Atribuyen a Villarruel el freno a los ascensos de dos jefes militares
Son los casos del general Berredo y el contraalmirante Coré, excluidos del listado oficial
Mariano de Vedia y Gustavo Ybarra
La vicepresidenta Victoria Villarruel
La exclusión de dos altos jefes de las Fuerzas Armadas de los ascensos militares propuestos por el Poder Ejecutivo, entre un total de seis oficiales marginados, sacó a la luz una disputa por la conducción castrense, a raíz de una decisión atribuida a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Fuentes del Senado explicaron que la demora responde a la necesidad de contar con más tiempo para estudiar los pliegos.
Los principales militares afectados por la postergación de sus promociones son el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Jorge Fabián Berredo, y el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Juan Carlos Coré, quienes integran los cuadros de conducción de las fuerzas. Ambos vieron frenados sus ascensos a los grados de general de división y vicealmirante, respectivamente, cuando sus nombres fueron quitados de la nómina de los 309 oficiales propuestos.
En el caso de Coré, la decisión se relaciona con una denuncia por supuesta participación en actividades de inteligencia contra empresas que explotan el litio en la Argentina y Bolivia. Pero fuentes oficiales deslizaron que “el caso fue desestimado y que ya se lo comunicó a la vicepresidenta”.
Los ascensos fueron aprobados la semana pasada en la Comisión de Acuerdos, en una reunión presidida por su titular, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).
En diálogo , el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que Villarruel le anticipó que algunos efectivos quedarían excluidos de los ascensos que se iban a discutir el jueves pasado en la Comisión de Acuerdos y le restó importancia a la supuesta interna política entre la vicepresidenta y la Casa Rosada por los ascensos militares.
“Se puso el foco en los que no fueron tratados, pero nosotros preferimos destacar las más de 300 promociones que sí se trataron y nos parece una gran señal que el Senado se haya abocado, después de tanto tiempo, a los ascensos de las Fuerzas Armadas, algo que es imprescindible y que generaba malestar y problemas”, afirmó Petri. Y recordó que el kirchnerismo había congelado los pliegos militares.
Voceros ligados a Villarruel confirmaron que fue la vicepresidenta quien le pidió a la senadora Tagliaferri que separara a media docena de oficiales con la intención de analizar sus casos con mayor detenimiento.
En el caso de Berredo, que con el cambio de gobierno retuvo su cargo de comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, se explicó que su antigüedad en el Ejército es mayor que la del actual jefe de la fuerza, general de división Carlos Alberto Presti. Fuentes castrenses comentaron a que hubo dos reuniones en el Senado con personal del Ejército, en las que se habría conversado sobre el tema.
También fueron frenados los ascensos de los generales de brigada Roberto Ariel Agüero y Aldo Daniel Ferrari, así como de los coroneles Gustavo Adrián Sivori y Héctor César Tornero.
Respecto del contraalmirante Coré, quien tiene a su cargo toda el área operativa de la Armada, se argumentó que se investiga si tiene responsabilidad en una propuesta que habría realizado una empresa alemana durante el gobierno anterior para “avanzar en un trabajo de campo sobre yacimientos de litio en Bolivia”, un producto considerado estratégico. La maniobra habría sido advertida en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, pero no habría sido ratificada en sede judicial.
Fuentes cercanas a Coré, que lleva 46 años en la Armada, dejaron trascender que no hay una denuncia pendiente en la Justicia y que en su momento las actuaciones fueron archivadas. Y recordaron que durante su paso por el área de inteligencia “sus escenarios eran el océano Atlántico y la Antártida, a lo que en los últimos dos años sumó el escenario fluvial”.
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El Gobierno restringirá el acceso al programa de cannabis medicinal
En el Ministerio de Salud detectaron irregularidades; afirman que seguirá funcionando, pero “más ordenado y riguroso”
La vicepresidenta Victoria Villarruel
La exclusión de dos altos jefes de las Fuerzas Armadas de los ascensos militares propuestos por el Poder Ejecutivo, entre un total de seis oficiales marginados, sacó a la luz una disputa por la conducción castrense, a raíz de una decisión atribuida a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Fuentes del Senado explicaron que la demora responde a la necesidad de contar con más tiempo para estudiar los pliegos.
Los principales militares afectados por la postergación de sus promociones son el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Jorge Fabián Berredo, y el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Juan Carlos Coré, quienes integran los cuadros de conducción de las fuerzas. Ambos vieron frenados sus ascensos a los grados de general de división y vicealmirante, respectivamente, cuando sus nombres fueron quitados de la nómina de los 309 oficiales propuestos.
