Dramático pedido del Presidente al Congreso
En un mensaje de fin de año por cadena nacional, el Presidente dijo que si se rechaza el paquete de reformas, la Argentina se enfrenta al “desastre”; antes acusó por redes sociales a los legisladores
Presidencia ...Mauro Rizzi
“Se trata de evitar una catástrofe de proporciones bíblicas”, dijo anoche el presidente Javier Milei al reclamar, por cadena nacional, que el Congreso apruebe el megaproyecto de reformas que envió esta semana y avale el DNU con el que busca desregular la economía. Insistió en describir una situación económica dramática y pronosticó “un año muy duro”.
En momentos en que el Congreso tiene pendientes el tratamiento del proyecto de ley ómnibus para la reforma del Estado y la convalidación del megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, el presidente Javier Milei lanzó ayer por cadena nacional un dramático pedido a los legisladores para que aprueben su reforma.
En un saludo de fin de año, Milei dijo que si los diputados y senadores no le dan las facultades especiales, el país se enfrentaría a “una catástrofe de proporciones bíblicas”.
El Presidente volvió a repasar los indicadores de inflación y pobreza que marcan la profundidad de la crisis y anticipó un 2024 “duro”. “Podrán rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos empobreció, o aprobar la ley para hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad”, expresó en clara referencia a los legisladores.
Antes, por redes sociales, Milei había vuelto a embestir contra los diputados y senadores. “No dejemos que se nos interponga la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente”, sentenció el Presidente en la red social X. Anoche, cerca de las 22, el mandatario envió un saludo por la llegada del nuevo año, en un mensaje por cadena nacional.
En sus mensajes en las redes, Milei cuestionó a diputados de Juntos por el Cambio por “votarle leyes a Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense”, lo que tensa la relación, frente a la necesidad de sumar respaldos legislativos para la aprobación de sus proyectos. Se refirió, de este modo, a los apoyos de sectores de la oposición que resultaron decisivos en la Legislatura bonaerense para convalidar alzas impositivas, que en 2024 podrían llegar al 200% en el gobierno que encabeza Axel Kicillof. En la misma línea, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) quedó facultada para ajustar hasta un 100% las cuotas en el año, si la inflación supera los topes establecidos.
No es la primera ofensiva del Presidente contra los legisladores. Hace pocos días, en una entrevista con LN+ advirtió que algunos diputados “buscan coimas” para aprobar determinadas leyes. “A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas”, denunció el mandatario.
Y añadió: “Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vueltas”, remarcó el mandatario.
Los severos cuestionamientos del Presidente se dan, además, en vísperas del comienzo de los contactos entre los equipos técnicos de los ministerios del Poder Ejecutivo con los legisladores. Habrá especial atención acerca de los avances que se puedan concretar en las áreas de Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Defensa, Interior y Capital Humano, entre otras.
En la noche del viernes, Milei coronó su presencia en el Teatro Roxy, donde su novia, la actriz Fátima Florez, presentó su espectáculo, con apasionados besos sobre el escenario, en medio de aplausos y voces de apoyo desde las plateas.
El Presidente siguió toda la función desde la segunda fila y aceptó saludar a la imitadora y al público cuando a coro se le pedía que subiera. “Es difícil decirlo: la situación está complicada, muy complicada, nos han dejado bombas por todos lados”, dijo, micrófono en mano, y cortó el clima de risas que habían acompañado las casi dos horas de show.
“Trabajamos 7x24 para desactivar el quilombo que nos dejaron”, afirmó Milei, y advirtió: “Quiero que sepan que van a venir meses duros, pero, a diferencia de lo que ha pasado por los últimos cien años, estos meses van a valer la pena”.
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Blanqueo: la ley ómnibus habilita a exfuncionarios y sus familiares
El proyecto enviado por Milei al Congreso incluye entre los beneficiarios a exgobernantes y a sus entornos directos
Camila Dolabjian
El blanqueo de capitales insertado en la ley ómnibus enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei incluye a funcionarios públicos que se hayan desempeñado hasta el pasado 30 de noviembre. El artículo 160, sobre el Régimen de Regularización de Activos, fija los plazos de la norma y establece que se encuentran excluidas de beneficio aquellas personas que se hayan reportado en el Estado entre el 1º de diciembre y la entrada en vigencia de la iniciativa. Por ende, antes de esa fecha, los exfuncionarios y sus familiares quedan habilitados para ingresar al blanqueo.
