La UCR sancionó a 4 diputados que avalaron al Presidente
Fueron desafiliados por respaldar el veto a las jubilaciones
Gustavo Ybarra
La Convención de la UCR decidió desafiliar a cuatro de los cinco diputados que el martes pasado se reunieron con Javier Milei y, un día después, cambiaron su voto para sostener el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones. La sanción alcanza a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. El tribunal de ética del radicalismo analizará sus casos y los de Roxana Reyes y Gerardo Cipollini (que se ausentaron de la votación) para ver si los expulsan. Respondieron con críticas al titular del partido, Martín Lousteau.
La Convención Nacional del radicalismo, órgano “legislativo” del centenario partido, decidió suspender preventivamente las afiliaciones de cuatro de los cinco diputados que la semana pasada se reunieron con Javier Milei en la Casa Rosada y horas después ayudaron al Gobierno a ratificar el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
La información fue confirmada a por Gastón Manes, presidente LA NACION de la Convención, y los legisladores castigados son Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén), que, al votar en contra de que la Cámara baja insistiera en la ley que había sancionado el Congreso, dejaron firme el veto de Milei que frenó el aumento jubilatorio. El correntino José Tournier, quinto miembro del grupo de los conversos, integra el bloque radical, pero no está afiliado al partido.
La decisión fue tomada por la mesa de conducción de la Convención Nacional, encabezada por Manes y el secretario general, Hernán Rossi, que decidió elevar los casos de los legisladores al Tribunal Nacional de Ética del radicalismo, para que analice su situación.
El paso no es menor, ya que las sanciones podrían llegar hasta la expulsión del partido. El órgano partidario tomó la determinación en virtud del artículo 53 de la carta orgánica partidaria, que lo faculta para denunciar “fallas en la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando por su investidura lesionen la dignidad del partido”.
La mesa ejecutiva de la Convención también puso bajo análisis del tribunal disciplinario los casos de los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipollini (Chaco) para ver si sus conductas encuadran también en el artículo 53 de la carta orgánica de la UCR. Reyes y Cipollini no votaron para sostener el veto de Milei, pero se ausentaron de la sesión del miércoles pasado.
El tercer punto de la resolución adoptada ayer por la tarde insta a las autoridades del partido, a los jefes de bloques legislativos y a los gobernadores a conformar una mesa de diálogo con el objetivo de “evitar que se repitan” situaciones como la que protagonizaron los legisladores conversos.
Según fuentes partidarias, la suspensión de la afiliación se tomó por 10 votos a favor y la oposición de los representantes de Mendoza y Misiones. En tanto, la decisión de darle curso al tribunal de ética para que analice los casos de los seis legisladores fue adoptada por 11 votos y la oposición del mendocino Andrés Lombardi, que responde al gobernador de la provincia cuyana, Alfredo Cornejo, de buena sintonía con Milei.
Los cuatro diputados cuya afiliación fue suspendida, junto al correntino José Tournier, fueron claves para que Milei pudiera sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria que había sancionado el Congreso por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas.
Los cinco habían votado a favor del proyecto en junio, cuando la UCR impulsó la iniciativa, pero cambiaron de postura tras visitar, de la mano del libertario Martín Menem, presidente de la Cámara baja, el martes de la semana pasada la Casa Rosada y entrevistarse con el jefe del Estado. Al día siguiente, votaron en contra de la insistencia en la ley e impidieron que Diputados alcanzara la mayoría de dos tercios de los presentes que exige la Constitución para que el Congreso pueda torcer un veto presidencial.
Así lo destaca la resolución de la Convención que, en sus fundamentos, sostiene que los diputados “se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido”.
“Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, agrega el documento.
Por su parte, Reyes y Cipollini se ausentaron de la sesión y también colaboraron, aunque no de manera directa, en el fracaso de la jugada opositora, que pretendía insistir en la sanción de la ley que obligaba al Poder Ejecutivo a reconocerles a los jubilados el 8,1% de inflación nominal de enero (7,2% real de impacto en sus haberes) que la administración Milei no contabilizó cuando dispuso en abril un aumento de las jubilaciones por decreto.
