Tregua entre Menem y Pichetto para destrabar la comisión de inteligencia
El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal resignaría el lugar que pretendía Monzó a cambio de sumar espacios en las comisiones bicamerales más importantes
Laura Serra
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la bancada Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, llegaron ayer por la tarde a un acuerdo salomónico. Tras el malestar de Pichetto por el desplazamiento de Emilio Monzó de la futura integración de la estratégica Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, Menem accedió a incorporar a representantes del bloque dialoguista –de 31 integrantes que son claves para cualquier proyecto del oficialismo– en las restantes comisiones bicamerales del Congreso.
“Coincidimos en que debemos alcanzar una salida política, sin ganadores ni perdedores, para que se constituyan todas las comisiones bicamerales y se pongan en funcionamiento cuanto antes”, deslizaron fuentes cercanas a Pichetto tras la reunión. Si bien Monzó no formaría parte de la comisión de inteligencia, Pichetto insistirá en que, en reconocimiento a su trayectoria como expresidente de la Cámara baja, ocupe un lugar de relevancia en otra comisión bicameral.
En rigor, Me ne mi ns is tía en que ala bancada que comanda Pichetto no le corresponde ninguna silla delas com is ionesbicam erales porque el s is temaD’ Hont– de reparto proporciona l según la integración de los bloques– la dejaba afuera. Empero, las matemáticas de Menem se encontraron con el firme rechazo de Pichetto, quien le reprochó al riojano que el acuerdo político era otro. El conflicto, que estalló el jueves, amenazó con escalar y poner en peligro el apoyo de este bloque dialoguista a los proyectos por venir del Poder Ejecutivo. “Nuestro bloque tiene una de las llaves que le permiten al oficialismo sancionar las leyes en la Cámara de Diputados. Apoyamos la Ley Bases y el paquete fiscal. Menem se había comprometido a considerarnos en la composición de las comisiones bicamerales. Representamos a cuatro bloques, con 31 miembros. De buenas a primeras el oficialismo pretendió desconocer lo acordado”, cuestionaban desde el entorno de Pichetto.
Finalmente, la sangre no llegaría al río. Menem y Pichetto, quien concurrió a la reunión acompañado por Os ca rAgostC arre ño, acordaron darle una salida pacífica al conflicto. La bancada dialoguista se quedaría sin un lugar en la Comisión Bicameral de Inteligencia, pero tendría garantizada una silla en otras comisiones claves que aún no fueron integradas. Las más buscadas son las comisiones Mixta Revisora de Cuentas; de Seguridad Interior; de Seguimiento del Ministerio Público; administradora de la Biblioteca del Congreso, y de seguimiento de las privatizaciones, entre otras.
Por de pronto, el propio Pichetto presidiría la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, encargada de o rechazar los informes que elabora la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control del cual fue integrante hasta diciembre pasado. La Cámara de Diputados debe cubrir tres vacantes de la AGN –entre ellas, la de Pichetto–, cuestión que se definirá en la sesión del próximo 7 de agosto.
Denuncias contra Bullrich
Con este principio de acuerdo alcanzado con Pichetto, Menem avanzará con el nombramiento de dos representantes libertarios en la comisión bicameral de inteligencia: el diputado César Treffinger y Gabriel Bornoroni, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza. De esta manera, se aseguraría el control de ese cuerpo estratégico, que empezó a recibir denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra del área, Patricia Bullrich.
Esas denuncias giran en torno a presuntos interrogatorios ilegales por parte de las fuerzas federales a los detenidos por las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso por la Ley Bases y el paquete fiscal. Dos mujeres se presentaron ante la comisión bicameral la semana pasada y dieron cuenta, con su testimonio, de estos apremios: ambas relataron que fueron sometidas de manera sistemática a interrogatorios sobre sus filiaciones políticopartidarias, lo cual está prohibido por la ley de inteligencia.
El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien ejerce todavía la presidencia de la comisión de inteligencia ante el retraso de Menem y Villarruel en constituirla, recibió a ambas mujeres y declaró admisibles sus denuncias tras receptar también las actuaciones correspondientes del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se instruye la causa, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Alertado por esta situación, el oficialismo decidió tomar cartas en el asunto y en los próximos días formalizará la integración de la comisión bicameral para desactivar esas denuncias. Necesitará, para ello, que la mayoría de sus miembros actúen en consonancia.
“Monzó, que era el representante elegido de Hacemos Coalición Federal, no era confiable para el oficialismo”, explican en los círculos libertarios.
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Francos convoca a los dialoguistas para derogar las PASO
El ministro coordinador se reunirá con los jefes de bloque el jueves, pero los opositores le reclamarán antes la boleta única
Laura Serra
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se entrevistará este jueves con los jefes de los bloques de la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados para anticiparles los detalles del proyecto de reforma política y electoral que, entre otras cuestiones, incluiría la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Los dialoguistas, sin embargo, anticiparon que no avanzarán en ninguna modificación de índole electoral hasta tanto el oficialismo no motorice en el Senado la sanción del proyecto sobre boleta única de papel (BUP), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Entre los bloques opositores no hay posiciones unívocas sobre la conveniencia de preservar (o no) las primarias en el régimen electoral. Esta herramienta, aun con sus déficits, ha probado ser útil para la oposición de turno para dirimir sus diferencias internas y conformar listas competitivas. En cambio, a los oficialismos, más proclives a cerrar filas con listas únicas, las PASO resultan un incordio. Así lo intentaron en el pasado el gobierno de Cambiemos y el peronismo, durante la administración de Alberto Fernández, alternándose también como objetores cuando les tocó ser oposición.