La redacción de la iniciativa, tal como llegó al Congreso, permitiría a exministros de Alberto Fernández, como Martín Guzmán (Economía) o Ginés González García (Salud), ingresar al blanqueo. También quedarían habilitados funcionarios de gestiones anteriores, como el propio Mauricio Macri, lo que anticipa el regreso de una vieja polémica que comenzó durante la administración de Cambiemos.
Una decena de abogados consultados por la nacion coincidieron en señalar dos puntos: la redacción del artículo es confusa y así como está implica que quienes fueron funcionarios hasta fines de noviembre podrán ingresar al blanqueo. El texto indica: “Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que al 30 de noviembre de 2023, inclusive, y a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos, hayan desempeñado y desempeñen las siguientes funciones públicas (…)”.
El nuevo blanqueo de capitales se presentó al Congreso al mismo tiempo que corre en sede judicial un reclamo contra el gobierno de Cambiemos por el decreto que extendió los beneficios del “sinceramiento” a funcionarios públicos y sus familiares. En 2016, Macri fue denunciado por abuso de autoridad por parte de la oposición debido a esta decisión. También fue incluido su jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-gay.
En ese entonces, se planteó que el decreto contradecía la ley 27.260, aprobada por el Poder Legislativo para el blanqueo, que prohibía explícitamente el ingreso de familiares a la operación.
En octubre pasado, el juez Martín Cormick declaró nulos cuatro artículos de ese decreto de Macri luego de una reactivación del proceso en agosto. La AFIP intervino y respaldó el pedido de los legisladores que iniciaron la demanda hace seis años. El magistrado dijo que si el fallo quedara firme, buscaría cobrarles impuestos a los que blanquearon, ya que esas personas “nunca se encontraron legalmente habilitadas para acceder a sus beneficios”.
De acuerdo con el texto del proyecto estarán incluidos en el blanqueo quienes hayan renunciado de la función pública al 30 de noviembre, por lo que, por ejemplo, Macri podrá blanquear capitales y Alberto Fernández, no. Tampoco podrá hacerlo Sergio Massa, el exministro de Economía, quien se opuso como diputado –en medio de una fuerte polémica– al ingreso de los familiares de los funcionarios de Cambiemos a la regularización de activos.
En la misma línea, también quedarán excluidos quienes hayan sido vicepresidentes, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, magistrados y defensores del pueblo. El impedimento también aplica para aquellos que ocupan cargos en el Consejo de la Magistratura, jurados de enjuiciamiento, embajadores, cónsules, y personal de alto rango en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.
Los funcionarios habilitados para el blanqueo debieron haber renunciado al Estado hasta el 30 de noviembre pasado
La iniciativa reflota una controversia de la administración de Cambiemos, a raíz de un decreto que firmaron Macri, Peña y Prat-gay
A su vez, quedan fuera de ciertos beneficios o restricciones los rectores, decanos y secretarios de universidades, así como funcionarios y empleados con categoría no inferior a director en la administración pública y otros entes del sector público. La lista abarca también a funcionarios relacionados con el otorgamiento de habilitaciones administrativas, control de actividades y servicios públicos privatizados, así como aquellos que integran comisiones de licitación y personal de los poderes legislativo y judicial, entre otros.
Condenados afuera
Los familiares de los actuales funcionarios excluidos, tales como cónyuges, ascendientes y descendientes, también están impedidos de acogerse al Régimen de Regularización de Activos, pero bajo la misma restricción que los ellos mismos. Esto quiere decir que el esposo de una exfuncionaria que renunció en 2022 puede ingresar al blanqueo. El artículo 162 amplía la lista de exclusiones a aquellos que se encuentren en situaciones específicas. Entre ellas, los declarados en estado de quiebra, condenados por delitos aduaneros o tributarios, así como los procesados por delitos económicos y financieros.
