Un decreto permitirá que las propinas se puedan pagar con medios electrónicos
Lo vienen negociando Sturzenegger, cámaras empresarias y gremios; se mantendrá optativa y no será parte del salario
Maia Jastreblansky
El Gobierno viene anunciando una agenda muy pretenciosa para los próximos meses, pero en los papeles tiene avanzados solo algunos asuntos puntuales. Una de las iniciativas que ya tiene cuerpo y que podría salir vía Boletín Oficial en los próximos días es la vinculada al pago de propinas con medios electrónicos, un cambio con impacto en la vida cotidiana que busca paliar la falta de efectivo en la calle y que acarreó una discusión con el gremio de los gastronómicos y con las cámaras del sector. Se trata de uno de los miles de proyectos que tiene en carpeta el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que ya tiene avanzado su periplo burocrático para tomar forma de decreto de necesidad y urgencia.
Por sus implicancias, en el trámite está participando el Banco Central (BCRA). Según pudo saber en la idea colaboró el exvicepresidente de esa entidad Lucas Llach, un economista que no es funcionario pero siempre trabajó cerca de Sturzenegger y estuvo muy abocado a todo lo referido a pagos por vías electrónicas.
El Gobierno quiere cambiar regulaciones para permitir que la propina que se les ofrece a mozos y otros trabajadores de comercios se pueda incluir en el ticket y que pueda abonarse con tarjeta de débito, de crédito o con billeteras electrónicas. Actualmente, la mayoría de los comercios no permiten este mecanismo debido a que la Ley de Contratos de Trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. Por eso, los empleadores pretenden que se pague en negro, cash, para que no impacte en las indemnizaciones.
La gestión de Milei quiere cambiar esa norma para que la propina ya no sea considerada parte de la remuneración. Según pudo reconstruir la na
cion, el decreto que está elaborando el Gobierno propone dos mecanismos: que los trabajadores puedan tener una “cuenta propina” en donde automáticamente sea depositado este concepto por cada pago, o que sea el empleador el que tenga una CBU especialcuyosdepósitosluegoseandistribuidos de forma equitativa entre los empleados. Esta segunda opción es la que prefieren los sindicatos.
Fuentes oficiales aclararon que la propina no pasará a ser obligatoria, como ocurre en algunos países, sino que seguirá siendo opcional. La idea es que este tipo de pagos no queden impactados por el impuesto a los débitos y créditos, de modo que los montos lleguen sin descuentos a los bolsillos de los empleados.
Un punto que está en evaluación es el de fijar en el decreto la prohibición expresa de que los sindicatos gastronómicos reciban algún tipo de comisión por estos pagos electrónicos. Funcionarios del Gobierno mantuvieron conversaciones en las últimas semanas con las cámaras y los gremios de gastronómicos. Hubo contactos con la rama que conduce Luis Barrionuevo y con la que comanda su excuñado, Dante Camaño, ahora enfrentados.
Según pudo saber el secretario gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Juan José Bordes, mantuvo una reunión con colaboradores de Sturzenegger. Sobre la mesa, se colocó un borrador del decreto para que el gremio hiciera observaciones. Desde Uthgra pusieron énfasis en que los movimientos bancarios por el pago de propinas no fueran impactados por impuestos.
Los gremios habían llevado esta problemática al Congreso, ya que Julio Cobos venía trabajando un proyecto. Pero la gestión de Milei quiere acelerar el tema por decreto. La norma no saldrá exactamente en la misma línea que reclamaba Barrionuevo. El gremialista –que en la campaña volcó recursos para apoyar a Milei y luego se despegó– pretendía que la propina fuera obligatoria y de entre el 14% y el 18% de la cuenta, según el nivel y categoría del establecimiento. Sin embargo, en Casa Rosada son tajantes y aseguran que las propinas seguirán siendo voluntarias.
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Barra dictaminó que la información sobre los perros de Milei “es privada”
El procurador del Tesoro concluyó que el Gobierno no está obligado a responder los pedidos de información
Rodolfo Barra
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado, dictaminó que el Gobierno no está obligado por la ley de acceso a la información pública a brindar datos sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos.
Sostuvo que deben rechazarse las consultas sobre el tema -que consideró “banales”- y dijo que los caniles construidos en la residencia los pagó el Presidente de su bolsillo.
Sus perros -a quien Milei llama sus hijos de cuatro patasfueron siempre un tema especialmente sensible para el Presidente. Y es un asunto que genera interés incluso fuera de la Argentina.
En mayo, un informe de CNN Español contó cómo fue el proceso de clonación por el que Milei pagó US$50.000 para replicar genéticamente a su difunto perro Conan y que, como resultado, obtuvo cinco ejemplares de mastín inglés.
