¿Puede la principal fortaleza de Milei convertirse en su talón de Aquiles?
Pese a los logros alcanzados hasta ahora por el Gobierno en materia económica, se multiplican las voces que cuestionan su renuencia a acelerar algunas decisiones, sobre todo en materia cambiaria
Sergio Berensztein
¿ El principal problema del momento es de orden político o económico? Algunos observadores, sobre todo del exterior, se preguntan si el actual gobierno se encamina a repetir el síndrome que experimentó Mauricio Macri, que se suponía iba a resolver sin contratiempos la agenda económica (recordar la máxima de la Fundación Pensar: “por qué esta vez será diferente”), pero encontraría dificultades en el plano político. Podría argumentarse que enfrentó obstáculos insalvables en ambas dimensiones, que, en la práctica, entraron en una dinámica de retroalimentación. Distanciados en esta coyuntura por un sinnúmero de desplantes y una mutua desconfianza, es una pena que Milei y Macri no puedan compartir sus diatribas en contra de “la política” (“la casta” en la jerga libertaria) y, de paso, extraer conclusiones útiles del naufragio de Cambiemos. En especial, porque nuevamente podría darse la enorme paradoja de que los principales problemas políticos que enfrente la administración de aquí en adelante estén vinculados con lo que se consideraba desde la aparición de Milei en la arena pública su principal fortaleza: la economía.
Pasados doscientos días de gestión, las dudas respecto de la gobernabilidad fueron desapareciendo de forma gradual. Se hablaba de falta de apoyo tanto en el Congreso como a nivel territorial, pero logró negociar y armar consensos a pesar de su endeble plantel tanto en Diputados como en el Senado y de prácticamente no contar con intendentes ni gobernadores propios. Se temía por su inexperiencia y la de su equipo, la mayoría de los cuales son verdaderos novatos de la gestión del Estado, pero demostraron más habilidad de la que en un principio se hubiera esperado. Habían surgido alertas por el famoso “Club del Helicóptero”, incluyendo declaraciones públicas que sugerían que esta administración no habría de durar demasiado, pero las hipótesis destituyentes respecto de la experiencia libertaria quedaron rápidamente impugnadas. Los sectores duros kirchneristas, la izquierda trotskista y el ala más radical de la CGT carecen de los recursos, el liderazgo y la capacidad de acción colectiva para convertirse en una amenaza efectiva al orden institucional. Así, el fiasco del intento de hacer fracasar la sesión del Senado en la que se debatió la Ley Bases puso de manifiesto que cualquier desafío a la estabilidad política constituye bravata inocua y absurda. Lo que en su momento, finalizado el mandato de Macri, fue visto como un logro no menor, que un gobierno democrático no peronista pudiera finalizar su mandato en tiempo y forma, adquiere ahora una importancia central: el fantasma de la ingobernabilidad parece haberse disipado. La Argentina política se está demostrando a sí misma que tiene umbrales de conflictividad más moderados y manejables de lo que sus principales protagonistas imaginaban. Tanto es así que Milei se atreve, a pesar de su corta experiencia y de que el margen de maniobra del período de “luna de miel” parece agotado, a dar consejos a mandatarios con menor recorrido, como José Raúl Mulino, que acaba de asumir la presidencia de Panamá.
No solo la Argentina carece de los dilemas de gobernabilidad que tanto nos atormentaron. Los principales problemas políticos de Milei son endógenos a su gobierno: sigue siendo una gestión desordenada y, a pesar de los esfuerzos de Guillermo Francos, con déficits en materia de coordinación inter e intraministerios. En particular, por ideas que en teoría y desde el llano lucían innovadoras y atractivas, como la conformación del Ministerio de Capital Humano, que en la práctica se convirtieron en monstruos burocráticos inmanejables. No cesan las internas dentro del gabinete ni en La Libertad Avanza, la improvisada coalición electoral que se encuentra, de cara a los comicios del año próximo, en pleno proceso de institucionaliza cióny despliegue territorial en las 24 provincias.
