Siete años de prisión para el falso médico que atendió en plena pandemia
Ignacio Martín se integró al Centro de Operaciones de Emergencias de Río Cuarto en agosto de 2020
Gabriela Origlia
Ignacio Martín
CÓRDOBA.– Siete años de prisión fue la condena para Ignacio Martín, el falso médico que en agosto de 2020, en el punto más álgido de la pandemia del Covid-19, llegó a la ciudad de Río Cuarto, en el sur de Córdoba, para integrarse al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante esa crisis sanitaria. En ese momento, era la entidad encargada de diseñar e instrumentar estrategias.
Llegó al banquillo acusado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada reiterada, tentativa de defraudación, falsedad ideológica, lesiones graves por dolo eventual, homicidio por dolo eventual y uso de documento privado falso.
Martín fue contratado a principios de 2020 en el contexto de la convocatoria de profesionales de la salud para integrar los equipos de trabajo contra el coronavirus. Dijo que tenía 22 años, aunque en ese momento tenía 19.
Aunque en un comienzo se previó que fuera solo un voluntario en las operaciones técnicas que tuviesen que llevarse a cabo, debido a la creciente aparición de casos Martín terminó integrando el equipo de médicos que atendían a los pacientes con Covid-19.
“Quiero volver a reiterar el pedido de disculpas que hice en todo momento en el juicio a ustedes, a la parte querellante, a la sociedad en general”, dijo ayer al hacer uso del derecho a sus últimas palabras antes del veredicto. El joven permanece detenido desde febrero de 2021.
La fiscalía en conjunto, compuesta por los fiscales Pablo Javega y Rosario Fernández López, pidió nueve años de prisión, por considerarlo culpable de seis de los siete delitos de los que se lo acusaba. No incluyó la defraudación en grado de tentativa.
El tribunal lo absolvió de las acusaciones más graves, homicidio con dolo eventual y lesiones graves con dolo eventual. Sí lo obligó a que reintegre los $86.000 (más intereses) que cobró en concepto de guardias.
En su declaración ante el tribunal en julio pasado, Martín apuntó que funcionarios municipales sabían que no era médico, pero lo hicieron firmar como tal para ponerlo al frente del Centro de Operaciones Tácticas del COE.
Relató que cuando llegó a Río Cuarto junto a su ahora exnovia, el titular del COE, Diego Almada, les “ofreció realizar unos sellos del Ministerio de Salud”, tarea que él aceptó. “De ahí sale el sello que dice ‘Dr’, la abreviación de doctor, Ignacio Nicolás Martín, COT, que sería Centro de Operaciones Tácticas, y la matrícula también me la brinda él”, precisó.
Planteó que cuando su caso se hizo público supo de quién era la matrícula: “Termino aceptando por negligencia mía, pero porque me aseguraron que los que mandaban eran ellos, que no me iba a pasar nada, que me quedara tranquilo y que siguiera trabajando como lo venía haciendo”.
Reconoció una serie de delitos leves, vinculados a la falsificación de documentos y a la defraudación, pero negó su responsabilidad en los más pesados. En ese contexto, los cargos de homicidio y lesiones graves, ambos por dolo eventual, fueron ejes en el debate oral.
El tribunal lo desligó de esos hechos más graves, relacionados con la muerte de pacientes. Por lo expresado, entendió que la actuación del falso médico no fue determinante para el fallecimiento de las dos personas, que ya tenían cuadros complejos.
También se pidió que se investigaran otras responsabilidades, como las que pudieran tener los funcionarios involucrados por el propio Martín en su declaración. El 9 de octubre se conocerán los fundamentos del fallo y las partes podrán apelar.
La muerte de Nicolás Bertol, de 29 años, era la acusación de mayor peso que había contra Martín. El joven padecía una cardiopatía grave. Martín llegó para asistirlo en el domicilio y, desbordado por la situación, le pidió a la familia que llamara a un servicio de emergencias. Además, preguntó si alguien sabía hacer resucitación cardiopulmonar (RCP). Mateo Abrile, abogado de la familia Bertol, confirmó que esperará los fundamentos de la condena para resolver si apela la sentencia.
En la sala del tribunal también estuvo Daniel González, un hombre que atravesaba un infarto cuando Martín lo atendió y confundió los síntomas con Covid-19. En su caso, la Justicia no reconoció que el falso médico hubiera sido autor de lesiones graves con dolo eventual. Con todo, González se mostró “conforme” con la pena de siete años
CÓRDOBA.– Siete años de prisión fue la condena para Ignacio Martín, el falso médico que en agosto de 2020, en el punto más álgido de la pandemia del Covid-19, llegó a la ciudad de Río Cuarto, en el sur de Córdoba, para integrarse al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante esa crisis sanitaria. En ese momento, era la entidad encargada de diseñar e instrumentar estrategias.
Llegó al banquillo acusado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada reiterada, tentativa de defraudación, falsedad ideológica, lesiones graves por dolo eventual, homicidio por dolo eventual y uso de documento privado falso.
Martín fue contratado a principios de 2020 en el contexto de la convocatoria de profesionales de la salud para integrar los equipos de trabajo contra el coronavirus. Dijo que tenía 22 años, aunque en ese momento tenía 19.
Aunque en un comienzo se previó que fuera solo un voluntario en las operaciones técnicas que tuviesen que llevarse a cabo, debido a la creciente aparición de casos Martín terminó integrando el equipo de médicos que atendían a los pacientes con Covid-19.
“Quiero volver a reiterar el pedido de disculpas que hice en todo momento en el juicio a ustedes, a la parte querellante, a la sociedad en general”, dijo ayer al hacer uso del derecho a sus últimas palabras antes del veredicto. El joven permanece detenido desde febrero de 2021.
La fiscalía en conjunto, compuesta por los fiscales Pablo Javega y Rosario Fernández López, pidió nueve años de prisión, por considerarlo culpable de seis de los siete delitos de los que se lo acusaba. No incluyó la defraudación en grado de tentativa.
El tribunal lo absolvió de las acusaciones más graves, homicidio con dolo eventual y lesiones graves con dolo eventual. Sí lo obligó a que reintegre los $86.000 (más intereses) que cobró en concepto de guardias.
En su declaración ante el tribunal en julio pasado, Martín apuntó que funcionarios municipales sabían que no era médico, pero lo hicieron firmar como tal para ponerlo al frente del Centro de Operaciones Tácticas del COE.
Relató que cuando llegó a Río Cuarto junto a su ahora exnovia, el titular del COE, Diego Almada, les “ofreció realizar unos sellos del Ministerio de Salud”, tarea que él aceptó. “De ahí sale el sello que dice ‘Dr’, la abreviación de doctor, Ignacio Nicolás Martín, COT, que sería Centro de Operaciones Tácticas, y la matrícula también me la brinda él”, precisó.
Planteó que cuando su caso se hizo público supo de quién era la matrícula: “Termino aceptando por negligencia mía, pero porque me aseguraron que los que mandaban eran ellos, que no me iba a pasar nada, que me quedara tranquilo y que siguiera trabajando como lo venía haciendo”.
Reconoció una serie de delitos leves, vinculados a la falsificación de documentos y a la defraudación, pero negó su responsabilidad en los más pesados. En ese contexto, los cargos de homicidio y lesiones graves, ambos por dolo eventual, fueron ejes en el debate oral.
El tribunal lo desligó de esos hechos más graves, relacionados con la muerte de pacientes. Por lo expresado, entendió que la actuación del falso médico no fue determinante para el fallecimiento de las dos personas, que ya tenían cuadros complejos.
También se pidió que se investigaran otras responsabilidades, como las que pudieran tener los funcionarios involucrados por el propio Martín en su declaración. El 9 de octubre se conocerán los fundamentos del fallo y las partes podrán apelar.
La muerte de Nicolás Bertol, de 29 años, era la acusación de mayor peso que había contra Martín. El joven padecía una cardiopatía grave. Martín llegó para asistirlo en el domicilio y, desbordado por la situación, le pidió a la familia que llamara a un servicio de emergencias. Además, preguntó si alguien sabía hacer resucitación cardiopulmonar (RCP). Mateo Abrile, abogado de la familia Bertol, confirmó que esperará los fundamentos de la condena para resolver si apela la sentencia.
En la sala del tribunal también estuvo Daniel González, un hombre que atravesaba un infarto cuando Martín lo atendió y confundió los síntomas con Covid-19. En su caso, la Justicia no reconoció que el falso médico hubiera sido autor de lesiones graves con dolo eventual. Con todo, González se mostró “conforme” con la pena de siete años
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