Dura crítica a la candidatura de Lijo para la Corte de The Wall Street Journal
El diario norteamericano repasa las denuncias que pesan sobre el magistrado y califica la candidatura de “traspié”
El diario The Wall Street Journal, de los Estados Unidos, cuestionó a través de un artículo de la columnista Mary Anastasia O’Grady la elección del juez Ariel Lijo como candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema.
El artículo se denomina “El traspié de Milei con la Corte Suprema”.
La nota comienza con una alusión a las críticas que está recibiendo el Presidente por la postulación. “La última andanada no tiene que ver con el control de cambios y capitales ni con su promesa electoral de dolarizar y cerrar el Banco Central –afirma el texto–. Se trata de su nominación del juez Ariel Lijo para cubrir una vacante en la Corte Suprema de cinco miembros”.
“Expertos jurídicos, organizaciones cívicas y grupos empresariales que en gran parte apoyan la agenda de Milei quieren que el presidente retire el nombre del juez Lijo –enfatiza la columna–. Las críticas van desde las afirmaciones de que el juez no está calificado profesionalmente hasta las acusaciones de que, cuando llega a su tribunal un caso en el que están implicadas personas bien conectadas, manipula las cosas para beneficiarlas”.
El artículo vincula luego la necesidad de una mejora de la Justicia en la Argentina con sus urgencias económicas. “La debilidad del Estado de Derecho en la Argentina es un impedimento para el desarrollo económico porque los inversores no confían en el sistema. El juez Lijo, de 55 años, forma parte de ese sistema. Lleva 20 años en el fuero penal federal, que se ocupa tanto de las investigaciones como de los juicios por delincuencia organizada, blanqueo de dinero, corrupción, terrorismo y otros delitos. El circuito incluye a 12 jueces en Buenos Aires, donde el tribunal se ha ganado la reputación de ayudar a políticos y empresarios a eludir la rendición de cuentas”.
La columnista, que es miembro del consejo editorial de The Wall Street Journal desde 1999, advierte que “no es fácil encontrar pruebas contundentes” de las acusaciones que pesan sobre Lijo. Y enseguida agrega: “Pero hay muchas pruebas circunstanciales. Una queja recurrente de los que luchan contra la corrupción es que los jueces corruptos paralizan durante años las investigaciones de los peces gordos. Investigar a un juez depende de los demás miembros del tribunal. ¿Alguna suposición de cómo funciona eso?”.
Las acusaciones
“El juez Lijo es una extraña elección para el alto tribunal si las credenciales académicas importan. Es licenciado en Derecho, pero no tiene ni máster ni doctorado. No es conocido por publicar artículos académicos. No es habitual que un juez de instrucción de un tribunal inferior llegue al tribunal supremo saltándose el nivel de apelación”, agrega el texto del TWSJ.
El artículo repasa las acusaciones contra Lijo. “Su historial tampoco es inspirador”, define. “El 7 de mayo, Será Justicia, una respetada organización no gubernamental de Buenos Aires centrada en el Estado de Derecho, presentó una impugnación de 45 páginas contra su nombramiento. Destaca una solicitud presentada en 2016 por el Colegio de Abogados de Buenos Aires, Será Justicia y otra ONG para auditar las excesivas demoras en las investigaciones de corrupción. El Consejo de la Magistratura de la Argentina aceptó realizar la auditoría y, según denunció Será Justicia, efectivamente había ‘grandes demoras en la labor judicial’, así como ‘un porcentaje muy bajo de condenas’. La auditoría dio lugar a una denuncia contra el juez Lijo y un colega”.
“La impugnación de Será Justicia señala que entre los nombres vinculados a causas presuntamente demoradas por el juez Lijo figuran los de la expresidenta Cristina Kirchner y Mauricio Macri”, agrega la columnista.
El texto cita el informe de Será Justicia. “El señor Lijo parece ser un juez que después de tantos años en el cargo conoce los mecanismos procesales y legales necesarios para convertirse en un gran proveedor de impunidad, camuflando su accionar bajo una fingida actuación a favor de la evolución del proceso judicial en cuestión, concluyó la ONG”. Y ahonda en otros puntos oscuros de su nominación, cuando subraya que la ONG también “planteó preguntas sobre la inexplicable riqueza de Lijo”.
