JUICIO EN AUSENCIA Y AMENAZA DE IRÁN

El Gobierno y las entidades cifran sus expectativas en el “juicio en ausencia”
Si la reforma que propone el oficialismo prospera, habría que comprobar si la prueba alcanza para juzgar a los once prófugosHernán Cappiello
A 30 años del atentado contra la sede de la AMIA, las expectativas del Gobierno y de las entidades de la comunidad judía están puestas en la posibilidad de que prospere una reforma legislativa para poder juzgar “en ausencia” a los 11 prófugos por el ataque terrorista. Sin embargo, esa alternativa aún debe pasar el filtro del Congreso y si lo logra, tendrá luego que superar el examen de constitucionalidad de la Justicia y finalmente el filtro de los investigadores de la causa judicial, que deben resolver si hay prueba suficiente como para juzgar a todos los acusados, entre ellos seis iraníes.
En caso de que todo esos obstáculos sean removidos, será una decisión del juez federal Ariel Lijo –a cargo de la causa AMIA– o de su sucesor en el expediente, si dispone continuar el proceso en ausencia contra los prófugos del atentado. A su vez, el fiscal Sebastián Basso tiene que decidir si avanza con las acusaciones contra todos ellos o solo sobre algunos. Una vez notificados los prófugos y designados sus defensores, la causa podrá ser elevada a juicio y se realizará un proceso con la exhibición de las pruebas, el debate y el veredicto, sin los acusados presentes, pero sí con sus abogados.
Se trata de un camino de partida y no de llegada el que inauguró esta semana el Gobierno, cuando presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley elaborado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su colega de Seguridad, Patricia Bullrich.
La oportunidad de la presentación está relacionada con dos fallos judiciales. Por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal, el 11 de abril pasado y con el voto del juez Carlos Mahiques acompañado por Diego Barroetaveña –Ángela Ledesma hizo su propio voto– recomendó al Congreso considerar la posibilidad de sancionar una ley de juicio en ausencia.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 26 de enero pasado, cuando condenó a la Argentina por denegación de Justicia a las víctimas de las AMIA, dijo en los fundamentos leídos el 14 de junio pasado, hace un mes, que “el Estado removerá todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso y establecer la verdad de lo ocurrido, todo ellos en un plazo razonable”. La Corte Interamericana pedirá rendición de cuentas acerca de si la Argentina cumplió con la sentencia.
Los primeros escollos parlamentarios ya asoman con los cuestionamientos de los aliados del oficialismo en el Congreso porque en la iniciativa se planteó su uso para los delitos de terrorismo. Miguel Pichetto ya avisó que no lo apoyaría así escrito y su bloque solo lo hará si este mecanismo se usa para los delitos gravísimos, como los de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión. Pero la discusión recién empieza y se está a tiempo de mejorar la redacción.
En la comunidad judía tampoco están muy conformes con el texto, pero celebran que haya una iniciativa oficial que permita destrabar la causa y avanzar en el proceso penal. Abogados de la comunidad mencionaron que uno de los debates que resta dar es si es posible desde el punto de vista constitucional la aplicación retroactiva de esta reforma procesal penal, para que sea usada en la causa AMIA.
Desde el punto de vista político, la comunidad judía y el Gobierno apoyan esta idea porque es una manera de darle un cierre al caso, con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, remarcan en las entidades comunitarias. Es llegar a una sentencia. Poder darle a las víctimas y también a los imputados el derecho de acceder a la Justicia.
Tres problemas se debatieron en los últimos 10 años en torno a esta iniciativa, de la cual se presentaron 14 proyectos de ley desde 2014. Los tres asuntos fueron casi zanjados, pero no del todo:
La falta de inmediatez entre el abogado y el imputado, pero esta situación de la lejanía física se subsanó con la tecnología. Lo demostró la pandemia, cuando proliferaron los juicios por zoom o las indagatorias con el imputado en prisión y el abogado en su estudio.
La reaparición del imputado, que se pone a derecho después de la sentencia. La mayoría de los proyectos prevé la idea del doble conforme, es decir que el imputado tiene derecho a un nuevo juicio donde son válidas las pruebas producidas. En el proyecto oficial esto es posible solo si “no hubiere tomado conocimiento del proceso en su contra” o si “no hubiere concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento”. Es un tema abierto que generará controversia y donde la Corte Suprema, en caso de aprobarse la ley, tendrá la última palabra.
Los reparos de constitucionalidad por la retroactividad de la aplicación de esta ley. La mayoría de los doctrinarios entiende que es una reforma procesal y por eso se puede aplicar retroactivamente. Uno de los que no comparte esta idea es el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien dice que no garantiza el derecho de defensa porque no se aplica de manera retroactiva. “La ley penal no puede ser retroactiva. No me vengan a decir que lo puede ser porque es una ley procesal. La garantía de legalidad de nuestra Constitución, desde 1853, abarca la ley procesal penal: si la ley procesal posterior agrava la situación del imputado, no puede aplicarse retroactivamente”, aseveró en Página /12. El defensor a ultranza de este instituto es Franco Fiumara, doctor en Derecho, juez de La Matanza, quien fue consultado para la elaboración del proyecto oficial.
En esta causa en particular, de prosperar esta idea, la situación no sería la misma para todos los prófugos. Desde 2003, cuando el entonces juez federal Juan José Galeano pidió la captura internacional de Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, se acumuló evidencia para sostener una acusación y un juicio oral. Lo mismo ocurrió con Samuel Salman El Reda, el colombiano-libanés acusado de coordinar la logística local y el grupo operativo que realizó el ataque. Las evidencias sobre los últimos tres prófugos libaneses acusados de ayudar a El Reda también son suficientes para llevarlos a la etapa del juicio. Se trata de Hussein Mounir Mouzannar; Farouk Abdul Hay Omairi y Abdallah Salman.
Distinta es la situación de los jerarcas iraníes: el exministro de Información y Seguridad Ali Fallahijan; el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el tercer secretario de la Embajada iraní Ahmed Reza Asghari; el comandante de las Fuerzas Quds, Ahmad Vahidi; el exembajador en la Argentina Hadi Soleimanpour; y Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores.
La evidencia en su contra como organizadores del ataque se basa en informes de inteligencia, que sirvieron para reunir pruebas y testigos de identidad reservada, que declararon en el pasado.

