EL PERFIL Y EL ESCENARIO

La jueza que se abrazó al eslogan del lawfare
La jueza Ana María Figueroa cumplió 75 años, edad límite para todos los jueces, el 9 de agosto. Es doctora en Derecho, especialista en género, casos de trata de personas y derechos humanos, presidía la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema, y desde allí votó con frecuencia en favor de Cristina Kirchner y de sus funcionarios en problemas con la Justicia.
A pesar de estos antecedentes, Figueroa dijo en el Senado en junio pasado, cuando defendió su continuidad en la Casación: “Si hay algo que nadie me puede objetar es mi imparcialidad. No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”.
En el pasado, Figueroa se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, para anular el caso de los cuadernos de las coimas, donde Cristina Kirchner es la principal acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a recibir sobornos; votó por apartar al juez Claudio Bonadio de este caso, y se pronunció además en contra de la absolución de militares que rechazaron el copamiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de una guarnición militar en plena vigencia del gobierno democrático.
Debía votar en dos causas en las que Cristina Kirchner fue sobreseída sin siquiera ir a juicio oral: el caso Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta está acusada de lavado de dinero con sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y el expediente por la firma del memorándum con Irán. En el pasado, el 29 de diciembre de 2016, junto con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, Figueroa votó por reabrir la causa denunciada por Alberto Nisman.
En Hotesur y Los Sauces, los jueces son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Figueroa, que votó última y el 28 de junio pasado trasladó la causa a sus pares. Si bien el contenido de los votos de los tres jueces es secreto, a fin del año pasado trascendió que Barroetaveña y Petrone votarían por reabrir el caso y ordenar la realización del juicio oral, y que Figueroa votaría en disidencia, apoyando el cierre en favor de Cristina Kirchner.
En el caso del pacto con Irán, era probable que la jueza votara también en favor de la vicepresidenta por el cierre del caso. La jueza Figueroa ya tuvo ocasión de pronunciarse en una causa relacionada con la firma del acuerdo con Irán, cuando se debatió la constitucionalidad de este pacto. A raíz de esa intervención, denunció la “mesa judicial” del macrismo como un grupo dedicado a ejercer de manera sistemática presiones sobre funcionarios judiciales para obtener fallos favorables.
La jueza declaró como testigo que fue una de las primeras víctimas del lawfare. Relató que cuando estaba por asumir Mauricio Macri recibió al exsubsecretario de Justicia Juan Bautista Mahiques, que le pidió que sacara el fallo para declarar inválido el acuerdo. Mahiques negó esa reunión y dijo que la jueza faltaba a la verdad. Figueroa declaró bajo juramento por escrito. Y a pesar de que su obligación como funcionaria es denunciar los delitos que advierte, no lo hizo. Sostuvo que en ese momento “no tomó dimensión de lo ocurrido”.
Esta idea de la persecución judicial macrista sobre la Justicia y los funcionarios del kirchnerismo es una de las bases de la defensa de Cristina Kirchner en las causas que enfrenta. Fue condenada a seis años de cárcel en el caso Vialidad, pero este argumento convenció a los jueces que la sobreseyeron en el caso de la firma del pacto con Irán, María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.
Figueroa tiene un historial de decisiones favorables al kirchnerismo; por ejemplo, cuando quedó en minoría para apartar al juez Claudio Bonadio de la causa de los cuadernos de la corrupción o cuando votó por declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, lo que hubiera derrumbado el caso. En esa última decisión, quedó en solitario y los jueces Petrone y Barroetaveña convalidaron las declaraciones de los arrepentidos y evitaron que la causa se derrumbara.
En febrero de 2022, se pronunció por revocar el procesamiento de Cristina Kirchner en el mismo caso de los cuadernos. Petrone y Barroetaveña rechazaron el planteo de la vicepresidenta y dejaron firme su procesamiento. La titular del Senado había recurrido su procesamiento y también el embargo sobre sus bienes por 1500 millones de pesos. Figueroa firmó en disidencia.
