ESCUELAS CERRADAS Y DESCUENTOS Y JUSTICIA

Las escuelas públicas bonaerenses permanecieron cerradas
Las instituciones de gestión privada dieron clases, pero los alumnos tuvieron problemas para llegar; descontarán el día a docentes en la Capital

Lucila Marin
Las clases también se vieron afectadas por el paro de transporte. No solo porque complicó a las familias para trasladarse hasta las escuelas, sino también porque la alianza de sindicatos del transporte que lanzó la medida de fuerza sumó, entre otros, a los gremios docentes bonaerenses. La Escuela Primaria Nº 21 Madre Teresa de Calcuta de Pilar estuvo cerrada. Detrás de las rejas se veía el hall vacío. La postal se repetía en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 3 en Del Viso, y en la cercana Escuela de Educación Especial Nº 504. Solo había dos auxiliares que aprovecharon la jornada para limpiar y desinfectar.
En “defensa de la educación y de las universidades”, los representantes de los maestros bonaerenses decidieron plegarse al paro para rechazar la política educativa del Gobierno. Reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un componente del salario de los trabajadores que el Gobierno giraba a las provincias y representa entre el 10% y el 15% de sus sueldos, que la gestión libertaria suspendió a principios de año.
Pedían también un aumento del presupuesto educativo, la ley de financiamiento universitario, la convocatoria a la paritaria nacional docente, en solidaridad con la lucha de estudiantes y docentes, y rechazan las reformas jubilatorias, según enumeraba el comunicado de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
También había adherido el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), encabezado por Roberto Baradel, adjunto de Ctera y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, que sumó entre los reclamos el envío de fondos nacionales para el Instituto de Previsión Social. Se plegaron además la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
En la ciudad de Buenos Aires ayer también se sumó el gremio de izquierda que suele adherir a los paros nacionales, la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys).
“En defensa de la educación pública, nuestros salarios y jubilaciones, en apoyo a la lucha universitaria, seamos miles de guardapolvos enfrentando este plan de ajuste”, informaron en el comunicado en el que pedían “unidad y coordinación de todas las luchas”. Salvo situaciones derivadas del paro de transporte, las escuelas “están funcionando en forma normal”, afirmaron ayer fuentes del Ministerio de Educación porteño.
Como implementaron desde la gestión anterior, los docentes que adhieran al paro lo verán reflejado en su sueldo: se descontará el día y el proporcional del presentismo.
“Si el docente no pueda llegar a la escuela a causa del paro de transporte, los directivos podrán justificar la falta como causa de fuerza mayor y no se les descontará el día”, indicaron desde la cartera a cargo de Mercedes Miguel.

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Milei envía 150 pliegos de jueces: las razones de la jugada oficial
La Casa Rosada acelera luego de que se empantanaron los pliegos de la Corte

