Cristian Girard. “Había una obligación de aplicar otra cuota del Inmobiliario”
El director de ARBA dijo que, por la ley impositiva 2024, debía cobrar un extra en los impuestos inmobiliario rural y urbano; defendió el cobro de tasas en las boletas de servicios
Francisco Jueguen 
El actual titular de ARBA cuestionó a Milei
“Había una obligación de aplicar la cuota adicional”, dijo el director de ARBA, Cristian Girard, sobre el monto duplicado que recibieron de los impuestos inmobiliario urbano y rural semanas atrás miles de bonaerenses. Según el economista y funcionario de Axel Kicillof, la suba no era discrecional y había sido aprobada en la ley impositiva 2024 por todas las fuerzas en la Legislatura.
Esos dos impuestos, que ya habían tenido un alza en algunas de sus cuotas, sorprendieron a los contribuyentes cuando vieron duplicada la cuarta cuota (en rigor, son dos cuotas, la cuarta y quinta). Según ARBA solo llegó a un 9% de los contribuyentes, los de más alto poder adquisitivo, pese a las quejas de que hay personas que no perciben en ese universo.
Girard defendió la resistencia de la gobernación bonaerense a separar de las boletas de luz y gas el cobro de tasas o impuestos no vinculados a la prestación del servicio mientras se habilite el pago parcial y no se corte el servicio si no hay un pago total. “Hay una intención del gobierno nacional de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado”, cuestionó el economista.
–¿Por qué se agregó una cuota extra a los impuestos inmobiliario urbano y rural?
–No es una decisión de ARBA. Es algo que se incluyó en la ley impositiva 2024, que se aprobó en diciembre en una Legislatura donde no tenemos mayoría. Fue votada Junto por el Cambio, una parte de La libertad Avanza y por Unión por la Patria. Incluía dos artículos, uno para el inmobiliario urbano edificado y otro para el rural, donde establecía que ARBA debía aplicar un adicional sobre la última cuota, con un tope. Es para el 9% de las partidas de mayor valuación fiscal. Lo que nosotros hacemos es implementarlo. No tenemos discrecionalidad para decidir si hacerlo o no.
–¿La ley obligaba a la Provincia? ¿Podían no hacerlo?
–No, es de aplicación obligatoria. No es una decisión política. Una vez que se aprobó la ley, yo la tengo que ejecutar. La competencia de ARBA es hacer cumplir la ley impositiva y el código fiscal. El espíritu de esa decisión tiene que ver con bajarle la carga al otro 91%. Vamos a recomponer un poco la recaudación de los impuestos patrimoniales, del inmobiliario urbano y del rural, pero no les vamos a cobrar a todos esa recomposición, sino que lo vamos a distribuir de una manera más progresiva. Lo que Axel [Kicillof] buscó en su gobierno y para este año en la ley impositiva lo grafi, ca con un escudo y una red. El escudo para protegernos de los ataques que derivan de la política económica de Milei y la red para contener a los que se caigan.
–Pero ya había habido un aumento en esos impuestos.
–Ahí sí había margen. Se estableció la aplicación de un coeficiente entre cuotas para ajustar su valor, que está referenciado en una tasa de interés que cobra el Banco Provincia y que tiene un techo, que es el doble. O sea, estoy obligado a aplicar el índice y tengo un tope. Ahí sí había un margen discrecional. Obviamente, son cuestiones que definimos con el equipo económico. No todas las cuotas se actualizaron; solo una del impuesto inmobiliario urbano, la cuota dos, y del rural, solo en un 5% la tres. O sea, no hubo prácticamente ajustes. En caso de la cuota adicional no hay margen. Hay una obligación de aplicar el adicional.
–Dice que el universo era del 9%, con casas de US$650.000, pero le llegó a más gente.
–Hay un problema. La relación que existe entre la valuación fiscal y los precios de mercado no es lineal. Y la metodología de valuación catastral de la provincia es muy de otra época y releva variables que no son las que necesariamente reflejan los precios de mercado. De hecho, muchas veces se pueden encontrar propiedades en que el precio de mercado es 15 o 20 veces la valuación fiscal. Acá hay una relación entre la valuación fiscal que estableció la norma y lo que sería el precio de mercado, y da un número en dólares altísimo. Pero en realidad va a haber propiedades que tienen esa valuación fiscal y puede haber propiedades que valgan menos, que sean propiedades de US$150.000 o US$200.000 a las que les llegue igual el impuesto porque la valuación fiscal es alta. El tema ahí es que el catastro de la provincia de Buenos Aires es muy grande y el relevamiento y revalúo se hacen cada 10 años. Esas valuaciones fiscales que definen quién paga son del revalúo que hizo [María Eugenia] Vidal en 2017-18.
