Advierten que podría haber cortes de luz en verano si no se suma generación
Oficial. Un informe de Cammesa dice que en los días de alta demanda faltaría potencia para cubrir los picos de consumo; evalúan alternativas
Cammesa, la compañía mixta que administra el mercado eléctrico mayorista en la Argentina, realizó un informe técnico acerca del abastecimiento y los riesgos del mercado eléctrico mayorista para el período entre 2025 y 2027 y dijo que en los días de alta demanda de electricidad en verano podría haber problemas de potencia para cubrir los picos de consumo.
“Para cada año simulado existe una alta probabilidad de que presenten al menos una semana de alta demanda en verano asociada a elevadas temperaturas sostenidas. Los problemas de potencia para el cubrimiento del pico en situaciones extremas, como las de febrero de 2024, continúan durante todo el período de análisis [2025-2027], dado que no se prevén mejoras en el perfil de la oferta”, dice Cammesa, una empresa privada, pero con control estatal.
“En esas condiciones, en ambos escenarios las reservas del sistema, en potencia, resultan insuficientes para altos requerimientos de verano. En el invierno se registran faltantes también, pero concentrados a nivel regional. En estas condiciones, el abastecimiento de la demanda en días extremos no se puede garantizar y dependerá fundamentalmente de la disponibilidad de importación y del sistema de transporte troncal en condición”, agrega el informe.
Para cubrir la demanda prevista, Cammesa recomienda “incorporar generación térmica de punta o de almacenamiento de alta confiabilidad a fin de satisfacer los requerimientos de potencia de pico en los meses de verano”.
El informe sale a la luz unos días después de que la Secretaría de Energía decidiera “dejar sin efecto” una adjudicación que realizó la administración anterior para incorporar nueva oferta de generación térmica convencional con el fin de modernizar el sistema eléctrico.
A través de la resolución 151, el Gobierno derogó los proyectos de abastecimiento de confiabilidad de generación térmica (TerConf), donde se buscaba cubrir 3340 megavatios (MW) de generación térmica, mediante la construcción de 29 nuevas centrales termoeléctricas. Las obras implicaban compromisos de inversión por US$4000 millones, según había dicho la anterior Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón y dependiente del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
Los precios promedio de generación nueva adjudicada eran de US$17.831 el MW por mes y eran contratos de abastecimiento por el plazo de 15 años (excepto uno que fue por 10 años). La medida afecta principalmente a las generadoras Central Puerto, Pampa Energía y MSU, que habían sido mayormente adjudicatarias.
“La decisión responde a que la adjudicación se realizó a menos de un mes de la asunción del presidente Javier Milei, lo que resulta llamativo y un motivo más que suficiente para revisar el proceso llevado a cabo”, dijeron en el Gobierno.
“En el actual contexto de emergencia económica y energética, se van a evaluar en profundidad las diferentes alternativas de abastecimiento, en el corto y mediano plazo, y los costos asociados”, agregaron.
La medida no fue una sorpresa para las empresas, que ya habían sido anticipadas de esta decisión, aunque en los últimos días el director de Cammesa, la compañía con control estatal a cargo de los despachos de energía eléctrica, Mario Cairella, dijo que había una posibilidad de que los contratos se mantengan.
Cammesa es una empresa privada, de la cual son accionistas el Estado y las empresas generadoras, distribuidoras y transportistas de electricidad. Sin embargo, es controlada por un director que designa el Ministerio de Economía. El objetivo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, es que la compañía vuelva al funcionamiento que tenía en la década del 90, de ser una empresa técnica que decide solo los despachos de energía eléctrica según los costos de generación y la disponibilidad.
En los últimos años, durante los gobiernos kirchneristas, Cammesa sumó otras tareas, como la de firmar contratos de demanda de electricidad con las empresas o la de comprar el gas para abastecer a las generadoras térmicas. De esta manera, se mantenían las tarifas de electricidad congeladas, ya que Cammesa recibía transferencias del Tesoro para afrontar los costos que los usuarios no cubrían con sus boletas.
De hecho, la Secretaría de Energía también publicó una resolución que deroga normativas anteriores “que implican un involucramiento excesivo del Estado nacional y/o Cammesa en la operatividad y en el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista (MEM)”.