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Fuerte amenaza de un medio ligado a los ayatollahs
“En el momento adecuado, Teherán le hará lamentar su enemistad”, advirtió el al gobierno de Milei
Un diario prorrégimen en Irán, el Tehran Times, publicó esta semana un editorial con una fuerte amenaza para el gobierno de Javier Milei, en la que cuestiona su acercamiento a “la primera línea del escenario antiIrán de la red sionista internacional” y advierte que el régimen teocrático “le hará lamentar” su enemistad “en el momento adecuado”.
El editorial, publicado el 14 de julio, se titula “Caso AMIA en vísperas de su 30 aniversario” y refleja la posición de la publicación que, si bien no es estatal, se promociona como “la voz de la revolución islámica” y es cercana al régimen de los ayatollahs.
El medio responde a la designación por parte del gobierno argentino, la semana pasada, del grupo extremista palestino Hamas –cercano al régimen y responsable del asalto a Israel del pasado 7 de octubre– como “organización terrorista”. En referencia a esa noticia, menciona que la Casa Rosada señaló entre sus argumentos el buen vínculo entre Hamas e Irán “y reiteró sus afirmaciones infundadas sobre la participación de Irán en los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado contra la AMIA”.
El texto desmiente la participación del gobierno iraní en el atentado. Incluso habla de versiones de “expertos en el caso AMIA” sobre un posible “auto-atentado de los judíos” o de una “venganza del gobierno de Carlos Menem contra los sionistas argentinos”. No menciona ninguna prueba.
Pese al reciente fallo de la Cámara de Casación, que el 12 de abril pasado dio por probado que Irán estuvo detrás del ataque a la AMIA, lo calificó como delito de lesa humanidad y pidió el juicio en ausencia, Tehran Times afirma que no hubo ninguna resolución de la justicia argentina en los 30 años que pasaron y que el caso cada vez está rodeado de mayor “ambigüedad y complejidad”. Afirma que la Justicia “solo busca presentar a alguien que ya ha sido designado como agente por las instituciones políticas y de seguridad”.
El texto dice que “dos acontecimientos políticos importantes” provocaron “cambios” en el caso AMIA: el asalto de Hamas a Israel del 7 de octubre pasado y la posterior ofensiva en la Franja de Gaza, que “ha colocado al régimen sionista en una posición de aislamiento y descrédito”, y la asunción del “gobierno populista y de extrema derecha de Javier Milei” tras “la ineficacia del gobierno de izquierda de [Alberto] Fernández”.
“El nuevo presidente de Argentina, que no ha ocultado su interés en el régimen sionista mata-niños de Israel, ha seguido el camino del escenario sionista anti-Irán, repitiendo afirmaciones infundadas contra la República Islámica y amenazando a los ciudadanos iraníes”, continúa.
“Lamentablemente, en lugar de buscar socios creíbles y confiables para la salvación económica de su país y restaurar la posición tradicional de Irán en sus relaciones comerciales, el gobierno argentino se ha colocado en la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional”, dice el texto.
“Sin duda, Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición adecuada, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán”, cierra el texto, en su párrafo más contundente.
Un medio del ala dura
Irán es uno de los países más represivos del mundo para los periodistas. Y, aunque hay medios privados y opositores, hay líneas rojas que no se cruzan, como las críticas al Islam, al difunto Ayatollah Ali Khomeini o al actual líder supremo Ali Khamenei. Tampoco se tolera el cuestionamiento de la legitimidad de la República Islámica.
Por eso, aunque la propiedad privada de equipos de recepción de televisión por satélite es técnicamente ilegal, los canales por satélite en lengua persa que emiten en el extranjero tienen una gran audiencia y alrededor del 70% de los hogares tienen una antena parabólica.
En cuanto al Tehran Times, donde salieron publicadas las amenazas a Milei, es un diario en inglés fundado en 1979 como la autodenominada “voz de la Revolución Islámica”. Si bien no es de propiedad estatal, sus contenidos son controlados por el Estado y está estrechamente vinculado a las facciones de línea dura dentro del gobierno iraní.
Académicos, embajadores, funcionarios y analistas internacionales contribuyen con frecuencia al periódico. En 2002, el Tehran Times creó una agencia de noticias que más tarde se conocería como Mehr News Agency (MNA).


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