La gestión de Javier Milei no es la excepción e insiste en la necesidad de eliminar las primarias con el argumento de que su realización es costosa.
“No se pueden gastar 52 millones de dólares en unas PASO que no sirven para nada”, enfatizó Francos la semana pasada.
El argumento económico no convence a los opositores, al contrario. Ni siquiera el principal aliado del oficialismo, el bloque de Pro, está de acuerdo con derogar sin más las primarias e insiste en que el oficialismo debería primero apurar la aprobación de la boleta única, que tras conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados fue impulsada, sin éxito, por Victoria Villarruel en el Senado, tras el recambio de gobierno.
“Desde el verano que está trabada la boleta única de papel en el Senado y ahora nos vamos a dejar correr por el Gobierno con la eliminación de las PASO. Con el ahorro claro de la primera ley podríamos seguir con las primarias y evitaríamos varios embrollos por estar tan divididos internamente”, indican desde la bancada de Pro.
En las filas del partido que conduce Mauricio Macri quieren preservar las PASO como salvaguarda frente a la posibilidad de que el oficialismo intente fagocitarlo con vistas a las elecciones del año próximo. De no acordar una alianza electoral, la boleta única le permitiría a Pro preservar su identidad y evitar una sangría de votos en manos de los libertarios. Sostienen que la boleta única, al posibilitarles a los votantes elegir a los candidatos de manera individual por caraprobar go, permitiría neutralizar el “efecto arrastre” propio de la actual boleta partidaria.
“Antes de hablar de la derogación de las PASO, primero avancen con la boleta única de papel”, fue el mensaje de MiguelÁngel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) a los emisarios del Gobierno.
En el Senado el debate sobre la boleta única está trabado. Solo falta un voto para avanzar: el de la rionegrina Mónica Silva, quien se resiste a aprobar la iniciativa tal como viene de la Cámara de Diputados. Su gobernador, Alberto Weretilneck, reclama que se anule la opción de votar la lista completa dentro de la boleta de papel. De lo contrario, prefiere el sistema de Santa Fe, con boletas por categoría a elegir.
No es fácil el escenario que enfrenta Francos en el Congreso. No solo porque necesitará reunir una mayoría absoluta para avanzar en cualquier reforma política, sino porque además no tiene demasiado tiempo: por lo general, la modificación de las reglas electorales se realizan en años en que no se realizan elecciones, por lo que apenas quedarían cinco meses para avanzar.
Los dialoguistas, sin embargo, anticiparon que no avanzarán en ninguna modificación de índole electoral hasta tanto el oficialismo no motorice en el Senado la sanción del proyecto sobre boleta única de papel (BUP), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Entre los bloques opositores no hay posiciones unívocas sobre la conveniencia de preservar (o no) las primarias en el régimen electoral. Esta herramienta, aun con sus déficits, ha probado ser útil para la oposición de turno para dirimir sus diferencias internas y conformar listas competitivas. En cambio, a los oficialismos, más proclives a cerrar filas con listas únicas, las PASO resultan un incordio. Así lo intentaron en el pasado el gobierno de Cambiemos y el peronismo, durante la administración de Alberto Fernández, alternándose también como objetores cuando les tocó ser oposición.
La gestión de Javier Milei no es la excepción e insiste en la necesidad de eliminar las primarias con el argumento de que su realización es costosa.
“No se pueden gastar 52 millones de dólares en unas PASO que no sirven para nada”, enfatizó Francos la semana pasada.
El argumento económico no convence a los opositores, al contrario. Ni siquiera el principal aliado del oficialismo, el bloque de Pro, está de acuerdo con derogar sin más las primarias e insiste en que el oficialismo debería primero apurar la aprobación de la boleta única, que tras conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados fue impulsada, sin éxito, por Victoria Villarruel en el Senado, tras el recambio de gobierno.
“Desde el verano que está trabada la boleta única de papel en el Senado y ahora nos vamos a dejar correr por el Gobierno con la eliminación de las PASO. Con el ahorro claro de la primera ley podríamos seguir con las primarias y evitaríamos varios embrollos por estar tan divididos internamente”, indican desde la bancada de Pro.
En las filas del partido que conduce Mauricio Macri quieren preservar las PASO como salvaguarda frente a la posibilidad de que el oficialismo intente fagocitarlo con vistas a las elecciones del año próximo. De no acordar una alianza electoral, la boleta única le permitiría a Pro preservar su identidad y evitar una sangría de votos en manos de los libertarios. Sostienen que la boleta única, al posibilitarles a los votantes elegir a los candidatos de manera individual por caraprobar go, permitiría neutralizar el “efecto arrastre” propio de la actual boleta partidaria.
“Antes de hablar de la derogación de las PASO, primero avancen con la boleta única de papel”, fue el mensaje de MiguelÁngel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) a los emisarios del Gobierno.
En el Senado el debate sobre la boleta única está trabado. Solo falta un voto para avanzar: el de la rionegrina Mónica Silva, quien se resiste a aprobar la iniciativa tal como viene de la Cámara de Diputados. Su gobernador, Alberto Weretilneck, reclama que se anule la opción de votar la lista completa dentro de la boleta de papel. De lo contrario, prefiere el sistema de Santa Fe, con boletas por categoría a elegir.
No es fácil el escenario que enfrenta Francos en el Congreso. No solo porque necesitará reunir una mayoría absoluta para avanzar en cualquier reforma política, sino porque además no tiene demasiado tiempo: por lo general, la modificación de las reglas electorales se realizan en años en que no se realizan elecciones, por lo que apenas quedarían cinco meses para avanzar.
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