La oposición, a un paso de rechazar el DNU que habilita a Caputo a renegociar deuda
Mañana buscará derogar el decreto 846, clave para la estrategia financiera de Milei
Laura SerraEl ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara de Diputados
Con votos del kirchnerismo, de la UCR disidente y del bloque de Miguel Pichetto, la oposición se prepara para asestarle un duro golpe a la estrategia financiera del gobierno de Javier Milei. La Cámara de Diputados debatirá mañana en sesión especial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 846/24, que habilitó al ministro de Economía, Luis Caputo, a renegociar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso y con requisitos más flexibles que los que establece la ley de administración financiera. El país enfrenta en 2025 vencimientos por 17.285 millones de dólares.
Ante la amenaza cierta de perder esta herramienta, que Caputo ya comenzó a utilizar, el Gobierno activó un operativo de presión sobre los gobernadores para bloquear la sesión, a sabiendas de que la oposición en el Senado también cuenta con los votos para derogar el DNU.
La Casa Rosada ya les hizo saber a las provincias que, si no cooperan, sus pedidos no serán contemplados en el presupuesto 2025. La oposición, en cambio, advierte que el oficialismo frenó hace semanas la discusión de la “ley de leyes”, que prefiere seguir gobernando con el presupuesto 2023 y que solo derogando el DNU 846 obligará al Gobierno a negociar.
El Congreso amenaza con propinarle un duro cachetazo al ministro de Economía, Luis Caputo. Mañana, la oposición en la Cámara de Diputados buscará rechazar el DNU 846/2024 por el cual el ministro pretende flexibilizar las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera; si el kirchnerismo en el Senado avanza en idéntico sentido –como ya anticipó– y voltea el decreto, Caputo se quedará sin la herramienta para sortear, con más facilidad, los duros vencimientos del año próximo.
La oposición advierte que el decreto en cuestión le otorga “superpoderes” al ministro Caputo para los futuros canjes de deuda, ya que lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos e intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso, sostienen.
El escenario para 2025 es complejo. Según los datos de la consultora Quantum, el Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por US$17.285 millones entre capital e intereses, de los cuales el 55% corresponde a títulos públicos y el 45% restante a obligaciones con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.
La preocupación de los opositores –ya advertida por expertos en finanzas– es que, con el decreto, el Gobierno estaría habilitado –por ejemplo– a estirar los plazos de vencimiento de la deuda –por la debilidad de las reservas– ofreciendo títulos con mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de la deuda reestructurada.
Ante este peligro, tanto en el bloque de Encuentro Federal como en el radicalismo crítico del Gobierno proponen rechazar el decreto y, durante la discusión del proyecto de presupuesto 2025 –todavía en ciernes–, reformular el artículo que se refiere a esta cuestión.
“El Poder Ejecutivo podrá realizar reestructuraciones y/o canjes de deuda siempre que no aumente el valor presente de la deuda –es la propuesta de Encuentro Federal–. En cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso”.
Presión sobre los gobernadores
El Gobierno, sin embargo, apuesta a mantener vigente el decreto sin las limitaciones que, sabe, le impondrá la oposición en el presupuesto. Cuando los opositores formalizaron su intención de derogar el DNU este martes, en sesión especial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accionó todas las alarmas para boicotear la ofensiva.
La preocupación del oficialismo es máxima. Los opositores no solo pretenden voltear el decreto 846; en el temario sumaron el proyecto de ley para limitar el uso constitucional del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sobre este último punto el Gobierno no demuestra demasiada
La ley obliga a que la deuda se renegocie mejorando plazos, montos e intereses
Con el DNU 846, Caputo puede canjear títulos y obligaciones a valores de mercado
inquietud, ya que no darían los tiempos parlamentarios para que el Senado sancione la ley (restan tres semanas para que finalice el período ordinario). Además, el Presidente la puede vetar, lo que ya anticipó que hará.
En cambio, el rechazo del DNU 846 sería letal para la estrategia financiera de Caputo. Frente a un pronunciamiento en ese sentido del Congreso, el Poder Ejecutivo nada puede hacer, salvo publicarlo en el Boletín Oficial.
Menem, encargado de frustrar la ofensiva opositora, comenzó por aplicar el manual: presionar a los gobernadores aliados para que sus legisladores no avalen el rechazo del DNU. Por medio de sus voceros hizo trascender que, de lo contrario, las modificaciones que esperan incorporar en el presupuesto 2025 serán ignoradas.
