VETO TOTAL Y EDITORIAL

Veto total, la matriz de jugar siempre al límite
Milei es el resultado de un cambio de época; el 56% del electorado que lo votó en el balotaje lo hizo al menos con un anhelo común: no volver a un pasado tóxico y de decadencia, así lo cree incluso una parte importante del peronismo

Francisco Olivera
Casi ninguno de los diputados radicales que acaban de dar vuelta el voto para impedir el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria parece estar incómodo o al menos sentirse expuesto por el cambio drástico. Al contrario. Hay que escuchar, por ejemplo, al tucumano Mariano Campero, y adivinar que incluso podría subir la apuesta e identificarse todavía más con el pensamiento del Presidente. Esas convicciones nuevas parten de una percepción que el exintendente de Yerba Buena y algún correligionario admiten en privado: la oposición está desprestigiada y, en una sociedad que no acepta grises, resulta más redituable diferenciarse de Lousteau
Milei es el resultado de un cambio de época. El 56% del electorado que lo votó en el balotaje lo hizo al menos con un anhelo común, el de no volver a un pasado tóxico y de decadencia. Así lo cree incluso una parte importante del peronismo, incluidos sus dirigentes, desde Grabois hasta Cristina Kirchner. Alguien de ingreso frecuente en el Instituto Patria le oyó días atrás decir a la expresidenta que, aun si Milei fracasara, lo que viene en la Argentina será distinto a todo. Eso explica que el PJ no tenga líder y, peor, que esté bastante lejos de ungirlo: ni Kicillof ni Quintela ni muchísimo menos Máximo, a quien hasta su madre descarta en voz alta. El primer efecto de este vacío se ve en la calle: hace más de cuatro meses que no hay piquetes.
Este punto de inflexión termina siendo determinante en los pasos que da el Gobierno, avalado todavía por una parte importante de la sociedad que, hasta ahora, al verlo en inferioridad numérica, le tolera bastante más que a otras administraciones, desde exabruptos o enojos presidenciales hasta lo más sensible: un veto legislativo contra un aumento a los jubilados. Es curioso que la debilidad inmunice contra la crítica, pero ocurre. Y a veces, hasta apuntala: fue desde la autopercepción de minoría desde donde, por ejemplo, el kirchnerismo planteó gran parte de sus epopeyas imaginarias. Mañana, cuando presente el presupuesto en el Congreso, Milei hará exactamente lo que anticipó cuando, en campaña, le preguntaban qué haría si no tenía los votos suficientes para gobernar: “Exponer a la casta”. Es el modo en que mejor se siente.
Todas sus apuestas parten de esa matriz. A fondo y sin contención, pero frente a oponentes desgastados. Su conflicto más reciente, el que el Gobierno libra contra los sindicalistas de Aerolíneas Argentinas, tiene esas características. La última vez que la compañía echó a pilotos por una protesta gremial había sido hace 38 años, en 1986, después de una gran huelga que finalizó con la reincorporación de todos. Tampoco parece un escenario fácil esta vez: Aerolíneas Argentinas es un monopolio en varios destinos del país y cualquier conflicto se hará sin alternativas para el pasajero. Si la tensión escala, como promete la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), vendrán también quejas de gobernadores, diputados y senadores.
El Gobierno promete ir a fondo. Despidió anteanoche a dos comandantes y un copiloto porque se negaron a llevar a Estados Unidos un Embraer 190 que, según una decisión firmada por el directorio el año pasado, todavía durante la gestión de La Cámpora, formaba parte de un lote de cuatro aeronaves que la empresa se comprometió a devolver al lessor. Hace seis meses que el avión fue separado de la flota. Los traMilei bajadores se negaron a trasladarlo con el argumento de que ese era el mandato de APLA, justo uno de los mecanismos que la empresa pretende erradicar: hace diez días, en un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió a los empleados sobre la ilegalidad de este tipo de mandatos. ¿Viene entonces un conflicto largo? Nadie lo sabe. Pero ni el Gobierno ni los gremios parecen dispuestos a negociar en estas condiciones.