“Cuando, la semana pasada, pregunté por escrito al juez Lijo sobre tales acusaciones, negó rotundamente cualquier incorrección. Dijo que nunca había sido ‘sancionado, advertido ni había tenido ningún tipo de recomendación disciplinaria’. Las ‘afirmaciones relativas a mis bienes y patrimonio y a mis relaciones familiares son falsas’, escribió. En cuanto a las acusaciones de que retrasa los casos para proteger a los sospechosos, señaló la complejidad de las investigaciones que se le presentan, mencionando muchos pasos procedimentales y técnicos y un amplio abanico de actores”.
“Pero eso no explica su historial –agrega O’Grady–. La Asociación Cívica por la Igualdad y la Justicia de Buenos Aires también se opone a su nombramiento. Señala que el juez Lijo ‘está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que es juez (32 denuncias en total)’. De ‘89 casos de corrupción que estaban a su cargo, 26 permanecen en período de instrucción’ y 13 de ellos llevan investigándose 10 años o más. De los 89 casos, ‘solo elevó 14 a juicio oral’, la cuarta proporción más baja entre sus colegas”.
“El juez Lijo también fue objeto de una investigación por blanqueo de capitales y corrupción, archivada en 2020 por falta de pruebas –puntualiza el artículo del TWSJ–. Esa decisión no es pública, pero para aumentar la confianza de la nación el juez Lijo podría hacerlo. El padrino intelectual de Milei, el economista Alberto Benegas Lynch hijo, ha expresado su preocupación por la nominación. “Me alarma que se haya propuesto a un juez que parece ser lo opuesto a Alberdi”, escribió Benegas Lynch en abril. Juan Bautista Alberdi (1810-1884) fue un teórico político liberal clásico que influyó en la elaboración de la Constitución del país, de 1853. La vicepresidenta Victoria Villarruel y Francisco Paoltroni, senador del partido de Milei, también han cuestionado la idoneidad del juez Lijo para el alto tribunal”.
El texto concluye con una referencia a las palabras del propio Milei.
“Durante la campaña, Milei prometió echar de la ciudad a la elite gobernante. ‘Una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre”’, dijo. Ahora ha nombrado a un juez para el tribunal supremo que personifica el statu quo. La decepción de los argentinos está justificada”.
Tras un período de recopilación de apoyos e impugnaciones, la Casa Rosada tiene que enviar el pliego del juez Lijo al Senado.
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Crece el rechazo a la restitución de Ganancias y complica las leyes
Al menos 44 senadores votarían a favor de eliminar el artículo que repone el impuesto; esa mayoría impide al Gobierno revertirlo
Gustavo Ybarra
Los senadores Abdala, Mayans y Atauche MARCOS BRINDICCI
Preocupado por la necesidad de mostrar fortaleza política y sancionar al menos una ley, y más cuando lleva el rimbombante y fundacional nombre de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el gobierno de Javier Milei ha perdido de vista un tema que genera inquietud en varios despachos del Senado y que es la creciente oposición que la restitución del impuesto a las ganancias genera en la Cámara alta.
El problema no es menor. Si el proyecto de reforma fiscal fuera al recinto del Senado de manera inmediata, el artículo que contiene la marcha atrás en la eliminación de Ganancias sufriría un revés. Hasta ahí, no hay demasiadas sorpresas.
Pero lo que el Gobierno no calculó es la potencia del golpe que podría recibir. La cifra de 44 votos en contra que la cláusula cosecha por estas horas, aportados por kirchneristas y dialoguistas, está muy cerca de los dos tercios, una mayoría agravada que el oficialismo libertario y sus aliados no tienen en la Cámara baja y que sería, en el caso de que se diera este escenario, la única llave constitucional que les permitiría revertir la decisión del Senado y reponer el impuesto tal como lo aprobó Diputados el 30 de abril último.
La advertencia de que el fantasma de la mayoría agravada en contra en Ganancias recorre el Senado fue lo que se llevaron la semana pasada el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, durante uno de los encuentros que mantuvieron con senadores que piden cambios.
“Lleven el punteo [de los votos] de cada artículo, no vaya a ser cosa que les modifiquen alguno con dos tercios”, fue el consejo que les devolvió una senadora como respuesta cuando a los funcionarios solo les interesaba saber si estaba dispuesta a firmar dictamen ese mismo día para acelerar el trámite de los proyectos. En ese momento, el Pacto de Mayo todavía no había terminado de derrumbarse, aunque desde la Casa Rosada ya empezaban a admitir que lo que había anunciado Milei en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el 1º de marzo pasado, no sería como el jefe del Estado lo había imaginado.