La situación y los gastos que generan los perros motivaron además diversos pedidos de acceso a la información pública.
El martes pasado, Barra respondió a una consulta de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, que le pidió a Barra que analizara el encuadre jurídico de dichos pedidos para saber si debían o no ser contestados.
Barra fue categórico. En primer término, destacó que, según la información que recibió, los gastos que generaron los perros del Presidente no corrieron por cuenta del Tesoro Nacional, pero además afirmó que la información solicitada es un aspecto de la vida privada del Presidente y no afecta al interés público.
Pero Barra fue todavía más allá. “La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”.
Barra se refirió a los gastos que implicó el desembarco de los perros. ”En todos los casos las áreas competentes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informaron que los gastos vinculados con el acondicionamiento del Sector Casa sustentable, para ser utilizado para caniles y/o los relacionados con el cuidado y manutención de las mascotas, no fueron abonados con fondos del Tesoro nacional”.
Barra destacó que el acceso a la información pública (ley 27.275) tiene raigambre constitucional, promueve la “participación ciudadana” y la “transparencia” en la gestión pública. “Consiste en la prerrogativa que tiene todo individuo de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan, así como el destino que otorgan al dinero público. La información no es propiedad del Estado, sino que pertenece a los ciudadanos”, precisó.
No obstante, indicó que los pedidos recibidos por la secretaría de Karina Milei van en contra del espíritu de la ley.
“La consulta que motiva esta intervención -explica Barratiene como antecedente las numerosas peticiones dirigidas a conocer ciertos aspectos vinculados a las mascotas del Presidente de la Nación, tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia presidencial -fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros-, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)”.
“Admitir este tipo de solicitudes -sostuvo Barra- importaría un notorio apartamiento del espíritu y la letra de la ley, con consecuencias no deseables a la luz del objetivo que persigue el régimen, llevando al absurdo de procesar por dicho procedimiento, pedidos que no involucran cuestiones públicas ligadas a la actividad estatal.”
“La información a la que se hace referencia en el objeto de la consulta no califica como pública, no se justifica su divulgación”, dijo Barra.
Barra cerró: “La información que se solicita se refiere a un aspecto de la vida privada y familiar del Señor Presidente de la Nación; y si bien la Residencia Presidencial de Olivos es una instalación pública, también es el hogar temporal del Presidente y la privacidad de este espacio debe ser respetada”.
“La banalidad misma de la cuestión impone el rechazo del pedido”
El Gobierno viene anunciando una agenda muy pretenciosa para los próximos meses, pero en los papeles tiene avanzados solo algunos asuntos puntuales. Una de las iniciativas que ya tiene cuerpo y que podría salir vía Boletín Oficial en los próximos días es la vinculada al pago de propinas con medios electrónicos, un cambio con impacto en la vida cotidiana que busca paliar la falta de efectivo en la calle y que acarreó una discusión con el gremio de los gastronómicos y con las cámaras del sector. Se trata de uno de los miles de proyectos que tiene en carpeta el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que ya tiene avanzado su periplo burocrático para tomar forma de decreto de necesidad y urgencia.
Por sus implicancias, en el trámite está participando el Banco Central (BCRA). Según pudo saber en la idea colaboró el exvicepresidente de esa entidad Lucas Llach, un economista que no es funcionario pero siempre trabajó cerca de Sturzenegger y estuvo muy abocado a todo lo referido a pagos por vías electrónicas.
El Gobierno quiere cambiar regulaciones para permitir que la propina que se les ofrece a mozos y otros trabajadores de comercios se pueda incluir en el ticket y que pueda abonarse con tarjeta de débito, de crédito o con billeteras electrónicas. Actualmente, la mayoría de los comercios no permiten este mecanismo debido a que la Ley de Contratos de Trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. Por eso, los empleadores pretenden que se pague en negro, cash, para que no impacte en las indemnizaciones.
La gestión de Milei quiere cambiar esa norma para que la propina ya no sea considerada parte de la remuneración. Según pudo reconstruir la na
cion, el decreto que está elaborando el Gobierno propone dos mecanismos: que los trabajadores puedan tener una “cuenta propina” en donde automáticamente sea depositado este concepto por cada pago, o que sea el empleador el que tenga una CBU especialcuyosdepósitosluegoseandistribuidos de forma equitativa entre los empleados. Esta segunda opción es la que prefieren los sindicatos.
Fuentes oficiales aclararon que la propina no pasará a ser obligatoria, como ocurre en algunos países, sino que seguirá siendo opcional. La idea es que este tipo de pagos no queden impactados por el impuesto a los débitos y créditos, de modo que los montos lleguen sin descuentos a los bolsillos de los empleados.
