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Tras el escándalo, buscan reabrir la causa por la caja negra en la Legislatura
Un fiscal apelará el fallo que liberó al puntero que hacía extracciones ilegales
El puntero del PJ detenido y luego liberado Julio “Chocolate” Rigau
En medio del escándalo judicial que provocó la anulación de la causa contra el puntero del PJ Julio Rigau, quien fue sorprendido con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos, el fiscal ante la Cámara de Casación Héctor Vogliolo recurrirá esa medida en los próximos días, mientras que la ONG Poder Ciudadano analiza presentarse en el expediente como querellante para ampliar y profundizar la investigación ante la sospecha de que se trata de una maniobra de corrupción estructural en la Legislatura bonaerense, donde uno de sus empleados cobraba el sueldo de otras personas que podrían ser “empleados fantasma”.
Rigau fue retenido por la policía el 9 de septiembre pasado, cuando lo vieron sacando la plata de un cajero y demorando más de una hora en la operación. Los jueces de la Cámara Federal de La Plata Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo dijeron que la policía se inmiscuyó en la intimidad del detenido, conocido como Chocolate, porque no había motivo para retenerlo y anularon el procedimiento. Sin embargo, ahora buscarán determinar si Rigau forma parte de una organización y si el caso es la punta del ovillo de un sistema de corrupción enraizado en la Legislatura.
Tras el escándalo político que provocó la anulación de la causa contra el puntero del PJ Julio Rigau, que fue sorprendido con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos, el fiscal ante la Cámara de Casación Héctor Vogliolo recurrirá esa medida y la ONG Poder Ciudadano analiza presentarse en el expediente como querellante para ampliar y profundizar la investigación ante la sospecha de que se trata de una estafa a la Legislatura bonaerense, donde uno de sus empleados cobraba el sueldo de otras personas, ya sean “ñoquis” o ciudadanos que nunca supieron que eran empleados públicos.
Rigau fue retenido por la policía el 9 de septiembre pasado cuando lo vieron sacando la plata de un cajero y demorando más de una hora en la operación. Sus abogados, en lugar de apelar la negativa de su excarcelación, presentaron un habeas corpus que fue otorgado por los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo de la Cámara Federal de La Plata. Los magistrados dijeron que la policía se inmiscuyó en la intimidad de Rigau, conocido como “Chocolate”, porque dijeron que no había motivo para detenerlo y anularon el procedimiento y lo actuado en consecuencia.
La intervención de los camaristas, cuyo fallo fue criticado con dureza por numerosos constitucionalistas que lo consideraron “aberrante” y políticamente motivado, llegó justo cuando la causa estaba a punto de escalar hacia los estamentos de recursos humanos de la Legislatura, un área política sensible para el oficialismo en general y el Frente Renovador en particular.
Tal como informó la nacion ayer, el fiscal general Vogliolo la recurrirá la semana próxima la nulidad del procedimiento para permitir que continúe la investigación sobre Rigau y quienes estén por encima de él en la cadena de responsabilidades, confirmaron fuentes del Ministerio Público. Vogliolo se opondrá a lo sostenido en el voto del juez Benavides –al que adhirió Villordo–, que sostuvo que la requisa que hizo la Policía fue ilegal.
Para revertir este fallo también se apronta Poder Ciudadano, que va a acudir en apoyo del Ministerio Público de la provincia, dijeron fuentes de la organización. La idea es articular resortes judiciales para que el caso no se archive, sino que siga la investigación. “No solo evitar que muera la causa sino ampliarla porque consideramos que estamos ante un caso de corrupción sistémica donde lo que se vio es la punta de un ovillo. Los vamos a llenar de pedidos de acceso a la información con la seguridad de que van a aparecer nuevas denuncias de personas que están siendo defraudadas”, dijo una fuente de la ONG 
Los juristas de la entidad analizan opciones que van desde presentarse como pretensos querellantes para apelar junto con el fiscal la nulidad, plantear ser “amigos del tribunal” o promover una nueva denuncia para eludir el límite que le puso la Cámara de Apelaciones de La Plata con su habeas corpus.
Testimonios
Quien investigó el caso desde su inicio es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, Betina Luky, que había empezado a escuchar a los titulares de las tarjetas de débito. Ya tiene la declaración de unos diez testigos, algunos de los cuales dijeron que no sabían que eran empleados de Diputados. Uno de los testigos declaró que tras pedirle los datos, en la Cámara baja provincial se le informó que su contrató no salió y se le exigió devolver la tarjeta de débito.
Este testimonio es clave para acreditar la prueba que se terminará de componer una vez que el Banco Provincia acredite las extracciones que se realizaron desde 45 tarjetas a lo largo del tiempo.
Rigau fue detenido la semana que pasó cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. La fiscal quiere saber si las extracciones por más de 27 millones de pesos constituyen una asociación ilícita para defraudar al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La Justicia intentará determinar si el caso del detenido con decenas de tarjetas de débito con nombres de presuntos empleados es una modalidad que se perpetuó durante el tiempo.
Las declaraciones testimoniales seguirán si la causa sigue con vida, así como el análisis de las respuestas que envíen el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados cuando respondan oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuántas extracciones se hicieron a lo largo de los años
Rigau estaba empleados como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ya había afrontado cargos por defraudaciones reiteradas con 177 hechos consumados. “Chocolate” Rigau integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Y es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.
De acuerdo al pedido de detención, Rigau extrajo dinero los días 7, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, siempre con más de 40 tarjetas de débito de distintas personas. Todas las tarjetas corresponden a la Cámara y por su condición de intransferibles se sospecha que el imputado las obtuvo de manera ilegítima.
El juez de Garantías Guillermo Atencio allanó la casa de “Chocolate” y halló un cuaderno con presuntos detalles de los montos y los beneficiarios. “Para los investigadores Rigau no actuaba solo. Sospechan que formaría parte de un armado para financiar una caja negra”, indicaron fuentes judiciales

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Silencio de la dirigencia tras la polémica liberación
Ni el gobernador Kicillof ni los jefes de la Legislatura se pronunciaron por el caso Rigau; las razones de los jueces
LA PLATA.– El gobernador Axel Kicillof y las autoridades de la Legislatura bonaerense mantuvieron silencio tras la liberación de Julio Rigau, detenido el 9 de septiembre, con $1.260.000 y 49 tarjetas de débito en su poder, correspondientes a empleados de la Cámara de Diputados.
El escándalo, que reactiva el debate sobre los puntos débiles en la transparencia del financiamiento de la política, cobró repercusión en los medios, pero no sumó voces en las principales fuerzas políticas de la provincia.
El presidente de la Legislatura bonaerense, Federico Otermín (Unión por la Patria), mano derecha de Martín Insaurralde y en carrera por la intendencia de Lomas de Zamora, no dijo una palabra sobre el tema.
 Lo consultó para preguntarle por la declaración de nulidad de todo lo actuado en la investigación penal preparatoria que se abrió para la pesquisa del presunto delito de “defraudaciones reiteradas”, con 177 supuestos hechos de estafa consumados y 45 tentados” y la liberación del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Rigau. No obtuvo respuesta.
En la Legislatura
Tampoco contestaron los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio) y Carlos Moreno (Unión por la Patria). Sí lo hizo el otro vicepresidente del cuerpo legislativo, Rubén Eslaiman (Unión por la Patria-frente Renovador).
“Le pedí al secretario administrativo de la Cámara que saque una resolución informando a los empleados que las tarjetas de débito son intransferibles, que no las pueden dar a amigos ni compañeros de trabajo para que le retiren dinero de los cajeros, que como todos deben ir y hacer la cola. Y se informe a los presidentes de los bloques para que lo comuniquen a sus diputados”, dijo
Tampoco se presentaron ante la Justicia el secretario administrativo ni el director de Personal de la Cámara de Diputados. La nulidad de todo lo actuado por los policías Walter Campano y Leonardo Brizuela llevó alivio a todo un sistema que espera que no prospere una apelación para reabrir una causa de alto impacto político.
En la oposición, el candidato a diputado nacional Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) denunció que “con su decisión, la Justicia bonaerense salió al rescate de la corrupción política!. Vinculó a Rigau con el Frente Renovador, de Sergio Massa.
En tanto, la fiscal Betina Lacky espera que el fiscal de Cámara Héctor Vogliolo apele ante la Cámara de Casación y que, tras el sorteo, el órgano revisor disponga la reapertura del expediente.
Juan Alberto Benavides, el camarista que redactó el voto para la liberación de Julio Rigau, fue nombrado durante la administración de Kicillof, a propuesta de un operador judicial de La Plata que vincula al peronismo con el Frente Renovador, según supo la nacion de fuentes que conocieron los detalles de su designación. El juez Alejandro Gustavo Villordo, que adhirió al voto de Benavides, tiene más de una década en la Justicia, pero fue nombrado camarista penal durante el gobierno de Daniel Scioli.
La investigación de la justicia ordinaria quedó desarticulada, por ahora. En los pasillos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 se preguntan si el fiscal de Estado, Hernán Gómez, se presentará mediante sus abogados querellantes ante la Cámara de Apelaciones para que se vuelva a investigar si existió una defraudación múltiple al fisco provincial.
Argumentos
Los magistrados Benavides y Villordo fundamentaron la nulidad del acta de procedimiento inicial de la Policía en que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito. Consideraron que esa hipótesis no se dio en este caso, porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático.
En disidencia, el juez Fernando Jorge Mateos entendió que el accionar policial estaba justificado y se refirió al “estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”.
Según el acta policial que fue dejada sin efecto al dictarse su nulidad, Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal buscaba saber si extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con las tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La fiscal esperaba que el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados respondieran oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuantas extracciones se hicieron a lo largo de los años.

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