tiene para estas batallas un tiempo acotado, aunque difícil de determinar. Ha hecho el ajuste más grande de la historia en por lo menos 65 años, pero es probable que no pueda exigir demasiado más sin ofrecer al menos una mejora económica sustancial. Es una urgencia que no tuvo Menem, que venía de una hiperinflación, y que condiciona todo. Hasta el modo en que algunos analistas toman el 4,2% de IPC de agosto, dos céntimos superior al de julio. “Fiero el número”, reaccionó en Twitter Fernando Marull no bien vio el comunicado del Indec.
Además, la misma fragilidad que puede reportarle al Gobierno respaldo de la sociedad en los conflictos resulta al mismo tiempo disuasoria de lo que podría facilitarle el despegue definitivo: la inversión. La Argentina tiene todavía un riesgo país acorde con sus reservas negativas, sus 20 diputados y sus 6 senadores. Y el repunte de la actividad parece por ahora bastante precario. El martes, en su encuentro semanal, y antes de que llegara Daniel Tillard, presidente del Banco Nación e invitado al almuerzo, la Unión Industrial Argentina mostró cifras preliminares de la producción de agosto que no permiten aún dar por terminada la recesión: hay varios sectores rezagados o que después de un respiro en julio han vuelto a caer. El mismo día, la Asociación Empresaria Argentina analizó en sus oficinas y con técnicos de PwC los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estaban Luis Pagani (Arcor), Alberto Hojman (BGH), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Martín Brandi (Petroquímica Comodoro Rivadavia) y Martín Castelli (Blue Star Group), entre otros, y la coincidencia volvió a ser la cautela con el instrumento: el RIGI es un esquema particular para quienes cumplan determinados requisitos durante un tiempo limitado, pero los empresarios quisieran que el Gobierno avanzara hacia una menor presión impositiva para todos. Ver para creer.
La Argentina está todavía lejos de una recuperación en V y, en todo caso, más cerca del dibujo en forma de sonrisa que, sobre la base de las últimas cuatro reactivaciones, viene proyectando hace tiempo Fausto Spotorno. Será un proceso paulatino que obligará al Gobierno no solo a elegir muy bien las peleas que da, sino los negociadores con que cuenta. Anteanoche, no bien se sancionó la ley de financiamiento universitario en el Senado, en el oficialismo se preguntaban si cabría un veto presidencial similar al de la movilidad previsional. No hay que olvidar que la marcha universitaria de abril fue hasta ahora la única convocante de la oposición. Mientras, ayer por la mañana, el vocero Manuel Adorni decía que eso estaba bajo análisis, por la tarde Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, seguía siendo ambiguo: “La última palabra sobre el veto la tiene el Presidente @JMilei, como corresponde”. Pero fue un suspenso breve porque, una hora después, entre las respuestas al posteo, apareció la de Milei: “Veto total”, escribió. Otra jugada al límite y sin red. La ventaja de sentir, hasta ahora, que el adversario no aparece.
Ni el Gobierno ni los gremios parecen dispuestos a negociar en estas condiciones

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Una escandalosa historia sin fin
La improvisada y negligente expropiación de YPF amenaza con generar costos todavía más gravosos para el Estado argentino en la Justicia neoyorquina
Lo de YPF es una historia sin fin. Una expropiación improvisada dejó consecuencias enormemente gravosas que no paran de crecer en el pasivo del país. Más que paradójico, es triste ver el enorme esfuerzo fiscal de la sociedad argentina empañado por una sentencia adversa de 16 mil millones de dólares, que sigue aumentando su perjuicio a instancias de la acción procesal de los grupos de inversores reclamantes.