Más aún, el Presidente y su entorno consideran que las peleas con líderes internacionales, como Pedro Sánchez o Lula da Silva, las constantes polémicas con periodistas locales por el mero hecho de ser críticos o de sostener principios aunque sea moderadamente “progresistas” e incluso las burlas y los comentarios despectivos hacia colegas economistas que plantean diferencias conceptuales o de criterio, son beneficiosas en términos de imagen y consolidan sus atributos diferenciales. Siempre aparece algún sondeo a mano que respalda las hipótesis más descabelladas y autocomplacientes, aunque no sean otra cosa que la captura del estado de opinión correspondiente a un instante tal vez irrelevante del pasado inmediato, sobre todo considerando que la larga recesión de la economía (y su contracara, la fuerte caída del ingreso de los ciudadanos) impactará, más temprano que tarde, en el humor social. De hecho, un estudio reciente de D’Alessio-IROL/Berensztein sugiere que la aprobación de la Ley Bases generó un impacto positivo muy acotado en la opinión pública. Con un segundo semestre que preuna senta muchos más problemas que soluciones, fundamentalmente en el plano económico, el Presidente y sus adláteres deberían tomar algunos recaudos y no dejarse llevar por las quimeras del cortísimo plazo.
Asimismo, los errores de comunicación, tanto domésticos como en el plano regional e internacional, pueden generar costos significativos para el gobierno y el interés nacional, como ocurrió con la fallida conferencia de prensa de Luis Caputo y Santiago Bausili del viernes pasado y con el insensato distanciamiento entre la Argentina y Brasil. En la Asamblea de la OEA, en Asunción, un grupo de experimentados diplomáticos de la región consideró como un desplante que un presidente tan afín a los viajes al exterior como Milei no hubiera aún visitado algún país del Mercosur (la única nación latinoamericana en donde pasó algunas horas fue El Salvador, en la ceremonia de asunción del segundo mandato de Nayib Bukele). “La relación con China está lejos de haberse encaminado”, afirmó un diputado crucial para que el oficialismo aprobara sus iniciativas en el Congreso. “Y las consecuencias de esta pelea con Brasil pueden ser tremendas”.
Sería injusto no valorar los logros económicos de estos primeros siete meses, en especial el superávit financiero, la desaceleración inflacionaria, la recuperación (parcial) de las reservas del BCRA y el esfuerzo por limpiar su hoja de balance. Se trata de condiciones sine qua non para que la Argentina pueda comenzar su recuperación, pero… ¿son acaso suficientes? Mientras el Gobierno ratifica casi a diario que no piensa devaluar (los amantes del fútbol sabemos que cuando los directivos de un club ratifican sistemáticamente a un técnico, ya le están buscando reemplazante) se multiplican las voces, incluyendo algunas que se encuadran dentro de los parámetros teóricos o ideológicos del Presidente –como las de Carlos Rodríguez, un economista que supo estar muy cerca de Milei y que hasta fue uno de sus asesores de campaña, Gustavo Cañonero (que secundó a Caputo en el BCRA) o Martín Tetaz–, que cuestionan la renuencia del Gobierno a acelerar algunas decisiones, en particular en materia cambiaria: el cepo se convirtió en un obsesivo foco de la polémica. La Sociedad Rural, por su parte, reclamó un tipo de cambio único. El Gobierno trata de seducir a los principales exportadores para que liquiden lo antes posible y, de ese modo, capturar algo de los casi US$13.000 millones acumulados en silobolsas. ¿Lo logrará? ¿Cuándo? ¿A qué precio? •
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El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones
El RIGI puede ofrecer un potencial significativo para la transformación de la economía argentina y el desarrollo favorable de algunas zonas del país
Finalmente, el Congreso dio sanción definitiva a la denominada Ley Bases, y con ella al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que podría ser una pieza fundamental para atraer importantes capitales.
Este capítulo de la megaley aprobada contempla incentivos impositivos para inversiones cuyo monto mínimo sea de 200 millones de dólares y para inversiones de largo plazo dirigidas a proveer a mercados globales que no sean inferiores a 1000 millones de dólares, como sería el caso de la producción de gas licuado para exportación.
Los beneficios abarcarán exclusivamente a actividades como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Los proveedores de bienes y servicios contarán con los incentivos y derechos sobre la mercadería y los insumos que importen para ser destinados a prestaciones de los sujetos incorporados al RIGI.