–¿No podrían haber optado por bajar el gasto en vez de elegir subir los impuestos?
–Nuestro último resultado fiscal tiene una situación superavitaria. ¿Cómo llegar a ese lugar? El contraste es clave. Milei es la motosierra y la licuadora, sobre todo la licuadora. Y Axel es un escudo y una red. ¿Cómo se explica económicamente? Milei decidió atacar el gasto de manera cruel y criminal. El ajuste lo están pagando los jubilados, los asalariados públicos, los trabajadores de la construcción. Es un círculo vicioso porque vos ajustás el gasto para generar un equilibrio fiscal, pero te caen los recursos, entonces tenés que volver a ajustar. En cambio, si vos ponés la economía a crecer, cuando la actividad se expande, aumenta la recaudación. Si vos le das impulso fiscal a través de la inversión pública a la actividad, eso tiene un efecto multiplicador y genera actividad, y eso genera recaudación. Así compensás el aumento de la inversión o del gasto con la recaudación que generaste al final.
–Pero el gasto pasó del 20% al 40% del PBI en los últimos años y el crecimiento no fue sustentable.
–Sí. Hay momentos; hay déficits y déficits. Una cosa es aumentar el gasto por el interés de la deuda y otra cosa para invertir en obra pública.
–Pero la deuda no es un capricho, viene del déficit.
–Sí pero también podés sobreendeudarte en dólares y cuando te faltan, devaluar, y entonces tenés que pagar muchísimos más intereses que lo que resulta en un manejo razonable del mismo déficit fiscal. O sea, todo siempre depende de la política económica. Por caso, en el segundo gobierno de Cristina, se tiene un problema en términos fiscales fundamentalmente por el déficit energético, por los subsidios, el gasto público y después por el lado de las importaciones, el frente externo. Eso estrangula dos pilares importantes de la macroeconomía y eso mete una tensión en el manejo de las cuentas públicas.
–Pero el ministro era Axel.
–Sí, bueno, y en 2012 se recupera YPF y gracias a eso hoy tenemos una excelente oportunidad en Vaca Muerta. Lo que primó fue la decisión política de Cristina y la visión de Axel de recuperar YPF para impulsar ese desarrollo, gracias a lo cual hoy tenemos discusiones muy interesantes sobre cómo atraer inversiones en el futuro.
–¿Qué cree del decreto nacional de que no se puedan cobrar impuestos o tasas municipales en las boletas de luz y gas?
–Oceba publicó un comunicado diciendo que no hay ningún problema con que las boletas que están bajo regulación provincial incluyan otros conceptos no vinculados al servicio, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores. Eso implica que se habilite el pago parcial y que no se corte el servicio si no hay un pago total de los montos facturados. Hay una intención del Gobierno de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado como política, sin reconocer la autonomía de los gobiernos.
–¿Hay municipios subiendo alícuotas para compensar el recorte de los fondos nacionales?
–No veo que haya habido un movimiento de los municipios descontrolado con relación a las tasas municipales para compensar el ajuste del Gobierno.
–¿Cree que se va a judicializar?
–No lo sé. Me preocupa más que el gobierno nacional insista en que el problema es que falta ajuste y entonces ahora esté tratando de presionar con esa línea. Porque me parece que la situación llegó a un nivel de alta tensión, o sea, estamos es una olla a presión.
–¿La provincia va a adherir al blanqueo de capitales?
–Es una decisión al más alto nivel político que requiere una ley provincial. Es recontrapolítica la decisión y va a incluir a todas las fuerzas. Se está estudiando el tema. Estamos viendo también qué hacen otras jurisdicciones.
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Los octógonos negros en los envases de alimentos, en la mira del Gobierno
Nuevo objetivo. Distintas áreas del Estado están analizando cambios en el etiquetado frontal; miran el modelo brasileño
“Había una obligación de aplicar la cuota adicional”, dijo el director de ARBA, Cristian Girard, sobre el monto duplicado que recibieron de los impuestos inmobiliario urbano y rural semanas atrás miles de bonaerenses. Según el economista y funcionario de Axel Kicillof, la suba no era discrecional y había sido aprobada en la ley impositiva 2024 por todas las fuerzas en la Legislatura.