En rigor de verdad, el Gobierno se limitó hasta ahora a recibir las demandas de los mandatarios provinciales dialoguistas, pero no se comprometió a conceder nada todavía.
El petitorio de los gobernadores consta de cinco puntos: que el presupuesto oficialice la transferencia ya acordada de las obras públicas nacionales a las provincias (con los respectivos fondos), que se acuerde un mecanismo para financiar las cajas previsionales no transferidas a la Anses y que se eliminen las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles afectadas a obras y subsidios al transporte (estos fondos están subejecutados por la Nación y los gobernadores pretenden que se giren a las provincias).
Asimismo, los mandatarios provinciales reclaman el pago de la compensación del Pacto Fiscal firmado en el 2017 y que se distribuyan entre las provincias los fondos coparticipables que la Nación retiene para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Hasta ahora el resultado de las negociaciones fue magro. La semana que viene va a ser clave”, deslizan los legisladores que negocian con la Casa Rosada en nombre de los go- bernadores.
En medio de este juego de presiones mutuas, la oposición propone derogar el decreto 846, clave para el Gobierno. Los convocantes a la sesión ruegan que los gobernadores de sus espacios no claudiquen: les advierten que si el decreto sigue vigente, el Gobierno no tendrá incentivo –como viene demostrando hasta ahora– para sancionar el presupuesto 2025 (ver aparte).
“Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Gobierno va a estar obligado a sentarse a negociar con los gobernadores la ley de presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de la deuda pero sin cheque en blanco a Caputo”, insisten
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El Gobierno evalúa alternativas para evitar un duro golpe en el Congreso
Prioriza frustrar el rechazo del DNU que lo habilita a canjear deuda, incluso a expensas del presupuesto
Con votos del kirchnerismo, de la UCR disidente y del bloque de Miguel Pichetto, la oposición se prepara para asestarle un duro golpe a la estrategia financiera del gobierno de Javier Milei. La Cámara de Diputados debatirá mañana en sesión especial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 846/24, que habilitó al ministro de Economía, Luis Caputo, a renegociar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso y con requisitos más flexibles que los que establece la ley de administración financiera. El país enfrenta en 2025 vencimientos por 17.285 millones de dólares.
Ante la amenaza cierta de perder esta herramienta, que Caputo ya comenzó a utilizar, el Gobierno activó un operativo de presión sobre los gobernadores para bloquear la sesión, a sabiendas de que la oposición en el Senado también cuenta con los votos para derogar el DNU.
La Casa Rosada ya les hizo saber a las provincias que, si no cooperan, sus pedidos no serán contemplados en el presupuesto 2025. La oposición, en cambio, advierte que el oficialismo frenó hace semanas la discusión de la “ley de leyes”, que prefiere seguir gobernando con el presupuesto 2023 y que solo derogando el DNU 846 obligará al Gobierno a negociar.
El Congreso amenaza con propinarle un duro cachetazo al ministro de Economía, Luis Caputo. Mañana, la oposición en la Cámara de Diputados buscará rechazar el DNU 846/2024 por el cual el ministro pretende flexibilizar las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera; si el kirchnerismo en el Senado avanza en idéntico sentido –como ya anticipó– y voltea el decreto, Caputo se quedará sin la herramienta para sortear, con más facilidad, los duros vencimientos del año próximo.
La oposición advierte que el decreto en cuestión le otorga “superpoderes” al ministro Caputo para los futuros canjes de deuda, ya que lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos e intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso, sostienen.
El escenario para 2025 es complejo. Según los datos de la consultora Quantum, el Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por US$17.285 millones entre capital e intereses, de los cuales el 55% corresponde a títulos públicos y el 45% restante a obligaciones con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.
La preocupación de los opositores –ya advertida por expertos en finanzas– es que, con el decreto, el Gobierno estaría habilitado –por ejemplo– a estirar los plazos de vencimiento de la deuda –por la debilidad de las reservas– ofreciendo títulos con mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de la deuda reestructurada.
Ante este peligro, tanto en el bloque de Encuentro Federal como en el radicalismo crítico del Gobierno proponen rechazar el decreto y, durante la discusión del proyecto de presupuesto 2025 –todavía en ciernes–, reformular el artículo que se refiere a esta cuestión.
