Investigan el holding del empresario Elías por lavado
Evasión. Manejó un negocio millonario en el puerto de Buenos Aires junto a Llermanos, el abogado ligado al clan de los Moyano
Hugo Alconada Mon 
Gustavo Elías, bajo la lupa de la Justicia de Bahía Blanca
El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó al “grupo Elías” de conformar una asociación ilícita fiscal que creció de manera exponencial durante los últimos años gracias a la evasión tributaria y el lavado de activos. La acusación comenzó a gestarse hace casi nueve años, aunque está paralizada. ¿Por qué? Porque resta dirimir qué juzgado, del fuero federal o penal económico, se quedará con el expediente, confirmaron tres fuentes tribunalicias a la nacion.
Elías administró en el puerto de Buenos Aires un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers, constituyó Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte) junto a Hugo Llermanos, abogado de máxima confianza de la familia Moyano, y es el dueño de un holding que incluye medios como La Nueva, de Bahía Blanca.
El fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación Gabriel González Da Silva consideró probado que el grupo liderado por Gustavo Fabián Elías desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano Di Federico que se basó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasma, prestanombres y operaciones simuladas que le permitieron multiplicar su patrimonio.
La trama completa, según reconstruyó desde Bahía Blanca el fiscal González Da Silva con el apoyo de expertos de tres organismos públicos, habría abarcado a cerca de 40 personas,muchas de la scuales sonparientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y firmas distintas. Y todo eso bajo una sospecha latente: ¿el grupo actúa como testaferro de otros? Apoyado en evidencias recolectadas desde 2015, el fiscal solicitó una larga lista de declaraciones indagatorias, allanamientos y otras medidas de prueba, aunque estimó que la pesquisa debería desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, donde el grupo Elías concentraría sus operaciones.
La acusación fiscal recayó en manos del juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, quien decidió remitir las actuaciones a sus pares de la Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Por sorteo, recaló en el juzgado en lo Penal Económico de Rafael Caputo Tártara, quien giró las actuaciones al fiscal Jorge Dahl Rocha para que dictamine si corresponde quedarse con la pesquisa.
Para el juez López da Silva, no obstante, el cuadro es inquietante. “Entre las maniobras destacadas que se realizarían en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas [que integran el grupo Elías], depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos”. “A ello se adiciona –abundó el juez López da Silva– que, conforme a la prueba incorporada a la causa, diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias (...), lo que sugiere que serían creaciones ficticias”.
Consultados por la nacion, en el “grupo Elías” desestimaron la investigación por “inconsistente”, tras remarcar también que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó el abogado Daniel Llermanos.
El letrado lamentó que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona. La causa está más para el archivo que para una declaración de incompetencia”.
Crecimiento patrimonial
Según reconstruyó la nacion, la investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima. En ese texto se acusaba al grupo Elías de cometer varios delitos,loquederivóenunapesquisa que impulsó el fiscal Antonio Castaño, quien renunció en 2020, y luego por el fiscal González Da Silva.
La fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios, basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público. En ambos dictámenes, apuntó a Gustavo Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita fiscal.
¿Qué afirmó el fiscal González Da Silva? Que entre 2011 y 2018, Elías apeló a la constitución de firmas comerciales, la compra y venta de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades que en realidad no tenían actividad u operaban en rojo para poner en circulación dinero que no podía justificar, movimientos “que permiten presumir su origen ilícito”, con el apoyo de presuntos testaferros y personas jurídicas montadas en el país y en el exterior.
Todo eso, según la fiscalía, explicaría cómo el patrimonio de Elías creció el 278% en 2011, otro 83% en 2012, que en 2013 aparecieran casi $11,4 millones en su haber, que en 2014 aumentara otro 78,6% y que en 2016, con el blanqueo que impulsó el entonces presidente Mauricio Macri, declarara activos en las Islas Vírgenes Británicas por $19 millones y en Panamá por $21 millones. Todo, “sin que pudiera determinarse cómo es que consiguió tamaña prosperidad económica; máxima conociéndose sus [magros] ingresos en los años previos”, hasta conformar un volumen que en mayo de 2023 superó los $1000 millones, “sin perjuicio de la actualización monetaria u otros datos que permitan arrojar el monto definitivo”.