Esos dos impuestos, que ya habían tenido un alza en algunas de sus cuotas, sorprendieron a los contribuyentes cuando vieron duplicada la cuarta cuota (en rigor, son dos cuotas, la cuarta y quinta). Según ARBA solo llegó a un 9% de los contribuyentes, los de más alto poder adquisitivo, pese a las quejas de que hay personas que no perciben en ese universo.
Girard defendió la resistencia de la gobernación bonaerense a separar de las boletas de luz y gas el cobro de tasas o impuestos no vinculados a la prestación del servicio mientras se habilite el pago parcial y no se corte el servicio si no hay un pago total. “Hay una intención del gobierno nacional de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado”, cuestionó el economista.
–¿Por qué se agregó una cuota extra a los impuestos inmobiliario urbano y rural?
–No es una decisión de ARBA. Es algo que se incluyó en la ley impositiva 2024, que se aprobó en diciembre en una Legislatura donde no tenemos mayoría. Fue votada Junto por el Cambio, una parte de La libertad Avanza y por Unión por la Patria. Incluía dos artículos, uno para el inmobiliario urbano edificado y otro para el rural, donde establecía que ARBA debía aplicar un adicional sobre la última cuota, con un tope. Es para el 9% de las partidas de mayor valuación fiscal. Lo que nosotros hacemos es implementarlo. No tenemos discrecionalidad para decidir si hacerlo o no.
–¿La ley obligaba a la Provincia? ¿Podían no hacerlo?
–No, es de aplicación obligatoria. No es una decisión política. Una vez que se aprobó la ley, yo la tengo que ejecutar. La competencia de ARBA es hacer cumplir la ley impositiva y el código fiscal. El espíritu de esa decisión tiene que ver con bajarle la carga al otro 91%. Vamos a recomponer un poco la recaudación de los impuestos patrimoniales, del inmobiliario urbano y del rural, pero no les vamos a cobrar a todos esa recomposición, sino que lo vamos a distribuir de una manera más progresiva. Lo que Axel [Kicillof] buscó en su gobierno y para este año en la ley impositiva lo grafi, ca con un escudo y una red. El escudo para protegernos de los ataques que derivan de la política económica de Milei y la red para contener a los que se caigan.
–Pero ya había habido un aumento en esos impuestos.
–Ahí sí había margen. Se estableció la aplicación de un coeficiente entre cuotas para ajustar su valor, que está referenciado en una tasa de interés que cobra el Banco Provincia y que tiene un techo, que es el doble. O sea, estoy obligado a aplicar el índice y tengo un tope. Ahí sí había un margen discrecional. Obviamente, son cuestiones que definimos con el equipo económico. No todas las cuotas se actualizaron; solo una del impuesto inmobiliario urbano, la cuota dos, y del rural, solo en un 5% la tres. O sea, no hubo prácticamente ajustes. En caso de la cuota adicional no hay margen. Hay una obligación de aplicar el adicional.
–Dice que el universo era del 9%, con casas de US$650.000, pero le llegó a más gente.
–Hay un problema. La relación que existe entre la valuación fiscal y los precios de mercado no es lineal. Y la metodología de valuación catastral de la provincia es muy de otra época y releva variables que no son las que necesariamente reflejan los precios de mercado. De hecho, muchas veces se pueden encontrar propiedades en que el precio de mercado es 15 o 20 veces la valuación fiscal. Acá hay una relación entre la valuación fiscal que estableció la norma y lo que sería el precio de mercado, y da un número en dólares altísimo. Pero en realidad va a haber propiedades que tienen esa valuación fiscal y puede haber propiedades que valgan menos, que sean propiedades de US$150.000 o US$200.000 a las que les llegue igual el impuesto porque la valuación fiscal es alta. El tema ahí es que el catastro de la provincia de Buenos Aires es muy grande y el relevamiento y revalúo se hacen cada 10 años. Esas valuaciones fiscales que definen quién paga son del revalúo que hizo [María Eugenia] Vidal en 2017-18.
–¿No podrían haber optado por bajar el gasto en vez de elegir subir los impuestos?