“El Poder Ejecutivo podrá realizar reestructuraciones y/o canjes de deuda siempre que no aumente el valor presente de la deuda –es la propuesta de Encuentro Federal–. En cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso”.
Presión sobre los gobernadores
El Gobierno, sin embargo, apuesta a mantener vigente el decreto sin las limitaciones que, sabe, le impondrá la oposición en el presupuesto. Cuando los opositores formalizaron su intención de derogar el DNU este martes, en sesión especial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accionó todas las alarmas para boicotear la ofensiva.
La preocupación del oficialismo es máxima. Los opositores no solo pretenden voltear el decreto 846; en el temario sumaron el proyecto de ley para limitar el uso constitucional del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sobre este último punto el Gobierno no demuestra demasiada
La ley obliga a que la deuda se renegocie mejorando plazos, montos e intereses
Con el DNU 846, Caputo puede canjear títulos y obligaciones a valores de mercado
inquietud, ya que no darían los tiempos parlamentarios para que el Senado sancione la ley (restan tres semanas para que finalice el período ordinario). Además, el Presidente la puede vetar, lo que ya anticipó que hará.
En cambio, el rechazo del DNU 846 sería letal para la estrategia financiera de Caputo. Frente a un pronunciamiento en ese sentido del Congreso, el Poder Ejecutivo nada puede hacer, salvo publicarlo en el Boletín Oficial.
Menem, encargado de frustrar la ofensiva opositora, comenzó por aplicar el manual: presionar a los gobernadores aliados para que sus legisladores no avalen el rechazo del DNU. Por medio de sus voceros hizo trascender que, de lo contrario, las modificaciones que esperan incorporar en el presupuesto 2025 serán ignoradas.
En rigor de verdad, el Gobierno se limitó hasta ahora a recibir las demandas de los mandatarios provinciales dialoguistas, pero no se comprometió a conceder nada todavía.
El petitorio de los gobernadores consta de cinco puntos: que el presupuesto oficialice la transferencia ya acordada de las obras públicas nacionales a las provincias (con los respectivos fondos), que se acuerde un mecanismo para financiar las cajas previsionales no transferidas a la Anses y que se eliminen las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles afectadas a obras y subsidios al transporte (estos fondos están subejecutados por la Nación y los gobernadores pretenden que se giren a las provincias).
Asimismo, los mandatarios provinciales reclaman el pago de la compensación del Pacto Fiscal firmado en el 2017 y que se distribuyan entre las provincias los fondos coparticipables que la Nación retiene para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Hasta ahora el resultado de las negociaciones fue magro. La semana que viene va a ser clave”, deslizan los legisladores que negocian con la Casa Rosada en nombre de los go- bernadores.
En medio de este juego de presiones mutuas, la oposición propone derogar el decreto 846, clave para el Gobierno. Los convocantes a la sesión ruegan que los gobernadores de sus espacios no claudiquen: les advierten que si el decreto sigue vigente, el Gobierno no tendrá incentivo –como viene demostrando hasta ahora– para sancionar el presupuesto 2025 (ver aparte).
“Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Gobierno va a estar obligado a sentarse a negociar con los gobernadores la ley de presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de la deuda pero sin cheque en blanco a Caputo”, insisten
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El Gobierno evalúa alternativas para evitar un duro golpe en el Congreso
Prioriza frustrar el rechazo del DNU que lo habilita a canjear deuda, incluso a expensas del presupuesto
Delfina Celichini
La prioridad absoluta del Gobierno hasta el 30 de noviembre –cuando finalizará el período legislativo ordinario– es evitar que se rechace el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 846 por el que el Poder Ejecutivo se autofacultó a renegociar deuda sin la necesidad de un aval del Congreso. Para ello, los libertarios pretenden culminar cuanto antes el trabajo parlamentario, incluso si eso implica no tener el presupuesto 2025 aprobado.
“No está previsto que se convoque a extraordinarias”, aseguró la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Colonia. El funcionario relativizó, además, la importancia de contar con un presupuesto: “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo. Pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga actual”. La administración libertaria funciona actualmente con el presupuesto 2023.
