Petri incorpora a hijos de dos militares víctimas de la guerrilla
DEFENSA. Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure se suman al área de Derechos Humanos del ministerio
Mariano de Vedia
Con el fin de “contar la historia completa” y ayudar a que las víctimas del terrorismo tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación, los hijos de dos militares asesinados por la guerrilla durante la vigencia de gobiernos constitucionales, se incorporaron el 1 de julio a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Se trata de Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, que tienen un largo recorrido en las denuncias sobre la visión sesgada que rigió en torno de los derechos humanos durante el kirchnerismo. Sus padres –el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el coronel Augusto del Valle Larrabure– fueron secuestrados durante los ataques del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al regimiento de Azul, en enero de 1974, y a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, en agosto de ese año, y asesinados con alevosía tras el largo cautiverio.
Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure fueron convocados por el ministro de Defensa, Luis Petri, y asesorarán al director de Derechos Humanos del ministerio, el abogado Lucas Miles Erbes. Ambos están compenetrados con la prédica de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien insiste en la necesidad de una mirada completa sobre lo que pasó en los años 70 en la Argentina.
“Van a colaborar en los contenidos formativos para los integrantes de las Fuerzas Armadas relacionados con los valores que transmitieron sus respectivos padres desde el cautiverio, como ejemplos de vida y de amor a la patria”, explicaron cerca de Petri. El trabajo en los contenidos formativos se orientará, principalmente, a los institutos de formación de los militares, lo que probablemente entre en colisión con programas que se desarrollaron en los años del kirchnerismo.
“Varias veces, Petri dijo que quiere la historia completa. Durante muchos años se miró con la historia sesgada y el ministro está empeñado en que se termine de completar”, explicó Ibarzábal a la nacion. Anticipó que se manejarán “con la verdad, sin ideologizar ni adoctrinar. Vamos a esclarecer la historia que se venía relatando”.
“Apuntamos a que la gente conozca la historia completa. Durante muchos años se hizo todo lo posible para que la verdad no llegara a la gente. Los sub-45 no vivieron estos hechos”, señaló Larrabure.
No tendrán competencia sobre la situación de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, la mayoría de los cuales enfrentan prisiones preventivas prolongadas (algunas llevan más de 15 años), largos procesos sin definición, con problemas graves de salud y edades avanzadas. “Es un tema tabú, que corresponde a la Justicia y a otros resortes del Estado”, dijo Ibarzábal. “No estamos pensando en eso. Sí queremos que mínimamente se respeten los derechos humanos que tienen”, agregó.
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Un grupo mapuche debe desalojar tierras tomadas en el Parque Los Alerces
USURPACIÓN. Los ocupantes se resisten a retirarse; hoy la Justicia podría definir el desalojo; los acusan de agredir a guardaparques
Con el fin de “contar la historia completa” y ayudar a que las víctimas del terrorismo tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación, los hijos de dos militares asesinados por la guerrilla durante la vigencia de gobiernos constitucionales, se incorporaron el 1 de julio a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Se trata de Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, que tienen un largo recorrido en las denuncias sobre la visión sesgada que rigió en torno de los derechos humanos durante el kirchnerismo. Sus padres –el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el coronel Augusto del Valle Larrabure– fueron secuestrados durante los ataques del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al regimiento de Azul, en enero de 1974, y a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, en agosto de ese año, y asesinados con alevosía tras el largo cautiverio.
Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure fueron convocados por el ministro de Defensa, Luis Petri, y asesorarán al director de Derechos Humanos del ministerio, el abogado Lucas Miles Erbes. Ambos están compenetrados con la prédica de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien insiste en la necesidad de una mirada completa sobre lo que pasó en los años 70 en la Argentina.
“Van a colaborar en los contenidos formativos para los integrantes de las Fuerzas Armadas relacionados con los valores que transmitieron sus respectivos padres desde el cautiverio, como ejemplos de vida y de amor a la patria”, explicaron cerca de Petri. El trabajo en los contenidos formativos se orientará, principalmente, a los institutos de formación de los militares, lo que probablemente entre en colisión con programas que se desarrollaron en los años del kirchnerismo.
“Varias veces, Petri dijo que quiere la historia completa. Durante muchos años se miró con la historia sesgada y el ministro está empeñado en que se termine de completar”, explicó Ibarzábal a la nacion. Anticipó que se manejarán “con la verdad, sin ideologizar ni adoctrinar. Vamos a esclarecer la historia que se venía relatando”.
“Apuntamos a que la gente conozca la historia completa. Durante muchos años se hizo todo lo posible para que la verdad no llegara a la gente. Los sub-45 no vivieron estos hechos”, señaló Larrabure.
No tendrán competencia sobre la situación de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, la mayoría de los cuales enfrentan prisiones preventivas prolongadas (algunas llevan más de 15 años), largos procesos sin definición, con problemas graves de salud y edades avanzadas. “Es un tema tabú, que corresponde a la Justicia y a otros resortes del Estado”, dijo Ibarzábal. “No estamos pensando en eso. Sí queremos que mínimamente se respeten los derechos humanos que tienen”, agregó.
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Un grupo mapuche debe desalojar tierras tomadas en el Parque Los Alerces
USURPACIÓN. Los ocupantes se resisten a retirarse; hoy la Justicia podría definir el desalojo; los acusan de agredir a guardaparques
Paz García Pastormerlo
Uno de los ingresos al Parque Nacional Los Alerces
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Justicia Federal podría definir hoy el desalojo de un grupo mapuche que desde 2020 mantiene ocupada una seccional del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.