Un punto que está en evaluación es el de fijar en el decreto la prohibición expresa de que los sindicatos gastronómicos reciban algún tipo de comisión por estos pagos electrónicos. Funcionarios del Gobierno mantuvieron conversaciones en las últimas semanas con las cámaras y los gremios de gastronómicos. Hubo contactos con la rama que conduce Luis Barrionuevo y con la que comanda su excuñado, Dante Camaño, ahora enfrentados.
Según pudo saber el secretario gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Juan José Bordes, mantuvo una reunión con colaboradores de Sturzenegger. Sobre la mesa, se colocó un borrador del decreto para que el gremio hiciera observaciones. Desde Uthgra pusieron énfasis en que los movimientos bancarios por el pago de propinas no fueran impactados por impuestos.
Los gremios habían llevado esta problemática al Congreso, ya que Julio Cobos venía trabajando un proyecto. Pero la gestión de Milei quiere acelerar el tema por decreto. La norma no saldrá exactamente en la misma línea que reclamaba Barrionuevo. El gremialista –que en la campaña volcó recursos para apoyar a Milei y luego se despegó– pretendía que la propina fuera obligatoria y de entre el 14% y el 18% de la cuenta, según el nivel y categoría del establecimiento. Sin embargo, en Casa Rosada son tajantes y aseguran que las propinas seguirán siendo voluntarias.
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Barra dictaminó que la información sobre los perros de Milei “es privada”
El procurador del Tesoro concluyó que el Gobierno no está obligado a responder los pedidos de información
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado, dictaminó que el Gobierno no está obligado por la ley de acceso a la información pública a brindar datos sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos.
Sostuvo que deben rechazarse las consultas sobre el tema -que consideró “banales”- y dijo que los caniles construidos en la residencia los pagó el Presidente de su bolsillo.
Sus perros -a quien Milei llama sus hijos de cuatro patasfueron siempre un tema especialmente sensible para el Presidente. Y es un asunto que genera interés incluso fuera de la Argentina.
En mayo, un informe de CNN Español contó cómo fue el proceso de clonación por el que Milei pagó US$50.000 para replicar genéticamente a su difunto perro Conan y que, como resultado, obtuvo cinco ejemplares de mastín inglés.
La situación y los gastos que generan los perros motivaron además diversos pedidos de acceso a la información pública.
El martes pasado, Barra respondió a una consulta de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, que le pidió a Barra que analizara el encuadre jurídico de dichos pedidos para saber si debían o no ser contestados.
Barra fue categórico. En primer término, destacó que, según la información que recibió, los gastos que generaron los perros del Presidente no corrieron por cuenta del Tesoro Nacional, pero además afirmó que la información solicitada es un aspecto de la vida privada del Presidente y no afecta al interés público.
Pero Barra fue todavía más allá. “La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”.
Barra se refirió a los gastos que implicó el desembarco de los perros. ”En todos los casos las áreas competentes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informaron que los gastos vinculados con el acondicionamiento del Sector Casa sustentable, para ser utilizado para caniles y/o los relacionados con el cuidado y manutención de las mascotas, no fueron abonados con fondos del Tesoro nacional”.
Barra destacó que el acceso a la información pública (ley 27.275) tiene raigambre constitucional, promueve la “participación ciudadana” y la “transparencia” en la gestión pública. “Consiste en la prerrogativa que tiene todo individuo de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan, así como el destino que otorgan al dinero público. La información no es propiedad del Estado, sino que pertenece a los ciudadanos”, precisó.
No obstante, indicó que los pedidos recibidos por la secretaría de Karina Milei van en contra del espíritu de la ley.
“La consulta que motiva esta intervención -explica Barratiene como antecedente las numerosas peticiones dirigidas a conocer ciertos aspectos vinculados a las mascotas del Presidente de la Nación, tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia presidencial -fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros-, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)”.
“Admitir este tipo de solicitudes -sostuvo Barra- importaría un notorio apartamiento del espíritu y la letra de la ley, con consecuencias no deseables a la luz del objetivo que persigue el régimen, llevando al absurdo de procesar por dicho procedimiento, pedidos que no involucran cuestiones públicas ligadas a la actividad estatal.”
“La información a la que se hace referencia en el objeto de la consulta no califica como pública, no se justifica su divulgación”, dijo Barra.
Barra cerró: “La información que se solicita se refiere a un aspecto de la vida privada y familiar del Señor Presidente de la Nación; y si bien la Residencia Presidencial de Olivos es una instalación pública, también es el hogar temporal del Presidente y la privacidad de este espacio debe ser respetada”.
“La banalidad misma de la cuestión impone el rechazo del pedido”
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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