Las declaraciones del jefe de Gabinete van en línea con la de otros referentes del oficialismo en Diputados y la Casa Rosada, que repiten que está “descartada” una prórroga del período ordinario y que “no está planeado” convocar a extraordinarias. La diferencia fundamental entre una prórroga y el llamado a extraordinarias es que con esta última opción el Poder Ejecutivo determi
na la lista de temas a tratar. Con una extensión, los libertarios se arriesgan a que la oposición impulse una agenda adversa a sus intereses.
“Que el 30 se termine todo”, afirman sobre la actividad legislativa. Será hasta el 1° de marzo, cuando el Presidente tenga que formalizar la apertura de un nuevo año parlamentario.
La intención del Gobierno es sancionar el presupuesto 2025 en un trámite exprés en lo que queda del mes de noviembre. “Los tiempos dan”, señalan. “No queremos estar tres meses con el presupuesto, como pasó con la Ley Bases”, suman. Bajo el cronograma del oficialismo, esta semana Diputados debería dictaminar y aprobar en el recinto el proyecto, para que, en los siguientes quince días, el Senado lo convierta en ley.
Sin embargo, el apuro que declama el oficialismo por aprobar el presupuesto contrasta con la parsimonia que exhibió durante las últimas semanas. La Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, estuvo paralizada a pesar de los pedidos de la oposición de acelerar la discusión. Los diferentes bloques del Congreso coinciden en establecer un marco de acción para el Poder Ejecutivo y así evitar otorgarle “un cheque en blanco” en materia presupuestaria.
La urgencia del oficialismo para sancionar el presupuesto pareciera ser una puesta en escena y abona a las sospechas de buena parte de la oposición de que Milei preferiría finalizar el año sin ley de presupuesto –con la excusa de que el Congreso pretende modificárselo– para luego manejar las partidas del gasto a discreción.
En rigor, los libertarios se rehúsan a extender la actividad en el Congreso porque priorizan evitar el rechazo del DNU 846, determinante para que el Poder Ejecutivo consiga liquidez y tenga una herramienta ante los vencimientos de deuda de 2025. Para el oficialismo es clave defender este decreto ya que, si el Congreso lo dejara sin efecto, se caería el canje de deuda que ya inició el ministro de Economía, Luis Caputo, para el año que viene.
A pesar de que el Gobierno también busca bloquear la reforma que limite la utilización de los DNU presidenciales, retiene aún la herramienta del veto, que hasta ahora resultó en favor de Milei. “Es más importante frenar estas dos cosas –la reforma de la ley que regula los DNU y el rechazo del 846– que aprobar el presupuesto”, confirmó a
un referente del oficialismo. No será una tarea fácil: la oposición en Diputados ya pidió una sesión especial, mañana, para discutir ambos proyectos. Decidido a frustrarla, el oficialismo envió un fuerte mensaje de presión a los gobernadores, en el que advirtió que si sus legisladores votan a favor de limitar el uso de los DNU y aceptan derogar el decreto que flexibiliza las condiciones para renegociar la deuda, no les concederá las modificaciones que solicitaron en el presupuesto 2025.
Los libertarios están inquietos. Saben que los que motorizan la sesión en Diputados –Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia– ya reúnen los votos para darle al Gobierno este último golpe antes de fin de año.
En el Senado, uno de los dos jefes de los bloques kirchneristas, José Mayans, ya trabaja para imitar a sus colegas diputados
Es poco probable que la iniciativa para limitar la utilización de los DNU se convierta en ley este año. La oposición debería primero emitir un dictamen y después llevarlo al recinto. De lo contrario, debería reunir dos tercios para debatirlo de manera exprés en una sesión especial. Si no obtiene luz verde en lo que queda de noviembre, el proyecto tendrá dos años más de gracia en la Cámara alta hasta perder estado parlamentario.
En cambio, la posibilidad de un rechazo definitivo del DNU 846 es alta. Si Diputados le baja el pulgar esta semana, el Senado ya estaría en condiciones de discutir su pertinencia en el recinto, donde las chances de una victoria oficialista son casi nulas.
La prioridad absoluta del Gobierno hasta el 30 de noviembre –cuando finalizará el período legislativo ordinario– es evitar que se rechace el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 846 por el que el Poder Ejecutivo se autofacultó a renegociar deuda sin la necesidad de un aval del Congreso. Para ello, los libertarios pretenden culminar cuanto antes el trabajo parlamentario, incluso si eso implica no tener el presupuesto 2025 aprobado.