El blanqueo de capitales insertado en la ley ómnibus enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei incluye a funcionarios públicos que se hayan desempeñado hasta el pasado 30 de noviembre. El artículo 160, sobre el Régimen de Regularización de Activos, fija los plazos de la norma y establece que se encuentran excluidas de beneficio aquellas personas que se hayan reportado en el Estado entre el 1º de diciembre y la entrada en vigencia de la iniciativa. Por ende, antes de esa fecha, los exfuncionarios y sus familiares quedan habilitados para ingresar al blanqueo.
La redacción de la iniciativa, tal como llegó al Congreso, permitiría a exministros de Alberto Fernández, como Martín Guzmán (Economía) o Ginés González García (Salud), ingresar al blanqueo. También quedarían habilitados funcionarios de gestiones anteriores, como el propio Mauricio Macri, lo que anticipa el regreso de una vieja polémica que comenzó durante la administración de Cambiemos.
Una decena de abogados consultados por la nacion coincidieron en señalar dos puntos: la redacción del artículo es confusa y así como está implica que quienes fueron funcionarios hasta fines de noviembre podrán ingresar al blanqueo. El texto indica: “Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que al 30 de noviembre de 2023, inclusive, y a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos, hayan desempeñado y desempeñen las siguientes funciones públicas (…)”.
El nuevo blanqueo de capitales se presentó al Congreso al mismo tiempo que corre en sede judicial un reclamo contra el gobierno de Cambiemos por el decreto que extendió los beneficios del “sinceramiento” a funcionarios públicos y sus familiares. En 2016, Macri fue denunciado por abuso de autoridad por parte de la oposición debido a esta decisión. También fue incluido su jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-gay.
En ese entonces, se planteó que el decreto contradecía la ley 27.260, aprobada por el Poder Legislativo para el blanqueo, que prohibía explícitamente el ingreso de familiares a la operación.
En octubre pasado, el juez Martín Cormick declaró nulos cuatro artículos de ese decreto de Macri luego de una reactivación del proceso en agosto. La AFIP intervino y respaldó el pedido de los legisladores que iniciaron la demanda hace seis años. El magistrado dijo que si el fallo quedara firme, buscaría cobrarles impuestos a los que blanquearon, ya que esas personas “nunca se encontraron legalmente habilitadas para acceder a sus beneficios”.
De acuerdo con el texto del proyecto estarán incluidos en el blanqueo quienes hayan renunciado de la función pública al 30 de noviembre, por lo que, por ejemplo, Macri podrá blanquear capitales y Alberto Fernández, no. Tampoco podrá hacerlo Sergio Massa, el exministro de Economía, quien se opuso como diputado –en medio de una fuerte polémica– al ingreso de los familiares de los funcionarios de Cambiemos a la regularización de activos.
En la misma línea, también quedarán excluidos quienes hayan sido vicepresidentes, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, magistrados y defensores del pueblo. El impedimento también aplica para aquellos que ocupan cargos en el Consejo de la Magistratura, jurados de enjuiciamiento, embajadores, cónsules, y personal de alto rango en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.
Los funcionarios habilitados para el blanqueo debieron haber renunciado al Estado hasta el 30 de noviembre pasado
La iniciativa reflota una controversia de la administración de Cambiemos, a raíz de un decreto que firmaron Macri, Peña y Prat-gay
A su vez, quedan fuera de ciertos beneficios o restricciones los rectores, decanos y secretarios de universidades, así como funcionarios y empleados con categoría no inferior a director en la administración pública y otros entes del sector público. La lista abarca también a funcionarios relacionados con el otorgamiento de habilitaciones administrativas, control de actividades y servicios públicos privatizados, así como aquellos que integran comisiones de licitación y personal de los poderes legislativo y judicial, entre otros.
Condenados afuera
Los familiares de los actuales funcionarios excluidos, tales como cónyuges, ascendientes y descendientes, también están impedidos de acogerse al Régimen de Regularización de Activos, pero bajo la misma restricción que los ellos mismos. Esto quiere decir que el esposo de una exfuncionaria que renunció en 2022 puede ingresar al blanqueo. El artículo 162 amplía la lista de exclusiones a aquellos que se encuentren en situaciones específicas. Entre ellas, los declarados en estado de quiebra, condenados por delitos aduaneros o tributarios, así como los procesados por delitos económicos y financieros.
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