–Nuestro último resultado fiscal tiene una situación superavitaria. ¿Cómo llegar a ese lugar? El contraste es clave. Milei es la motosierra y la licuadora, sobre todo la licuadora. Y Axel es un escudo y una red. ¿Cómo se explica económicamente? Milei decidió atacar el gasto de manera cruel y criminal. El ajuste lo están pagando los jubilados, los asalariados públicos, los trabajadores de la construcción. Es un círculo vicioso porque vos ajustás el gasto para generar un equilibrio fiscal, pero te caen los recursos, entonces tenés que volver a ajustar. En cambio, si vos ponés la economía a crecer, cuando la actividad se expande, aumenta la recaudación. Si vos le das impulso fiscal a través de la inversión pública a la actividad, eso tiene un efecto multiplicador y genera actividad, y eso genera recaudación. Así compensás el aumento de la inversión o del gasto con la recaudación que generaste al final.
–Pero el gasto pasó del 20% al 40% del PBI en los últimos años y el crecimiento no fue sustentable.
–Sí. Hay momentos; hay déficits y déficits. Una cosa es aumentar el gasto por el interés de la deuda y otra cosa para invertir en obra pública.
–Pero la deuda no es un capricho, viene del déficit.
–Sí pero también podés sobreendeudarte en dólares y cuando te faltan, devaluar, y entonces tenés que pagar muchísimos más intereses que lo que resulta en un manejo razonable del mismo déficit fiscal. O sea, todo siempre depende de la política económica. Por caso, en el segundo gobierno de Cristina, se tiene un problema en términos fiscales fundamentalmente por el déficit energético, por los subsidios, el gasto público y después por el lado de las importaciones, el frente externo. Eso estrangula dos pilares importantes de la macroeconomía y eso mete una tensión en el manejo de las cuentas públicas.
–Pero el ministro era Axel.
–Sí, bueno, y en 2012 se recupera YPF y gracias a eso hoy tenemos una excelente oportunidad en Vaca Muerta. Lo que primó fue la decisión política de Cristina y la visión de Axel de recuperar YPF para impulsar ese desarrollo, gracias a lo cual hoy tenemos discusiones muy interesantes sobre cómo atraer inversiones en el futuro.
–¿Qué cree del decreto nacional de que no se puedan cobrar impuestos o tasas municipales en las boletas de luz y gas?
–Oceba publicó un comunicado diciendo que no hay ningún problema con que las boletas que están bajo regulación provincial incluyan otros conceptos no vinculados al servicio, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores. Eso implica que se habilite el pago parcial y que no se corte el servicio si no hay un pago total de los montos facturados. Hay una intención del Gobierno de meter con fórceps el ajuste en todos los niveles del Estado como política, sin reconocer la autonomía de los gobiernos.
–¿Hay municipios subiendo alícuotas para compensar el recorte de los fondos nacionales?
–No veo que haya habido un movimiento de los municipios descontrolado con relación a las tasas municipales para compensar el ajuste del Gobierno.
–¿Cree que se va a judicializar?
–No lo sé. Me preocupa más que el gobierno nacional insista en que el problema es que falta ajuste y entonces ahora esté tratando de presionar con esa línea. Porque me parece que la situación llegó a un nivel de alta tensión, o sea, estamos es una olla a presión.
–¿La provincia va a adherir al blanqueo de capitales?
–Es una decisión al más alto nivel político que requiere una ley provincial. Es recontrapolítica la decisión y va a incluir a todas las fuerzas. Se está estudiando el tema. Estamos viendo también qué hacen otras jurisdicciones.
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Los octógonos negros en los envases de alimentos, en la mira del Gobierno
Nuevo objetivo. Distintas áreas del Estado están analizando cambios en el etiquetado frontal; miran el modelo brasileño
José Luis Brea
Las advertencias sobre nutrientes perjudiciales podrían sufrir modificaciones
El Gobierno está analizando cambios en el etiquetado frontal de los alimentos, cuya característica actual más visible son los octógonos negros de los envases mediante los cuales se advierte a los consumidores sobre el exceso de ingredientes perjudiciales para la salud, como azúcares, grasas, calorías, grasas saturadas y sodio.
Según pudo saber en estos momentos están bajo estudio varias modificaciones posibles, desde octógonos más pequeños y “delicados”, con la intención de que sean menos invasivos, hasta una nueva fórmula para el cálculo de los “nutrientes críticos”, esto es, aquel que determina que un producto deba llevar la leyenda “exceso de”. También podría haber nuevas reglas para la publicidad de esos alimentos y una posible “armonización” de los criterios para el Mercosur con el modelo brasileño como norte.
