EDITORIAL Y El juez del prostíbulo

Manotazos de un gobierno en retirada
Camino al fin de ciclo, crece la planta de empleados públicos, se realizan contrataciones indebidas y se abusa del poder imponiendo el vale todo
Hace menos de un mes, comentábamos en este espacio la desvergonzada arremetida del gobierno nacional para seguir sumando empleados a la planta del Estado a pesar de las prohibiciones en ese sentido impuestas por el propio ministro de Economía. Se trata de una práctica que también se verifica en provincias y municipios apurados por “pagar” con cargos públicos a parientes, amigos y lealtades partidarias antes de que concluyan los actuales mandatos en diciembre y frente a la eventualidad de que el próximo gobierno sea de signo contrario al actual.
Para aquel entonces, una resolución publicada en el Boletín Oficial daba cuenta de que Sergio Massa había desandado groseramente su orden de congelar las vacantes en el Estado, al ordenar “el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”.
Pocos días después, un exhaustivo relevamiento, junto con LN Data, basado en el análisis de más de mil documentos, actualizaba y ampliaba la información dando cuenta de una brutal aceleración del 200 por ciento de los pases de trabajadores a planta permanente desde las últimas PASO. Se pasó de 924 nombramientos en el mes previo a esos comicios a 2766 en el posterior. Fuentes a cargo de esas efectivizaciones dijeron, además, haber recibido instrucciones específicas de apurar los trámites de los concursos.
Entre los muchos disparates cometidos por las autoridades dentro de un contexto económico cuya gravedad exige decisiones racionales y austeras y no el lamentable festival de nombramientos al que asistimos, se supo que la actual presidenta del Banco Nación y autora de uno de los decretos de congelamiento de ingresos en el Estado, dictado durante su breve gestión a cargo del Ministerio de Economía, Silvina Batakis, contrató a su expareja Héctor Javier Silva como gerente de Sistemas y a diversos familiares en cargos importantes dentro de esa entidad financiera.
Batakis también asignó de manera unilateral a la gerenta general del banco, María del Carmen Barros, un sueldo de casi nueve millones de pesos, que incluye premios, bonos y demás beneficios, según reveló el programa televisivo PPT.
En otra muestra del todo vale, fue la propia Barros quien logró que el Banco Nación contratara a la numeróloga Verónica Laura Asad, más conocida como Pitty, para que la “coucheara” desde su experiencia con el manejo de los números para establecer relaciones entre estos, seres vivos y fuerzas físicas y espirituales, tal como confirmó la propia Asad en declaraciones periodísticas, en las que reconoció haber trabajado para el Estado nacional, al que le facturó 1,8 millones de pesos por seis meses de labor.
Según se supo, tras haber solicitado una consulta particular con la numeróloga y quedar satisfecha con el servicio prestado, Barros le ofreció el contrato a cargo del Banco Nación. “Al principio, venía a mi oficina una vez a la semana. Después pasaron a ser dos veces y finalmente tres veces. Me pedía hacer lo que yo sé hacer, que tiene que ver con núpatrullaje meros. A través de los números, podés sacar diferentes cosas. Hay un número en la puerta de tu casa, en el celular, en el cielo y todo se puede aprovechar. Todos vibramos a través de los números: nos aportan una energía. Y podemos asesorarnos mediante esa energía”, se explayó Asad al ser consultada sobre su contratación. No está en cuestionamiento el servicio que se ofrece y que cualquier persona puede llegar a tomar o dejar, sino que se lo haya contratado con fondos del banco y para fines más que inciertos.
Precisamente, estamos ante un doble problema. Por un lado, de números, pero no los que Asad analiza, sino los de una economía extraviada, a la que tanto Batakis como su sucesor Massa demuestran no poder manejar permitiendo que el país siga cayendo al fondo del precipicio y, por otro, de falta de ética en el manejo de la cuestión pública.
Está claro que el fin de era kirchnerista encuentra a sus máximos exponentes más preocupados por cubrirse las espaldas en lo judicial y económico que en resolver los acuciantes problemas que aquejan al ciudadano común.
Sea cual fuere el próximo gobierno, deberá revisar todos estos abusos y dar de baja medidas que, en vez de aportar soluciones, van encaminadas a dejar un terreno minado para todos los argentinos.
Ya nadie duda de la urgencia de achicar el gasto público. Ha llegado la hora de terminar con las mentiras del Gobierno, de sincerar la situación y de buscar soluciones acompañando con hechos concretos las frases altisonantes de campaña.

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El juez del prostíbulo
No nos cansaremos de ponderar el excelente trabajo de la gran mayoría de magistrados que prestigian a nuestra alicaída Justicia, frente al enorme daño que, en contraposición, le infligen funestos personajes que no escatiman esfuerzos ni reparan en procederes que solo deshonran sus altas investiduras. Poco pueden ya sorprendernos las desmesuras y los desatinos de tantos. Sin embargo, un silencioso afán de superación no deja de asombrar al sumar nuevos exponentes de escandalosos ribetes.
El juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Onildo Stemphelet había sido acusado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, por haber ordenado una serie de allanamientos desde un prostíbulo a raíz de un supuesto robo el 13 de mayo pasado. En su afán por quedar bien con el magistrado, el inspector de la policía bonaerense envió no uno sino cinco vehículos –desafectándolos de otras tareas de y custodia– al lugar del llamado, donde el juez denunciaba que la mujer con la que había mantenido un encuentro sexual le había robado tres mil pesos y su billetera.
Dicho pedido condujo al fiscal Lucas Oyhanarte a solicitar la destitución de Stemphelet con orden de embargo del 40% de su sueldo. En su alegato planteó que las pruebas daban cuenta de que Stemphelet había incurrido en “incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”, con “actividades incompatibles con la dignidad y autoridad” propias de sus funciones. Por su parte, el magistrado consideró que era honesto y digno de su parte no haber dejado de denunciar el hecho aun cuando sabía que la situación iba a perjudicarlo. Otra muestra de su falta de ética agravada por una preocupante carencia de registro de la realidad.
A raíz de que tres legisladores decidieron no participar en el jury, el empate jugó a favor del acusado, pues la norma en la provincia de Buenos Aires exige seis votos para decretar la destitución. Cuatro integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados postularon la destitución del juez Stemphelet, y otros cuatro, su absolución, por lo que se lo declaró “no culpable”.
Fue así como Stemphelet volvió a su cargo sin ruborizarse. Quien debiera tener una conducta intachable, a la altura de sus funciones y responsabilidades, nos confirma que la ejemplaridad brilla por su ausencia y que pésimos modelos, como el suyo, cunden.
Que sea el mismísimo sistema judicial el que no aplique las sanciones que le corresponderían a uno de los propios da cuenta de la gravedad de la situación que atravesamos. El que las hace rara vez las paga, sigue siendo el mensaje tanto para quienes delinquen portando un arma como para quienes operan ilícita o corruptamente desde detrás de un escritorio con guantes blancos. O para quienes, como Stemphelet, parecen hacer jactanciosa gala de su desvergüenza.

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