La conducta de los legisladores provocó una nueva crisis interna al interior del radicalismo en general, y de la bancada de diputados en particular, en donde el jefe del bloque, el cordobés Rodrigo de Loredo, mantiene un fuerte enfrentamiento con los sectores del centenario partido que pretenden una postura opositora más dura frente al Gobierno, encabezados por el presidente del Comité Nacional de la UCR, el senador Martín Lousteau.
Ayer, uno de los sancionados, Luis Picat, se hizo eco de un tuit del diputado Martín Arabia (Pro), mano derecha de la ministra Patricia Bullrich. “Cuando Lousteau votó en contra de su bloque, ni lo suspendieron ni lo investigaron. Se ve que el Comité cooptado por el exministro de economía de Cristina tiene una ética selectiva”, disparó Arabia.
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Los súper se pelean con Lanús por el alza de tasas
Afirman que la suba afecta los precios de los productos que se venden en los locales
María Julieta Rumi
Las cadenas se quejaron mediante carteles x
El conflicto entre los supermercados y el municipio de Lanús por la suba de la tasa de seguridad e higiene escaló después de que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) refutara al intendente Julián Álvarez. Ahora, las cadenas colgaron en los locales cartelería en la que indican que, por el aumento, se ven forzadas a aumentar los precios. “En virtud del aumento de la tasa de seguridad e higiene de la municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%”, dicen los carteles.
El conflicto entre los supermercados y el municipio de Lanús por la suba de la tasa de seguridad e higiene escaló después de que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) refutó los dichos del intendente Julián Álvarez. Ahora, las cadenas colgaron cartelería según la cual, en virtud del aumento, se ven forzados a incrementar los precios.
“Estimados clientes: en virtud al aumento de la tasa de seguridad e higiene de la municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%”, dicen en general los carteles que desde ayer se pueden ver en las sucursales de Coto, ChangoMás y Vea en el municipio.
El viernes pasado, el intendente dijo en declaraciones radiales que la tasa de seguridad e higiene que se les cobra a los supermercados no había pasado del 2,36% al 6%, sino que estaba en el 0,3% y ahora iba a quedar en el 0,6%, porque habían eximido a 500 almacenes de barrio y se la habían duplicado a los hipermercados. Sin embargo, ASU sacó un comunicado firmado por Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la entidad, para ratificar que la alícuota de la tasa de seguridad e higiene es de un 6% y no de un 0,6%, como afirma Álvarez.
Como respuesta, ayer salieron con esa cartelería y trabajan en una presentación judicial. “No puede haber una instancia de diálogo con alguien que miente con la alícuota de la tasa en un medio público y no puede haberla cuando se produce un aumento selectivo y desmedido de una tasa que ya era elevada, porque representaba el 2,36% de las ventas. El diálogo seguirá por la vía judicial. Lamentamos haber llegado a esta situación, pero si no la operación en esa localidad se vuelve insostenible”, dijo Martínez
De acuerdo con el director de ASU, la mejor utilidad reciente de los supermercados fue del 2,7% en promedio hace siete años, mientras que ahora hay menos ventas y las tasas licuan la ganancia, llevando a muchos locales a tener una rentabilidad negativa.
“Lo ideal sería que rompieran la masa crítica de contribuyentes a los que han exprimido y que extendieran la base, que es la única posibilidad de bajar impuestos. Pero ese no es el camino que ha decidido tomar la Municipalidad de Lanús”, agregó.
Por último, dijo que la medida del Ministerio de Economía que prohíbe cobrar tasas vía impuestos de servicios no los beneficia, ya que a los supermercados les llega directamente la boleta de la municipalidad que toma por sistema la facturación para aplicar la tasa y que todos los productos ofrecidos sufrirán el incremento del 3,3% porque no hay ninguno que quede fuera de la base imponible.
Conocida la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su perfil de la red social X: “Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien, los supermercados explicitando que la suba de precios es solo en Lanús”.