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Llaman a anotarse en un registro oficial para mantener los subsidios a la energía
Las provincias y la secretaría del área empezaron una campaña para que los usuarios con tarifa social completen el RASE; el plazo vence el 4 de agosto
Sofía Diamante
Los que no se anoten serán considerados de altos ingresos
“¿Querés mantener el subsidio a la energía?”, dice el asunto del mail que la provincia de Buenos Aires les está enviando a todos los usuarios de electricidad del distrito. Tanto los gobiernos provinciales como la Secretaría de Energía comenzaron una campaña para pedir que los usuarios a los que les corresponde la tarifa social se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que diseñó la administración anterior y que se mantiene en el gobierno de Javier Milei.
La notificación que envió la Subsecretaría de Energía de la provincia llegó a todos los grupos de usuarios por igual, desde los de mayores ingresos –los del nivel uno (N1)– hasta los de ingresos bajos (N2) y medios (N3).
Sin embargo, la preocupación de la Secretaría de Energía está focalizada en los 2 millones de usuarios que reciben tarifa social y que están anotados de manera automática como usuarios de ingresos bajos.
“Frente al aumento, cuidá tu bolsillo. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto”, dice el mail que envió el gobierno de Axel Kicillof.
La fecha corresponde al plazo que estableció la Secretaría de Energía de la Nación para tener la base de datos actualizada, aunque no se descarta que haya una prórroga, pese a que ya salió la resolución que determina que el usuario que no esté registrado en ese momento pasará a ser considerado automáticamente como de ingresos altos (N1).
De hecho, ese había sido también el plan original del gobierno anterior, hasta que se encontró con la dificultad de que había casi 2 millones de usuarios que vivían en condiciones carenciadas y que no se habían podido registrar en el RASE porque, por ejemplo, no tenían oficinas de la Anses cerca (otra opción para anotarse para los hogares que no tienen acceso a internet).
En la práctica, todos los meses el Gobierno hace el cruce de beneficiarios con los padrones que tienen las distribuidoras eléctricas para asignar los niveles N2 y N3, que reciben subsidios de 80% y 65%, respectivamente, sobre el costo de generación eléctrica.
El gobierno anterior, en la gestión de Sergio Massa en Economía, dictó una resolución en septiembre de 2022 para sumar en el cruce de datos de todos los meses al padrón de los usuarios que reciben tarifa social de la electricidad y que no se anotó en el RASE. “Cuando geolocalizamos dónde estaban esos usuarios que no se habían anotado en el RASE, surgía que era la gente más carenciada que estaba en zonas con mala conexión de internet”, explicó Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planificación Energética de esa gestión.
La gestión actual,de Eduardo Rodríguez Chirillo, busca regularizar esta situación y pidió a los gobernadores que comiencen la campaña para pedir a todos los usuarios que se anoten en el RASE. Esto se debe a que, producto del Pacto Fiscal de 2018, los criterios para determinar si un usuario recibe tarifa social corresponden a las provincias.
Ampliación de beneficios
El gobierno de Kicillof informó, por ejemplo, que “ampliará el universo de beneficiarias y beneficiarios de la tarifa social eléctrica para incluir a 1,3 millones de bonaerenses perjudicados por la quita de subsidios impulsada por el gobierno nacional”.
La decisión implica que la tarifa social se empezará a aplicar a todos los hogares situados en la provincia de Buenos Aires con ingresos inferiores a los $870.000, pertenecientes al grupo N2 del padrón nacional. “De esta forma, se incrementa la cobertura desde los 1,7 millones de beneficiarios actuales a 3 millones. Para ello, se invertirán $53.600 millones en concepto de tarifa social eléctrica provincial, aumentando un 184% el presupuesto utilizado el año pasado”, dijeron en la Subsecretaría de Energía de la provincia.
Si bien la nueva regulación de la base de datos también alcanza a los usuarios de gas, como está regulado por el Enargas, que es un ente nacional, la disponibilidad de información es más accesible para la Secretaría de Energía.
