Las variantes van desde considerar su detención solo una derivación previsible de una causa por narcotráfico hasta evaluar la posibilidad de que las internas del peronismo hayan puesto su cuota, en momentos en que el procesamiento contra Espinoza por presunto abuso sexual agita las aguas.
Aranda fue detenido en la vereda del Concejo Deliberante, un punto que a algunos dirigentes locales les resultó extraño. “Me llamó mucho la atención; justo una vez al mes hay sesión y lo fueron a buscar ahí; además no fue detenido, sino demorado, fue muy llamativo”, dijo a una fuente la nacion al tanto de la dinámica legislativa en La Matanza y que no comulga con el oficialismo local.
En las filas opositoras a Espinoza, la detención de un edil un día de sesión, en pleno centro de San Justo, no pasó desapercibida y promovió interpretaciones que incluyen a la interna del peronismo. Pero también están quienes ven la situación como un resultado esperable de una investigación judicial.
“Aparentemente, razones para detenerlo hay, lo vinculan con la causa de Chaki Chan [por el narcotraficante Nicolás Nahuel Guimil]. Hay una interna muy fuerte en el peronismo y los movimientos sociales”, amalgamó las teorías uno de los engranajes del fragmentado Juntos por el Cambio local.
De pasado reciente en la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el concejal Aranda es presidente del Club Deportivo Laferrere y su referente en el distrito es Patricia “Colo” Cubría, esposa del jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Cubría compitió con Espinoza por alzarse con la candidatura a intendente en la boleta de Unión por la Patria, con victoria para el actual jefe comunal.
La interna tuvo momentos de violencia, entre los que se cuenta una denuncia de militantes del Movimiento Evita que, en diciembre de 2022, señalaron que fueron atacados a balazos por un grupo que realiza pintadas para Espinoza.
“Tenemos la fuerza para pelear de igual a igual con cualquiera. Incluso con los más poderosos, aquellos que hoy tienen que esconderse y deben hacerse cargo de sus hechos”, dijo Cubría en un plenario de su Frente Vecinal, en mayo, con el procesamiento que pesa sobre Espinoza por abuso sexual ya dictado.
El miércoles de la semana pasada, en una conferencia de prensa, Aranda denunció que los policías se lo llevaron sin orden de detención. “Decimos que es una persecución política a dirigentes de La Matanza. No responsabilizo a nadie, pero alguno se va a tener que hacer cargo”, dijo en esa oportunidad, en diálogo con la nacion.
Al momento de ser detenido en la vereda del Concejo Deliberante, en la cuenta del edil en la red social Facebook se publicó: “Acaban de subirme a una camioneta, temo por mi vida, por favor. Si me pasa algo, hago cargo a Matías López [superintendente de Planeamiento y Operaciones Policiales] de la policía de [el ministro de Seguridad bonaerense, Javier] Alonso, de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
“Su vicepresidente en Laferrere [por Esteban Quiñones] está preso, los vínculos con la barra brava abundan. Por otro lado, el tema se utiliza políticamente en la batalla interna de ellos. Es el correlato local de lo que viene pasando entre Máximo Kirchner y [Axel] Kicillof. Espinoza les pasa facturas al Movimiento Evita, al rector de la Universidad de La Matanza [Daniel Martínez] y a la Iglesia por haberse atrevido a hacerle la interna”, evaluó un dirigente opositor al intendente.
Dentro del peronismo también hay quienes ponen la mira en la interna. “Tiene olor ha vuelto”, especuló un dirigente justicialista matancero. Y algunas fuentes justicialistas minimizan el episodio y aseguran que no tuvo mayor trascendencia en la política del distrito más populoso de Buenos Aires
Para los representantes de La Libertad Avanza en el municipio, la supuesta persecución no se justifica. “Hay hechos delictivos, gente que metieron presa. Persecución política no hay. Vino la policía de Kicillof a llevárselo. Y Kicillof, en estos días, se juntó con Pérsico, esposo de Cubría, que es la dirigente que puso a Aranda en el Concejo. Son pantallas para tapar lo de Espinoza”, planteó un organizador local de la fuerza del presidente Javier Milei, que apeló al encuentro que el gobernador tuvo con la cúpula evitista el martes.