En tanto, Julián Álvarez le contestó que hace “lobby en favor de los grupos empresarios”. “Mientras el gobierno nacional nos pide a las provincias y municipios que ajustemos y al pueblo que se sacrifique, el ministro de Economía se desespera por pelear los márgenes de ganancias de Coto y los grandes empresarios de este país. ¿Los jubilados para cuando?”, fustigó.
En las últimas semanas, ASU, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llamaron la atención sobre la suba de tasas en los municipios porque –denunciaron– obliga a aumentar los precios y va a contramano de la reciente rebaja del impuesto PAIS a nivel nacional.
El conflicto entre los supermercados y el municipio de Lanús por la suba de la tasa de seguridad e higiene escaló después de que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) refutara al intendente Julián Álvarez. Ahora, las cadenas colgaron en los locales cartelería en la que indican que, por el aumento, se ven forzadas a aumentar los precios. “En virtud del aumento de la tasa de seguridad e higiene de la municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%”, dicen los carteles.
El conflicto entre los supermercados y el municipio de Lanús por la suba de la tasa de seguridad e higiene escaló después de que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) refutó los dichos del intendente Julián Álvarez. Ahora, las cadenas colgaron cartelería según la cual, en virtud del aumento, se ven forzados a incrementar los precios.
“Estimados clientes: en virtud al aumento de la tasa de seguridad e higiene de la municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%”, dicen en general los carteles que desde ayer se pueden ver en las sucursales de Coto, ChangoMás y Vea en el municipio.
El viernes pasado, el intendente dijo en declaraciones radiales que la tasa de seguridad e higiene que se les cobra a los supermercados no había pasado del 2,36% al 6%, sino que estaba en el 0,3% y ahora iba a quedar en el 0,6%, porque habían eximido a 500 almacenes de barrio y se la habían duplicado a los hipermercados. Sin embargo, ASU sacó un comunicado firmado por Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la entidad, para ratificar que la alícuota de la tasa de seguridad e higiene es de un 6% y no de un 0,6%, como afirma Álvarez.
Como respuesta, ayer salieron con esa cartelería y trabajan en una presentación judicial. “No puede haber una instancia de diálogo con alguien que miente con la alícuota de la tasa en un medio público y no puede haberla cuando se produce un aumento selectivo y desmedido de una tasa que ya era elevada, porque representaba el 2,36% de las ventas. El diálogo seguirá por la vía judicial. Lamentamos haber llegado a esta situación, pero si no la operación en esa localidad se vuelve insostenible”, dijo Martínez
De acuerdo con el director de ASU, la mejor utilidad reciente de los supermercados fue del 2,7% en promedio hace siete años, mientras que ahora hay menos ventas y las tasas licuan la ganancia, llevando a muchos locales a tener una rentabilidad negativa.
“Lo ideal sería que rompieran la masa crítica de contribuyentes a los que han exprimido y que extendieran la base, que es la única posibilidad de bajar impuestos. Pero ese no es el camino que ha decidido tomar la Municipalidad de Lanús”, agregó.
Por último, dijo que la medida del Ministerio de Economía que prohíbe cobrar tasas vía impuestos de servicios no los beneficia, ya que a los supermercados les llega directamente la boleta de la municipalidad que toma por sistema la facturación para aplicar la tasa y que todos los productos ofrecidos sufrirán el incremento del 3,3% porque no hay ninguno que quede fuera de la base imponible.
Conocida la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su perfil de la red social X: “Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien, los supermercados explicitando que la suba de precios es solo en Lanús”.
En tanto, Julián Álvarez le contestó que hace “lobby en favor de los grupos empresarios”. “Mientras el gobierno nacional nos pide a las provincias y municipios que ajustemos y al pueblo que se sacrifique, el ministro de Economía se desespera por pelear los márgenes de ganancias de Coto y los grandes empresarios de este país. ¿Los jubilados para cuando?”, fustigó.
En las últimas semanas, ASU, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llamaron la atención sobre la suba de tasas en los municipios porque –denunciaron– obliga a aumentar los precios y va a contramano de la reciente rebaja del impuesto PAIS a nivel nacional.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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