HACIA LAS ELECCIONES DEL 2025 Y CINTURÓN DE SEGURIDAD

Patricia Bullrich, la celestina de Macri y Milei que no fue
Daniel Bilotta
Javier Milei tratará de retomar el 9 de julio la iniciativa con el Acta de Mayo. Una declaración de principios que sustituirá a la idea refundacional del pacto con el que esperaba coronar la sanción de la Ley Bases. El veto de los mercados a la incertidumbre transmitida por las autoridades económicas sobre la fecha de salida del cepo relativizó el primer éxito legislativo conseguido por el oficialismo. Pero sobre todo condiciona la expectativa depositada por el propio gobierno en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sus aparentes bondades para atraer capitales aparecen disminuidas por no respetar una regla de oro que rige a la actividad financiera, garantizar la libre salida del dinero que ingresa por inversiones. La suba del dólar y la caída de las acciones argentinas expresan las dudas sobre el momento en que cesarán las restricciones que regulan esos movimientos. Esa turbulencia del programa económico inspira la escena que representa la política.
Mauricio Macri cruzó por primera vez con dureza al Gobierno por incumplir el fallo de la Corte que lo obliga a restituir a la ciudad la coparticipación quitada por el anterior. El documento de la Fundación Pensar de Pro había insinuado críticas al Palacio de Hacienda. Pero no con la dureza del expresidente, que instó al Gobierno a cumplir con las leyes existentes antes de crear otras, en vísperas de la designación de Federico Sturzenegger con esa misión.
El cobro de Ingresos Brutos a las Leliqs cubrió hasta mayo la pérdida de casi 90 mil millones de pesos mensuales por esa quita, iniciada en septiembre de 2020. Pero la sustitución de esa letra por pases del Banco Central hizo caer abruptamente su recaudación. En apariencias, las letras de regulación monetaria no podrían ser gravadas. La ciudad de Buenos Aires y las provincias de Misiones, Catamarca y Mendoza trabajan en hallar una excepción a esa regla.
La irrupción de Macri no se ligaría estrictamente a la situación delicada que tendrán en agosto las cuentas porteñas que Gustavo Arengo sinceró en X. Pero sí al hecho que motivó el posteo del ministro de Hacienda porteño, uno de los que acompañaron a Néstor Grindetti en su primer informe a la Legislatura porteña como jefe de Gabinete. Facundo Del Gaiso instó a defender la autonomía “sin importar quién gobierne: amigo, primo o lo que sea”.
El legislador recordó que fue la Coalición Cívica (CC) la que denunció penalmente a Milei por no cumplir con el fallo de la Corte. La CC y Pro conforman el bloque Vamos por más. Del Gaiso dejó en una posición incómoda a Pro y a Jorge Macri. Sobre todo por el aparente compromiso que Luis “Toto” Caputo habría contraído para compensar esa pérdida en abril. Cerca del jefe del gobierno porteño sospechan que las maniobras previas a la campaña electoral tendrán por teatro a su administración.
No sería la primera vez que ocurre. Lo extraño sería confirmar que al primo del expresidente lo sorprenda. Macri trabajó para evitar un disgusto de ese tipo en la Asamblea de Pro que designó como presidente a Martín Yeza y no a Patricia Bullrich, como estaba previsto originalmente. La ministra de Seguridad envió una carta reiterando su compromiso de “jugarse a fondo” con la “oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”.
La audacia que distingue a Bullrich trajo a asambleístas de Macri el amargo recuerdo de la triple fuga del penal bonaerense de General Alvear, al inicio de la gestión de María Eugenia Vidal. Bullrich confió en un dato fallido para anunciar la captura de Martín y Cristian Lanatta con Víctor Schillaci. Hace unos días la ministra propuso utilizar aparatos de radiología en vientres de grandes felinos para buscar rastros de Loan Peña, desaparecido hace 18 días en Corrientes.
Bullrich, Milei y Victoria Villarruel son los dirigentes cuya imagen positiva ronda el 50 por ciento. Milei elogió en los últimos días a Vidal por contribuir a sancionar la Ley Bases. La exgobernadora lidera la Fundación Pensar y se especula que podría ser candidata a senadora nacional por la ciudad. Algo que tampoco descarta la ministra. Esa potencial fricción pondría en riesgo la idea de una coalición de centroderecha en 2025. Y desbarataría por completo la fantasía de Bullrich como la celestina entre Macri y Milei.
La oposición dialoguista asegura estar a un voto en el Senado para sancionar la ley de boleta única que modifica el régimen de simultaneidad entre elecciones nacionales y provinciales. Ese desdoblamiento podría favorecer las alianzas en la provincia de Buenos Aires sin necesidad de repetirlas en el orden nacional, según especulan quienes ya están conversando sobre las posibilidades que abriría esa alternativa. Pero no liberaría de enfrentar a Cristina a quienes se le oponen. La expresidenta conserva el 35 por ciento de imagen positiva en todo el país, según el relevamiento de Equipo Mide en junio. Ese índice asciende al 43 por ciento en el conurbano en otro realizado ese mes por Opina Argentina, de Facundo Nejamkis. El detalle del trabajo precisa que ese promedio baja un punto en la primera sección (42%) pero crece 12 en la tercera (55%). Los gobernadores del PJ exigen a Kicillof rebelarse contra esa realidad para seguirlo.
Parece difícil que ocurra. Cristina habría amenazado con encabezar un acto en Lanús si el gobernador lanzaba su candidatura presidencial con el del 1º de julio por el cincuentenario de la muerte de Perón. Patrañas. Máximo asistió finalmente al mitin que su madre desautorizó sutilmente en la entrevista con Pedro Rosemblat para el canal de streaming Gelatina. Rechazó celebrar aniversarios de fallecimientos.
En el terreno de las estadísticas viene imponiéndose Cristina. Su diálogo con Rosemblat promedió 100 mil visitas. El acto de Kicillof en San Vicente fue seguido por 1700 personas. Entre sus colaboradores reina, sin embargo, el optimismo. Sitúan al acto como la piedra basal de una escena donde puedan disputar lugares en las listas que, como admiten con resignación, serán confeccionadas por Cristina y Máximo. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y los ministros de Infraestructura y Desarrollo Comunitario, Gabriel Katopodis y Andrés “el Cuervo” Larroque, figuran entre quienes se imaginan disputando los pocos lugares que lograría el gobernador.
Un paso anterior en la intención de sucederlo que ninguno oculta. Cristina podría interponerse con ese deseo si se confirma que impulsa la fórmula compuesta por Leonardo Nardini y Mayra Mendoza. Hace un par de meses recibió en sus oficinas al intendente de Malvinas Argentinas. Su par de Quilmes compartió acto con Cristina en abril para desairar a Kicillof. El dato inquietante que confirma esta versión es la virtual desaparición de Luis “el Bicho” Vivona. Al senador provincial de Nardini se le atribuyen las gestiones para modificar la ley que hacía caducar su mandato y el de los intendentes en 2023. Vivona promueve actualizar esa modificación, que habría logrado cierto eco en la UCR.
Quienes competirán el 6 de octubre por las nuevas autoridades bonaerenses se acusan mutuamente de ser sus interlocutores. Vivona mantendría desconocido su paradero para evitar que sus gestiones compliquen el proyecto de Nardini en una sociedad reacia a la perpetuidad de castas. Emilio Monzó sigue atento el desenlace de estos diálogos. Es el socio peronista que podría precisar con la boleta única quien triunfe el 6 de octubre.