Ante la consulta Llermanos trazó dos posibles motivaciones que, sostuvo, podrían estar detrás de la pesquisa. “Bahía Blanca es una ciudad muy especial y hay muchos allí que no perdonan el triunfo de alguien [por Gustavo Elías] de origen humilde -adujo el abogado- y a eso se suma que es dueño de La Nueva Provincia y de La Brújula, una radio muy crítica que ha venido pegándole duro a la justicia federal por encubrir a narcotraficantes”.
Ivetra SA cosechó enormes ganancias en el puerto de Buenos Aires cuando, a partir de mediados de 2011, obtuvo sin licitación previa el “Transporte Argentino Protegido” (TAP), un seguro que costaba US$67 más IVA por contenedor que se moviera fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un “certificado de estacionamiento y verificación” por otros US$14. Elisa Carrió denunció ese negocio en los tribunales.
En Panamá, Elías siguió muy atado al nombre Ivetra, según reveló en octubre de 2021, apoyado en los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en los que consta que las firmas argentinas Ivetra SA y Transporte y Logística SA, otro baluarte del grupo Elías, tuvieron firmas “mellizas” en América Central bautizadas Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas de la mano del hijo del empresario, Juan Ignacio Elías. Consultado entonces por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas, ni aportaría documentación respaldatoria de sus operaciones en Panamá. “No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria”, sostuvo el vocero, que explicó que los Elías declinaron dar mayores precisiones para no quedar “envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas”, como ya les ocurrió en el pasado
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Luis Naidenoff. “La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei”
El vicepresidente de la UCR impugnó el pliego del juez; dijo que “no reúne la idoneidad” para ir a la Corte por salvar a Insfrán en el caso Ciccone Matías Moreno
Luis Naidenoff, vicepresidente segundo de la UCR, presentó ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura del juez Ariel Lijo, quien fue propuesto por Javier Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte. En un escrito, Naidenoff argumentó que Lijo carece de “idoneidad” para convertirse en ministro del máximo tribunal del país por haber beneficiado al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en una causa conexa al caso Ciccone. “Esto es una cachetada al electorado de Milei”, dijo el exsenador formoseño tras su presentación en el nacion Senado, donde se abrió el período de impugnaciones y adhesiones.
Mientras la cúpula radical dilata un pronunciamiento orgánico a la espera del arranque de las audiencias, Naidenoff, integrante del comité que conduce Martín Lousteau, impugnó a Lijo como abogado y ciudadano. “Fui denunciante contra Boudou y Gildo Insfrán por el entramado de este negocio y la firma The Old Fund, que permitió el desembarco en Ciccone”, puntualiza el exlegislador radical.
Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou y titular de The Old Fund, cobró 7,6 millones de pesos en 2010 para asesorar a la provincia de Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación. Lijo salvó a Insfrán cuando dividió la pesquisa y la envió a Formosa, provincia donde Insfrán controla todos los resortes del poder desde 1995. Sin sorpresas, la causa naufragó. “Fue un salvoconducto a la impunidad”, resalta Naidenoff.
–¿Por qué la UCR demora la reunión para definir la posición sobre el pliego de Lijo?
–La dilación obedece a que recién arranca el período de impugnaciones en el Senado. En función de las impugnaciones, el comité nacional se va a reunir para discutir esta cuestión, independientemente de que la decisión final puede recaer en el bloque de los senadores.
–¿Sería una sorpresa para usted que Lousteau u otros radicales voten a favor de Lijo?
–Desde 1983 a la fecha no existe una propuesta del Poder Ejecutivo para integrar el máximo tribunal de Justicia del país que esté tan cuestionada. El Gobierno comete un gran error. Ellos han sacado réditos en materia electoral cuestionando a la corporación y la “casta” política. Si hay una “casta” que se enquista en cada rincón del país, eso tiene que ver con el manejo del poder político sobre el Poder Judicial. Y, en este caso, es el peor mensaje que podemos enviar a la sociedad, que quiere tener una justicia que garantice la independencia de criterios, los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero también pretende que cada funcionario sospechado de corrupción la termine pagando. Lijo no es el mejor ejemplo
–¿Por qué cree que Milei sostiene a Lijo, pese a las críticas de sus aliados o que hubo más de 300 impugnaciones en el Ministerio de Justicia?