Los siguientes son los principales incentivos establecidos:
Una tasa del impuesto a las ganancias empresarias del 25% en lugar de la escala aplicable de aproximadamente el 35% y del 7% sobre dividendos, que bajará al 3,5% después de siete años de adhesión al RIGI.
Una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
impositivos, actualizables por el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) y sin límite temporal para su utilización, que pasados los cinco años pueden ser transferidos a terceros.
Un sistema especial en que el Estado otorga certificados de crédito fiscal a los sujetos del RIGI, para que estos los destinen como pago del IVA a sus proveedores. En síntesis, no gravabilidad de los insumos en el IVA.
La computación del 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
La exención del pago de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales para importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercadería para consumo.
La exención del pago de derechos de exportación luego de transcurridos tres años de la adhesión al RIGI, aunque para los proyectos de exportación estratégica se reduce a dos años.
La adopción de incentivos cambiarios, ya que no será obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o los préstamos, sino que se pueden ingresar las divisas por CCL, algo importante en la medida en que exista brecha cambiaria. También se dispusieron incentivos cambiabre para las exportaciones, a partir del segundo año contado desde la fecha de puesta en marcha.
Estabilidad por treinta años en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión al RIGI.
Se trata de un marco legal muy adecuado para generar la protección de estas grandes inversiones referido a la normativa nacional, al que, además, se invita a adherir a las provincias y municipios.
Los Estados provinciales y municipales deberán ponderar las ventajas que se pueden generar a partir de este tipo de inversiones tanto en el nivel de empleo como en la generación de riqueza de las zonas en las que se instalen. Deberá contemplarse la gravabilidad en ingresos brutos, impuesto de sellos, tasas de seguridad e higiene y tasa de combustibles, entre otros impuestos, y los marcos legales que ampararían tales beneficios.
Las expectativas sobre los efectos del RIGI estarán puestas a partir de ahora en la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional y las adhesiones provinciales y municipales. Recién tras esa instancia podrían dar comienzo los planes de inversiones.
Estamos, así, ante un potencial realmente significativo para transformar favorablemente la economía de la Argentina, mediante la generación de puestos de trabajo para las pymes y ocupación para la población.
¿ El principal problema del momento es de orden político o económico? Algunos observadores, sobre todo del exterior, se preguntan si el actual gobierno se encamina a repetir el síndrome que experimentó Mauricio Macri, que se suponía iba a resolver sin contratiempos la agenda económica (recordar la máxima de la Fundación Pensar: “por qué esta vez será diferente”), pero encontraría dificultades en el plano político. Podría argumentarse que enfrentó obstáculos insalvables en ambas dimensiones, que, en la práctica, entraron en una dinámica de retroalimentación. Distanciados en esta coyuntura por un sinnúmero de desplantes y una mutua desconfianza, es una pena que Milei y Macri no puedan compartir sus diatribas en contra de “la política” (“la casta” en la jerga libertaria) y, de paso, extraer conclusiones útiles del naufragio de Cambiemos. En especial, porque nuevamente podría darse la enorme paradoja de que los principales problemas políticos que enfrente la administración de aquí en adelante estén vinculados con lo que se consideraba desde la aparición de Milei en la arena pública su principal fortaleza: la economía.
