UN NUEVO DESAFÍO

Milei vetará la ley por el presupuesto universitario
La oposición se prepara para resistir la medida, como con las jubilaciones
Cecilia Devanna
Con el argumento de reducir el déficit fiscal, el presidente Javier Milei vetará de manera total la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales y que fue sancionada por el Senado de la Nación con más de los dos tercios de los votos. La oposición ya advirtió que está dispuesta a resistir el veto y convocaría a una sesión especial, como sucedió con la ley de movilidad jubilatoria.
Con el argumento de reducir el déficit fiscal, el presidente Javier Milei vetará de manera total la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales y que fue sancionada en la madrugada del viernes por el Senado de la Nación con más de los dos tercios de los votos. “Veto total”, reforzó el Presidente en su cuenta de la red social X (ex-Twitter). Se tratará del segundo veto desde que el líder libertario accedió a la Casa Rosada, el 10 de diciembre pasado.
Por la mañana, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había dicho que el tema estaba en análisis y evitó dar una definición. Lejos de la prudencia de Adorni, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había adelantado casi de inmediato al término de la votación que habría veto presidencial. “Se viene el veto”, anticipó en las redes sociales. Unas horas después el propio Milei confirmó la medida para anular la ley votada en el Congreso. Esto sumará tensión a la reunión de mañana, cuando Milei asistirá al recinto de la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto nacional de 2025.
La ley que sancionó el Senado establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país. Para Milei, atentaría contra la reducción del déficit fiscal.
Una vez recibida la oficialización de la ley por parte del Congreso, el Gobierno tiene 10 días hábiles para torcer la decisión parlamentaria, un punto sobre el que hacían alusión ayer cerca del Presidente. En Balcarce 50 sostenían que el tema universitario, más allá de lo presupuestario, se trata de una pulseada “política”. Apuntaban a que el tema “ya se había hablado y había acuerdo con los rectores, y esto (por la ley) modifica eso”. De las gestiones con los rectores habían participado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. También participó Álvarez de las conversaciones.
En el Gobierno agregaron ayer que no los condiciona la advertencia del sector universitario respecto de una nueva y multitudinaria marcha como la que se registró a fines de abril pasado. “Si quieren marchar, que vuelvan a marchar”, dijo un funcionario libertario, en tono desafiante. La oposición, que no solo adherirá e impulsará la eventual movilización, estaría dispuesta a avanzar con una sesión especial para desafiar el veto de Milei 
El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas, el 30 de agosto, el mandatario vetara la ley de movilidad jubilatoria, que otorgaba una recomposición del 8,1% a los haberes por lo que fue la devaluación de diciembre, además de implementar un nuevo esquema de ajuste.
En el caso del presupuesto universitario, todo indica que la decisión presidencial podría acarrear, efectivamente, un duro revés en las calles para la administración libertaria por aplicar una medida de ese calibre en un tema que motivó, a fines de abril, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.
La ley de financiamiento educativo fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en el que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, con tan solo 10 en contra y una abstención.
Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional. Tal vez Milei se refiera al tema en el Congreso, adonde asistirá mañana, a las 21, para presentar la ley de presupuesto.
La ley sancionada prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación. La cláusula fue introducida en Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de u
Las claves de la normativa
Millones
Según los defensores del proyecto de financiamiento de las universidades, el costo de la medida sería $780.000 millones. Consideran que sería un 0,14% del producto bruto interno (PBI).na supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.
57
Votos a favor La ley de financiamiento educativo fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en el que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan solo 10 en contra y una abstención
Auditoría General

La ley sancionada prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación. La cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados por impulso de la UCR

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La oposición se prepara para resistir el veto a la ley de financiamiento universitario
Los bloques pedirán una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir con la norma, si el Presidente decide no promulgarla; podría repetirse la reciente confrontación por las jubilaciones; la comunidad universitaria podría convocar a una nueva movilización
Laura Serra
Legisladores de la oposición definirán su estrategia ante otro posible veto
Ni bien el presidente Javier Milei estampe su firma en el veto total a la ley que aumenta el financiamiento de las universidades, sectores de la oposición de la Cámara de Diputados solicitarán una sesión especial para insistir en la norma. En paralelo, autoridades y gremios universitarios llamarían a una nueva marcha nacional universitaria para ejercer presión sobre el Gobierno y, sobre todo, para impedir que aquellos legisladores que en su momento apoyaron la ley contradigan ahora su voto, tal como sucedió con la ley jubilatoria.
Milei está decidido a jugar a fondo a riesgo de contravenir una de sus bases electorales –el público joven y estudiantil-, que el 23 de abril pasado se volcó masivamente a las calles en defensa de la educación pública. Más de un millón de personas se movilizaron en aquella oportunidad con un costo político alto para el Gobierno. Empero, el oficialismo cree que podrá neutralizar la ofensiva opositora, tal como lo hizo con la ley jubilatoria, a fuerza de cooptación de votos ajenos para blindar el veto.
La negociación por la ley de presupuesto 2025, que el Presidente presentará este domingo, será una instancia clave en la estrategia oficialista. Los gobernadores, que esperan cobrarse viejas promesas no cumplidas por parte del Poder Ejecutivo –entre obras públicas, subsidios y deudas millonarias con las cajas previsionales no transferidas-, aguardan ansiosos este momento. El financiamiento de las universidades, buena parte de ellas emplazadas en el interior del país, podría ser una de las cartas de negociación entre los gobernadores, ávidos de recursos, y el Poder Ejecutivo, necesitado de votos en el Congreso.
La clave para el éxito del Gobierno será romper aquella homogeneidad que demostró la comunidad universitaria con su enorme capacidad de movilización en la marcha de abril. “La negociación del presupuesto 2025 con los distintos gobernadores y los rectores del interior podría sernos funcional para evitar que sus legisladores volteen el veto”, deslizan en el oficialismo.
La comunidad universitaria analizará la posible convocatoria a una marcha, como la masiva protesta de abril último
Los promotores de la ley quieren, por ello, apurar el tranco y no darle tiempo al Gobierno para dividir el frente universitario. Su problema es que el Presidente tiene diez días para vetarla.
“En cuanto Milei firme el veto habrá diputados de la oposición que pedirán una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir en la ley. Pocos días antes se convocará a una movilización nacional”, indicaron en las usinas del radicalismo que responden a Emiliano Yacobitti -vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y al senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau.
“El veto total a la ley es un destrato absoluto a la comunidad universitaria, a los alumnos, a los docentes, no docentes y un golpe grande al futuro y a la calidad educativa. Por lo tanto, con el mismo convencimiento que trabajé el proyecto que terminó convirtiéndose en ley, voy a intentar insistir con los dos tercios de los votos en una sesión especial”, enfatizó la diputada Danya Tavella, autora de la iniciativa y dirigente enrolada en las filas de Lousteau, en Evolución Radical.
Se descuenta, entonces, que la convocatoria a una sesión especial partirá de ese sector de la UCR, el más crítico del Gobierno. Con Lousteau y Yacobitti como sus rostros más visibles, Evolución tiene a la UBA como base de sustentación política, lo que explica por qué el Gobierno señaló a esta casa de estudios como una de las más opacas a la hora de rendir cuentas sobre los recursos públicos que recibe de la Nación. Yacobitti rechazó la denuncia, preanuncio de la fuerte pulseada que lo tendrá como protagonista, junto con Lousteau, no bien Milei estampe el veto a la ley.
Un escenario impredecible
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara baja en agosto pasado con 143 votos positivos, 77 negativos y una abstención, la del radical mendocino Lisandro Nieri. Se registraron 35 ausentes, de los cuales la mitad responde al bloque kirchnerista. En esa oportunidad, a diferencia de la ley jubilatoria, el proyecto no cosechó dos tercios de los presentes: faltaron solo cuatro votos.
En un eventual caso de insistencia de la ley, el oficialismo deberá nuevamente reunir un tercio de voluntades para blindar el veto. Habrá que ver si en esta oportunidad logra replicar el triunfo que obtuvo el miércoles pasado cuando contó con el apoyo de una quincena de diputados -cinco radicales conversos y una decena de legisladores provinciales- que cambiaron su voto.
Martín Lousteau, junto a Miguel Ángel Lunghi, Emiliano Yacobitti y Danya Tavela
“Esta vez es distinto: la universidad pública es una bandera de nuestro partido”, se ataja uno de los diputados radicales que fue parte del grupo que se retrató con el presidente Milei en las vísperas de la sesión sobre la ley jubilatoria.
Esta misma cautela exhiben en la bancada de Innovación Federal; sus ocho legisladores -que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro- fueron también fervientes impulsores de la ley ante la situación de asfixia presupuestaria de las universidades emplazadas en sus provincias.
“Veremos cómo viene el presupuesto el año próximo”, indican.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anticipó en Radio Mitre que la asignación presupuestaria para las casas de altos estudios para el año próximo tendrá un refuerzo importante, respecto de la de este año, aunque no será exactamente la que reclamaron los rectores.
El funcionario insistió en que el financiamiento que propone la ley “es completamente inviable” y que los sueldos docentes tuvieron un aumento acumulado del 81,44%, por encima del promedio del resto de los trabajadores del Estado.
“Es una burla. Los sueldos de los docentes y no docentes perdieron entre el 35 y el 55% de su poder adquisitivo”, replicó Yacobitti.

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