A nivel técnico, en el tema trabaja principalmente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dentro de la órbita del Ministerio de Salud, aunque también participa la Secretaría de Comercio. Todo quedaría más tarde bajo la miradadelministrodeDesregulacióny Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que está dispuesto a expandir la agenda desreguladora a todos los rincones del Gobierno, confiaron fuentes oficiales y privadas al tanto de las conversaciones. Desde esa cartera, en cambio, no confirmaron el rol coordinador de Sturzenegger y dijeron no estar al tanto de la iniciativa.
Si bien el gobierno libertario arrancó con la idea de desburocratizar procesos y ya removió varios obstáculos regulatorios desde la Secretaría de Comercio, que conduce Pablo Lavigne, la incorporación formal de “el Coloso” a la gestión podría acelerar los tiempos de varias iniciativas en ese sentido.
En el caso del etiquetado, no tendría que esforzarse por convencer a nadie dentro de la gestión Milei, dado que desde que era candidato, tanto el Presidente como algunos de sus principales referentes, como el diputado José Luis Espert, siempre se mostraron en contra de los lineamientos de la ley de etiquetado frontal. En todo caso, de concretarse las iniciativas, la pelea será con el kirchnerismo, principal impulsor de la norma que el Congreso aprobó el 26 de octubre de 2021.
La industria alimentaria viene insistiendo desde entonces con una agenda de flexibilización. La llegada de Sturzenegger al Gobierno es vista en el sector como una oportunidad para revitalizarla.
Como se trata de una ley, los cambios podrían darse por etapas. Primero, los más simples, se buscarán implementar mediante modificaciones al decreto reglamentario. Los cambios de fondo quedarían para una segunda instancia en la que sería necesaria una nueva ley o bien una enmienda a la actual, propuesta de modificación que debería ser refrendada mediante debate y aprobación parlamentaria.
Leyendo la letra chica
“La Anmat está revisando el manual de aplicación vinculado a los octógonos en envases. Se está trabajando en un proyecto de resolución que contemple experiencias de otros países y pedidos de la industria; el trabajo está coordinado con el Ministerio de Desregulación”, señalaron cerca del organismo descentralizado que funciona dentro de Salud.
En tanto, fuentes privadas dieron algunos detalles sobre lo que está bajo estudio. “Es más amplio que el tema de los octógonos. Tanto Anmat como el Senasa [Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria] están revisando procesos. En el caso de Anmat, están trabajando en la simplificación del sistema de control nacional de alimentos”.
Entrarían allí, por ejemplo, los tiempos de registración de los alimentos; además se acaba de autorizar la libre elección de los laboratorios para esa registración. También se buscan flexibilizar las auditorías en planta. Asimismo, están bajo revisión procesos supervisados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que controla el ingreso en el país de envases y utensilios importados que estarán en contacto con alimentos.
Fuentes del sector confirmaron a que hay conversaciones entre la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el ministro de Desregulación sobre este tema y otros de una agenda más amplia que incluye cuestiones tributarias, de comercio exterior, laborales y de medio ambiente. “Hay buena receptividad”, afirmaron.
Copal ya le había planteado al exministro de Economía Sergio Massa el alto costo que enfrenta la industria local por la falta de armonización de criterios en el etiquetado de los alimentos dentro del Mercosur. La intención es ir hacia el modelo brasileño, cuyo sistema de advertencia es diferente, para lo cual la Argentina ya contaría también con el visto bueno de Uruguay para sumarse al cambio.
Hay otro tema potencialmente polémico que es el cálculo de los “nutrientes críticos”, que surge de una proporción entre ese componente y el valor calórico del producto. Esa fórmula, dicen en la industria argentina, genera distorsiones y hace que, a veces, “un producto que tiene menos azúcar lleve el sello y otro que tiene más azúcar no lo tenga”.
Si bien hace tres años la mayoría de los diputados apoyó el proyecto de ley en términos generales (el Senado lo había hecho el año anterior), varios plantearon objeciones y se abstuvieron de votar algunos de sus artículos. Un grupo de legisladores –en su mayoría de Pro– rechazaron entonces la iniciativa por considerar que el esquema de octógonos resultaba “hostil y estigmatizante” y que, en lugar de propender hacia una educación en materia alimentaria, imponía censuras y prohibiciones.