Pasados doscientos días de gestión, las dudas respecto de la gobernabilidad fueron desapareciendo de forma gradual. Se hablaba de falta de apoyo tanto en el Congreso como a nivel territorial, pero logró negociar y armar consensos a pesar de su endeble plantel tanto en Diputados como en el Senado y de prácticamente no contar con intendentes ni gobernadores propios. Se temía por su inexperiencia y la de su equipo, la mayoría de los cuales son verdaderos novatos de la gestión del Estado, pero demostraron más habilidad de la que en un principio se hubiera esperado. Habían surgido alertas por el famoso “Club del Helicóptero”, incluyendo declaraciones públicas que sugerían que esta administración no habría de durar demasiado, pero las hipótesis destituyentes respecto de la experiencia libertaria quedaron rápidamente impugnadas. Los sectores duros kirchneristas, la izquierda trotskista y el ala más radical de la CGT carecen de los recursos, el liderazgo y la capacidad de acción colectiva para convertirse en una amenaza efectiva al orden institucional. Así, el fiasco del intento de hacer fracasar la sesión del Senado en la que se debatió la Ley Bases puso de manifiesto que cualquier desafío a la estabilidad política constituye bravata inocua y absurda. Lo que en su momento, finalizado el mandato de Macri, fue visto como un logro no menor, que un gobierno democrático no peronista pudiera finalizar su mandato en tiempo y forma, adquiere ahora una importancia central: el fantasma de la ingobernabilidad parece haberse disipado. La Argentina política se está demostrando a sí misma que tiene umbrales de conflictividad más moderados y manejables de lo que sus principales protagonistas imaginaban. Tanto es así que Milei se atreve, a pesar de su corta experiencia y de que el margen de maniobra del período de “luna de miel” parece agotado, a dar consejos a mandatarios con menor recorrido, como José Raúl Mulino, que acaba de asumir la presidencia de Panamá.
No solo la Argentina carece de los dilemas de gobernabilidad que tanto nos atormentaron. Los principales problemas políticos de Milei son endógenos a su gobierno: sigue siendo una gestión desordenada y, a pesar de los esfuerzos de Guillermo Francos, con déficits en materia de coordinación inter e intraministerios. En particular, por ideas que en teoría y desde el llano lucían innovadoras y atractivas, como la conformación del Ministerio de Capital Humano, que en la práctica se convirtieron en monstruos burocráticos inmanejables. No cesan las internas dentro del gabinete ni en La Libertad Avanza, la improvisada coalición electoral que se encuentra, de cara a los comicios del año próximo, en pleno proceso de institucionaliza cióny despliegue territorial en las 24 provincias.
Más aún, el Presidente y su entorno consideran que las peleas con líderes internacionales, como Pedro Sánchez o Lula da Silva, las constantes polémicas con periodistas locales por el mero hecho de ser críticos o de sostener principios aunque sea moderadamente “progresistas” e incluso las burlas y los comentarios despectivos hacia colegas economistas que plantean diferencias conceptuales o de criterio, son beneficiosas en términos de imagen y consolidan sus atributos diferenciales. Siempre aparece algún sondeo a mano que respalda las hipótesis más descabelladas y autocomplacientes, aunque no sean otra cosa que la captura del estado de opinión correspondiente a un instante tal vez irrelevante del pasado inmediato, sobre todo considerando que la larga recesión de la economía (y su contracara, la fuerte caída del ingreso de los ciudadanos) impactará, más temprano que tarde, en el humor social. De hecho, un estudio reciente de D’Alessio-IROL/Berensztein sugiere que la aprobación de la Ley Bases generó un impacto positivo muy acotado en la opinión pública. Con un segundo semestre que preuna senta muchos más problemas que soluciones, fundamentalmente en el plano económico, el Presidente y sus adláteres deberían tomar algunos recaudos y no dejarse llevar por las quimeras del cortísimo plazo.
Asimismo, los errores de comunicación, tanto domésticos como en el plano regional e internacional, pueden generar costos significativos para el gobierno y el interés nacional, como ocurrió con la fallida conferencia de prensa de Luis Caputo y Santiago Bausili del viernes pasado y con el insensato distanciamiento entre la Argentina y Brasil. En la Asamblea de la OEA, en Asunción, un grupo de experimentados diplomáticos de la región consideró como un desplante que un presidente tan afín a los viajes al exterior como Milei no hubiera aún visitado algún país del Mercosur (la única nación latinoamericana en donde pasó algunas horas fue El Salvador, en la ceremonia de asunción del segundo mandato de Nayib Bukele). “La relación con China está lejos de haberse encaminado”, afirmó un diputado crucial para que el oficialismo aprobara sus iniciativas en el Congreso. “Y las consecuencias de esta pelea con Brasil pueden ser tremendas”.