La postergación del tratamiento del pliego de Figueroa hacía que corrieran peligro otros casos sensibles para el kirchnerismo, en los que debía votar, como el de Oil Combustibles, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa están absueltos y Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, condenado a 4 años y 8 meses de prisión por facilitarles planes de pago del impuesto a los combustibles, en condiciones desfavorables para el Estado.
Figueroa gozó del aprecio de Carlos Zannini, que la impulsó sin éxito para cubrir una vacante en la Corte Suprema desde antes de la renuncia de Eugenio Zaffaroni.

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Un mensaje de la Corte Suprema para Cristina Kirchner y para toda la clase política

Los magistrados le dijeron que no al Gobierno, el kirchnerismo quedó debilitado en el máximo trinbunal penal, se desbloqueó una vacante clave para repensar la Cámara de Casación los próximos cuatro años
Hernán Cappiello
Los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti durante la apertura de sesiones, el 1° de marzo de 2023
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar por cesada en su cargo a los 75 años a la jueza Ana María Figueroa, una pieza clave del kirchnerismo en la Justicia para asegurarse fallos favorables, es un mensaje para la política en general en un año electoral y para Cristina Kirchner en particular. Es otro revés que le propina el máximo tribunal a la vicepresidenta, que impulsa la destitución de los cortesanos a través de su juicio político.
Además, la resolución de la Corte tiene consecuencias en el Congreso y en el diseño de la Cámara Federal de Casación los cuatro años del próximo Gobierno. El máximo tribunal penal es clave, ya que confirma o revoca las condenas de corrupción de toda la clase política, no solo de Cristina Kirchner.
Con su resolución sobre Figueroa, la Corte se erigió en ordenador del sistema. Los jueces de la Casación le comunicaron a la Corte el 10 de agosto que Figueroa “habría cesado” en sus funciones, pero llegaron hasta allí: no pudieron acordar que se tomara una licencia o que se apartara para nombrar a un suplente. Camaristas más duros, como Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña o Daniel Petrone, se encontraron con la mirada contrapuesta de Alejandro Slokar, que sostenía a la jueza y promovía una licencia con la conformidad de Mariano Borinsky, que asumió como presidente del tribunal.
Las nuevas autoridades de la Cámara de Casación tras el cese de Ana María Figueroa: Daniel Petrone, Mariano Borinksy (presidente) y Diego Barroetaveña
Ahora la Corte solucionó el problema. Estableció que Figueroa no es mas jueza desde que cumplió 75 años, el 9 de agosto pasado y no obtuvo un nuevo acuerdo del Senado. Es lo que dice la Constitución.
Figueroa se enteró a las 15.17, por WhatsApp, de la resolución de la Corte. Se la envió el secretario General de la Cámara de Casación, Juan Montesano Rebón. “¿Es verdad?”, le preguntó la jueza, que no podía creer que su destino estaba sellado.
Algunos jueces que hoy debatían si le daban o no licencia extraordinaria u ordinaria a Figueroa ya sabían que la Corte iba solucionarles el problema. “Estamos discutiendo, pero estamos persiguiendo a un jinete sin cabeza no sigamos corriendo por ahi”advirtió el juez Javier Carbajo. Su colega Guilermo Yacobucci sonrió suponiendo que tenía alguna información anticipada sobre el fallo de la Corte. En ese momento arreciaban las discuciones en la sala de acuerdos y ya Figueroa y el juez Carlos Mahiques habían cruzado comentarios altisonantes.
El Gobierno –con un oficio firmado por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena– le había pedido a la Corte y al Consejo de la Magistratura que dejara a Figueroa en su cargo hasta que le dieran acuerdo en el Senado. Pero la Corte, con esta decisión, le dijo que no al Gobierno y también le dijo que no a Cristina Kirchner.
Figueroa era la jueza que siempre había fallado en línea con los deseos de la vicepresidenta. Votó por declarar inconstitucional la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas, luego de que los funcionarios kirchneristas confesaron haber recibido sobornos y los empresarios admitieron habérselos pagado. Falló en favor de Cristina Kirchner en otra causa para apartar al juez Claudio Bonadio. Denunció presiones del macrismo al declarar como testigo en la causa conocida como la “Mesa Judicial”.
Figueroa debía votar en dos causas en las que Cristina Kirchner fue sobreseída sin siquiera ir a juicio oral: el caso Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta está acusada de lavado de dinero con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; y el expediente por la firma del memorándum con Irán. En ambos, Figueroa iba a votar por confirmar la absolución, según se decía en los pasillos de tribunales. Pero sus votos ahora no son parte de la sentencia, ya que dejó de ser jueza antes de que se firme el fallo.
Figueroa integraba la sala que debe definir Hotesur y Los Sauces junto a los jueces Barroetaveña y Petrone. Si Petrone y Barroetaveña coinciden en un fallo, por completo, sin matices, podrían sacar una sentencia con solo dos votos. Los rumores señalan que habría consenso entre ellos para revocar la absolución de Cristina Kirchner y que vaya a juicio.
Ahora, si no están de acuerdo en todo, necesitarían hacer una nueva audiencia con un tercer juez. Ya está sorteado el juez Mahiques. Pero este magistrado se excusó de intervenir en Hotesur, porque su hijo, el exfiscal Ignacio Mahiques hoy camarista, fue quien investigó la causa. Asi las cosas, para reemplazar a Mahiques, fue sorteado Javier Carbajo que debería ser quien intervenga en Hotesur, junto con Barroetaveña y Petrone, en caso de desacuerdos entre ellos.
En el caso del Memorandum con Irán sucede lo mismo: si Petrone y Barroetaveña no están en todo de acuerdo deberían convocar a Mahiques y hacer una nueva audiencia antes de votar.
La resolución unánime de la Corte para dejar cesante a Figueroa es un indicador de que las diferencias que existen entre los cuatro jueces quedan de lado ante los asuntos de fondo, que hacen al funcionamiento de la República y no toleran disensos. No hay margen.
La salida de Figueroa es importante para pensar cómo será la Cámara de Casación que se viene. El kirchnerismo, debilitado en el Senado, queda debilitado también en el tribunal. El juez Slokar, uno de los fundadores de Justicia Legítima y que fue funcionario del Poder Ejecutivo y sostén de Figueroa, es quien tiene posturas más cercanas a las políticas judiciales que impulsó Cristina Kirchner. Nadie más.
Con la cesantía de Figueroa, se desbloquea además una tercera vacante en la Casación. Se suma a la que dejaron Liliana Catucci, otra mujer, y Eduardo Riggi. ambos jubilados. Ya se convocó al concurso y es probable que esta nueva vacante se sume. Se tomaron exámenes a 40 postulantes pero aún no los corrigen. Nadie sabe las razones de esta demora. Ahora, con tres vacantes –que serán cubiertas provisoriamente por los actuales jueces– se generan más suspicacias.
La Casación Penal tiene cuatro salas de tres jueces cada una. El presidente que designe a los tres nuevos jueces allí, en un nuevo Gobierno, tendrá la oportunidad de nombrar al 25% del tribunal. Claro que sus designados deben surgir de ternas que le envíe el Consejo de la Magistratura. La Cámara de Casación es un tribunal muy sensible para el poder, ya que confirma o revoca las condenas y absoluciones de todas las causas penales federales del país, las pasadas y las por venir.
La decisión de la Corte es un mensaje para la clase política. En el Senado, la oposición bloqueó las sesiones para impedir el acuerdo de Figueroa y para que no se aprobaran los pliegos de 73 jueces elegidos por Alberto Fernández, en su mayoría afines al Gobierno. Según denunció la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al menos tres de ellos fueron seleccionados por fuera de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura.
Ahora, por más que Figueroa no está, es improbable que la oposición le dé el quorum al oficialismo para designar jueces, a tres meses de la salida del Gobierno. La Corte les abrió el camino.

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