BOLETA ÚNICA DE PAPEL Y TENSIÓN

El Senado aprobaría la boleta única de papel
El Gobierno acordó con los dialoguistas y avanzaría en agosto con el proyecto, que deberá volver a Diputados
Gustavo Ybarra
Luego de seis meses de estancamiento y como resultado de sigilosas negociaciones que involucraron a la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de la oposición dialoguista, el Senado está muy cerca de alcanzar un acuerdo para destrabar el tratamiento del proyecto de ley que instaura el uso de la boleta única de papel para las elecciones nacionales.
La iniciativa quedó estancada a principios de enero cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto que había aprobado la Cámara de Diputados a mediados de 2022. A esa propuesta sumaron su apoyo los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos del Frente Renovador de la Concordia.
Sin esos tres votos y con el kirchnerismo decidido a bloquear la sanción de una ley que implemente la boleta única de papel, el proyecto perdió la mayoría absoluta de 37 votos que requiere la Constitución para aprobar una reforma electoral en el Senado. Así, con dos dictámenes apoyados por 36 senadores cada uno, el proyecto nunca pudo llegar al recinto de la Cámara alta.
Según coincidieron dos fuentes legislativas consultadas la solución para sortear el empantanamiento pasaría por aceptar una de las propuestas del dictamen de Silva: la eliminación de la opción del casillero que, con una sola tilde, permite votar la lista completa.
El acuerdo cuenta con el visto bueno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del asesor presidencial Santiago Caputo y se haría público en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en los primeros días de agosto.
De esta manera, el texto volvería modificado en segunda revisión a Diputados, pero alcanzaría la mayoría constitucional para su aprobación en el Senado. Desde la Cámara baja, las bancadas dialoguistas ya habrían dado el visto bueno y garantizarían los votos para aceptar el cambio y sancionar, por fin, la boleta única de papel y aplicarlo en las elecciones de 2025.
Uno de los que trabajó en la búsqueda del consenso que permita destrabar el trámite legislativo de la iniciativa fue el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien en las últimas tres semanas mantuvo reuniones en el Senado y en la Casa Rosada. “Con este cambio en el proceso electoral, vamos a mejorar la calidad de las elecciones: se eliminan las prácticas fraudulentas sobre los votantes, se garantiza la igualdad de oportunidades y de recursos para todas las fuerzas políticas, se ahorra una enorme cantidad de recursos en la impresión de boletas y contribuimos con el cuidado ambiental”, afirmó a la nacion.
En línea con la postura de la oposición dialoguista en Diputados, Abad se opuso a la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que impulsa el Gobierno. “Es necesario defender la participación democrática de las primarias abiertas, que es un sistema que podría mejorarse, pero los cambios no nos pueden llevar al pasado porque antes de las PASO decidían las elites partidarias”, opinó.
La proximidad del acuerdo también fue confirmado desde el entorno de Villarruel. Aseguraron que la propuesta tiene el visto bueno del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaría de Planeamiento Estratégico
Normativo, María Ibarzábal Murphy. En ese sentido, los colaboradores de la vicepresidenta aseguraron que el Poder Ejecutivo aprovechará la ocasión para sugerir algunos cambios, aunque no serían de fondo, que se sumarían a la eliminación del casillero del voto a la lista completa que permitiría vencer la resistencia de los senadores de Río Negro y Misiones.
En sintonía con Abad se manifestó la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro). “Estoy a favor de la boleta única y en contra de eliminación de las PASO”, dijo. Aseguró que “lo que se ahorra con la puesta en práctica de la boleta única se compensa el gasto que implican las primarias, argumento que usa el gobierno para fundamentar su eliminación”. Además, se mostró dispuesta a eliminar el casillero del voto a lista completa “si eso destraba el tema”.
“Más allá del ahorro de dinero la boleta única es un cambio de paradigma porque se pasa de la boleta partidaria a la boleta institucional”, sumó su opinión la radical Mariana Juri (Mendoza). “Casi todo el mundo usa boleta única, sólo cuatro países quedan con el modelo de boleta partidaria”, agregó.

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Pro podría escalar la pelea con Milei si no hay pacto con la Ciudad
Tensión. El jefe porteño se reunirá hoy con Caputo tras el reclamo de Mauricio Macri por los recursos de la coparticipación; evalúan solicitar a la Corte que ejecute la sentencia