El Gobierno está analizando cambios en el etiquetado frontal de los alimentos, cuya característica actual más visible son los octógonos negros de los envases mediante los cuales se advierte a los consumidores sobre el exceso de ingredientes perjudiciales para la salud, como azúcares, grasas, calorías, grasas saturadas y sodio.
Según pudo saber en estos momentos están bajo estudio varias modificaciones posibles, desde octógonos más pequeños y “delicados”, con la intención de que sean menos invasivos, hasta una nueva fórmula para el cálculo de los “nutrientes críticos”, esto es, aquel que determina que un producto deba llevar la leyenda “exceso de”. También podría haber nuevas reglas para la publicidad de esos alimentos y una posible “armonización” de los criterios para el Mercosur con el modelo brasileño como norte.
A nivel técnico, en el tema trabaja principalmente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dentro de la órbita del Ministerio de Salud, aunque también participa la Secretaría de Comercio. Todo quedaría más tarde bajo la miradadelministrodeDesregulacióny Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que está dispuesto a expandir la agenda desreguladora a todos los rincones del Gobierno, confiaron fuentes oficiales y privadas al tanto de las conversaciones. Desde esa cartera, en cambio, no confirmaron el rol coordinador de Sturzenegger y dijeron no estar al tanto de la iniciativa.
Si bien el gobierno libertario arrancó con la idea de desburocratizar procesos y ya removió varios obstáculos regulatorios desde la Secretaría de Comercio, que conduce Pablo Lavigne, la incorporación formal de “el Coloso” a la gestión podría acelerar los tiempos de varias iniciativas en ese sentido.
En el caso del etiquetado, no tendría que esforzarse por convencer a nadie dentro de la gestión Milei, dado que desde que era candidato, tanto el Presidente como algunos de sus principales referentes, como el diputado José Luis Espert, siempre se mostraron en contra de los lineamientos de la ley de etiquetado frontal. En todo caso, de concretarse las iniciativas, la pelea será con el kirchnerismo, principal impulsor de la norma que el Congreso aprobó el 26 de octubre de 2021.
La industria alimentaria viene insistiendo desde entonces con una agenda de flexibilización. La llegada de Sturzenegger al Gobierno es vista en el sector como una oportunidad para revitalizarla.
Como se trata de una ley, los cambios podrían darse por etapas. Primero, los más simples, se buscarán implementar mediante modificaciones al decreto reglamentario. Los cambios de fondo quedarían para una segunda instancia en la que sería necesaria una nueva ley o bien una enmienda a la actual, propuesta de modificación que debería ser refrendada mediante debate y aprobación parlamentaria.
Leyendo la letra chica
“La Anmat está revisando el manual de aplicación vinculado a los octógonos en envases. Se está trabajando en un proyecto de resolución que contemple experiencias de otros países y pedidos de la industria; el trabajo está coordinado con el Ministerio de Desregulación”, señalaron cerca del organismo descentralizado que funciona dentro de Salud.
En tanto, fuentes privadas dieron algunos detalles sobre lo que está bajo estudio. “Es más amplio que el tema de los octógonos. Tanto Anmat como el Senasa [Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria] están revisando procesos. En el caso de Anmat, están trabajando en la simplificación del sistema de control nacional de alimentos”.
Entrarían allí, por ejemplo, los tiempos de registración de los alimentos; además se acaba de autorizar la libre elección de los laboratorios para esa registración. También se buscan flexibilizar las auditorías en planta. Asimismo, están bajo revisión procesos supervisados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que controla el ingreso en el país de envases y utensilios importados que estarán en contacto con alimentos.
Fuentes del sector confirmaron a que hay conversaciones entre la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el ministro de Desregulación sobre este tema y otros de una agenda más amplia que incluye cuestiones tributarias, de comercio exterior, laborales y de medio ambiente. “Hay buena receptividad”, afirmaron.
Copal ya le había planteado al exministro de Economía Sergio Massa el alto costo que enfrenta la industria local por la falta de armonización de criterios en el etiquetado de los alimentos dentro del Mercosur. La intención es ir hacia el modelo brasileño, cuyo sistema de advertencia es diferente, para lo cual la Argentina ya contaría también con el visto bueno de Uruguay para sumarse al cambio.
Hay otro tema potencialmente polémico que es el cálculo de los “nutrientes críticos”, que surge de una proporción entre ese componente y el valor calórico del producto. Esa fórmula, dicen en la industria argentina, genera distorsiones y hace que, a veces, “un producto que tiene menos azúcar lleve el sello y otro que tiene más azúcar no lo tenga”.