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Cinturón de seguridad obligatorio
Cuando apelar a la libertad individual conlleva violar las normas, el rol de las instituciones es penalizar los desvíos. En el ámbito de la seguridad vial es muy frecuente que tanto conductores como peatones entiendan que sus desaprensivas conductas solo afectan o ponen en riesgo a sus personas. Así veremos a un caminante lanzarse a cruzar la calle por fuera de las esquinas habilitadas a tales efectos o a un conductor aducir que puede elegir si colocarse o no el cinturón de seguridad mientras conduce en solitario un vehículo. Buena parte de los siniestros viales tienen origen en estos peligrosos equívocos cuyo impacto económico nos afecta a todos, dados los millonarios gastos sanitarios que tantas veces ocasionan, cuando no la mismísima pérdida de vidas, solventados por el erario público.
Las normas que regulan el tránsito fueron diseñadas para coordinar y ordenar el comportamiento de los distintos actores a fin de prevenir accidentes. Desde estas columnas no nos cansaremos de advertir soQuebrantos la importancia de robustecer los controles, de educar para crear mayor conciencia y de penalizar ejemplificadoramente a quienes violan las leyes.
Por su temeridad, muchas conductas deben ser consideradas delitos, tal como ocurre en numerosos países avanzados que las incluyen en sus códigos penales. Nuestra legislación sigue siendo demasiado benévola en este sentido.
Cifras provisionales para el año 2023 refieren 6245 muertos en siniestros de tránsito en la Argentina, un promedio de 17 fallecidos diarios, además de los heridos y de las personas que quedan con una discapacidad permanente. La activa ONG Luchemos por la Vida lleva contabilizadas 143.422 muertes en 20 años.
En 2014, Sebastián Garay fue detenido en un control de tránsito en Mendoza. El oficial a cargo le impuso una multa, pues conducía sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Invocando el artículo 19 de la Constitución nacional, Garay argumentó que, al ser el único ocupante del vehículo, su comporrios tamiento no afectaba a terceros y que, por tanto, quedaba exento del control estatal. Muchos como él piensan erróneamente que nada puede pasarles dada su experiencia y práctica al volante.
El tema de la tutela de la salud en el ámbito vial ha tenido distintas etapas de regulación legal. Confirmando la jurisprudencia al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el planteo del conductor no se enmarcaba dentro de la llamada protección de la salud de consagración jurídica relativamente reciente, ligada al estado de bienestar.
En fallo unánime, el máximo tribunal dictaminó que el uso obligatorio del cinturón de seguridad al circular es constitucional y rechazó la apelación de Garay.
Prescindir del cinturón es considerada una falta grave. Todos los ocupantes de un vehículo deben llevarlo correctamente colocado. Resulta esencial para el éxito del control que las infracciones labradas se transformen en sanciones efectivas sin excepción.

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