Matías MorenoJorge Macri y Luis Caputo se reunieron en abril
La historia del conflicto entre Javier Milei y Pro, el principal aliado de la Casa Rosada, por los fondos de coparticipación para la Ciudad sumará hoy un capítulo clave, con desenlace incierto. A 15 días de que Mauricio Macri exigiera que el Presidente cumpla con el fallo de la Corte Suprema que recompuso los recursos recortados al distrito durante la gestión del kirchnerismo, el jefe porteño, Jorge Macri, se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para negociar un acuerdo y, de esa forma, evitar que la tensa pelea escale en la Justicia o en el Congreso.
Tras forzar un planteo público de su primo para presionar al líder de los libertarios, Jorge Macri, que estará escoltado por Néstor Grindetti y Gustavo Arengo, arribará al encuentro con expectativas moderadas. Está dispuesto a poner fin a la discusión por las buenas o por las malas, a raíz de que la recesión comenzó a afectar la salud financiera de la Ciudad en las últimas semanas. A su vez, el jefe porteño requiere fondos frescos para vigorizar su gestión, cuya performance comienza a inquietar a los altos mandos de Pro, y mitigar los efectos de la crisis económica en el bastión macrista. En junio dejó de percibir unos 70 millones de dólares.
Con ese trasfondo, el jefe porteño va a la cumbre con Caputo con la idea de que la Casa Rosada acatará la sentencia de la Corte y aumentará el flujo diario de recursos de coparticipación que recibe la Ciudad. Si bien la deuda del Poder Ejecutivo nacional con la administración porteña asciende a 1,7 billones de pesos, Jorge Macri y sus colaboradores exigen que el ministro de Economía incremente del 1,4% al 2,95% los fondos que destina al gobierno porteño para solventar la Policía local.
En caso de que Caputo no autorice el incremento del goteo diario, la Ciudad podría retomar la vía legal y reclamar que la Corte ejecute la sentencia que dictó en diciembre de 2022 a favor de la Capital. Jorge Macri tiene la chance de activar esa presentación judicial a través del procurador general porteño, el radical Martín Ocampo.
En el abanico de posibilidades que evaluaron las espadas judiciales de la Ciudad están desde la presentación de una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios de segunda o tercera línea que incumplen la sentencia hasta reforzar los pedidos de embargos a la Nación que se hicieron durante la gestión de Alberto Fernández.
Se trata de jugadas de alto voltaje político que fueron descartadas hasta ahora por el jefe del gobierno porteño, ya que tensionarían al máximo el vínculo entre Milei y Pro en la antesala de la discusión por el armado electoral de 2025, en las que macristas y libertarios podrían confluir. Por eso, Jorge Macri se mueve con extrema mesura. Sin romper puentes que comprometan su situación electoral, apuesta a redoblar la presión ante la opinión pública.
Prudencia en Economía
Los funcionarios que habitan el Ministerio de Economía también lucen prudentes. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones intercambiaron datos oficiales durante los últimos seis meses, pero esas conversaciones no prosperaron ni arrojaron avances concretos. “No hay plata”, repitieron hasta ahora los libertarios. En el entorno de Caputo deslizan que su intención es encontrar una “solución” y lograr un acuerdo. Sin embargo, los libertarios saben que si abren el grifo y benefician a la Ciudad, tendrán que soportar el agobio de gobernadores aliados, sobre todo, de las provincias que reclaman por deudas de las cajas previsionales y sufren una baja de la recaudación impositiva. El propio Macri, quien habló dos veces con Caputo para destrabar las tratativas, ya recibió reproches por su planteo. Le reclaman una actitud federal. “La diferencia es que acá hay un fallo de la Corte y no se está cumpliendo la ley”, insisten los macristas. De hecho, Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro, reflotó el tema en la cumbre que organizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada para discutir la reforma electoral. “Le planteé la necesidad de que se resuelva el tema de la coparticipación de la Ciudad; la inseguridad jurídica es un problema para cualquiera que pretenda venir a invertir”, remarcó Ritondo en su paso por Balcarce 50.
En la cúpula de la Ciudad argumentan que están dispuestos a explorar alternativas para que la Nación cancele la deuda que se acumula desde diciembre de 2022, pero advierten que requieren obtener un resarcimiento urgente, dado que la administración porteña atraviesa una crisis financiera por la caída de la recaudación tributaria y la pérdida de ingresos vinculados al impuesto del 8% de Ingresos Brutos a los intereses de las letras de liquidez (Leliq) de los bancos. Este gravamen lo había diseñado Horacio Rodríguez Larreta para compensar las pérdidas que le generaron la decisión de Fernández de recortar los fondos de la Ciudad para beneficiar a Axel Kicillof. Esa decisión se judicializó por un reclamo de los bancos y llegó a la Corte.
Pese a que mantiene la cautela, Jorge Macri se mostró optimista en la intimidad después de haber conversado con Milei en el palco que se montó sobre la Avenida del Libertador durante el desfile militar por el Día de la Independencia. “Dijimos que íbamos a pagar y lo vamos a hacer”, le transmitieron. No obstante, el alcalde porteño sabe que Milei y Caputo postergan una solución hace siete meses, mientras festejan haber logrado un semestre de superávit fiscal. En junio, por caso, el gobierno nacional consiguió un excedente del 0,4% del PBI. “Unos $88.000 millones de ese superávit son de la Ciudad”, advierten en Pro.

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