POLÍTICA Y EL COLAPSO DE CUBA

Milei y Kicillof reconsideran sus pasos con Cristina
Daniel Bilotta

El Gobierno encuentra en sus propias limitaciones la principal dificultad para organizar el nuevo orden político que imagina alrededor de los signos de recuperación económica. Un plan ambicioso, abortado a menudo por el modo desaforado con que la administración libertaria pretende sacar ventaja de la crisis que atraviesan el resto de las fuerzas políticas. De las que depende, sin embargo, para que sean viables las reformas que propone. Sus representaciones siguen siendo vitales para que no naufraguen en el Congreso.
Javier Milei estimula a diario ese exceso de entusiasmo que recrea al darwinismo social. En especial, la supervivencia del más apto. Diana Mondino es la víctima reciente de esa regla, adecuada por el oficialismo a la necesidad de interpretar la voluntad del liderazgo presidencial, faro ideológico de este inédito proceso. Dislocamientos como el que le costó el cargo a la excanciller tienen en Cristina Fernández a su reverso en la política doméstica.
Jorge Yoma tuvo que morigerar con un posteo en X la vehemencia de Milei para adherir en esa red a la suspensión de la elección interna del PJ que Ricardo Quintela solicitó a la jueza María Servini. Ministro de Gobierno y apoderado de la lista que encabeza el gobernador riojano, Yoma fue expuesto al modo salvaje y sin protocolo con el que la Casa Rosada ejerce el poder.
Yoma aclaró, sin éxito, que se reunió allí con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por una deuda del gobierno central con La Rioja. Cristina culpa a Kicillof por deambular sin rumbo seguro en ese laberinto. El gobernador se retractó parcialmente de su neutralidad en la interna del PJ. Criticó a Quintela por acudir a la Justicia. La expresidente negocia una lista de unidad que rechaza su oponente.
Cristina le teme a lo que ya conoce. La invariabilidad que algunos le atribuyen a Cubría para congraciarse con el oficialismo de turno. “No es culpa de Chuchi que cambien los gobiernos”, ironizó un avezado dirigente peronista. El tenue cambio no exime a Kicillof de lo que sospecha Cristina: su alianza tácita con Quintela para impedir que sea presidenta del PJ antes del 13 de noviembre, día en que la Cámara Federal de Casación se expedirá sobre su condena en la causa Vialidad.
Pero la solapada amenaza de una intervención en el PJ choca con el interés del Gobierno para que Ariel Lijo llegue antes de fin de año a una Corte ampliada. Lo que implicaría, además, resignar la candidatura de Manuel García-Mansilla y cubrir con mujeres las nuevas vacantes. El atajo para que el kirchnerismo y un sector de la UCR acompañen esas iniciativas.
Esta ingeniería compleja, impracticable sin el consenso de Cristina, es lo que obliga a Milei y a Kicillof a recalcular sus pasos con la expresidenta. El gobernador insistirá en la impostura de su estoica mortificación ante la hostilidad de La Cámpora hasta el desenlace de ese suspenso. Su entorno evita contaminar su imagen con cualquier factor que aliente la división entre él y Cristina ante al electorado más fiel. La base del triunfo que confían en obtener en las elecciones de 2025. Probablemente con la expresidenta de candidata a diputada nacional. Pero llegar a esa instancia dentro de cierto statu quo requiere, además, compatibilizar otras armonías. Es probable que Kicillof haya tocado ese tema con Sergio Massa en el almuerzo que compartieron en La Plata. Quizá para celebrar que Massa esté logrando un nuevo punto de equilibrio en su relación con Jorge D’Onofrio.
El fiscal Álvaro Garganta investiga al ministro de Transporte por supuestas irregularidades en el cobro de infracciones de tránsito registradas por el sistema de fotomultas. Massa habría logrado que D’Onofrio designe a Claudia Rossi en el juzgado provincial de Faltas de Dolores. Algo similar ocurriría con el juzgado de Zárate.
Garganta tendría la investigación a D’Onofrio en modo “caminar”. En la jerga de los fiscales, un intervalo de distensión. Probablemente estimulado por el jury a Garganta desestimado el 25 de septiembre por la Comisión Bicameral de Juicio Político, luego de seis años de espera. Las ausencias de Florencia Arietto, María Fernanda Vázquez y Fernando Compagnoni habrían sido la inestimable contribución de Massa al veredicto de la mayoría que solo rechazó el presidente de la Corte, Daniel Soria.
Arietto es senadora provincial y rompió con Pro para fundar con Joaquín de la Torre un bloque afín a Milei. Vázquez es abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Compagnoni es diputado de Pro por Bahía Blanca. Fue vocal en el directorio que administra el puerto y se le atribuyen vínculos estrechos con Gustavo “el Turco” Elías, a quien algunas versiones vinculan con los intereses opacos que rodean a la actividad portuaria. A pesar de ser un empresario local, esa fama le confiere a Elías proyección internacional. El Papa habría aprovechado la audiencia concedida a Sandra Pettovello para solicitar al Gobierno acciones contra el narcotráfico en esa terminal. El pedido efectuado a la ministra de Capital Humano habría sido ratificado hace dos semanas por un delegado del Vaticano en Buenos Aires. Así lo confirmaron dos fuentes oficiales. No está claro, en cambio, si ese tema figuró en la conversación de hace dos semanas entre Patricia Bullrich y Todd Robinson.
Robinson es subsecretario de la INL, sigla en inglés para la agencia encargada de Asuntos Internacionales en Narcóticos. La INL seguiría con atención todo lo relacionado con la Hidrovía, conformada por los ríos Paraná y Paraguay, cuyo mantenimiento el Gobierno prevé concesionar a través de una licitación. Milei hizo escala en Paraguay a su regreso de los Juegos Olímpicos para reunirse con Guillermo Nielsen. El Presidente le encargó al embajador tratar este tema con el presidente Santiago Peña.
Las mismas fuentes oficiales desmintieron, sin embargo, que siquiera esté en análisis la posibilidad de intervenir los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Dock Sud, como insisten en asegurar especialistas que habrían sido consultados. El artículo 22 del decreto 768/93 faculta una intervención si es afectado el interés público. Este decreto reglamenta la ley de puertos por la que se transfirieron terminales del gobierno nacional al bonaerense a condición de que sean administradas por entes públicos no estatales.
Elgobernadordesignapordecreto a los presidentes de los consorcios. Federico Susbielles y Arturo Rojas fueron intendentes de Bahía Blanca y Necochea luego de administrar sus puertos. Carla Monrabal es una excepción en todos los sentidos. Fue designada por María Eugenia Vidal a pedido de Martín Insaurralde y confirmada por Kicillof a instancias del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Aunque supuestamente está descartada, una audacia de ese volumen en la provincia de Buenos Aires requeriría obtener antes el respaldo de Pro. La tensión entre La Libertad Avanza y Pro por una eventual alianza electoral está al máximo desde anteayer. Pro vació el plenario de comisiones en Diputados y facilitó el dictamen de mayoría por el cual los DNU deben ser ratificados por las dos cámaras del Congreso. Un castigo a Martín Menem por intentar apropiarse de las gestiones de Pro para destrabar el conflicto universitario, asignando mayores recursos a la educación superior en el presupuesto. Y una señal de que el jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, no resignó todavía la posibilidad de suceder a Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados
La tensión entre La Libertad Avanza y Pro por una eventual alianza electoral está al máximo desde anteayer

