EDITORIAL Y COLOMBIA, UN MAR DE COCA

Tensión en la Hidrovía
El gobierno argentino ha dispuesto unilateralmente, contradiciendo un acuerdo internacional, el cobro de un peaje y desató protestas de los países vecinos
Los gobiernos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay le han reclamado a la Argentina que desista de cobrar un peaje en el tramo Santa Fe Norte de la Vía de Navegación Troncal (VNT) de los ríos Paraná y Paraguay. La falta de acuerdo está provocando un elevado nivel de tensión, especialmente con el gobierno paraguayo, que en lo que se interpreta como una represalia por la decisión argentina dispuso abrir de forma unilateral al máximo el vertedero de Aña Cuá y dejó correr el agua que se necesita para hacer funcionar la represa de Yacyretá, vaciando parcialmente el embalse.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció que pedirá un arbitraje internacional, acompañado por los gobiernos de sus países vecinos, para resolver la polémica desatada por el cobro de peajes en la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales canales logísticos empleados por los países que componen este sistema fluvial.
Desde principios de año, el gobierno argentino procedió a implementar, de manera unilateral, el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte fluvial que circule por el tramo comprendido entreel puerto de Santa Fe y Confluencia.
El reclamo contrario a esa disposición de las autoridades argentinas se funda en el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraná-Paraguay, suscripto por los cinco países en 1994. El artículo 4° establece que los países signatarios se reconocen recíprocamente la libertad de navegación en toda la Hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas. El siguiente artículo determina que, sin previo acuerdo de las partes, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación.
Estipula, asimismo, que las mercancías transportadas en tránsito aduanero internacional no estarán sujetas al pago de gravámenes a la importación o la exportación eventualmente exigibles mientras dure la operación de tránsito, “con excepción del pago de tasas por servicios efectivamente prestados”.
El embajador argentino en Asunción, Domingo Peppo, justificó la instrumentación del cobro del peaje por el hecho de que la Argentina “presta servicios de balizamiento, dragado, seguridad y ambientales, que demandan entre 20 y 25 millones de dólares anuales” y señaló que “es justo que eso lo pague quien utiliza la Hidrovía y, en este caso, la mayor flota es la paraguaya”.
Sin embargo, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp), integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios del acuerdo, certificó que “las condiciones hid ro morfológicas del río en el tramo Santa Fe-Confluencia, por sus profundidades naturales, permiten la navegación segura de las embarcaciones a 10 pies de calado durante las 24 horas, sin necesidad de intervenciones de dragado”. Asimismo, subrayó que “con la tecnología disponible tampoco resulta necesaria la provisión del servicio de balizamiento de ese sector”.
En función de ese informe, Para departamentos guay, Brasil, Bolivia y Uruguay sostuvieron que no existe fundamento para el cobro de tasa alguna y decidieron elevar la discusión al nivel del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), órgano político del acuerdo. Pero la representación argentina se opuso a ese procedimiento y planteó continuar la discusión en el área técnica, sin acceder a suspender la aplicación del peaje, que, según estimaciones del sector privado, implica un costo adicional para el comercio exterior de los países miembros del acuerdo de aproximadamente 40 millones de dólares por año.
Mientras se profundizan las diferencias, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sostuvo que la competitividad del complejo agroexportador se verá afectada sin una infraestructura y logística acordes. En tal sentido, destacó la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la que, además de muchas exportaciones, ingresan los insumos básicos y críticos para todo el sector industrial, y propuso una licitación internacional “veloz y eficiente”, que avance hacia un contratante directo y no mediante una intervención estatizada.
Demasiados y muy onerosos pleitos perdidos tiene ya nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en otros ámbitos. La sentencia de la Justicia estadounidense contra el Estado argentino por el caso YPF es el ejemplo más reciente. Ya la Argentina es vista como una incumplidora serial y, en el caso que nos ocupa, se sumaría otro incumplimiento, al violar un acuerdo internacional.
Es de esperar que nuestro país deje atrás cualquier reclamo infundado para superar las desagradables consecuencias que están teniendo las llamativas desinteligencias en torno del uso de nuestros ríos.
Demasiados y muy onerosos pleitos perdidos tiene ya la Argentina en el Ciadi y en otros ámbitos

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Colombia, un mar de coca

De acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, en 2022, los cultivos de hoja de coca en Colombia tuvieron un incremento del 13% en la superficie total de narcocultivos. El país cafetero alcanzó cifras alarmantes en el área dedicada al producto base de la cocaína, con 230.000 hectáreas en todo su territorio.
A la vista del crecimiento de los cultivos, la alerta también corre por cuenta de otro aumento: el de la producción potencial de clorhidrato de cocaína, que en 2022 fue del 24% y alcanzó las 1738 toneladas.
Las regiones donde más crecieron las áreas sembradas son las mismas donde las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han fortalecido su presencia criminal. Son municipios ubicados mayormente en tres fronterizos que concentran el 65% de las zonas cultivadas: Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde el incremento fue de un alarmante 77%.
Estos datos coinciden con la búsqueda de la paz total, la política bandera del presidente Gustavo Petro, con la que busca negociar en simultáneo con distintos grupos armados, aspiración que se dificulta, ya que la coca genera una cadena de violencia que va desde la disputa por el control territorial de las plantaciones, que causa enfrentamientos entre grupos ilegales, hasta la guerra que se libra en los centros urbanos por el control del microtráfico.
La nueva estrategia respecto de los cultivos de coca propiciada por el gobierno colombiano, consistente en no atacar los sembradíos pequeños, sino destruir los cultivos de mayor volumen, a cargo de organizaciones criminales, no está dando los resultados esperados. El año pasado se incumplió la meta de destrucción de narcocultivos, al llegar solo a 44.000 hectáreas, y para este año apenas se fijó la tarea de destruir 20.000, pero hasta mayo pasado apenas se habían intervenido poco más de 4500 hectáreas.
Si bien es necesario brindarles a los campesinos alternativas productivas rentables, algo que hasta el momento ha sido imposible, se requiere que las autoridades cuenten con herramientas que permitan la erradicación eficiente de los cultivos ilícitos para terminar con los problemas derivados de la coca que amenazan la institucionalidad.
En la tarea de erradicar estos cultivos se debe trabajar con firmeza, sin descanso y en forma continua porque los grupos narcoguerrilleros colombianos viven y se mantienen gracias a ellos, ya que son sus pulmones financieros y el combustible que alimenta los actos criminales y la violencia. Mientras haya coca no habrá paz.

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