–Porque subestima la inteligencia colectiva de la sociedad argentina. En la medida que se observan determinados resultados económicos, están los que creen que la economía lo “tapa todo”. Pero pierden de vista que una de las razones por la cual gobierna La Libertad Avanza (LLA) es que la gente se cansó de la corporación nefasta en la Argentina. Y hoy, justamente, de un poder corporativo presentan como candidato a quien no demuestra las condiciones idóneas para ser ministro de la Corte.
–¿Sospecha que hay un pacto entre Milei y el PJ o el kirchnerismo detrás de la propuesta de Lijo? El expresidente Alberto Fernández, por ejemplo, apoyó esa candidatura.
–En la cancha se ven los pingos. Al momento de votar veremos si hay un pacto libertario-kirchnerista. De arranque, ante el silencio del bloque del Frente de Todos, todo indica que hay un acuerdo del kirchnerismo con los libertarios, aunque hay senadores del oficialismo que no están de acuerdo con Lijo.
–¿Nota continuidades entre Milei y el kirchnerismo en materia institucional?
–Con la propuesta de Lijo, el kirchnerismo se quedó chiquito. Es inentendible. Creen que esto va a pasar desapercibido porque la economía se lleva puesto el día a día. La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei y un golpe bajo para los ciudadanos que pretenden que la Corte sea garante de justicia y transparencia, y lejos de cualquier pacto simulado de impunidad.
–¿La apuesta de Milei por Lijo puede generar inseguridad jurídica entre los inversores?
–No alcanza con decisiones económicas que puedan corregir la macro si en la Argentina no logramos fortaleza institucional. No hay ningún inversor serio que pueda proyectar criterios de mediano y largo plazo cuando la Corte no te brinda certezas de idoneidad y de desapego a todo lo que se vincula con el andamiaje tradicional de la Justicia o de pactos corporativos con la política. Es una mala señal.
–De los exintegrantes de Juntos por el Cambio solo se pronunció la Coalición Cívica. ¿Es llamativo que Pro o la UCR no hayan manifestado una posición a esta altura?
–Hay que ser cautos, porque recién arranca el período de impugnaciones y faltan las audiencias. Muchos definen el voto positivo o negativo al final del camino. Yo tengo la expectativa concreta de que un juez de estas características y con el nivel de impugnaciones no puede prosperar.
–¿Los dirigentes tienen temor a pronunciarse por el poder que ostenta Lijo en la justicia federal? Ha llamado a senadores para sumar votos.
–Desconozco si llama.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó al “grupo Elías” de conformar una asociación ilícita fiscal que creció de manera exponencial durante los últimos años gracias a la evasión tributaria y el lavado de activos. La acusación comenzó a gestarse hace casi nueve años, aunque está paralizada. ¿Por qué? Porque resta dirimir qué juzgado, del fuero federal o penal económico, se quedará con el expediente, confirmaron tres fuentes tribunalicias a la nacion.
Elías administró en el puerto de Buenos Aires un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers, constituyó Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte) junto a Hugo Llermanos, abogado de máxima confianza de la familia Moyano, y es el dueño de un holding que incluye medios como La Nueva, de Bahía Blanca.
El fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación Gabriel González Da Silva consideró probado que el grupo liderado por Gustavo Fabián Elías desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano Di Federico que se basó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasma, prestanombres y operaciones simuladas que le permitieron multiplicar su patrimonio.
La trama completa, según reconstruyó desde Bahía Blanca el fiscal González Da Silva con el apoyo de expertos de tres organismos públicos, habría abarcado a cerca de 40 personas,muchas de la scuales sonparientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y firmas distintas. Y todo eso bajo una sospecha latente: ¿el grupo actúa como testaferro de otros? Apoyado en evidencias recolectadas desde 2015, el fiscal solicitó una larga lista de declaraciones indagatorias, allanamientos y otras medidas de prueba, aunque estimó que la pesquisa debería desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, donde el grupo Elías concentraría sus operaciones.
La acusación fiscal recayó en manos del juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, quien decidió remitir las actuaciones a sus pares de la Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Por sorteo, recaló en el juzgado en lo Penal Económico de Rafael Caputo Tártara, quien giró las actuaciones al fiscal Jorge Dahl Rocha para que dictamine si corresponde quedarse con la pesquisa.
Para el juez López da Silva, no obstante, el cuadro es inquietante. “Entre las maniobras destacadas que se realizarían en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas [que integran el grupo Elías], depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos”. “A ello se adiciona –abundó el juez López da Silva– que, conforme a la prueba incorporada a la causa, diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias (...), lo que sugiere que serían creaciones ficticias”.