Extraña paradoja que sea el Senado, la cámara legislativa donde están representadas las provincias, donde más resistencia genere una medida adoptada por Milei a pedido de buena parte de los gobernadores, que encontraron en la reversión de la medida impulsada por Sergio Massa en plena campaña electoral la forma de engrosar sus ingresos en medio de una recesión espantosa y con un gobierno que ha decidido cerrar muchos de los grifos que solían servirles para financiarse.
A pesar de ser un lugar común la referencia a la película de Héctor Olivera basada en la monumental investigación de Osvaldo Bayer, encaja perfecto para describir la situación que enfrenta la administración Milei en el Senado.
Es que el Gobierno calculó mal el voto patagónico. En realidad, se equivocó al medir con la misma vara el peso de la región austral del país en ambas Cámaras parlamentarias. Los 30 diputados patagónicos apenas si representan el 11,7% de la Cámara baja. En el Senado, donde todas las provincias están representadas en un pie de igualdad, los distritos que se consideran parte del sur, contando a La Pampa, tienen 18, es decir un cuarto (25%) de los 72 miembros que componen la Cámara alta.
Los 44 votos dispuestos a eliminar la restitución de Ganancias de la reforma fiscal surgen de sumar a los 33 integrantes del kirchnerismo, reunidos en el bloque de Unión por la Patria, y los peronistas de Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
A ellos se sumarían los legisladores de la oposición dialoguista que proceden de la Patagonia, los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Daniel Kroneberger (La Pampa), María Victoria Huala (Pro-La Pampa). Estos tres votaron a favor la ley el año pasado. También votarían en contra los que responden a gobernadores de fuerzas provinciales, José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), Lucila Crexell (Neuquén), y Mónica Silva (Río Negro), y las chubutenses Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (Pro).
La diferencia de peso de la región entre ambas cámaras es notable y podría ser definitiva si, como vienen sosteniendo, las seis provincias patagónicas mantuvieran una posición unificada de rechazo al impuesto a las ganancias. La unidad de postura vas más allá del reclamo de los trabajadores petroleros, que en realidad tienen fuerte incidencia solo en tres distritos, sino que también las aglutina la idea de recuperar el trato diferencial por zona desfavorable que les reconocía la ley anterior, beneficio que les permitía contar a los salarios de la región con una base imponible que, como mínimo, era un 22% menor que la del resto del país.
Desde este punto de vista, la misión que tiene el Gobierno por delante es compleja, ya que solo aceptando modificar la versión aprobada por la Cámara baja, que no reconoce beneficios para ninguna región del país, podría evitar que el Senado le devolviera la reforma fiscal sin el impuesto a las ganancias. Y en Diputados se negó a aceptar tocar ese punto.
En la Casa Rosada confían en jugar la carta de sorprender con votos peronistas del norte para contrarrestar una derrota por dos tercios en Ganancias. Ya lo hicieron algunos diputados de Unión por la Patria en la Cámara baja que, si bien rechazaron en general la reforma fiscal a la hora de la votación en particular, levantaron la mano para apoyar la restitución del impuesto. En el Senado, la mira estaría enfilada en al menos arrebatarle al kirchnerismo un senador por Catamarca, otro por Tucumán y, en caso de emergencia, de uno a tres de los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora. Una jugada muy arriesgada que necesitará ser ejecutada con suma precisión, algo de lo que han carecido hasta ahora los operadores del Gobierno desde que el tema se instaló en el Senado.
Preocupado por la necesidad de mostrar fortaleza política y sancionar al menos una ley, y más cuando lleva el rimbombante y fundacional nombre de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el gobierno de Javier Milei ha perdido de vista un tema que genera inquietud en varios despachos del Senado y que es la creciente oposición que la restitución del impuesto a las ganancias genera en la Cámara alta.
El problema no es menor. Si el proyecto de reforma fiscal fuera al recinto del Senado de manera inmediata, el artículo que contiene la marcha atrás en la eliminación de Ganancias sufriría un revés. Hasta ahí, no hay demasiadas sorpresas.
Pero lo que el Gobierno no calculó es la potencia del golpe que podría recibir. La cifra de 44 votos en contra que la cláusula cosecha por estas horas, aportados por kirchneristas y dialoguistas, está muy cerca de los dos tercios, una mayoría agravada que el oficialismo libertario y sus aliados no tienen en la Cámara baja y que sería, en el caso de que se diera este escenario, la única llave constitucional que les permitiría revertir la decisión del Senado y reponer el impuesto tal como lo aprobó Diputados el 30 de abril último.
La advertencia de que el fantasma de la mayoría agravada en contra en Ganancias recorre el Senado fue lo que se llevaron la semana pasada el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, durante uno de los encuentros que mantuvieron con senadores que piden cambios.
“Lleven el punteo [de los votos] de cada artículo, no vaya a ser cosa que les modifiquen alguno con dos tercios”, fue el consejo que les devolvió una senadora como respuesta cuando a los funcionarios solo les interesaba saber si estaba dispuesta a firmar dictamen ese mismo día para acelerar el trámite de los proyectos. En ese momento, el Pacto de Mayo todavía no había terminado de derrumbarse, aunque desde la Casa Rosada ya empezaban a admitir que lo que había anunciado Milei en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el 1º de marzo pasado, no sería como el jefe del Estado lo había imaginado.
Extraña paradoja que sea el Senado, la cámara legislativa donde están representadas las provincias, donde más resistencia genere una medida adoptada por Milei a pedido de buena parte de los gobernadores, que encontraron en la reversión de la medida impulsada por Sergio Massa en plena campaña electoral la forma de engrosar sus ingresos en medio de una recesión espantosa y con un gobierno que ha decidido cerrar muchos de los grifos que solían servirles para financiarse.
A pesar de ser un lugar común la referencia a la película de Héctor Olivera basada en la monumental investigación de Osvaldo Bayer, encaja perfecto para describir la situación que enfrenta la administración Milei en el Senado.
Es que el Gobierno calculó mal el voto patagónico. En realidad, se equivocó al medir con la misma vara el peso de la región austral del país en ambas Cámaras parlamentarias. Los 30 diputados patagónicos apenas si representan el 11,7% de la Cámara baja. En el Senado, donde todas las provincias están representadas en un pie de igualdad, los distritos que se consideran parte del sur, contando a La Pampa, tienen 18, es decir un cuarto (25%) de los 72 miembros que componen la Cámara alta.
Los 44 votos dispuestos a eliminar la restitución de Ganancias de la reforma fiscal surgen de sumar a los 33 integrantes del kirchnerismo, reunidos en el bloque de Unión por la Patria, y los peronistas de Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
A ellos se sumarían los legisladores de la oposición dialoguista que proceden de la Patagonia, los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Daniel Kroneberger (La Pampa), María Victoria Huala (Pro-La Pampa). Estos tres votaron a favor la ley el año pasado. También votarían en contra los que responden a gobernadores de fuerzas provinciales, José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), Lucila Crexell (Neuquén), y Mónica Silva (Río Negro), y las chubutenses Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (Pro).
La diferencia de peso de la región entre ambas cámaras es notable y podría ser definitiva si, como vienen sosteniendo, las seis provincias patagónicas mantuvieran una posición unificada de rechazo al impuesto a las ganancias. La unidad de postura vas más allá del reclamo de los trabajadores petroleros, que en realidad tienen fuerte incidencia solo en tres distritos, sino que también las aglutina la idea de recuperar el trato diferencial por zona desfavorable que les reconocía la ley anterior, beneficio que les permitía contar a los salarios de la región con una base imponible que, como mínimo, era un 22% menor que la del resto del país.
Desde este punto de vista, la misión que tiene el Gobierno por delante es compleja, ya que solo aceptando modificar la versión aprobada por la Cámara baja, que no reconoce beneficios para ninguna región del país, podría evitar que el Senado le devolviera la reforma fiscal sin el impuesto a las ganancias. Y en Diputados se negó a aceptar tocar ese punto.
En la Casa Rosada confían en jugar la carta de sorprender con votos peronistas del norte para contrarrestar una derrota por dos tercios en Ganancias. Ya lo hicieron algunos diputados de Unión por la Patria en la Cámara baja que, si bien rechazaron en general la reforma fiscal a la hora de la votación en particular, levantaron la mano para apoyar la restitución del impuesto. En el Senado, la mira estaría enfilada en al menos arrebatarle al kirchnerismo un senador por Catamarca, otro por Tucumán y, en caso de emergencia, de uno a tres de los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora. Una jugada muy arriesgada que necesitará ser ejecutada con suma precisión, algo de lo que han carecido hasta ahora los operadores del Gobierno desde que el tema se instaló en el Senado.
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