En el caso de Coré, la decisión se relaciona con una denuncia por supuesta participación en actividades de inteligencia contra empresas que explotan el litio en la Argentina y Bolivia. Pero fuentes oficiales deslizaron que “el caso fue desestimado y que ya se lo comunicó a la vicepresidenta”.
Los ascensos fueron aprobados la semana pasada en la Comisión de Acuerdos, en una reunión presidida por su titular, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).
En diálogo , el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que Villarruel le anticipó que algunos efectivos quedarían excluidos de los ascensos que se iban a discutir el jueves pasado en la Comisión de Acuerdos y le restó importancia a la supuesta interna política entre la vicepresidenta y la Casa Rosada por los ascensos militares.
“Se puso el foco en los que no fueron tratados, pero nosotros preferimos destacar las más de 300 promociones que sí se trataron y nos parece una gran señal que el Senado se haya abocado, después de tanto tiempo, a los ascensos de las Fuerzas Armadas, algo que es imprescindible y que generaba malestar y problemas”, afirmó Petri. Y recordó que el kirchnerismo había congelado los pliegos militares.
Voceros ligados a Villarruel confirmaron que fue la vicepresidenta quien le pidió a la senadora Tagliaferri que separara a media docena de oficiales con la intención de analizar sus casos con mayor detenimiento.
En el caso de Berredo, que con el cambio de gobierno retuvo su cargo de comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, se explicó que su antigüedad en el Ejército es mayor que la del actual jefe de la fuerza, general de división Carlos Alberto Presti. Fuentes castrenses comentaron a que hubo dos reuniones en el Senado con personal del Ejército, en las que se habría conversado sobre el tema.
También fueron frenados los ascensos de los generales de brigada Roberto Ariel Agüero y Aldo Daniel Ferrari, así como de los coroneles Gustavo Adrián Sivori y Héctor César Tornero.
Respecto del contraalmirante Coré, quien tiene a su cargo toda el área operativa de la Armada, se argumentó que se investiga si tiene responsabilidad en una propuesta que habría realizado una empresa alemana durante el gobierno anterior para “avanzar en un trabajo de campo sobre yacimientos de litio en Bolivia”, un producto considerado estratégico. La maniobra habría sido advertida en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, pero no habría sido ratificada en sede judicial.
Fuentes cercanas a Coré, que lleva 46 años en la Armada, dejaron trascender que no hay una denuncia pendiente en la Justicia y que en su momento las actuaciones fueron archivadas. Y recordaron que durante su paso por el área de inteligencia “sus escenarios eran el océano Atlántico y la Antártida, a lo que en los últimos dos años sumó el escenario fluvial”.
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El Gobierno restringirá el acceso al programa de cannabis medicinal
En el Ministerio de Salud detectaron irregularidades; afirman que seguirá funcionando, pero “más ordenado y riguroso”
Cecilia Devanna
El Gobierno terminaba de confeccionar ayer una resolución que sumará requisitos y restringirá el acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Según pudo saber de fuentes gubernamentales, la resolución que emitirá el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, es el resultado de una evaluación sobre el Reprocann que arrojó irregularidades. El objetivo de las nuevas exigencias, explicaron, apunta a “incrementar los controles y la transparencia sobre quienes intervienen en el proceso de acceso al programa”, entre quienes hay “terceros, cultivadores solidarios y organizaciones no gubernamentales (ONG)”.
“El Reprocann va a seguir funcionando, pero más ordenado y riguroso”, describió una fuente del ministerio al tanto de la resolución, que se conocerá en los próximos días y sobre la que se ultiman detalles técnicos. Los cambios en el Reprocann se dan en el marco del reordenamiento del sistema de salud que busca implementar el Ministerio, agregaron en el oficialismo.
El Reprocann comenzó a funcionar en marzo de 2021 y poco más de un año después ya había alrededor de 90.000 personas incorporadas al registro. Desde entonces hasta la actualidad, para inscribirse es necesario contar con una indicación expresa de uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico, haber suscripto el consentimiento informado y la declaración jurada correspondiente, y cumplir los requisitos y los trámites solicitados por el programa en tiempo y forma.
El programa fue pensado para el acceso exclusivo de pacientes que necesiten pedir autorización al cultivo controlado de cannabis “con fines medicinales y/o terapéuticos, personas o entidades que necesiten cultivar para un tercero y profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes”. Pero, según fuentes oficiales, el Reprocam está desvirtuado y por eso buscan “reordenarlo”, a través de la inclusión de nuevos criterios.
Nuevas reglas
Entre los nuevos requisitos que se pedirán para ingresar al Reprocann se mencionan la “habilitación municipal” y la exigencia de que los inscriptos “no tengan antecedentes penales”.
Consultados por fuentes del área recalcaron que “el objetivo general es darle al registro una mayor rigurosidad, ya que era muy laxo. El registro va a continuar, pero se ordena a nivel general”.
