SEMANA CLAVE

Milei podrá manejar discrecionalmente $20 billones si no hay ley de presupuesto
El Gobierno mantiene su intransigencia y las negociaciones con los dialoguistas siguen estancadas; sin norma, las provincias serán las perjudicadas, pero la Nación tendrá mayor margen de maniobra
Laura Serra
Sin ley de presupuesto, este año el Gobierno más que duplicó el gasto y distribuyó partidas, por vía de decretos y de manera discrecional, por $55,6 billones. En 2025 se encamina a hacer lo propio: de no aprobarse la ley, la administración de Javier Milei tendrá vía libre para reasignar recursos por al menos unos $20 billones sin previa autorización del Congreso, en un año electoral.
Al filo del cierre de las sesiones ordinarias en el Congreso, el oficialismo clausuró toda negociación del presupuesto 2025 con los gobernadores aliados de Pro y de la UCR, y dejó abierta la amenaza de prorrogar, por segunda vez, el presupuesto de 2023. Nunca en la historia reciente se apeló a este mecanismo –de por sí excepcional– dos veces consecutivas.
Si bien el Gobierno parece minimizar sus consecuencias, la oposición advierte que, sin ley de presupuesto, al ministro de Economía, Luis Caputo, se le dificultaría un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como también sería una mala señal al mundo inversor.
Al asumir su mandato hace un año, Milei justificó su decisión de prorrogar el presupuesto 2023 en la emergencia económica que había heredado de la gestión de Alberto Fernández, que dejó al país al borde de la hiperinflación. Cuando comenzó su gestión, las partidas de gastos totalizaban $40,2 billones. Por efecto de la inflación –que acumuló a octubre una suba del 107%–, la recaudación excedente le permitió al Gobierno ampliar el presupuesto y más que duplicar el gasto sin aval del Congreso.
En efecto, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Poder Ejecutivo amplió partidas este año por $55,6 billones, llevando el presupuesto vigente a $95,9 billones, un 138,4% de suba respecto del inicial. Aun así, el Gobierno, merced a su política de ajuste y de reordenamiento fiscal, logró a octubre un superávit financiero acumulado de $1,82 billones, en contraste con el déficit de $5,43 billones registrado durante el mismo período del año anterior.
¿Tendrá el Gobierno la misma discrecionalidad en el manejo del gasto el año próximo si prorroga el presupuesto? Sí, pero en menor escala por la baja de la inflación. En 2025 prevé un total de ingresos por $115,2 billones; así está estimado en el proyecto de presupuesto que todavía no se aprobó y que se elaboró sobre un cálculo de inflación del 18% de punta a punta. Ergo, de prorrogarse el presupuesto vigente de 2023 (con el gasto actualizado en $95,9 billones), los excedentes acumularían unos $20 billones.
Este sería el margen de discrecionalidad que tendría el Poder Ejecutivo para asignar partidas si, eventualmente, se prorrogase una vez más el último presupuesto de la gestión de Fernández. La oposición afirma que esta arbitrariedad, en definitiva, tendrá patas cortas, pues, a su juicio, le resultará más perjudicial al Gobierno no tener ley que prorrogar la actual.
Tres puntos claves
El presupuesto que envió Milei a Diputados contiene al menos tres puntos claves que, de no convertirse en ley, quedarían en la nada. Uno de ellos es la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que establece el ajuste por inflación de los haberes. Hoy esa fórmula sigue vigente por el decreto 268/24, que estuvo a tiro de ser rechazado por el Congreso y, además, fue judicializado.
Otro artículo clave del presupuesto 2025 es el que establece la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares. Esta decisión convierte un gasto automático en un gasto discrecional, lo que lo hace ajustable; de allí el interés de Caputo en que se establezca por ley.
El proyecto también incluye un artículo fundamental para la estrategia financiera del ministro: el que replica, a manera de espejo, el decreto 846/2024, el cual flexibiliza las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera. En efecto, ese decreto libera a Economía de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado, permitiéndole avanzar sin autorización del Congreso.
La oposición más dura intentó rechazarlo hace diez días en Diputados, por entender que concede demasiadas atribuciones al Gobierno; sin embargo, a duras penas el decreto logró mantenerse en pie merced a los bloques dialoguistas, que, por orden de sus gobernadores, decidieron no sumarse a la ofensiva. Confiaban en que el oficialismo, a cambio, se mostraría más concesivo en sus demandas en el presupuesto 2025.
Los reclamos de los mandatarios aliados se sintetizan en dos puntos: que la Nación coparticipe recursos tributarios que, insisten, corresponde a las provincias, pero que el Gobierno no reparte o subejecuta. También reclaman que el Gobierno atienda las deudas y garantice el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas a la Anses, un agujero fiscal que desvela a 13 gobernadores.
