JUBILACIONES E INTERVENCIÓN DE LA ANAC

Las jubilaciones tendrán en agosto un aumento de 4,6% y es el quinto reajuste por inflación del año
El haber mínimo rondará los $225.450 y deberá definirse si habrá bono; en ocho meses la suba acumulada, sin considerar el bono, llega a 113,3%

Silvia Stang
Las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses subirán en agosto en un porcentaje cercano a 4,6% –probablemente un 4,58%–, en línea con la inflación de junio. Así, el haber mínimo subirá de $215.580,82 a alrededor de $225.450 y el haber máximo pasará de $1.450.654,81 a $1.517.050. Esas cifras son en bruto; después de descontado el aporte al PAMI quedarán en mano $218.687 y $1.432.790, respectivamente, en caso de no haber otros descuentos, como los de cuotas de moratorias. Los montos consignados son aproximados, ya que no fueron oficializados, y las cifras finales dependen del redondeo de los decimales del índice.
Más allá de ese incremento de los haberes mensuales, ya estipulado en reemplazo de la fórmula trimestral de movilidad usada hasta marzo último, resta conocer ahora qué pasará el mes próximo con el pago del bono para quienes cobran los ingresos más bajos del sistema. Desde marzo se paga un refuerzo de hasta $70.000 mensuales. Si continuara esa política, el ingreso más bajo que cobra un jubilado del sistema contributivo pasaría de $285.580,82 a $295.450, lo que representaría una suba ya no de 4,6%, sino de 3,45%. Si se decidiera discontinuar el bono y no reemplazarlo con otro adicional, en agosto quienes tienen solo un haber mínimo como ingreso previsional percibirían menos que este mes.
El de agosto será el quinto reajuste guiado por la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) que elabora y publica el Indec. Esa dinámica comenzó en abril, por efecto de lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, de marzo de este año.
Con el reajuste de agosto, en los ocho primeros meses del año los haberes habrán tenido un alza nominal de 113,3%. Hasta junio el reajuste fue de 95,75%, un índice superior al 79,8% que acumuló en ese primer semestre la suba de precios del índice general, según se conoció ayer.
La decisión de otorgar subas según el IPC y de dar un incremento extraordinario en abril, junto con la baja de la inflación, permitió que comenzara a revertirse el largo período de pérdida de poder de compra.
Sin embargo, para quienes cobran el mínimo más el bono, la suba acumulada entre enero y junio fue de 72,3%, es decir, inferior a la de los haberes sin el refuerzo, dado el congelamiento que tiene desde marzo esa parte del ingreso. Es decir, en esos casos las recomposiciones no llegaron a empatarle a la inflación.
Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, alrededor de 45% de los jubilados y pensionados del sistema contributivo cobran el bono (no lo perciben quienes tienen jubilación y también pensión).
El reajuste mensual alcanza a las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que en agosto será de alrededor de $183.500. Esos pagos también estarían alcanzados por el bono de $70.000, si se confirmara su pago.
Cobros por hijo
En agosto también aumentarán un 4,58% las prestaciones por hijo. Por un lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a trabajadores desocupados e informales será de aproximadamente $81.010 aunque, en rigor, cada mes se cobra el 80% ($64.808) y el 20% queda condicionado a que se acredite el cumplimiento de requisitos.
También suben en igual porcentaje los montos de las asignaciones familiares del empleo formal, que alcanzan a un grupo de asalariados y de monotributistas. Según el rango de ingresos en el que esté ubicado el hogar, los importes por hijo serían de $40.504, $27.319, $16.521 y $8519.
Y aumentan las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes a la seguridad social.

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Por irregularidades, intervienen la ANAC, un reducto de La Cámpora
Una auditoría de la autoridad aérea de Estados Unidos dejó al país al borde de una baja de la calificación del sistema; duro golpe a los cielos abiertos