Las fuentes consultadas por este diario detallaron que hubo diálogos a lo largo de estos meses con distintas ONG que trabajan sobre la temática y que habían manifestado su preocupación cuando, en abril pasado, se habló de revisar las autorizaciones.
En la auditoría, según el Gobierno,se encontró “un cuello de botella de más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores”. Enfatizaron que “el 16% del total de las prescripciones médicas fueron otorgadas por solo seis médicos y que unos 60 profesionales cuentan con más de 1000 prescripciones realizadas”. Uno de esos médicos, agregaron en el Gobierno, autorizó a 13.000 personas a acceder al programa.
En lo inmediato, y por el volumen pendiente de personas que requieren ingreso al Reprocann, el Ministerio de Salud estableció una priorización según la criticidad del diagnóstico para resolver los trámites. A partir de eso, se autorizaron en primer lugar aquellas solicitudes correspondientes a niños y adolescentes con patologías específicas, como la epilepsia refractaria.
Según explican cerca de la cartera, tanto ese criterio como los nuevos que se van a sumar “responden al objetivo impulsado por el Ministerio de Salud de recuperar el espíritu inicial del programa, contenido en la ley 27.350: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.
Hasta ahora, las personas incorporadas al registro están autorizadas a tener hasta nueve plantas.
El Gobierno terminaba de confeccionar ayer una resolución que sumará requisitos y restringirá el acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Según pudo saber de fuentes gubernamentales, la resolución que emitirá el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, es el resultado de una evaluación sobre el Reprocann que arrojó irregularidades. El objetivo de las nuevas exigencias, explicaron, apunta a “incrementar los controles y la transparencia sobre quienes intervienen en el proceso de acceso al programa”, entre quienes hay “terceros, cultivadores solidarios y organizaciones no gubernamentales (ONG)”.
“El Reprocann va a seguir funcionando, pero más ordenado y riguroso”, describió una fuente del ministerio al tanto de la resolución, que se conocerá en los próximos días y sobre la que se ultiman detalles técnicos. Los cambios en el Reprocann se dan en el marco del reordenamiento del sistema de salud que busca implementar el Ministerio, agregaron en el oficialismo.
El Reprocann comenzó a funcionar en marzo de 2021 y poco más de un año después ya había alrededor de 90.000 personas incorporadas al registro. Desde entonces hasta la actualidad, para inscribirse es necesario contar con una indicación expresa de uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico, haber suscripto el consentimiento informado y la declaración jurada correspondiente, y cumplir los requisitos y los trámites solicitados por el programa en tiempo y forma.
El programa fue pensado para el acceso exclusivo de pacientes que necesiten pedir autorización al cultivo controlado de cannabis “con fines medicinales y/o terapéuticos, personas o entidades que necesiten cultivar para un tercero y profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes”. Pero, según fuentes oficiales, el Reprocam está desvirtuado y por eso buscan “reordenarlo”, a través de la inclusión de nuevos criterios.
Nuevas reglas
Entre los nuevos requisitos que se pedirán para ingresar al Reprocann se mencionan la “habilitación municipal” y la exigencia de que los inscriptos “no tengan antecedentes penales”.
Consultados por fuentes del área recalcaron que “el objetivo general es darle al registro una mayor rigurosidad, ya que era muy laxo. El registro va a continuar, pero se ordena a nivel general”.
Las fuentes consultadas por este diario detallaron que hubo diálogos a lo largo de estos meses con distintas ONG que trabajan sobre la temática y que habían manifestado su preocupación cuando, en abril pasado, se habló de revisar las autorizaciones.
En la auditoría, según el Gobierno,se encontró “un cuello de botella de más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores”. Enfatizaron que “el 16% del total de las prescripciones médicas fueron otorgadas por solo seis médicos y que unos 60 profesionales cuentan con más de 1000 prescripciones realizadas”. Uno de esos médicos, agregaron en el Gobierno, autorizó a 13.000 personas a acceder al programa.
En lo inmediato, y por el volumen pendiente de personas que requieren ingreso al Reprocann, el Ministerio de Salud estableció una priorización según la criticidad del diagnóstico para resolver los trámites. A partir de eso, se autorizaron en primer lugar aquellas solicitudes correspondientes a niños y adolescentes con patologías específicas, como la epilepsia refractaria.
Según explican cerca de la cartera, tanto ese criterio como los nuevos que se van a sumar “responden al objetivo impulsado por el Ministerio de Salud de recuperar el espíritu inicial del programa, contenido en la ley 27.350: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.
Hasta ahora, las personas incorporadas al registro están autorizadas a tener hasta nueve plantas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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