“No veo una persecución política. Lo detuvo la policía de la provincia. Que aclare quién lo está persiguiendo, creo que tiene que ver con tapar un poco el tema de Espinoza”, coincidió otra fuente libertaria del distrito
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Netanyahu agradeció a Milei por declarar a Hamas grupo terrorista
El premier israelí subió un video a la red X en el que destaca el gesto de la Argentina
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un video de agradecimiento para el presidente Javier Milei por la decisión de declarar al grupo Hamas como organización terrorista. A través de un video en su cuenta de X, el funcionario destacó que la medida se trata de “otra señal de amistad hacia Israel y de compromiso con la verdad”.
“Gracias Argentina, gracias presidente Javier Milei, por declarar a Hamas como organización terrorista. Esta una señal más de amistad con Israel y de su compromiso con la verdad”, dice el mensaje grabado, en inglés y de apenas 14 segundos, por el premier israelí.
Las palabras de Netanyahu se convirtieron en el corolario de la semana en la que se conmemoró el 30° aniversario del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el último jueves.
De esta forma, Netanyahu se sumó a lo dicho por el presidente de Israel, Isaac Herzog, que le agradeció al mandatario argentino “por solidarizarse con el pueblo israelí” en medio del enfrentamiento “a la amenaza del terrorismo y el odio”.
El sábado de la semana pasada, el Gobierno había tomado la decisión de incluir al grupo palestino Hamas en la lista de organizaciones terroristas, una determinación que fue celebrada por las máximas autoridades de Israel.
“Hamas se ha adjudicado la responsabilidad por las atrocidades durante el ataque perpetrado a Israel el pasado 7 de octubre. Estas se suman a un extenso historial de atentados terroristas en su nombre”, sostuvo el comunicado en el que el Gobierno oficializó la medida.
La decisión obliga a empresas que tengan negocios con personas relacionadas con la agrupación palestina a reportarlas ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La medida fue adoptada mediante una resolución conjunta del Ministerio de Justicia y la Cancillería a requerimiento de la cartera de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
A partir de esta decisión, Hamas quedó enlistado en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet).
La designación del grupo palestino como organización terrorista fue refrendada por el Presidente tras regresar al país tras su último viaje a los Estados Unidos y forma parte del alineamiento de la administración libertaria con Israel en el conflicto de Medio Oriente. Además, fue tomada menos de una semana antes de que se cumplieran los 30 años del atentado a la AMIA, ocurrido en la mañana del 18 de julio de 1994.
También antes del nuevo aniversario el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para incorporar al régimen procesal argentino el juicio en ausencia.
La iniciativa es impulsada por Bullrich e ingresó por la Cámara de Diputados. Pero se trata de una medida que siempre generó polémica.
De hecho, a poco de ingresar, desde las principales bancadas de la oposición se dejó trascender el rechazo a la iniciativa por considerar que la definición de terrorismo que contempla el Código Penal es muy laxa y que podría dar lugar a que se persiga judicialmente a grupos políticos opositores.
En el Senado
El proyecto del Gobierno no es el único en la materia. A principios de año la senadora peronista Alejandra Vigo (Unidad Federal-Córdoba) presentó una iniciativa para modificar el Código Procesal Penal y reglamentar el juicio en ausencia.
En realidad, la legisladora representó un proyecto de similares características que había impulsado, hace una década atrás, su esposo, por entonces diputado nacional y luego gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.
En aquel momento, la reglamentación del juicio en ausencia había contado con el respaldo de instituciones de la comunidad judía, como la filial de la provincia mediterránea de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), como un mecanismo necesario para tratar de alcanzar el esclarecimiento de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel.
Ahora, Vigo respaldó su iniciativa en el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a la Argentina por omisión de justicia ante el tiempo transcurrido sin que se hayan podido alcanzar la verdad y alguna condena por el atentado a la sede de la mutual israelita en la Argentina.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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