Si bien hace tres años la mayoría de los diputados apoyó el proyecto de ley en términos generales (el Senado lo había hecho el año anterior), varios plantearon objeciones y se abstuvieron de votar algunos de sus artículos. Un grupo de legisladores –en su mayoría de Pro– rechazaron entonces la iniciativa por considerar que el esquema de octógonos resultaba “hostil y estigmatizante” y que, en lugar de propender hacia una educación en materia alimentaria, imponía censuras y prohibiciones.
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La ley prevé una actualización por inflación; el índice es de 13,35%
Silvia Stang
Los salarios a partir de los cuales se paga Ganancias y los valores de la tabla que determina cuánto se tributa tendrán una actualización este mes, porque así lo establece la ley aprobada meses atrás por el Congreso. Es una medida planteada como “de excepción” (a partir de 2025, de hecho, los reajustes al esquema no se harán en septiembre, sino en enero y julio), que traerá algo de alivio para los alcanzados por la carga fiscal.
Para la implementación del reajuste aún falta una reglamentación, según dijeron en la AFIP a La ley 27.743 establece que los valores de las variables que definen quiénes pagan el tributo (y en todo caso, cuánto) deben ajustarse este año en septiembre, usando como referencia el coeficiente surgido de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec “correspondiente a los meses junio a agosto de 2024, inclusive”. Según los datos oficiales, la inflación acumulada en ese trimestre fue de 13,35%.
Actualizar el esquema con ese índice llevará el menor salario sujeto al tributo, para alguien sin familiares a cargo ni otras deducciones, de $1.800.000 a $2.040.300 en bruto ($1.494.000 y $1.693.449 netos, respectivamente). Para un empleado con cónyuge y dos hijos menores a cargo, la base pasará de $2.400.800 –cifra correspondiente a agosto– a $2.682.208 (en montos netos, de $1.981.275 a $2.245.775). Y si se trata de alguien que deduce solo dos hijos, el salario bruto a partir del cual se tributa será de $2.374.454, en lugar de los $2.094.799 del mes pasado.
Además de la suba del piso salarial para que se apliquen retenciones por Ganancias, la medida genera un alivio en los montos del impuesto, ya que está prevista la actualización de los valores de la tabla que determina, en función de los ingresos gravados, la alícuota a aplicar.
El efecto de la actualización, sin embargo, se vería de manera más significativa recién el año próximo. Más allá de la normativa aún faltante para la implementación de los cambios, la resolución 5531 de la AFIP ya dispuso que, si bien los valores actualizados tendrán vigencia por todo 2024, la corrección de lo descontado en los últimos meses llegará cuando se haga la cuenta final del tributo correspondiente a este año. Y eso será con la liquidación de los sueldos de abril de 2025.
Es decir, el impuesto se recalculará teniendo en cuenta el esquema actualizado y se harán las compensaciones que surjan de esa reestimación, pero eso será recién el año próximo. Más aún, por aspectos técnicos de las reglas ya establecidas por la AFIP, ni por los salarios en particular de lo que resta del año se notará en forma completa el efecto de la actualización.
“Si bien no está publicada la nueva tabla en el sitio de la AFIP, la reglamentación indica que en las liquidaciones a practicar desde el 1° de este mes se computarán los importes de las deducciones personales y de la escala actualizados”, dice Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
De la resolución del organismo también se desprende que ya por lo percibido desde el 1° de septiembre debería utilizarse el esquema actualizado, con lo cual debería haber un reajuste específico para ese período, según señala Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.
Es decir, más allá de que para definir el coeficiente se dispuso usar un período de referencia del cual aún no se conocían los datos al liquidarse los salarios de agosto, se estableció que las remuneraciones cobradas este mes (más allá de la fecha de devengamiento) ya estarían regidas en su liquidación por los montos actualizados, con la salvedad hecha de que –cuestiones técnicas– el efecto total de la medida se verá en 2025.
El impuesto sobre los ingresos fue modificado por el Congreso a mitad de año, aunque la aplicación práctica de las nuevas reglas llegó con los salarios de agosto, cobrados este mes. Por la forma tardía en que se aprobaron las reglamentaciones necesarias, las empresas en general no llegaron a adecuar los sistemas para la liquidación de las remuneraciones de julio, para las cuales, según la normativa, ya regía el nuevo esquema. Por eso, con los sueldos de agosto se hicieron reajustes correspondientes al impuesto sobre los ingresos del mes previo.
