EL ATAQUE TERRORISTA DE 1994 , RIQUEZAS MINERALES EN EL MUNDO Y PORNOGRAFÍA (EL PAÍS )

Causa AMIA: tangentes y paradojas
Javier Sinay

El 6 de diciembre del año pasado sonó un teléfono en una oficina de la AMIA. Era miércoles, era temprano. La voz dijo: “Hay una bomba”. Un rato después las brigadas de explosivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal rastrillaron el edificio de Pasteur 633 y aseguraron que no había nada. Pero esta broma de Halloween macabra y atrasada (la fiesta de las calabazas se celebra en octubre) abrió una herida vieja que la sociedad argentina jamás pudo superar. De esa herida se cumplen ahora 30 años. Los 85 muertos claman por justicia. No es Halloween, es aterrador y real: en un mundo en guerra como el actual, el atentado terrorista de 1994 se vuelve contemporáneo.
Cuando terminé de escribir Después de las 09:53-AMIA: Cartografía de un atentado (que la revista Seúl, dirigida por Hernán Iglesias Illa, describió como “el libro más ambicioso y detallado para entender qué pasó”) me quedé pensando que hoy el caso ha caído en una paradoja: no puede resolverse mientras los acusados extranjeros no sean sometidos a un juicio, cosa que parece difícil que ocurra en el futuro cercano, pero a la vez no puede cerrarse porque la sociedad no lo toleraría y sería un fracaso moral del Estado argentino. Esa es la contradicción. Y la pregunta que se hacen por lo bajo algunos tomadores de decisiones es: ¿entonces qué hacemos con la causa AMIA?
Las diferentes partes encuentran diferentes respuestas. Uno de los titulares de la UFI AMIA, el fiscal Sebastián Basso, pidió la captura internacional de cuatro libaneses que en 1994 vivían en Ciudad del Este, y que ayudaron a Salman El Reda (probablemente, el coordinador del ataque) firmando documentos para demostrar que este trabajaba con ellos en negocios lícitos; o sea, que no era un terrorista.
Lo más probable es que desde Ciudad del Este hayan entrado al país algunas de las personas que destruyeron la AMIA, y que El Reda no haya estado trabajando con los cuatro libaneses.
“La función de la fiscalía es agotar lo más rápido posible todo lo que quede por hacer”, me dijo el fiscal Basso en una entrevista. “La causa AMIA no llegó a ese punto: todavía hay posibilidades de investigar”. Su estrategia es un poco tangencial, pero va a ofrecer un resultado: uno de esos cuatro libaneses, que también tiene ciudadanía brasileña, va a ser juzgado en Brasil. Se llama Farouk Abdul Omairi y, de acuerdo con el fiscal Nisman, fue “el mayor representante de la agrupación terrorista Hezbollah en la Triple Frontera”. Ahora será el primer libanés que vaya a juicio por el caso AMIA.
Por otro lado, Memoria Activa, la organización de familiares de las víctimas, acorraló al Estado con una denuncia internacional que había sido presentada en 1999, y por la que el 14 de junio de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina.
El Estado fue hallado responsable de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque, de no haber cumplido con su deber de investigar y de haber encubierto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, además, abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y regular el acceso al material producido por los espías en las causas judiciales.
El juez Ariel Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación. Lijo, que es uno de los candidatos de Javier Milei para integrar la Corte Suprema, investigó hace una década el encubrimiento en la causa principal, luego fue apartado y hoy, subrogando el Juzgado Federal Número 6, está a cargo de esa causa principal, la del atentado.
Después de tres juicios, de unas 470 pistas investigadas desde el primer día (las más conocidas son la pista iraní y la pista siria, pero hubo muchas y, según el abogado de la AMIA Miguel Bronfman, “no se dejó nada por investigar”), después de teorías conspirativas, de pruebas endebles, de encubrimientos, de internas entre agentes de inteligencia, de corrupción policial, después de la muerte del fiscal Nisman y de tanto más, hay que seguir.
Porque la causa AMIA no prescribirá jamás: en abril de este año, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal reafirmó que la Justicia puede tardar una eternidad en llegar, pero que debe llegar. Este es un crimen de lesa humanidad y las dos tragedias del atentado contra la AMIA –la humana y la judicial– hacen que para el Estado restaurar el orden perdido sea una obligación sin tiempo. Además, estas sentencias de la Cámara Federal de Casación Penal abren el juego y marcan que ahora es posible aplicar el principio de justicia universal, o sea que cualquier país podría juzgar a los acusados. El atentado a la AMIA también es una oportunidad, según la Sala II, para reformar la ley y promover en Buenos Aires un juicio en ausencia, y de hecho el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que iba a enviar un proyecto de ley al Congreso para sentar en un banquillo imaginario a esos acusados iraníes y libaneses. Ellos no acudirán a la cita.
Así, en un contexto global que hace que lo que pasó el 18 de julio de 1994 no parezca lejano, la causa AMIA busca su próxima forma, su próximo ciclo, entre tangentes y paradojas.