Diego CabotLa Argentina logró 37% de cumplimiento en seguridad operacional
Fue uno de los reductos preferidos de La Cámpora, por varias razones: buenos sueldos, viáticos, viajes al exterior y penetración territorial al punto detener representación en cada lugar donde hay un aeropuerto. Con semejantes características, los exjóvenes kirchneristas se frotaban las manos cuando empezaron a manejar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El año pasado los sorprendió una auditoría que mostró enormes irregularidades, el mundo aéreo tomó nota y la Argentina está a punto de bajar una categoría en materia aerocomercial. Hoy, el Gobierno intervino el organismo, urgido por los tiempos, para intentar frenar la mala nota. En medio quedó una factura por desidia, mala gestión, puestos políticos, acomodos y falta de conocimiento. Llegó la hora de pagarla, quizá, de la peor manera ya que un descenso en la nota del país (de categoría 1 a 2) sería un impacto bajo la línea de flotación de los mentados “cielos abiertos”.
Lo que sucedió es la intervención de la dependencia oficial encargada de la seguridad operacional del sistema aéreo local. “Dispónese la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, por el plazo de 180 días corridos. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo”, dice el decreto que se conoció ayer.
Pero más allá de la letra de la norma, en realidad, lo que el Gobierno hizo es construir una suerte de contrafuego para intentar salvaguardar la calificación del sistema argentino antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) de los Estados unidos baje la nota, algo que a la Argentina ya le sucedió en 2002, después de una auditoría en la que quedó expuesta la baja calidad de la operación local. Entonces, fueron dos años de fuerte trabajo y finalmente, el sistema regresó a su anterior lugar en 2005.
En la práctica, perder la categoría significa que se toma una foto actual que funciona como el universo de lo “permitido”, algo así como no innovar. No se puede sumar ningún servicio más, ni tampoco autorizar que ninguna empresa americana llegue al país, o que alguna Argentina quiera volar a Estados Unidos. Los servicios actuales se mantienen, pero ni siquiera se puede cambiar el tipo de avión. Claro que tiene efecto solo para el mercado americano, pero tal es la influencia de la FAA que todos los organismos del mundo la toman como referencia. Un golpe letal a los cielos abiertos.
Veinte años después, todo el mercado está al borde del abismo. Esta vez, se trata de pagar las consecuencias de la gestión de La Cámpora, que repartió amigos y funcionarios por todo el sector aerocomercial. De hecho, en la ANAC estaba Paola Tamburelli, un alfil de la organización kirchnerista, amante de los viajes al exterior, que, pese a haber dejado la dirección, aún se mantiene en la nómina de empleados con la categoría A, la más alta en el escalafón del organismo. Aún está al resguardo de la motosierra.
El antecedente más cercano es de 2005, cuando se levantó la categoría. El ascenso se dio por una razón práctica: el presidente George Bush (hijo) tenía que viajar al país en 2005 a la Cumbre de las Américas. Tal fue la alevosía de la coincidencia temporal que el entonces canciller Rafael Bielsa definió como “una afortunada coincidencia” el hecho de que este cambio aconteciera a pocos días del inicio de la reunión de mandatarios que ocurriría en noviembre de ese año.
La historia de este regreso al banquillo de los acusados, que involucra a Tamburelli, ocurrió durante 2022, cuando se llevó a cabo la Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional realizada por la Organización de Aviación Internacional (OACI), uno organismo de las Naciones Unidas. El tema, claro, fue el rutinario informe sobre el sistema aeronáutico, que tenía que evaluar el nivel de cumplimiento efectivo de la Argentina de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo. Un dato más: la funcionaria camporista, como se dijo, amante de los viajes al exterior, tenía una silla en la OACI, lugar al que viajaba con frecuencia y que se ubica en Quebec, Canadá.
¿Qué sucedió con el informe? “Como resultado de esa evaluación, la ANAC ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 60,47%, resultado que se encuentra por debajo del promedio mundial”, reconoció el Gobierno en los considerandos del decreto.
La calificación fue una catástrofe. “Las ocho áreas evaluadas, Organización de la Aviación Civil arrojó un nivel de cumplimiento de 41.67%, mientras que en Operaciones, asociada al cumplimiento de los estándares internacionales en relación con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue de 37,29%”, sentenció la norma.
El nivel de incumplimiento generó que la FAA realizara una inspección en abril, luego de varios pedidos de prórroga, “detectando novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga al país”, se lee en el decreto publicado.
Antes de que sea tarde, se optó por la tangente: intervenir el organismo. Dicen que tienen tiempo hasta septiembre, es decir, muy poco. Intentarán negociar un plazo mayor antes de que el aplazado se imprima en el sistema aerocomercial local, un duro golpe a la política de cielos abiertos
La sanción implica que no se puedan habilitar nuevas frecuencias a EE.UU.
En 2002, la Argentina perdió la categoría y la recuperó en 2005

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