“No está previsto que se convoque a extraordinarias”, aseguró la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Colonia. El funcionario relativizó, además, la importancia de contar con un presupuesto: “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo. Pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga actual”. La administración libertaria funciona actualmente con el presupuesto 2023.
Las declaraciones del jefe de Gabinete van en línea con la de otros referentes del oficialismo en Diputados y la Casa Rosada, que repiten que está “descartada” una prórroga del período ordinario y que “no está planeado” convocar a extraordinarias. La diferencia fundamental entre una prórroga y el llamado a extraordinarias es que con esta última opción el Poder Ejecutivo determi
na la lista de temas a tratar. Con una extensión, los libertarios se arriesgan a que la oposición impulse una agenda adversa a sus intereses.
“Que el 30 se termine todo”, afirman sobre la actividad legislativa. Será hasta el 1° de marzo, cuando el Presidente tenga que formalizar la apertura de un nuevo año parlamentario.
La intención del Gobierno es sancionar el presupuesto 2025 en un trámite exprés en lo que queda del mes de noviembre. “Los tiempos dan”, señalan. “No queremos estar tres meses con el presupuesto, como pasó con la Ley Bases”, suman. Bajo el cronograma del oficialismo, esta semana Diputados debería dictaminar y aprobar en el recinto el proyecto, para que, en los siguientes quince días, el Senado lo convierta en ley.
Sin embargo, el apuro que declama el oficialismo por aprobar el presupuesto contrasta con la parsimonia que exhibió durante las últimas semanas. La Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, estuvo paralizada a pesar de los pedidos de la oposición de acelerar la discusión. Los diferentes bloques del Congreso coinciden en establecer un marco de acción para el Poder Ejecutivo y así evitar otorgarle “un cheque en blanco” en materia presupuestaria.
La urgencia del oficialismo para sancionar el presupuesto pareciera ser una puesta en escena y abona a las sospechas de buena parte de la oposición de que Milei preferiría finalizar el año sin ley de presupuesto –con la excusa de que el Congreso pretende modificárselo– para luego manejar las partidas del gasto a discreción.
En rigor, los libertarios se rehúsan a extender la actividad en el Congreso porque priorizan evitar el rechazo del DNU 846, determinante para que el Poder Ejecutivo consiga liquidez y tenga una herramienta ante los vencimientos de deuda de 2025. Para el oficialismo es clave defender este decreto ya que, si el Congreso lo dejara sin efecto, se caería el canje de deuda que ya inició el ministro de Economía, Luis Caputo, para el año que viene.
A pesar de que el Gobierno también busca bloquear la reforma que limite la utilización de los DNU presidenciales, retiene aún la herramienta del veto, que hasta ahora resultó en favor de Milei. “Es más importante frenar estas dos cosas –la reforma de la ley que regula los DNU y el rechazo del 846– que aprobar el presupuesto”, confirmó a
un referente del oficialismo. No será una tarea fácil: la oposición en Diputados ya pidió una sesión especial, mañana, para discutir ambos proyectos. Decidido a frustrarla, el oficialismo envió un fuerte mensaje de presión a los gobernadores, en el que advirtió que si sus legisladores votan a favor de limitar el uso de los DNU y aceptan derogar el decreto que flexibiliza las condiciones para renegociar la deuda, no les concederá las modificaciones que solicitaron en el presupuesto 2025.
Los libertarios están inquietos. Saben que los que motorizan la sesión en Diputados –Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia– ya reúnen los votos para darle al Gobierno este último golpe antes de fin de año.
En el Senado, uno de los dos jefes de los bloques kirchneristas, José Mayans, ya trabaja para imitar a sus colegas diputados
Es poco probable que la iniciativa para limitar la utilización de los DNU se convierta en ley este año. La oposición debería primero emitir un dictamen y después llevarlo al recinto. De lo contrario, debería reunir dos tercios para debatirlo de manera exprés en una sesión especial. Si no obtiene luz verde en lo que queda de noviembre, el proyecto tendrá dos años más de gracia en la Cámara alta hasta perder estado parlamentario.
En cambio, la posibilidad de un rechazo definitivo del DNU 846 es alta. Si Diputados le baja el pulgar esta semana, el Senado ya estaría en condiciones de discutir su pertinencia en el recinto, donde las chances de una victoria oficialista son casi nulas.
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