Sería injusto no valorar los logros económicos de estos primeros siete meses, en especial el superávit financiero, la desaceleración inflacionaria, la recuperación (parcial) de las reservas del BCRA y el esfuerzo por limpiar su hoja de balance. Se trata de condiciones sine qua non para que la Argentina pueda comenzar su recuperación, pero… ¿son acaso suficientes? Mientras el Gobierno ratifica casi a diario que no piensa devaluar (los amantes del fútbol sabemos que cuando los directivos de un club ratifican sistemáticamente a un técnico, ya le están buscando reemplazante) se multiplican las voces, incluyendo algunas que se encuadran dentro de los parámetros teóricos o ideológicos del Presidente –como las de Carlos Rodríguez, un economista que supo estar muy cerca de Milei y que hasta fue uno de sus asesores de campaña, Gustavo Cañonero (que secundó a Caputo en el BCRA) o Martín Tetaz–, que cuestionan la renuencia del Gobierno a acelerar algunas decisiones, en particular en materia cambiaria: el cepo se convirtió en un obsesivo foco de la polémica. La Sociedad Rural, por su parte, reclamó un tipo de cambio único. El Gobierno trata de seducir a los principales exportadores para que liquiden lo antes posible y, de ese modo, capturar algo de los casi US$13.000 millones acumulados en silobolsas. ¿Lo logrará? ¿Cuándo? ¿A qué precio? •
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El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones
El RIGI puede ofrecer un potencial significativo para la transformación de la economía argentina y el desarrollo favorable de algunas zonas del país
Finalmente, el Congreso dio sanción definitiva a la denominada Ley Bases, y con ella al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que podría ser una pieza fundamental para atraer importantes capitales.
Este capítulo de la megaley aprobada contempla incentivos impositivos para inversiones cuyo monto mínimo sea de 200 millones de dólares y para inversiones de largo plazo dirigidas a proveer a mercados globales que no sean inferiores a 1000 millones de dólares, como sería el caso de la producción de gas licuado para exportación.
Los beneficios abarcarán exclusivamente a actividades como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Los proveedores de bienes y servicios contarán con los incentivos y derechos sobre la mercadería y los insumos que importen para ser destinados a prestaciones de los sujetos incorporados al RIGI.
Los siguientes son los principales incentivos establecidos:
Una tasa del impuesto a las ganancias empresarias del 25% en lugar de la escala aplicable de aproximadamente el 35% y del 7% sobre dividendos, que bajará al 3,5% después de siete años de adhesión al RIGI.
Una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
impositivos, actualizables por el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) y sin límite temporal para su utilización, que pasados los cinco años pueden ser transferidos a terceros.
Un sistema especial en que el Estado otorga certificados de crédito fiscal a los sujetos del RIGI, para que estos los destinen como pago del IVA a sus proveedores. En síntesis, no gravabilidad de los insumos en el IVA.
La computación del 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
La exención del pago de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales para importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercadería para consumo.
La exención del pago de derechos de exportación luego de transcurridos tres años de la adhesión al RIGI, aunque para los proyectos de exportación estratégica se reduce a dos años.
La adopción de incentivos cambiarios, ya que no será obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o los préstamos, sino que se pueden ingresar las divisas por CCL, algo importante en la medida en que exista brecha cambiaria. También se dispusieron incentivos cambiabre para las exportaciones, a partir del segundo año contado desde la fecha de puesta en marcha.
Estabilidad por treinta años en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión al RIGI.
Se trata de un marco legal muy adecuado para generar la protección de estas grandes inversiones referido a la normativa nacional, al que, además, se invita a adherir a las provincias y municipios.
Los Estados provinciales y municipales deberán ponderar las ventajas que se pueden generar a partir de este tipo de inversiones tanto en el nivel de empleo como en la generación de riqueza de las zonas en las que se instalen. Deberá contemplarse la gravabilidad en ingresos brutos, impuesto de sellos, tasas de seguridad e higiene y tasa de combustibles, entre otros impuestos, y los marcos legales que ampararían tales beneficios.
Las expectativas sobre los efectos del RIGI estarán puestas a partir de ahora en la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional y las adhesiones provinciales y municipales. Recién tras esa instancia podrían dar comienzo los planes de inversiones.
Estamos, así, ante un potencial realmente significativo para transformar favorablemente la economía de la Argentina, mediante la generación de puestos de trabajo para las pymes y ocupación para la población.
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