Repasemos el escenario. La decisión de la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York fue apelada. Para evitar que los acreedores puedan ejecutar la sentencia en contra de la Argentina, se ordenó que se den en garantía las acciones que el Estado ostenta en YPF. Al no hacerlo, el país quedó expuesto a acciones procesales de agresión a su patrimonio mientras se decide la suerte de la apelación.
El plan de los acreedores en ese nivel de ejecución de la sentencia tiene hasta ahora dos puntales. Uno es el argumento del alter ego, por el que básicamente sostienen que tanto YPF como el Banco Central no son ni distintos ni autónomos del Estado argentino, sino meros instrumentos sujetos a su poder de decisión política. Si la jueza lo aceptara, el problema sería de mayor magnitud aún: por empezar, YPF, que fue exonerada de responsabilidad en la sentencia de primera instancia, entraría por esta ventana procesal al juicio; lo que logró evitar la empresa en un principio terminaría siendo desbaratado por una tangente. Por seguir, el Banco Central tendría un doble set de inconvenientes: cualquier proceso de reestructuración de deuda soberana (hay que recordar los casi 20 mil millones de dólares con vencimiento el año entrante) podría ser entorpecido por los acreedores; como beneficio adicional para los reclamantes, podrían intentar embargar las reservas que se acaban de transferir al exterior.
Pero vamos a lo que tal vez más importa. El objetivo mayor de los reclamantes es quedarse con las acciones de YPF. Lo vienen expresando desde hace rato con sus actos procesales. No solo pidieron y lograron que la jueza ordene que sean puestas en garantía de la apelación; poco tiempo después directamente solicitaron que sean dadas como adelanto de cumplimiento de la sentencia. Si se pone en el contexto de los beneficios que el RIGI otorga a la actividad del petróleo y el gas, y se suma la importancia de YPF en ese sector, se entienden con nitidez las aspiraciones de los fondos demandantes. Y si se lo piensa con detenimiento, se cae en la cuenta del perjuicio enorme que puede representar para la Argentina. A los 5 mil millones de dólares que ya pagamos a Repsol por la expropiación, se sumarían mucho más que los 16 mil millones a los que nos condenó la irresponsabilidad de funcionarios como Axel Kicillof; nos veríamos obligados a entregar directamente el activo tal vez más importante del país. Una privatización judicial, sin ningún beneficio.
Un par de datos adicionales para reflexionar, que surgen del segundo puntal de la estrategia de los reclamantes a este nivel de ejecución de sentencia. En el proceso de discovery que se abrió para determinar si YPF y el Banco Central son o no alter ego del Estado argentino, la magistrada neoyorquina acaba de ordenar que altos funcionarios del actual y anteriores gobiernos entreguen toda su correspondencia electrónica, incluyendo mensajes enviados y recibidos por plataformas digitales. Ya se vio en el pasado reciente la potencia que puede tener esta acción, que lleva a que el juicio meta la cola en la política nacional: en un reclamo contra la provincia de Buenos Aires, información de un proceso de discovery fue utilizada hábilmente, amenazando dejar al descubierto cuestiones poco transparentes de algunos funcionarios, como cuantiosas cuentas en el exterior. Bueno para la transparencia (por cierto, aquella que por decreto el Gobierno intenta amordazar), malo para la estrategia de defensa del juicio.
Hay un último dato. El Departamento de Estado acaba de enviar una nota a la jueza Preska para que demore la decisión respecto de las acciones de YPF como adelanto de cumplimiento de sentencia. Se trata de algo alentador, pero no determinante: es el Poder Ejecutivo norteamericano quien sugiere que podría apoyar exclusivamente para ese evento al país, pero es la jueza, al fin de cuentas, la que tiene la última palabra.
La improvisación, la negligencia, una nefasta ideología y la desidia profesional en la estatización de YPF nos trajeron hasta acá. Esperemos que no nos siga llevando por una espiral descendente, con costos cada vez más gravosos para el país.

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