“Los entes provinciales siempre tuvieron la información de quiénes eran los beneficiarios de tarifa social que no se habían anotado en la segmentación. Pero si no tenían incentivos para buscar a esos usuarios, la situación se complicaba para la Secretaría de Energía, que tenía que buscar a los beneficiarios en lugares inhóspitos”, dijo un conocedor del sector
“¿Querés mantener el subsidio a la energía?”, dice el asunto del mail que la provincia de Buenos Aires les está enviando a todos los usuarios de electricidad del distrito. Tanto los gobiernos provinciales como la Secretaría de Energía comenzaron una campaña para pedir que los usuarios a los que les corresponde la tarifa social se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que diseñó la administración anterior y que se mantiene en el gobierno de Javier Milei.
La notificación que envió la Subsecretaría de Energía de la provincia llegó a todos los grupos de usuarios por igual, desde los de mayores ingresos –los del nivel uno (N1)– hasta los de ingresos bajos (N2) y medios (N3).
Sin embargo, la preocupación de la Secretaría de Energía está focalizada en los 2 millones de usuarios que reciben tarifa social y que están anotados de manera automática como usuarios de ingresos bajos.
“Frente al aumento, cuidá tu bolsillo. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto”, dice el mail que envió el gobierno de Axel Kicillof.
La fecha corresponde al plazo que estableció la Secretaría de Energía de la Nación para tener la base de datos actualizada, aunque no se descarta que haya una prórroga, pese a que ya salió la resolución que determina que el usuario que no esté registrado en ese momento pasará a ser considerado automáticamente como de ingresos altos (N1).
De hecho, ese había sido también el plan original del gobierno anterior, hasta que se encontró con la dificultad de que había casi 2 millones de usuarios que vivían en condiciones carenciadas y que no se habían podido registrar en el RASE porque, por ejemplo, no tenían oficinas de la Anses cerca (otra opción para anotarse para los hogares que no tienen acceso a internet).
En la práctica, todos los meses el Gobierno hace el cruce de beneficiarios con los padrones que tienen las distribuidoras eléctricas para asignar los niveles N2 y N3, que reciben subsidios de 80% y 65%, respectivamente, sobre el costo de generación eléctrica.
El gobierno anterior, en la gestión de Sergio Massa en Economía, dictó una resolución en septiembre de 2022 para sumar en el cruce de datos de todos los meses al padrón de los usuarios que reciben tarifa social de la electricidad y que no se anotó en el RASE. “Cuando geolocalizamos dónde estaban esos usuarios que no se habían anotado en el RASE, surgía que era la gente más carenciada que estaba en zonas con mala conexión de internet”, explicó Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planificación Energética de esa gestión.
La gestión actual,de Eduardo Rodríguez Chirillo, busca regularizar esta situación y pidió a los gobernadores que comiencen la campaña para pedir a todos los usuarios que se anoten en el RASE. Esto se debe a que, producto del Pacto Fiscal de 2018, los criterios para determinar si un usuario recibe tarifa social corresponden a las provincias.
Ampliación de beneficios
El gobierno de Kicillof informó, por ejemplo, que “ampliará el universo de beneficiarias y beneficiarios de la tarifa social eléctrica para incluir a 1,3 millones de bonaerenses perjudicados por la quita de subsidios impulsada por el gobierno nacional”.
La decisión implica que la tarifa social se empezará a aplicar a todos los hogares situados en la provincia de Buenos Aires con ingresos inferiores a los $870.000, pertenecientes al grupo N2 del padrón nacional. “De esta forma, se incrementa la cobertura desde los 1,7 millones de beneficiarios actuales a 3 millones. Para ello, se invertirán $53.600 millones en concepto de tarifa social eléctrica provincial, aumentando un 184% el presupuesto utilizado el año pasado”, dijeron en la Subsecretaría de Energía de la provincia.
Si bien la nueva regulación de la base de datos también alcanza a los usuarios de gas, como está regulado por el Enargas, que es un ente nacional, la disponibilidad de información es más accesible para la Secretaría de Energía.
“Los entes provinciales siempre tuvieron la información de quiénes eran los beneficiarios de tarifa social que no se habían anotado en la segmentación. Pero si no tenían incentivos para buscar a esos usuarios, la situación se complicaba para la Secretaría de Energía, que tenía que buscar a los beneficiarios en lugares inhóspitos”, dijo un conocedor del sector
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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