Consultados por la nacion, en el “grupo Elías” desestimaron la investigación por “inconsistente”, tras remarcar también que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó el abogado Daniel Llermanos.
El letrado lamentó que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona. La causa está más para el archivo que para una declaración de incompetencia”.
Crecimiento patrimonial
Según reconstruyó la nacion, la investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima. En ese texto se acusaba al grupo Elías de cometer varios delitos,loquederivóenunapesquisa que impulsó el fiscal Antonio Castaño, quien renunció en 2020, y luego por el fiscal González Da Silva.
La fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios, basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público. En ambos dictámenes, apuntó a Gustavo Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita fiscal.
¿Qué afirmó el fiscal González Da Silva? Que entre 2011 y 2018, Elías apeló a la constitución de firmas comerciales, la compra y venta de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades que en realidad no tenían actividad u operaban en rojo para poner en circulación dinero que no podía justificar, movimientos “que permiten presumir su origen ilícito”, con el apoyo de presuntos testaferros y personas jurídicas montadas en el país y en el exterior.
Todo eso, según la fiscalía, explicaría cómo el patrimonio de Elías creció el 278% en 2011, otro 83% en 2012, que en 2013 aparecieran casi $11,4 millones en su haber, que en 2014 aumentara otro 78,6% y que en 2016, con el blanqueo que impulsó el entonces presidente Mauricio Macri, declarara activos en las Islas Vírgenes Británicas por $19 millones y en Panamá por $21 millones. Todo, “sin que pudiera determinarse cómo es que consiguió tamaña prosperidad económica; máxima conociéndose sus [magros] ingresos en los años previos”, hasta conformar un volumen que en mayo de 2023 superó los $1000 millones, “sin perjuicio de la actualización monetaria u otros datos que permitan arrojar el monto definitivo”.
Ante la consulta Llermanos trazó dos posibles motivaciones que, sostuvo, podrían estar detrás de la pesquisa. “Bahía Blanca es una ciudad muy especial y hay muchos allí que no perdonan el triunfo de alguien [por Gustavo Elías] de origen humilde -adujo el abogado- y a eso se suma que es dueño de La Nueva Provincia y de La Brújula, una radio muy crítica que ha venido pegándole duro a la justicia federal por encubrir a narcotraficantes”.
Ivetra SA cosechó enormes ganancias en el puerto de Buenos Aires cuando, a partir de mediados de 2011, obtuvo sin licitación previa el “Transporte Argentino Protegido” (TAP), un seguro que costaba US$67 más IVA por contenedor que se moviera fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un “certificado de estacionamiento y verificación” por otros US$14. Elisa Carrió denunció ese negocio en los tribunales.
En Panamá, Elías siguió muy atado al nombre Ivetra, según reveló en octubre de 2021, apoyado en los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en los que consta que las firmas argentinas Ivetra SA y Transporte y Logística SA, otro baluarte del grupo Elías, tuvieron firmas “mellizas” en América Central bautizadas Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas de la mano del hijo del empresario, Juan Ignacio Elías. Consultado entonces por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas, ni aportaría documentación respaldatoria de sus operaciones en Panamá. “No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria”, sostuvo el vocero, que explicó que los Elías declinaron dar mayores precisiones para no quedar “envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas”, como ya les ocurrió en el pasado
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Luis Naidenoff. “La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei”
El vicepresidente de la UCR impugnó el pliego del juez; dijo que “no reúne la idoneidad” para ir a la Corte por salvar a Insfrán en el caso Ciccone Matías Moreno
Luis Naidenoff, vicepresidente segundo de la UCR, presentó ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura del juez Ariel Lijo, quien fue propuesto por Javier Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte. En un escrito, Naidenoff argumentó que Lijo carece de “idoneidad” para convertirse en ministro del máximo tribunal del país por haber beneficiado al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en una causa conexa al caso Ciccone. “Esto es una cachetada al electorado de Milei”, dijo el exsenador formoseño tras su presentación en el nacion Senado, donde se abrió el período de impugnaciones y adhesiones.