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La geopolítica de las tierras raras
Patricio Carmody
El control de un recurso valioso y escaso puede convertirse en un factor de poder en materia de política exterior. Este es el caso de las tierras raras, un grupo de 17 minerales del que China controla el 37% de las reservas, el 60% de su extracción y el 90% de su procesamiento a nivel global. Son ellas: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, promecio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. Ante esto, las potencias en Occidente buscan mayor acceso a este recurso crítico para usos civiles y militares.
Las tierras raras se usan para fabricar poderosos imanes permanentes que se utilizan, por ejemplo, en baterías recargables para autos híbridos y eléctricos, en generadores para turbinas eólicas y en teléfonos celulares. También en los motores de aviones militares como el F-35, o para aislar magnéticamente todos los mecanismos de precisión en drones y misiles. China domina cada etapa de la cadena de suministro de las tierras raras, y con esto en mente ha anunciado que limitará su exportación y que prohibirá la exportación de la tecnología para procesarlas. En este contexto, existe temor de que China lleve a cabo un comercio punitivo, usando su poderío en materia de tierras raras. Un caso recordado es el de Japón, a quien China prohibió su envío en 2008 por un incidente territorial. Por ello, Tokio –que importaba el 91% de sus tierras raras de China– diversificó sus suministros para disminuirlos al 58%.
China avanza agresivamente sobre los depósitos de tierras raras en Myanmar, donde el gobierno militar le otorgó la explotación del 95% de todas las minas existentes (tierras raras, jade, oro). Por su lado, Vietnam –que posee 18% de las reservas de tierras raras– ha decidido no exportarlo, mientras busca mejorar su tecnologías de extracción y procesamiento. A su vez, Rusia posee el 10% de las reservas globales, mientras la India posee casi el 6%
Por su lado EE.UU., en una acción defensiva, ha anunciado que impondrá tarifas de 25% sobre la importación de tierras raras y de imanes permanentes de China en 2026, para beneficiar a productores locales. Mientras, la Unión Europea (UE) busca disminuir los riesgos de la dependencia china en materia de tierras raras, pero sin desacoplarse. A su vez, confía en el potencial de los depósitos encontrados en Suecia, los más grandes en la UE. Entretanto, la idea de desarrollar cadenas de producción con países “amigos” ha tomado importancia también en tierras raras, dada la deterioración de la situación geopolítica global.
En este contexto, potencias mineras occidentales toman medidas para restringir la llegada adicional de tierras raras a China. Australia ha conminado a inversores –ligados a China– en la empresa minera de tierras raras Northern Minerals, a vender sus acciones, por motivos de interés nacional. Otro caso es la intervención del Estado canadiense para impedir que una pequeña firma australiana –Vital Metals– le venda su producción y stocks de tierras raras a la empresa china Shenghe Resources. Esta intervención del Estado coincide con el interés del primer ministro Justin Trudeau de limitar a las empresas chinas en el crítico sector minero.
Finalmente, otra zona que se integra a las cadenas “amigas” de Occidente es América del Sur, donde Brasil posee el 18% de las reservas mundiales, y hay inversiones norteamericanas y europeas. Y en Chile se inician proyectos como el de la compañía Penco –propiedad de Aclara, que cotiza en Toronto–, en la zona de Concepción. Las tierras raras sudamericanas son más pesadas, y se convierten también en alternativas a la oferta china.

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Una idea contra el porno sin control
MADRID.– En poco tiempo se ha alcanzado un gran consenso sobre la necesidad de establecer mecanismos que impidan el acceso de los menores a los contenidos pornográficos. Para muchos niños, su primer conocimiento de la sexualidad es a través de la pornografía, y el hecho de que el contacto inicial sea cada vez a edades más tempranas y que los contenidos sean cada vez más violentos condiciona negativamente su desarrollo afectivo y sexual. La necesidad de protegerles contra este consumo, del que ellos van a ser las primeras víctimas, ha llevado a diferentes países a plantearse cómo impedir el acceso. Las propuestas evidencian que todo lo que sea poner puertas al campo de internet no solo plantea aspectos de libertad individual, sino que también resulta técnicamente muy complejo.
El problema es cómo hacerlo atendiendo a la vez a dos bienes jurídicos igualmente importantes: la protección de los menores y el derecho a la intimidad de los consumidores de pornografía. En enero, el gobierno de España aprobó un plan que, entre otras medidas, contemplaba el diseño de un dispositivo digital que certifique la edad de los usuarios que acceden a contenidos pornográficos, de manera que se pueda excluir a los menores. El Ministerio de Transformación Digital acaba de presentar el primer esbozo de la aplicación, desarrollada entre varias instituciones estatales. Es una primera aproximación en la que debe valorarse sobre todo el intento de adelantarse con una propuesta técnica pionera para un problema que deberá resolverse antes de octubre de 2027, cuando entre en vigor la normativa de la UE que obligará a que todos los europeos tengan una identificación digital. La aplicación española forma parte de un sistema de identificación más amplio, la Cartera Digital Beta, encargada de generar y gestionar diversos certificados digitales y documentos identificativos. Entre las certificaciones que emitirá figuran unas tarjetas de edad que son las que se exigirán para acceder a las plataformas y webs de contenido pornográfico. EL sistema es complejo. Si se logra que las plataformas radicadas en España colaboren, es evidente que tendrá un impacto positivo en el acceso y también en la reducción del tráfico de vídeos entre menores. Habrá que esperar a probar con garantías su aplicación para observar las carencias del sistema y ver cómo corregirlas.

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