Maia Jastreblansky
“Si no quieren negociar, no negociamos”. Un importante colaborador del Gobierno justificó así la decisión de Javier Milei de enviar al Senado, de a tandas, más de 149 pliegos de candidatos a jueces federales de todo el país. La jugada a todo o nada –la Cámara alta podrá tratar y aprobar las candidaturas del Poder Ejecutivo, o no– sorprendió a la oposición, a los gobernadores y a distintos actores del mundo judicial porque no hubo demasiadas consultas previas que garanticen el éxito de los trámites en su paso final por el Congreso.
En la Casa Rosada prometen que el pilón de pliegos será remitido el próximo lunes, y que a los 149 candidatos que ya están decididos podrían sumarse varios nombres más, porque hoy el Consejo de la Magistratura –el órgano que inicia la selección de postulantes a jueces– remitió otras 12 ternas de candidatos al Poder Ejecutivo. Nada garantiza que no haya cambios de último minuto: desde que se supo el plan oficial, los teléfonos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y de otros funcionarios no pararon de sonar. Un colaborador oficial reconoció que recibió varios cientos de mensajes en las últimas horas.
El argumento oficial que ofrecen en el Gobierno es que la situación del Poder Judicial, donde hay un 30% de juzgados sin titular (283 vacantes) hace que el sistema esté “en crisis absoluta”. Y que hasta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pidió que se acelere el nombramiento de jueces para mejorar la situación institucional.
Es cierto que la situación del Poder Judicial es crítica y que hay un exceso de subrogancias para paliar las demoras en el sistema de designación de jueces. Pero hasta acá el Gobierno se había reservado la carta de los pliegos para los juzgados federales como una herramienta de negociación con el kirchnerismo y con los gobernadores que tallan en el Senado.
La prioridad de la Casa Rosada siempre fue conseguir los votos en la Cámara alta para que fueran aprobados los dos candidatos de Milei a la Corte Suprema: el juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla.
Los pliegos que ahora quiere remitir el Poder Ejecutivo al Senado son más de la mitad de los cargos vacantes. También está pendiente la designación del procurador general (el jefe de los fiscales) y del defensor del pueblo. Con esas figuritas, al inicio del año, la Casa Rosada pretendía negociar con el PJ y, eventualmente, con algunos gobernadores. Es decir, completar el álbum del Poder Judicial en un acuerdo político más amplio.
El Gobierno, en una estrategia encabezada en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo –jefe político de Amerio- se ocupó de mandarle el mensaje al Instituto Patria para acercar posiciones. La propuesta era avanzar con una ley de ampliación de la Corte Suprema (como pretendía Cristina Kirchner) siempre y cuando primero se votaran los pliegos de Lijo y GarcíaMansilla en el Senado. Pero las conversaciones entre ambas terminales se empantanaron.
Ahora el Gobierno pateó el tablero con las vacantes de los juzgados federales. “Con esto creen que apuran la discusión, que pueden mover el avispero y hacer que el peronismo se mueva”, comentó un hombre del Poder Judicial.
Juzgados claves
Al igual que hicieron Mauricio Macri y Alberto Fernández, una de las primeras acciones de Milei al asumir fue retirar 62 pliegos de jueces, fiscales y defensores pendientes de aprobación en el Senado. La pretensión oficial ahora es devolver a la Cámara alta todos los expedientes en manos del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el exjefe de Gabinete de esa cartera Diego Guerendiain, habían negociado –a principios de año– algunos nombres. Pero es posible que la Casa Rosada haya hecho borrón y cuenta nueva, porque Guerendiain se fue del Gobierno y eso redundó en mayor poder para el tándem Caputo-Amerio.
“El Gobierno no puede terminar las sesiones ordinarias sin haber hecho nada para resolver la situación de los juzgados. Con este movimiento patea la pelota para el Senado”, evaluó un colaborador del Consejo de la Magistratura.
Entre las vacantes que el Gobierno debe completar figuran lugares en la Cámara Federal de La Plata, de Mendoza, de Mar del Plata y de Rosario. También hay un casillero vacío en la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial, que se dedica a tramitar denuncias por presunta cartelización y prácticas monopólicas. Otras vacantes claves están en la Cámara Federal en lo Penal Económico, que tramita casos de contrabando y evasión. Y está pendiente la designación en la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema. En aquel concurso había quedado primero el juez federal Daniel Rafecas, que supo ser el candidato de Alberto Fernández a procurador general, una postulación que quedó frustrada.
Altas fuentes del Gobierno aseguraron a que el Poder Ejecutivo la nacion también quiere avanzar con “las vacantes de primera instancia de Comodoro Py”, es decir, los cuatro juzgados vacantes que investigan casos de corrupción, entre otros delitos federales. Eso es, por ahora, inviable, porque el Consejo de la Magistratura todavía no completó los concursos ni la conformación de ternas.
Quien tiene un lugar asegurado en la lista del Poder Ejecutivo es Juan Tomás Rodríguez Ponte, que supo ser secretario en el juzgado de Lijo y concursó para un estratégico juzgado de Lomas de Zamora. Como ya hizo otras veces, el Gobierno optó por una jugada a fondo, sin seguir las reglas no escritas del sistema, y a su propio riesgo.

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