Mientras la cúpula radical dilata un pronunciamiento orgánico a la espera del arranque de las audiencias, Naidenoff, integrante del comité que conduce Martín Lousteau, impugnó a Lijo como abogado y ciudadano. “Fui denunciante contra Boudou y Gildo Insfrán por el entramado de este negocio y la firma The Old Fund, que permitió el desembarco en Ciccone”, puntualiza el exlegislador radical.
Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou y titular de The Old Fund, cobró 7,6 millones de pesos en 2010 para asesorar a la provincia de Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación. Lijo salvó a Insfrán cuando dividió la pesquisa y la envió a Formosa, provincia donde Insfrán controla todos los resortes del poder desde 1995. Sin sorpresas, la causa naufragó. “Fue un salvoconducto a la impunidad”, resalta Naidenoff.
–¿Por qué la UCR demora la reunión para definir la posición sobre el pliego de Lijo?
–La dilación obedece a que recién arranca el período de impugnaciones en el Senado. En función de las impugnaciones, el comité nacional se va a reunir para discutir esta cuestión, independientemente de que la decisión final puede recaer en el bloque de los senadores.
–¿Sería una sorpresa para usted que Lousteau u otros radicales voten a favor de Lijo?
–Desde 1983 a la fecha no existe una propuesta del Poder Ejecutivo para integrar el máximo tribunal de Justicia del país que esté tan cuestionada. El Gobierno comete un gran error. Ellos han sacado réditos en materia electoral cuestionando a la corporación y la “casta” política. Si hay una “casta” que se enquista en cada rincón del país, eso tiene que ver con el manejo del poder político sobre el Poder Judicial. Y, en este caso, es el peor mensaje que podemos enviar a la sociedad, que quiere tener una justicia que garantice la independencia de criterios, los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero también pretende que cada funcionario sospechado de corrupción la termine pagando. Lijo no es el mejor ejemplo
–¿Por qué cree que Milei sostiene a Lijo, pese a las críticas de sus aliados o que hubo más de 300 impugnaciones en el Ministerio de Justicia?
–Porque subestima la inteligencia colectiva de la sociedad argentina. En la medida que se observan determinados resultados económicos, están los que creen que la economía lo “tapa todo”. Pero pierden de vista que una de las razones por la cual gobierna La Libertad Avanza (LLA) es que la gente se cansó de la corporación nefasta en la Argentina. Y hoy, justamente, de un poder corporativo presentan como candidato a quien no demuestra las condiciones idóneas para ser ministro de la Corte.
–¿Sospecha que hay un pacto entre Milei y el PJ o el kirchnerismo detrás de la propuesta de Lijo? El expresidente Alberto Fernández, por ejemplo, apoyó esa candidatura.
–En la cancha se ven los pingos. Al momento de votar veremos si hay un pacto libertario-kirchnerista. De arranque, ante el silencio del bloque del Frente de Todos, todo indica que hay un acuerdo del kirchnerismo con los libertarios, aunque hay senadores del oficialismo que no están de acuerdo con Lijo.
–¿Nota continuidades entre Milei y el kirchnerismo en materia institucional?
–Con la propuesta de Lijo, el kirchnerismo se quedó chiquito. Es inentendible. Creen que esto va a pasar desapercibido porque la economía se lleva puesto el día a día. La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei y un golpe bajo para los ciudadanos que pretenden que la Corte sea garante de justicia y transparencia, y lejos de cualquier pacto simulado de impunidad.
–¿La apuesta de Milei por Lijo puede generar inseguridad jurídica entre los inversores?
–No alcanza con decisiones económicas que puedan corregir la macro si en la Argentina no logramos fortaleza institucional. No hay ningún inversor serio que pueda proyectar criterios de mediano y largo plazo cuando la Corte no te brinda certezas de idoneidad y de desapego a todo lo que se vincula con el andamiaje tradicional de la Justicia o de pactos corporativos con la política. Es una mala señal.
–De los exintegrantes de Juntos por el Cambio solo se pronunció la Coalición Cívica. ¿Es llamativo que Pro o la UCR no hayan manifestado una posición a esta altura?
–Hay que ser cautos, porque recién arranca el período de impugnaciones y faltan las audiencias. Muchos definen el voto positivo o negativo al final del camino. Yo tengo la expectativa concreta de que un juez de estas características y con el nivel de impugnaciones no puede prosperar.
–¿Los dirigentes tienen temor a pronunciarse por el poder que ostenta Lijo en la justicia federal? Ha llamado a senadores para sumar votos.
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