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El colapso de Cuba
La mayor crisis energética que atraviesa Cuba afectó a la totalidad de la isla: millones de habitantes se quedaron sin electricidad. Los apagones cada vez más prolongados y que venían sucediéndose con mayor frecuencia desde hace tiempo se agravaron con una caída total del sistema eléctrico.
El desperfecto sacó de servicio a la principal central termoeléctrica y arrastró a todo el sistema, obligando a suspender las clases y a paralizar casi totalmente la actividad económica. El dictador Miguel Díaz-Canel admitió que las líneas de electricidad locales están en crisis debido a la falta de combustible y culpó de ello al embargo estadounidense. Lo cierto es que la isla lleva décadas con déficit energético y la fragilidad del sistema se acrecienta con el incremento del gasto de electricidad.
Cuando a los regímenes totalitarios se les consulta por sus fracasos en la gestión pública, como en este caso por los motivos de los apagones, esgrimen como respuesta que son consecuencia de sabotajes externos o ataques del imperio. Otro discurso tan absurdo como alejado de la realidad objetiva.
Es este el peor apagón en Cuba a dos años de que el huracán Ian afectara en 2022 las instalaciones energéticas del occidente, ocasionando otro black out nacional. Los frecuentes cortes dañan la economía cubana –que en 2023 se contrajo un 1,9%– e impulsan el descontento social en una sociedad afectada por una situación económica agravada en los últimos años.
La profunda crisis que enfrenta la isla asfixia la capacidad del gobierno para abastecer de alimentos subvencionados a una población que los recibe desde hace seis décadas. El arroz llega con cuentagotas y productos como el aceite o el café brillan por su ausencia.
Cuba necesita 3000 toneladas mensuales de trigo para mantener la producción del pan racionado, pero en julio y agosto solo pudo adquirir 1000 toneladas, y en septiembre contaba con 600, según las autoridades. Como resultado, esta cartera anunció que reduciría de manera temporal el tamaño del pan subsidiado de 80 a 60 gramos. La desnutrición ha aumentado y la población en general ha perdido peso.
Díaz-Canel advirtió que su régimen no tolerará alteraciones al orden público a raíz de la situación creada por el apagón y, ante la escasez de alimentos, medicamentos y una inflación disparada, anticipó que quienes participen en disturbios serán procesados con el rigor de las leyes revolucionarias.
Los retrocesos en materia de derechos humanos no cesan. La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas denunció que durante septiembre unos 55 presos en 39 prisiones fueron víctimas de al menos 72 violaciones a sus derechos.
Los episodios estuvieron en su mayoría relacionados con casos de hostigamiento y represión (55), mientras que unos 26 tuvieron que ver con denuncias sobre el estado de salud de los reos y la negación de atención médica, otros 18 con el uso de celdas de castigo y 15 con problemas vinculados a la alimentación. Según la ONG, la mayoría de estos hechos fueron perpetrados por agentes del sistema penitenciario y oficiales de la Seguridad del Estado que operan en las prisiones.
El gobierno dictatorial de la isla caribeña hará lo que haga falta para conservar el poder. La comunidad internacional no puede mantenerse callada ante la situación cada vez más agónica en que viven los cubanos y debería redoblar sin dilaciones los esfuerzos para demostrar que los derechos humanos y la dignidad humana son valores que deben ser protegidos ante los abusos de regímenes dictatoriales que solo buscan perpetuarse en el poder.

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