Si bien el 11 de julio pasado venció el plazo que la Administración de Parques Nacionales (APN) le dio a los miembros de la comunidad, la decisión se postergó por la feria judicial.
“El plazo de 30 días se venció el 11 de julio, ya que lo hicimos originalmente el 11 de junio”, indicaron ayer a desde la Administración la nacion de Parques Nacionales.
La feria judicial termina hoy. La ocupación de la seccional El Maitenal en el parque Los Alerces originó un proceso judicial que tiene como imputados a dos miembros de la comunidad Paillako: Cruz Cárdenas y María Belén Salinas, que pertenecen a la lof Paillako. “Desde Parques Nacionales pedimos el desalojo del predio que Cárdenas y Salinas ocupan ilegalmente desde 2020. Todos estos años han respondido con intimidaciones y acciones violentas contra guardaparques y fuerzas de seguridad”, sumaron desde la institución.
La ocupación de la seccional tuvo varios momentos candentes en estos años. Durante el último verano, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por el incendio que durante semanas estuvo fuera de control en el Parque Nacional Los Alerces y que arrasó con más de 2.400 hectáreas de bosque.
A su vez, por esos días, el mandatario puso el foco en la toma que la comunidad mapuche Paillako mantiene desde diciembre de 2020. “En este momento hay una toma en el parque, que es un delito, más allá de que tenga o no que ver con el incendio”, aseguró el gobernador chubutense.
Además, algunos dueños de viviendas que se quemaron en otros incendios dentro de ese parque nacional han señalado como “autor intelectual” de los focos a Cruz Cárdenas.
“Mi familia vivió acá desde siempre antes de que este lugar sea de Argentina. Ese fuego lo iniciaron con intención. Me apuntan a mí por el estigma que hay hacia los mapuches”, indicó recientemente Cárdenas. En diálogo , Laura Taffetani, abogada de la causa Paillako, contó que se trata de un caso “bastante particular porque, en realidad, muchos de los integrantes de la comunidad Paillako son hijos de las familias llamadas pobladoras, que se asentaron allí antes de la creación de Parques en la década de 1930”. Hace unas semanas, el presidente de la APN, Cristian Larsen publicó en X un video en el que se lo escucha a Cárdenas gritarle a unos gendarmes: “No tienen que ayudar a Parques, nos está quitando nuestro territorio”. En su posteo, Larsen indicó: “Esta persona violenta autoproclamada mapuche desconoce la ley, la autoridad y la soberanía nacional. No nos van a amedrentar, la justicia está avanzando en la demanda judicial de desalojo de Cruz Cárdenas. En el Parque Nacional Los Alerces va a flamear sólo la bandera argentina”.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Justicia Federal podría definir hoy el desalojo de un grupo mapuche que desde 2020 mantiene ocupada una seccional del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.
Si bien el 11 de julio pasado venció el plazo que la Administración de Parques Nacionales (APN) le dio a los miembros de la comunidad, la decisión se postergó por la feria judicial.
“El plazo de 30 días se venció el 11 de julio, ya que lo hicimos originalmente el 11 de junio”, indicaron ayer a desde la Administración la nacion de Parques Nacionales.
La feria judicial termina hoy. La ocupación de la seccional El Maitenal en el parque Los Alerces originó un proceso judicial que tiene como imputados a dos miembros de la comunidad Paillako: Cruz Cárdenas y María Belén Salinas, que pertenecen a la lof Paillako. “Desde Parques Nacionales pedimos el desalojo del predio que Cárdenas y Salinas ocupan ilegalmente desde 2020. Todos estos años han respondido con intimidaciones y acciones violentas contra guardaparques y fuerzas de seguridad”, sumaron desde la institución.
La ocupación de la seccional tuvo varios momentos candentes en estos años. Durante el último verano, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por el incendio que durante semanas estuvo fuera de control en el Parque Nacional Los Alerces y que arrasó con más de 2.400 hectáreas de bosque.
A su vez, por esos días, el mandatario puso el foco en la toma que la comunidad mapuche Paillako mantiene desde diciembre de 2020. “En este momento hay una toma en el parque, que es un delito, más allá de que tenga o no que ver con el incendio”, aseguró el gobernador chubutense.
Además, algunos dueños de viviendas que se quemaron en otros incendios dentro de ese parque nacional han señalado como “autor intelectual” de los focos a Cruz Cárdenas.
“Mi familia vivió acá desde siempre antes de que este lugar sea de Argentina. Ese fuego lo iniciaron con intención. Me apuntan a mí por el estigma que hay hacia los mapuches”, indicó recientemente Cárdenas. En diálogo , Laura Taffetani, abogada de la causa Paillako, contó que se trata de un caso “bastante particular porque, en realidad, muchos de los integrantes de la comunidad Paillako son hijos de las familias llamadas pobladoras, que se asentaron allí antes de la creación de Parques en la década de 1930”. Hace unas semanas, el presidente de la APN, Cristian Larsen publicó en X un video en el que se lo escucha a Cárdenas gritarle a unos gendarmes: “No tienen que ayudar a Parques, nos está quitando nuestro territorio”. En su posteo, Larsen indicó: “Esta persona violenta autoproclamada mapuche desconoce la ley, la autoridad y la soberanía nacional. No nos van a amedrentar, la justicia está avanzando en la demanda judicial de desalojo de Cruz Cárdenas. En el Parque Nacional Los Alerces va a flamear sólo la bandera argentina”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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