Entre las modificaciones, que provocaron que más asalariados quedaran alcanzados por el tributo que pesa sobre los ingresos, se habilitó la posibilidad de aplicar deducciones por familiares a cargo y por una serie de gastos.
Los salarios a partir de los cuales se paga Ganancias y los valores de la tabla que determina cuánto se tributa tendrán una actualización este mes, porque así lo establece la ley aprobada meses atrás por el Congreso. Es una medida planteada como “de excepción” (a partir de 2025, de hecho, los reajustes al esquema no se harán en septiembre, sino en enero y julio), que traerá algo de alivio para los alcanzados por la carga fiscal.
Para la implementación del reajuste aún falta una reglamentación, según dijeron en la AFIP a La ley 27.743 establece que los valores de las variables que definen quiénes pagan el tributo (y en todo caso, cuánto) deben ajustarse este año en septiembre, usando como referencia el coeficiente surgido de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec “correspondiente a los meses junio a agosto de 2024, inclusive”. Según los datos oficiales, la inflación acumulada en ese trimestre fue de 13,35%.
Actualizar el esquema con ese índice llevará el menor salario sujeto al tributo, para alguien sin familiares a cargo ni otras deducciones, de $1.800.000 a $2.040.300 en bruto ($1.494.000 y $1.693.449 netos, respectivamente). Para un empleado con cónyuge y dos hijos menores a cargo, la base pasará de $2.400.800 –cifra correspondiente a agosto– a $2.682.208 (en montos netos, de $1.981.275 a $2.245.775). Y si se trata de alguien que deduce solo dos hijos, el salario bruto a partir del cual se tributa será de $2.374.454, en lugar de los $2.094.799 del mes pasado.
Además de la suba del piso salarial para que se apliquen retenciones por Ganancias, la medida genera un alivio en los montos del impuesto, ya que está prevista la actualización de los valores de la tabla que determina, en función de los ingresos gravados, la alícuota a aplicar.
El efecto de la actualización, sin embargo, se vería de manera más significativa recién el año próximo. Más allá de la normativa aún faltante para la implementación de los cambios, la resolución 5531 de la AFIP ya dispuso que, si bien los valores actualizados tendrán vigencia por todo 2024, la corrección de lo descontado en los últimos meses llegará cuando se haga la cuenta final del tributo correspondiente a este año. Y eso será con la liquidación de los sueldos de abril de 2025.
Es decir, el impuesto se recalculará teniendo en cuenta el esquema actualizado y se harán las compensaciones que surjan de esa reestimación, pero eso será recién el año próximo. Más aún, por aspectos técnicos de las reglas ya establecidas por la AFIP, ni por los salarios en particular de lo que resta del año se notará en forma completa el efecto de la actualización.
“Si bien no está publicada la nueva tabla en el sitio de la AFIP, la reglamentación indica que en las liquidaciones a practicar desde el 1° de este mes se computarán los importes de las deducciones personales y de la escala actualizados”, dice Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
De la resolución del organismo también se desprende que ya por lo percibido desde el 1° de septiembre debería utilizarse el esquema actualizado, con lo cual debería haber un reajuste específico para ese período, según señala Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.
Es decir, más allá de que para definir el coeficiente se dispuso usar un período de referencia del cual aún no se conocían los datos al liquidarse los salarios de agosto, se estableció que las remuneraciones cobradas este mes (más allá de la fecha de devengamiento) ya estarían regidas en su liquidación por los montos actualizados, con la salvedad hecha de que –cuestiones técnicas– el efecto total de la medida se verá en 2025.
El impuesto sobre los ingresos fue modificado por el Congreso a mitad de año, aunque la aplicación práctica de las nuevas reglas llegó con los salarios de agosto, cobrados este mes. Por la forma tardía en que se aprobaron las reglamentaciones necesarias, las empresas en general no llegaron a adecuar los sistemas para la liquidación de las remuneraciones de julio, para las cuales, según la normativa, ya regía el nuevo esquema. Por eso, con los sueldos de agosto se hicieron reajustes correspondientes al impuesto sobre los ingresos del mes previo.
Entre las modificaciones, que provocaron que más asalariados quedaran alcanzados por el tributo que pesa sobre los ingresos, se habilitó la posibilidad de aplicar deducciones por familiares a cargo y por una serie de gastos.
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