“Solo reclamamos que se cumpla con las leyes vigentes”, sostienen los gobernadores. Empero, Caputo les bajó el pulgar y dejó trascender que sus reclamos son “inadmisibles” por su costo fiscal, que, según dejó trascender, totalizaría US$3700 millones.Asimismo, en el Gobierno reprochan que los gobernador es“siempre demandan más recursos”, pero son renuentes a discutir las deudas que mantienen con la Nación.
El golpe de gracia a las negociaciones –que hasta ahora tuvieron escasos avances– lo dio el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, cuando el martes pasa- do suspendió la firma del dictamen del presupuesto, a solo diez días de la finalización de las sesiones ordinarias. Un ardid que le permitió al oficialismo neutralizar a la oposición e imponer su pliego de condiciones.
“El presupuesto debe respetar a rajatabla el déficit cero. Solo si es así podríamos convocar a sesiones extraordinarias en diciembre”, desafían desde la Casa Rosada, decidida a que su proyecto sea aprobado prácticamente a libro cerrado.
Los gobernadores aliados intentarán hoy una última negociación; sin embargo, son pocas sus expectativas. “Veremos entrado el año próximo si se mantienen tan intransigentes. No es gratuito no tener ley de presupuesto”, advierten.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mandatarios aliados reclaman ser recibidos en la Casa Rosada
Los dialoguistas presionan para que el oficialismo trate el proyecto de presupuesto y no reconduzca el de 2023

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Los gobernadores “dialoguistas” esperan esta semana concretar una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, encuentro que pidieron para tratar de consensuar la aprobación del presupuesto 2025. Sin embargo, al cierre de esta edición no había nada programado y el presidente Javier Milei se encamina a continuar gobernando sobre la base del presupuesto 2023, lo que le permite un amplio uso discrecional de los fondos.
Los mandatarios venían reuniéndose con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero ahora reclaman un encuentro con los “tres que deciden”, en alusión a Francos y los Caputo.
Mientras los diputados de la oposición intentarán esta semana bloquear el DNU de canje de deuda, los alineados con la negociación de los gobernadores quieren que la Casa Rosada reabra el debate en la Comisión de Presupuesto de Diputados.
Los mandatarios echan mano a un argumento que el Presidente usó durante varios meses, el del Pacto de Mayo. El chubutense Ignacio Torres entiende que plantear una mesa de diálogo ahora va en el mismo sentido de las “reformas” incluidas en el acta firmada en julio en San Miguel de Tucumán, sobre las que nunca hubo avances. “Sería un error que no se apruebe el presupuesto”, ratifica. El viernes estuvo en Córdoba, reunido con su par Martín Llaryora.
Torres y Llaryora coincidieron en la necesidad de descentralizar la recaudación de impuestos que tienen fines específicos –como el delos combustibles– y que no se están aplicando a esos objetivos. “O se descentralizan o se eliminan”, enfatizó el chubutense. Torres participó en un seminario por La Generación Argentina, un espacio destinado a jóvenes líderes políticos.
En esa línea, lo que vienen planteando los mandatarios es que no piden recursos –que es el argumento con que desde la Rosada les rechazan sus propuestas–, sino que el Poder Ejecutivo no está cumpliendo leyes y pactos con fuerza legal. Señalan que si bien el credo del Presidente es el superávit fiscal, “ni los mercados ni el Fondo Monetario Internacional” verán bien dos años consecutivos de presupuesto reconducido.
“Si siguen apretando, vamos por el DNU 846 –dice un legislador nacional que está encolumnado con las negociaciones de las provincias–. Algo de lo que piden les tienen que aceptar porque se trata de leyes, no de dinero extra”. La mayoría de los gobernadores ya presentaron sus iniciativas presupuestarias en sus legislaturas, las que mantienen el recorte de gastos que ya registraron en el año en curso.
Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman $3,6 billones ($3,3 billones son giros corrientes), equivalentes al 3,1% del gasto total. La suba sería del 69,9% respecto del cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%). Un factor clave es la asignación de más recursos para la ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo al que a fines del mes pasado llegaron Caputo y el alcalde Jorge Macri a instancias de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre ese punto pivotean los “dialoguistas”: si con CABA se va a cumplir la ley, ¿por qué no con el resto? Eso corre para la deuda que la Anses mantiene con las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas y con el pago de compensaciones del Consenso Fiscal 2017.
Ante el planteo de que, aun con el presupuesto aprobado, la Nación puede seguir con la actual conducta de no hacer giros comprometidos, cuatro gobernadores coincidieron en que puede ser así, pero “quedan los elementos para ir a la Justicia”. De hecho, ya hay presentaciones judiciales, en especial por las deudas de la Anses, porque tanto la actual gestión como la anterior “incumplieron las normas”.
Así como señalan que con el Pacto de Mayo hubo insistencia de la Casa Rosada, algo similar pasa con el programa de conciliación de deudas que impulsa Caputo.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA