LA AGENDA PARLAMENTARIA

El Gobierno acepta cambiar la movilidad jubilatoria para evitar un veto presidencial
Ahora apela a una nueva estrategia y negocia un acuerdo con la oposición; mantendría puntos claves del proyecto que votó Diputados

Laura SerraJavier Milei

Cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei se adelantó para anticipar que si se convertía en ley la vetaría. Sin embargo, ahora el Gobierno cambió la estrategia y abrió una negociación con los bloques aliados para evitar una posterior insistencia del Congreso con dos tercios, una proporción posible de alcanzar en este tema.
Si bien el diálogo se encuentra en una etapa incipiente, la Casa Rosada podría aceptar la recomposición del 8,1% que los jubilados perdieron en enero, pero buscaría modificar el aumento adicional a aplicarse en marzo de cada año, así como la instrucción a la Anses para que cancele las deudas con trece provincias por las cajas previsionales no transferidas.
Ante la amenaza de que el Senado convierta en ley la media sanción que aprobó la oposición de la Cámara de Diputados que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, el Gobierno buscará persuadir a los bloques dialoguistas de que modifiquen el texto para amortiguar su impacto fiscal en las cuentas públicas. El objetivo es evitar que Javier Milei se vea obligado a vetar la norma y corra el riesgo de que ambas cámaras, con los dos tercios de los votos, confirme la ley y desautorice la figura presidencial.
El Gobierno tiene razones para preocuparse. El proyecto cosechó casi dos tercios en la Cámara de Diputados y el oficialismo en el Senado, aun con Pro como aliado, no tiene la fuerza numérica suficiente para neutralizar una eventual embestida de la oposición unida. Si bien Milei alardea de que le importará “tres carajos” vetar la norma si se aprueba, lo cierto es que en la Casa Rosada los lugartenientes del jefe de Gabinete, Guillermo Francos –el vicejefe José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy–, prefieren instrumentar cuanto antes un plan de control de daños preventivo. “Sería un golpe político muy fuerte que el Congreso insista con la ley con los dos tercios de los votos. Es un escenario que a todas luces queremos evitar en un año en el que todavía la economía todavía se muestra frágil”, admiten en la Casa Rosada.
La iniciativa en cuestión contempla cinco puntos claves. El primero va en línea con el decreto 274, que el presidente dictó a fines de marzo pasado, el cual estipula una fórmula de movilidad que actualiza mensualmente los haberes en base al último índice de precios al consumidor (IPC). Los legisladores incorporaron una garantía para que el haber mínimo no sea inferior al valor de la canasta básica por adulto multiplicado por 1,09. Además, en la media sanción los diputados dispusieron un incremento del 8,1% en los haberes para compensar la caída que sufrieron en enero pasado, cuando la inflación trepó al 20,6%. El Poder Ejecutivo, en el decreto 274, solo había concedido un aumento del 12,5% en abril. Estos tres ítems podrían ser considerados, según fuentes de la Casa Rosada.
Los dos puntos restantes del proyecto son los que más preocupan al Gobierno por su impacto fiscal. Ergo, son los que intentará negociar con la oposición dialoguista para que sean modificados o bien eliminados del texto. Uno de ellos es el que incluye un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año, el cual consiste en un 50% de la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) por sobre la variación del IPC del último año, siempre que esta resulte positiva. Caso contrario, no se aplicará.
El otro punto que irrita a la Casa Rosada es el que instruye a la Anses a cancelar las deudas con las trece cajas previsionales provinciales no transferidas y los juicios con sentencia firme con beneficiarios del SIPA en un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, prorrogables por otros seis meses más. No hay estimaciones oficiales consolidadas sobre el volumen de ambas deudas, pero se estiman que son multimillonarias. La incorporación de la variable salarial en la fórmula de movilidad, aun cuando sea una vez al año, provocaría un agujero fiscal inadmisible para un gobierno que hace del equilibrio de las cuentas públicas un dogma. La diputada de Pro y economista Daiana Fernández Molero lo advirtió en el recinto en la última sesión, cuando se discutió la Ley Bases.
“Esa fórmula es efectivamente explosiva. ¿Por qué? Porque incluye el Ripte, que es la actualización por salarios. Este agregado es ‘asimétrico’ ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista, quien indicó que el impacto fiscal del 0,43% del PBI que calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es una foto que solo aplica para este año, en el que no se contempla el refuerzo por Ripte.
La legisladora indicó a que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI, a todas luces insostenible para el Gobierno. “En privado muchos colegas ya me lo han reconocido y me dijeron: ‘Sí, nos fuimos de rosca’. Así que espero que lo corrijan”, aleccionó la legisladora en el recinto.
Quien recogió el guante fue Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, uno de los impulsores de la media sanción de Diputados.
“Como decía la diputada Fernández Molero, soy de los que reconoce que en la media sanción que hemos logrado y que ha buscado ser sustentable fiscalmente hemos cometido un exceso en el cálculo de la movilidad. Ahora bien, sería muy importante que el Gobierno entienda que acá no hay nadie buscando eso, que hay honestidad intelectual”, enfatizó Massot. En el radicalismo, que fue punta de lanza de esta media sanción, también reconocen que el impacto fiscal de la media sanción es mayor al que habían previsto. En la Casa Rosada, Rolandi e Ibarzábal Murphy ya entraron en acción y, como con la Ley Bases, confían en negociar cambios al texto con la oposición dialoguista.
Las conversaciones no solo se centrarán en el Senado, sino también en Diputados, ya que, de sufrir modificaciones, la media sanción deberá retornar a la cámara de origen. En la Cámara alta el debate se inició la semana pasada. Allí los opositores dialoguistas ya dieron una primera señal favorable al Gobierno al retacearle los dos tercios de los votos que necesitaba el bloque kirchnerista para apurar la sanción de la ley en la sesión del jueves pasado.
La estrategia del oficialismo es, por ahora, demorar la firma del dictamen hasta el mes próximo para ganar tiempo en las negociaciones, por ahora incipientes. Ya hay voces en el radicalismoyenelperonismofederal que insinúan la necesidad de instrumentar cambios en el texto para que vuelva a Diputados; por caso, el senador Juan Carlos Romero (Salta), cercano al oficialismo, advirtió que tanto la ley de administración financiera como el reglamento del Senado establecen que todo proyecto que afecte recursos presupuestarios debería incluir su fuente de financiamiento.
El problema se suscitaría si el kirchnerismo, con sus 33 voluntades, reúne los cuatro votos restantes para alcanzar la mayoría en el recinto e imponer la media sanción de Diputados. De llegar a esta instancia, el Poder Ejecutivo deberá calibrar qué tipo de veto –total o parcial– impondrá en la norma frente al posible riesgo de que la oposición lo rechace. Todas estas definiciones están atadas al acuerdo que alcance con los dialoguistas. El Gobierno cuenta con una ventaja: con el reloj electoral que tibiamente empieza a correr, muchos opositores ya no quieren aparecer en la misma vereda junto al kirchnerismo

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sin una hoja de ruta clara, los pasillos del Estado se convirtieron en una “sala de espera” a los posibles despidos
En varias reparticiones coinciden que no hay parámetros como para saber qué contratos se rescindirán; los funcionarios dicen que se trata de decisiones basadas en las funciones y las necesidades de cada área
Diego Cabot
Javier Milei despide a los atletas olímpicos que competirán en Los Juegos Olímpico de Francia 2024
Pocas medidas del Gobierno generan tantas sensaciones encontradas, miradas opuestas y pasiones tan disímiles como el empleo público. O mejor dicho, la reducción del empleo público. Y mucho más allá de las estadísticas, de las razones y de la resistencia gremial, la baja de los contratos ha determinado una verdadera revolución en los pasillos de todas las reparticiones públicas.
“Nadie está seguro, nadie. Salvo, los de planta permanente. De hecho, el gran tema de conversación en los pasillos de cualquier oficina es la fecha del vencimiento y el tipo de contrato que se tiene. Y esperar”, se confiesa una trabajadora del Estado, 9 años de antigüedad, oficina cerca de la Casa Rosada, vencimiento en agosto y encuadrada en el régimen de designaciones por Boletín Oficial cada seis meses.
La pregunta que sobrevuela los pasillos de la nutrida burocracia es la siguiente: ¿Cuál es el parámetro que se toma para decidir las bajas de los contratos? Sin una respuesta clara, pues el día a día en las oficinas públicas es incertidumbre respecto de a quién le tocará en la próxima caída de contratos después de estos 5000 que, según el Gobierno, se dieron de baja el 30 de junio, y que ya suman 21.700 desde que asumió el presidente Javier Milei, de acuerdo a los datos oficiales del SIPA, un sistema estadístico que lleva la Secretaría de Trabajo.
Como se dijo, ahora no hay un parámetro aunque sí lo hubo. En aquel diciembre de estreno de La Libertad Avanza (LLA) se tomó una decisión: los contratos que vencían en diciembre de 2023 y que hubiesen sido iniciados en ese año, no se renovarían. El 2 de enero de este año, muchos de ellos, cuando intentaron entrar no pudieron validar su huella digital para el ingreso.
En ese momento hubo otra decisión: la gran mayoría de los contratos que también vencían entonces pero que tenían más antigüedad (firmados antes de 2023) se renovaron por tres o seis meses. De ahí el dato que los mayores despidos se dieron a fines de marzo y la semana pasada, cuando terminó el semestre.
Hay que decir algunas cosas antes de avanzar con el asunto: la expansión del empleo público en los últimos 20 años, al menos a nivel nacional, se realizó con una impresionante precarización. Es decir, con cantidades de modalidades que se “inventaron” para eludir la prohibición de ingresar empleados a planta permanente, salvo mediante concursos. La maravillosa inventiva de la política construyó caminos alternativos para hacer favores políticos a cambio de un sueldo con dinero del Tesoro. Así se construyó el mayor empleador en negro de la Argentina, una verdadera burla a todo el sector privado que paga sus impuestos todos los meses.
Antes de entrar a los números finos, como universo general, lo que se conoce como empleados públicos es una dotación de alrededor de 4 millones de personas, que en 2005 eran 2,5 millones, y que se distribuyen entre la Nación, las provincias y los municipios. Sólo para comparar, los asalariados privados son 6,3 millones, mientras que entonces sumaban alrededor de 6 millones. ¿Por qué es una aproximación y no un número final? Por una simple razón: existen miles de contratos con entes como Acara, la Organización de Estados Iberoamericanos, las universidades y, además, los miles de “empleados públicos” que todos los meses facturan a algún ente del Estado.

Radiografía del trabajo en el Estado

Fuente: BIEP sobre la base integrada de Empleo Público (JGM; Indec) 
De aquellos, Milei tiene jurisdicción algún tipo de jurisdicción sobre sobre unos 792.405 de esos 4 millones, que son los que tienen relación de dependencia con alguno de los poderes del Estado, con las universidades nacionales, con las empresas públicas o son fuerzas de seguridad federales. El resto dependen de las provincias y los municipios. Ahora bien, dese número, directamente pudo aplicar motosierra en unos 234.000 a los que les restó 21.700.
Dentro de los “empleados públicos” que dependen del poder central está la administración central y los organismos descentralizados, entre los que se cuentan la Administración de Parques Nacionales, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Unidad de información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otras más de 60. Esa nómina incluye todos los ministerios, los funcionarios públicos y el personal de seguridad y las Fuerzas Armadas. Esos dos ítems forman la llamada Administración Pública Nacional (APN).
De acuerdo a un estudio que confeccionó la Fundación País Abierto y Digital (PAD) –presidida por Andrés Ibarra, quien estuvo a cargo del área de Modernización durante la presidencia de Mauricio Macri–, en la APN es donde se ha dado la mayor expansión porcentual del empleo público. Del documento surge que en 2005 la nómina de personal civil de la Nación (se excluyen policías y militares) era de 124.409 y llegó a 237.889 en 2015. Es decir, se duplicó en 10 años durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.
En la presidencia de Mauricio Macri la cifra se redujo 18,8% a 193.084 (44.805 empleados menos), algo así como 11.200 por año. Pero el regreso del kirchnerismo, esta vez envuelto en el traje de Alberto Fernández, prácticamente regresó a los números anteriores. El expresidente incorporó 38.836 dependientes sólo a la APN (9709 por año). Para terminar de graficar: Fernández adicionó 26 nuevos trabajadores estatales por día, sábado, domingos y feriados incluidos. Milei redujo esos 21.700 que se menciona.
Pero esto no es todo. Como se dijo, la APN tuvo a fines de diciembre pasado una nómina de 238.000 –entre administración central y organismos descentralizados– de los 792.405 totales. ¿Cómo se llega a esa cifra? El Poder Ejecutivo Nacional tiene, además, los llamados “otros entes”. En ese territorio se cuentan tres de los más importantes: el PAMI, la Anses y la AFIP. Y finalmente, las empresas públicas como las ferroviarias (con alrededor de 30.000 personas) y el Correo Argentino (14.000) como los principales empleadores.
Hay algunos anillos más para llegar al total de estatales nacionales. Ya fuera del Poder Ejecutivo, se encuentran los dependientes de las Universidades Nacionales, los empleados del Poder Legislativo y, finalmente, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Ese conteo es el que termina por sumar los 792.405. Un punto: en 2005 había 540.026 y en 2015 ya llegaba a 798.356. Con Macri bajó a 746.828 y Fernández la devolvió a un número parecido al de 2015. Milei es el que más aceleró la baja de contratos.
Bajas e incertidumbre
Después de aquellas bajas de los contratos de 2023, lo que sucede en la administración pública no tiene un patrón. “En las empresas públicas hay un poco más de cirugía fina. En general tienen una estructura distinta, que suelen tener más claro quiénes trabajan, quiénes cumplen y por dónde hacer el recorte de personal. En el Estado, depende del funcionario a cargo de armar la lista mensual”, confiesa un funcionario clave en la reducción del plantel.
En enero, por caso, la directiva, no escrita, que llegó es reducir 15% la plantilla de gran parte de las oficinas públicas. Además, se resolvió regresar a presencialidad. Esta medida expuso varias situaciones extremas, como empleados que vivían en otras ciudades (hubo un caso de un contratado que hacía años que vivía en Nueva York). Pasó la motosierra por ahí. Pero terminado el mes de enero, la mayoría no cumplió. Empezó algo más artesanal. Seis funcionarios contaron  que tratan de buscar gente que tienen menos tareas, o miran qué sucede con el nuevo organigrama del Estado y quiénes se quedan sin funciones. Pero nueve empleados del Estado, que trabajan en diferentes ministerios (2 de Jefatura de Gabinete, 2 del Ministerio de Justicia, 3 de Capital Humano y 2 de Economía) contaron que no hay tal cuestión quirúrgica. “Le toca a cualquiera”, se podría resumir lo que contaron en estricto off the record. Nadie sabe quién será el próximo. Eso sí, siempre se opta por los contratados; los que son planta permanente son intocables.
En las empresas públicas es distinto. Todos tienen relación de dependencia con la compañía y ahí hay otras opciones. Por caso, “plan puente”, como le llaman a las jubilaciones anticipadas que consiste en ofrecer a los que ya tienen 30 años de aportes pagar el 100% del sueldo de bolsillo hasta la fecha de jubilación, pero terminar la relación de dependencia y ahorrarse cargas sociales, aportes, etc. También, cada empresa tiene en marcha un plan de retiro voluntario. Los presidentes de las organizaciones presentan a sus ministerios un plan de retiros voluntarios. Si se los aprueban, entregan presupuestos para pagar indemnizaciones y ofrecer un pago. Algunas empresas lograron llegar a una oferta de un 50% más de lo que se pagaría por un despido sin causa. “Hay cantidad de casos que se podría esgrimir justa causa. Pero no lo usamos, se paga como si fuese un despido sin causa y se indemniza. De otra forma, llenaríamos de juicios al Estado”, dijo el presidente de una de las empresas que ya despidieron a varios cientos.
Los pasillos de la administración pública están convulsionados y no es para menos. Hay miles de empleados públicos, miles de historias detrás de cada contrato y unas cuantas razones para achicar el Estado.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA