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La Cámara de Casación reabrió dos causas contra Cristina Kirchner: Hotesur y Los Sauces y el Pacto con Irán
El máximo tribunal penal dejó sin efecto el fallo que había beneficiado a la vicepresidenta en la investigación por los alquileres que le pagaban Lázaro Báez y Cristóbal López; lo mismo decidió sobre el memorándum acordado con la república islámica
Cristina Kirchner, condenada por el caso Vialidad, enfrentará un nuevo juicio oral por orden de la Cámara Federal de CasaciónJ
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, reabrió el caso Hotesur-Los Sauces y ordenó que la vicepresidenta Cristina Kirchner enfrente un juicio oral en el que será investigada por sus negocios hoteleros. La misma decisión afecta a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, pero no a Florencia Kirchner, sobre la cual se mantuvo el fallo que la benefició. Por otro lado, el tribunal penal anuló el sobreseimiento en la causa por el memorándum con Irán, que tiene a la expresidenta y a varios exfuncionarios del kirchnerismo como acusados, y ordenó realizar el juicio oral.
Además, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyeron a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. No así a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia. En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.
La vicepresidenta había eludido el proceso porque en noviembre de 2021 un fallo del Tribunal Oral Federal 5 -tribunal que debía juzgarla- inesperadamente la sobreseyó junto a sus hijos. El TOF 5 sostuvo que era claro que no había existido delito y que, por ende, no hacía falta realizar el juicio.
En esta causa se busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron merced a sus buenas relaciones con el kirchnerismo. Báez ya fue condenado en la causa Vialidad junto con Cristina Kirchner, por haber sido favorecido con licitaciones con sobreprecios. En el caso de López, fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles.
Cristina Kirchner junto a sus hijos, Máximo y Florencia
Cuando el fiscal Gerardo Pollicita envió a juicio el caso sostuvo que los imputados “elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios expresidentes [en referencia a Néstor y Cristina Kirchner] y a su núcleo familiar, a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.
Un fallo duramente cuestionado
En su apelación del sobreseimiento de Hotesur-Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos contra el sobreseimiento dictado por Grümberg y Obligado. Velasco, fiscal ante el Tribunal Oral conformado por Obligado, Grünberg y Palliotti, habló de la “gravedad institucional” de la decisión de los dos jueces que -dijo- “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.
Villar, fiscal ante la Casación, por su parte, al cuestionar a los jueces, afirmó que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.
Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.
“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur-Los Sauces.

Quiénes son los jueces que reabrieron las causas contra Cristina Kirchner
Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ambos de tradición judicial, pertenecen a la lista Bordó, la más crítica del gobierno
Barroetaveña y Petrone suelen fallar en sintonía
Diego Barroetaveña y Daniel Petrone son los jueces que integran la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que este martes emitió dos fallos de altísimo impacto político: por un lado, anuló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán; por el otro, revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta y de su hijo, Máximo Kirchner, en el caso Hotesur y Los Sauces, en la que son investigados por lavado de dinero de la corrupción.
Ana María Figueroa, que integraba esa misma sala, fue dejada cesante por la Corte al cumplir 75 años y no conseguir un nuevo acuerdo del Senado, por lo que su voto no es parte de la sentencia.
Barroetaveña y Petrone tienen en común su larga carreta judicial y su participación activa en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Barroetaveña tiene un doble rol, ya que además de ser juez de la Cámara de Casación es integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Allí tiene un alto perfil en las reuniones de comisión y en los plenarios.
Diego Barroetaveña
Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.
Diego Barroetaveña
Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenó al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.
Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó.
Daniel Petrone
Petrone siempre cultivó cultivó el bajo perfil y todavía se sorprende cuando en un restaurante lo reconocen. Tanto a nivel académico como en su función judicial se presentó en unos 20 concursos: en varias ternas quedó primero. Hijo de dos inmigrantes italianos -él comerciante y ella, ama de casa-, es el cuarto de seis hermanos.
Empezó la carrera de abogacía porque era lo que estudiaba uno de sus hermanos mayores, al que admiraba. Su carrera judicial comenzó en 1991 como meritorio en el juzgado de instrucción de Carlos Gerome. Es músico además y toca el saxo cuando sus expedientes lo permiten.
El juez Daniel Petrone fue designado como vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Justicia de las Américas
Juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penal económico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como “embajador paralelo en Venezuela”, Claudio Uberti. Petrone también se desempeñó como juez del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín.
De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También preside el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En los inicios de su carrera, en paralelo a su trabajo en los tribunales, Petrone fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, un think tank que orientó el empresario Francisco de Narváez cuando se involucró en política en 2009.
En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña, aunque mantiene sus matices. En diciembre del año pasado, los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas.

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